Adriana Arreola Barrón
Expediente 182/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 28 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 182/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 25/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Adriana Arreola Barrón
- M.A. T. A.
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de mayo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO RESOLUCIÓN. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha resolución, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, así como del conocimiento de las autoridades responsables la anterior circunstancia. ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Por otro lado, visto el estado de autos, se advierte que en el presente expediente no existe actuación alguna que realizar, promoción pendiente por acordar o documento original por devolver, además de que el expediente electrónico coincide fiel e íntegramente con el expediente físico, por lo que con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, con esta fecha se archiva el presente asunto como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al tratarse de un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia. DESTINO Y VALORACIÓN DE LOS CUADERNOS INCIDENTALES. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso c) del citado acuerdo general, el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del presente juicio, es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la suspensión definitiva. Por otro lado, el duplicado del incidente de suspensión en comento es susceptible de destrucción, al ubicarse en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mismo cuerpo normativo...VII
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintinueve de abril de dos mil veintidós. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que, el presente juicio de amparo, fue instado por Adriana Arreola Barrón, en su carácter de representante legal del menor Miguel Ángel Torrijos Arreola, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de la Secretaría de Salud Federal, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, y Titular de la Dirección General de Epidemiología, los tres últimos de la Secretaría de Salud Federal y Presidente del Consejo de Salubridad General; Gobernador Constitucional, Secretario de Salud, Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud, Subsecretaria de Salud Pública de los Servicios de Salud, Subdirector de Prestaciones de los Servicios de Salud, Directora de Políticas y Estrategias de Salud Pública, Subdirector de Vigilancia Epidemiológica, Subdirectora de Programas Integrales de Salud, y Titular de la Unidad de Coordinación de las Brigadas Especiales de la Vacunación COVID-19, de quienes reclamó, esencialmente: 1. La Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, y dejar de ordenar, contemplar, diseñar, gestionar, respecto de menores de edad de los 12 a los 17 años la aplicación de la vacuna BioNTech Pfizer a los quejosos, para tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, vida, y educación del quejoso. 2. La discriminación bajo una categoría sospechosa, consistente en la edad, al no contemplar al menor quejoso en el Plan Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, en particular, con la vacuna BioNTech Pfizer. 3. Como consecuencia de lo anterior, la omisión de aplicar la vacuna a menores de 17 años y mayores de 12, de acuerdo con el plan de vacunación efectuado por el Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que ha sobrevenido la actualización de un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto. Lo anterior, porque en la especie se acredita la causal de improcedencia, prevista en los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación Y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Para que se actualicen los presupuestos de esta causal de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, dado que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al amparista en el goce de sus derechos violados; por lo cual, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido. Así, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al impetrante en el goce de los derechos violados. En ese orden de ideas, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de derechos fundamentales, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyos rubro y texto se insertan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Una vez definido el marco legal en que se sustenta la improcedencia advertida, es oportuno invocar como un hecho notorio la consulta realizada a la página oficial de la Secretaria de Salud (https://www.gob.mx/salud), de la que se advierte que, el veintiocho de abril del año en curso, se abrió el registro para la vacunación universal contra COVID-19 de adolescentes de 12 años en adelante, tal como se evidencia con la imagen que se inserta: En ese mismo sitio electrónico, puede leerse: "A partir del jueves 28 de abril se abre el registro para la vacunación universal contra COVID-19 de adolescentes de 12 años en adelante, anunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, durante el Pulso de la Salud, en la conferencia de prensa matutina que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, LópezGatell Ramírez explicó que la inmunización considera a adolescentes sanos de 12 años en adelante de todo el país, además de los que tienen comorbilidades y que se incluyeron en el plan de vacunación desde hace más de cuatro meses. Informó que la reducción sostenida de contagios de COVID19 en los últimos tres meses se ha reflejado en cifras mínimas de enfermedad grave, hospitalización y mortalidad. En este escenario y conforme a los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), México podría pasar del estado epidémico al endémico, en el cual "aprendamos a convivir con el virus y sus características estacionales". Puntualizó que México está en fase de mínima transmisión, luego de cuatro olas epidémicas. En la actualidad la demanda hospitalaria es de solo tres por ciento en camas generales y uno por ciento en camas con ventilador; incluso, algunas entidades no tienen una sola cama ocupada por enfermedad grave. Asimismo, la mortalidad se redujo 10 veces y se mantiene en cifras mínimas. A ello se suma que la cobertura de vacunación es de 90 por ciento entre la población adulta del país. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud detalló que, con base en estos criterios, que están por formalizarse por parte de la OMS, se puede identificar que México está cerrando el ciclo epidémico y transitando al estado endémico y, por tanto, a partir del 1º de mayo se deja de emitir la actualización del Semáforo de Riesgo Epidémico y el Pulso de la Salud pasa a una siguiente fase. La conclusión del ciclo de difusión de información sobre COVID-19 en la conferencia de prensa matutina da paso a la publicación de un boletín informativo semanal sobre el tema; no obstante, continúa la vigilancia epidemiológica del curso de COVID-19 y de cualquier otra enfermedad, así como el trabajo de las unidades de salud en todo el país. Adelantó que se emitirá el nuevo lineamiento de seguridad sanitaria que, una vez revisado por el área jurídica de esta dependencia y autorizado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Este nuevo lineamiento integrará las medidas preventivas conforme a la realidad actual, como el uso opcional del cubrebocas, que se recomienda sobre todo en espacios cerrados con alta concentración de personas. Recordó que cuando inició la epidemia en el país, el sistema de salud "estaba en ruinas, producto de un desmantelamiento progresivo a lo largo de los últimos 30 o 40 años", por lo que fue crucial reducir la velocidad de contagios con medidas extremas como la Jornada Nacional de Sana Distancia, que permitió hacer más lenta la propagación de la epidemia, ganar tiempo y poner en funcionamiento unidades especiales COVID conforme avanzó la reconversión hospitalaria. Precisó que la cuarta ola de contagios donde prevaleció la variante ómicron, fue tres