Adriana Arriaga Pérez
Expediente 1266/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1266/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/12/2017
Partes del expediente
- Adriana Arriaga Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de diciembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos la comunicación signada de la Presidente y secretario auxiliar de amparos, ambos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por el que remite copia certificada del laudo de seis de diciembre del año en curso, dictado en el expediente *******, de su índice, promovido por ********** contra de ******* y/o *********. En términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se le concede valor probatorio pleno a la documental anexada por la autoridad responsable. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar el laudo en el expediente *****. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo IX-Junio de 1999, página 38, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de dictar laudo dentro del juicio laboral ********, de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el seis de diciembre del año en curso, dictó laudo definitivo en la controversia laboral de origen; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la Junta responsable subsanó la dilación procesal que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de dictar laudo en el juicio laboral *******, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, procede SOBRESEER ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. No pasa desapercibido, el hecho de que con esta fecha se esté agregando la constancia remitida por la autoridad responsable y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de la misma, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido referido y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Asimismo, no pasa desapercibido para decretar el sobreseimiento anterior, que en autos no conste que se haya emplazado a la parte tercera interesada ***** y/o *****, ya que a nada práctico conduciría, ante la notoriedad de la causa de sobreseimiento ya descrito, lo que implica que el sentido adoptado no le irroga ningún perjuicio. Tiene aplicación a lo anterior la tesis V/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 45, con registro 196912, de rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado". Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del trece de diciembre de dos mil diecisiete. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, agente del ministerio público de la federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE SIETE DE DICIEMBERE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA :...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de diciembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos la comunicación signada de la Presidente y secretario auxiliar de amparos, ambos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por el que remite copia certificada del laudo de seis de diciembre del año en curso, dictado en el expediente *******, de su índice, promovido por ********** contra de ******* y/o *********. En términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se le concede valor probatorio pleno a la documental anexada por la autoridad responsable. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar el laudo en el expediente *****. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo IX-Junio de 1999, página 38, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de amparo; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de dictar laudo dentro del juicio laboral ********, de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el seis de diciembre del año en curso, dictó laudo definitivo en la controversia laboral de origen; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la Junta responsable subsanó la dilación procesal que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de dictar laudo en el juicio laboral *******, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, procede SOBRESEER ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. No pasa desapercibido, el hecho de que con esta fecha se esté agregando la constancia remitida por la autoridad responsable y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de la misma, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido referido y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Asimismo, no pasa desapercibido para decretar el sobreseimiento anterior, que en autos no conste que se haya emplazado a la parte tercera interesada ***** y/o *****, ya que a nada práctico conduciría, ante la notoriedad de la causa de sobreseimiento ya descrito, lo que implica que el sentido adoptado no le irroga ningún perjuicio. Tiene aplicación a lo anterior la tesis V/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VII, febrero de 1998, página 45, con registro 196912, de rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. ...". Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del trece de diciembre de dos mil diecisiete. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, agente del ministerio público de la federación adscrita y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa el informe justificado rendido por la autoridad responsable ....; y dése nueva cuenta con el mismo en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en los preceptos 119 y 123 de la ley en la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que adjunta la junta responsable, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Mario Mejía Ceceña Trasfí, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la licencia otorgada al titular de este juzgado, que actúa con la secretaria que autoriza, Iliana Rodríguez Zárate quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial que antecede, de la cual se advierte que no fue posible emplazar a este juicio a los tercero interesados *********, por los motivos que expone. En atención a lo anterior, se reserva acordar al respecto hasta en tanto rinda su informe justificado la autoridad responsable y remita el expediente de donde deriva el acto reclamado. Notifíquese.
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