Adriana Ayala Bustillos

Expediente 372/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
372/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Adriana Ayala Bustillos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintidós. Estado de los autos. De la certificación de cuenta se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en cuanto a la valoración de este expediente se determina encuadra en el supuesto a que se refiere el artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo que: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; d) Remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, tomando en consideración que bajo el resguardo de la mesa obra un tomo de pruebas formado con las documentales exhibidas por la parte quejosa; por tanto, requiérasele para que en el plazo de noventa días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en días y horas hábiles ante este Tribunal, a recoger dichos documentos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Visto, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 372/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito recibido el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, por la Oficina de Correspondencia Común que presta auxilio a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ********************, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; que hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. Del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca se reclama la aprobación y expedición de la Ley de Ingresos para el Municipio de Oaxaca de Juárez, para el ejercicio fiscal 2022, en específico los artículos 81 y 82, relativos al Derechos de Alumbrado Público. Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se reclama la promulgación y publicación de la Ley de Ingresos para el Municipio de Oaxaca de Juárez, para el ejercicio fiscal 2022 (la cual contiene los artículos 81 y 82 relativos al Derecho de Alumbrado Público) en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca. Del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez se reclama la orden por la cual se cobra el Derecho de alumbrado público a esta parte quejosa." Actos que estima violan los derechos fundamentales contenidos en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. La demanda fue turnada a este Juzgado Tercero de Distrito, quien la admitió por acuerdo de cuatro de abril de dos mil veintidós, bajo el número de expediente 372/2022; solicitó su informe justificado a las autoridades responsables y se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; señalándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por Acuerdo General 45/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado en el presente juicio de amparo: Del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca se reclama: La aprobación y expedición de la Ley de Ingresos para el Municipio de Oaxaca de Juárez, para el ejercicio fiscal 2022, en específico los artículos 81 y 82, relativos al Derechos de Alumbrado Público. Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: La promulgación y publicación de la Ley de Ingresos para el Municipio de Oaxaca de Juárez, para el ejercicio fiscal 2022 (la cual contiene los artículos 81 y 82 relativos al Derecho de Alumbrado Público) en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca. Del Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez: La orden por la cual se cobra el Derecho de alumbrado público a la quejosa. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Jefe del Departamento de Juicios de Amparo de la Consejería Jurídica del Estado de Oaxaca, por instrucciones del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, con el carácter de representante jurídico del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y la Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado, en su carácter de representante legal del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado convinieron en la existencia de los actos reclamados, en su respectiva competencia. Además, que al tratarse de disposiciones de carácter general, su existencia se acredita plenamente sin necesidad de prueba, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2º, conforme a los cuales las normas no son objeto de prueba, pues basta que estén publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Cobra aplicación por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, página 260, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." También es aplicable a lo expuesto, el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 15, tomo 65, primera parte, Séptima Época, del órgano de difusión ya indicado, que es del tenor siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Por su parte, la Síndica Primera del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en su informe justificado niega la existencia de los actos que se le atribuyen; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, pues del contenido de los artículos 81 y 82 de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, los cuales disponen que la hacienda pública de dicho municipio, percibirá durante el ejercicio fiscal dos mil veintidós, los ingresos por concepto de derecho de alumbrado público, entre otros; y que los habitantes del municipio estarán obligados a contribuir en forma proporcional y equitativa con el gasto del alumbrado público, el que se pagará bimestral o mensualmente con la empresa suministradora. CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIV, página 516, con número de registro 280620, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Alegada por cualesquiera de las partes, debe resolverse previamente sobre ella, ya que la Corte debe examinar este punto, aun de oficio." El suscrito juzgador considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que disponen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (...)" Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación de una norma general, en la vía de amparo indirecto, presupone de la existencia de un perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa, para que así el examen de la constitucionalidad de la disposición legal atacada tenga como marco de referencia el perjuicio que le causa; de lo contrario, si dicha norma legal, por su sola vigencia no le causa perjuicio, sino que requiere de un acto posterior de aplicación, el juicio de garantías enderezado en su contra antes de que se cumpla esa condición, es improcedente. Empero, para distinguir si una norma es autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario determinar si con su sola entrada en vigor vincula al gobernado a su cumplimiento por virtud de que cree, transforme o extinga en su perjuicio situaciones concretas de derecho; o sí por el contrario, se requiere de un acto diverso que condicione su aplicación. Bajo ese marco de referencia, los efectos de la disposición legal impugnada bien pueden ocurrir en forma condicionada, o bien de manera incondicionada, pero siempre bajo el entendido de que la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso depender de un acto jurídico, concebido éste como la manifestación exterior de la voluntad del particular para crear, transferir, modificar, extinguir o conservar derechos y obligaciones y que produce los efectos deseados por su autor, o del hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, pero todos los anteriores con el común denominador de situar al gobernado dentro de la hipótesis legal. Así, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, impera en dicha norma el carácter de ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. Por el contrario, si las obligaciones impuestas por el texto jurídico no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, tal norma reviste el carácter de disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, dado que la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se encuentra sujeta a la realización de ese evento. Al particular, tiene aplicación el criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 55/97, que se lee en la página 5, tomo VI, Julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 198200, de rubro y texto siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Luego, si la parte quejosa tilda de inconstitucional los artículos 81 y 82 de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, que establecen el derecho por el servicio, mantenimiento y operación del alumbrado público, con motivo de su primer acto de aplicación, que refiere se materializó en el aviso recibo relativo al número de servicio ********************, que contiene el cargo por derecho de alumbrado público por la cantidad de $********************(********************), correspondiente al periodo de consumo del ********************; sin embargo, de dicho recibo no se advierte que contenga el concepto del cobro por alumbrado público (DAP). Siendo que dicho recibo en su parte final contiene los conceptos por los que se realiza el cobro, describiéndolos como (1) SCnMEM Costos relacionados con los servicios del Mercado, (2) DAP Derecho de Alumbrado Público, (3) Cargos o créditos Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro, y el aviso recibo de que se trata no contiene el concepto (2) DAP Derecho de Alumbrado Público. Ahora, si bien la quejosa exhibió copia del comprobante electrónico de pago, con número de folio ********************, del que se advierte realizó el pago a Comisión Federal de Electricidad por la cantidad de $********************(********************), dicha cantidad no es mayor a la consignada en el aviso recibo exhibido por la quejosa con el que pudiera acreditar que se le cobro un monto adicional por el concepto de alumbrado público que reclama. Lo anterior, se advierte de la siguiente imagen consistente en el aviso recibo que la quejosa anexó a su demanda de amparo. De lo que se concluye, que al no probarse la existencia del acto concreto de aplicación de los aludidos preceptos legales reclamados, no se acredita el interés jurídico de la quejosa para reclamarlos en esta instancia constitucional. Por lo que, al no acreditarse el acto concreto de aplicación de los artículos 81 y 82 de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del Centro, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, es inconcuso que por el momento no es factible analizar su constitucionalidad o no, pues debe decirse que no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos. Resulta aplicable al caso, la tesis emitida por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 19, Tomo 70, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO EL SOBRESEIMIENTO CONTRA EL ACTO DE APLICACION, DETERMINA EL RELATIVO A LA LEY: Cuando no se impugna la ley por ser autoaplicativa, esto es, a raíz de su sola vigencia, sino por actos concretos de aplicación, y se sobresee el juicio respecto de éstos, el sobreseimiento debe comprender también la ley, porque desaparecidos los actos de ejecución, no tiene por qué examinarse la constitucionalidad de ésta". Así como la Jurisprudencia 2a./J. 67/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la página 104, tomo X, Julio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de una disposición con motivo del primer acto de aplicación debe demostrar que lo perjudica; si éste no existe debe decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pero el sobreseimiento en los términos indicados no le impide volver a impugnar la ley o reglamento cuando en realidad se le aplique en su perjuicio." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, impone sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, del mismo ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 372/2022, promovido por ********************, contra los actos señalados en el segundo considerando de este fallo, reclamados a las autoridades señaladas como responsables, en términos del último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de la Síndica Primera del Municipio de Oaxaca de Juárez, mediante el cual rinde su informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Ahora bien, en cuanto a su solicitud de que se le tenga señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, número telefónico, así como autorizados, una vez que los proporcione se acordará lo procedente. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexo de la Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado, en su carácter de representante legal del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admite como prueba documental que se anexa a su informe, misma que se tiene por desahogada en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. NOTIFÍQUESE.

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