veces más grande que la anterior; sin embargo, debido a la alta cobertura de vacunación, la cantidad de hospitalizaciones y defunciones fue considerablemente más baja." La información vertida constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, en términos de los artículos 88, 188 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en razón de que el primer numeral dispone que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes; el segundo de los preceptos establece que, para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; finalmente, el tercero reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Ahora, el sitio de internet de la Secretaría de Salud del Ejecutivo Federal se trata de una página electrónica oficial a través de la que dicho órgano de gobierno pone a disposición del público información relacionada con la materia sanitaria; por ello, se asegura, que se trata de información que sirve como hecho notorio para este juzgado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia XX.2o. J/24 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2470, registro digital 168124; que establece: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." Bajo esa tesitura, si se toma en consideración que el quejoso directo Miguel Ángel Torrijos Arreola, a la fecha, cuenta con una edad de trece años y cuatro meses, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento que se anexó al escrito de demanda, es evidente que ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra covid-19; lo que constituye, esencialmente, la materia de los actos reclamados en el presente juicio de amparo. De ahí que se considere que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada en esta instancia, como si se hubiera otorgado el amparo, ya que, a partir del veintiocho de abril del año en curso, está en posibilidad de poder vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, previo registro en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php. Lo anterior, partiendo de la premisa de que la demanda es promovida, no en virtud de que las autoridades hayan efectuado una conducta directa hacía el menor quejoso que implique negarle la aplicación de la vacuna, sino que la demanda se basa en que la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 no consideraba a los menores de entre doce y diecisiete años de edad, lo que consideró la promovente del amparo como una violación al derecho a la no discriminación etaria. De esta manera, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia que concede el amparo tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir lo que la misma exija. Es por ello, que se considera que cesaron los efectos de los actos reclamados, en virtud de que las autoridades responsables, a la fecha, han efectuado las gestiones para incluir en el esquema de vacunación a los mayores de doce años, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la enfermedad COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna para evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la vida y supervivencia del directo quejoso menor de edad. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicho cuerpo normativo. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA PROGRAMADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En atención a lo anterior, se deja sin efectos el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, que se programó a las diez horas con treinta y tres minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Sirve de sustento la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, cuyo contenido literal es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial..VII
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiséis de abril de dos mil veintidós. SOBRE DEVUELTO. Visto el sobre que devuelve el Administrador de Correos de México de esta ciudad, el cual contiene el oficio 1212-1, dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se requiere a dicha autoridad su informe justificado, y que al reverso tienen la leyenda: "cambio de dirección". No obstante, se hace constar que, después de hacer una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.) se constató que en este juzgado federal, se encuentra radicado el juicio de amparo indirecto 1034/2021, mismo que fue promovido por Víctor López Morales, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; hecho que se invoca de manera notoria, anexándose al presente sumario copia certificada de la promoción con registro interno 16967, a través del cual, la Consultora Jurídica General, en ausencia del Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, informó que mediante oficio 5. AP/ARP2992/2021, se otorgó la representación presidencial en el citado juicio de amparo a la Secretaría de Salud. En consecuencia, con fundamento en el artículo 9, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene como representante de la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a la Secretaría de Salud. En consecuencia, resulta necesario hacer de su conocimiento que el presente juicio de amparo fue promovido por Adriana Arreola Barrón, en su carácter de representante legal del menor Miguel Ángel Torrijos Arreola, contra actos emitidos por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, por conducto de su representante, para que, dentro del plazo de quince días, rinda su informe justificado, en el cual exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados. A dicho informe deberá anexar copia certificada completa, legible y cronológicamente ordenada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional; por tanto, remítase copia certificada del auto admisorio y de la demanda de amparo. Se le apercibe de que, si no rinde el informe justificado, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad siempre y cuando tales actos no sean en sí mismos violatorios de derechos humanos o de las garantías a las que se refiere el artículo 1 de la Ley de Amparo. Además, se le apercibe que, si no rinde su informe justificado, o lo hace sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD. De conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29 del mismo ordenamiento, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se le notificarán por medio de oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificárseles lo ameriten; en tanto que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista. De igual forma, tomando en consideración que el segundo de los numerales en cita prevé que, en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como de la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". ENVÍO Y RECEPCIÓN DE OFICIOS Y OTRAS COMUNICACIONES A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN POR LO QUE HACE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se le informa que conforme al artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, los oficios se le entregarán vía correo electrónico institucional, o por cualquier medio oficial, pues así lo requiere el orden público dada la situación de contingencia sanitaria, para evitar la concentración de personas en las instituciones públicas y con ello, la propagación del virus. Por lo que hace a la recepción de comunicaciones, se informa a la autoridad que podrá remitirlas también en la cuenta del correo electrónico institucional 1jdo29cto@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que las constancias enviadas por ese medio deberán ser legibles, completas y ordenadas...VII
- Incidental
Pachuca de Soto, Hidalgo; doce de abril de dos mil veintidós. AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA EL CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el encargado del despacho de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado de Hidalgo, en representación del Gobernador Constitucional del Estado, a través del cual informa las gestiones que lleva a cabo dicha autoridad para dar cumplimiento a la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa el catorce de marzo del año en curso...VII
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