Adriana Araceli Pérez Cruz
Expediente 984/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 984/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Adriana Araceli Pérez Cruz
Actuaciones
- Principal
XII... Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, procédase a ello, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.
- Principal
XII... Agréguese el ocurso de cuenta signado por la parte quejosa, en atención su contenido, se tiene desahogada la prevención formulada en auto de siete de octubre pasado. Ahora bien, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por Adriana Araceli ..., por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad. En principio, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Así, de estudio integral de la demanda se advierte que la quejosa señaló como actos reclamados: El acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla Estado de México, en los autos de los Actos Preliminares de Consignación de Pago de Adeudo, en el que desechó por improcedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (aquí quejosa) en contra del diverso proveído de treinta y uno de agosto del citado año. El proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en el que el juez responsable no acordó de conformidad su solicitud en el sentido de que se ordenara la devolución del billete de depósito Y693153 consignado, toda vez que el mismo fue constituido a favor del beneficiario (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), así como sus consecuencias, consistentes en la falta de devolución del citado billete por parte de la Dirección del Finanzas del Poder Judicial del Estado de México. Al respecto, se considera que respecto de los actos antes precisados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo -respectivamente-; en atención a las siguientes consideraciones. En principio, se analizará la improcedencia del juicio de control constitucional con relación al acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla Estado de México, en los autos de los Actos Preliminares de Consignación de Pago de Adeudo, en el que desechó por improcedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (aquí quejosa) en contra del diverso proveído de treinta y uno de agosto del citado año, al materializarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo.. En efecto, del citado precepto se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada. Ahora bien, en el caso concreto, no se cumple con la definitividad exigida, en razón que el acto reclamado puede ser modificado, revocado o anulado; esto, a través de un recurso ordinario establecido en la norma secundaria, como lo es el recurso de queja, prevista en los artículos 1.360, 1.361 y 1.393, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que establecen: "Artículo 1.360. Se reconocen como recursos los siguientes: Revocación Apelación Queja Artículo 1.361 Los recursos no son renunciables. Artículo 1.393. El recurso de queja tiene lugar contra resoluciones del Juez cuando: No admite una demanda Deniega una apelación." Así, tomando en consideración que el acto reclamado que se analiza consiste en el auto mediante el cual el juez responsable determinó inadmitir el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa; es inconcuso que la ahora titular de la acción constitucional estaba obligada a interponer contra dicha determinación el recurso previsto en la ley como queja, previo a solicitar la protección de la justicia de la unión, medio de defensa que en el supuesto de ser declarado fundado, se ordenaría admitir la apelación. De ahí que, sea claro que la quejosa antes de acudir a esta instancia constitucional debió impugnar el acuerdo de siete de septiembre del año, a través del recurso de queja, de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; lo anterior, tomando en consideración que para la legislación aplicable los recursos no son renunciables. Por otra parte, respecto al proveído de treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla Estado de México, en los autos de los Actos Preliminares de Consignación de Pago de Adeudo, mediante el cual no acordó de conformidad su solicitud de devolución del billete de depósito Y693153 consignado, toda vez que el mismo fue constituido a favor del beneficiario (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) y sus consecuencias, como se adelantó, se actualiza la antes citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo De igual forma, se considera que el acto reclamado sujeto a estudio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que puede ser modificado, revocado o anulado; a través de un recurso ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso, el recurso de revocación, esto conforme al artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." Del enunciado normativo trascrito, se desprende que en contra de los autos dictados en un juicio civil en los cuales no proceda el recurso de apelación, procede el de revocación; supuesto que se material en el caso concreto. Lo anterior, porque la parte quejosa reclama del juez responsable el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, emitido en los autos de los Actos Preliminares de Consignación de Pago de Adeudo, en el que no acordó favorablemente su solicitud en el sentido de que ser ordenara la devolución del billete de depósito Y693153 consignado, bajo el argumento de que el mismo fue constituido a favor del beneficiario (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores); por tanto, si en contra de ese auto no procede apelación, ni se encuentra dentro de los establecidos para la procedencia de la queja, en consecuencia, debe promoverse revocación ante el propio juez que dictó el acto reclamado. Por lo que, al no agotarse el principio de definitividad respecto de dichos actos resulta improcedente el presente juicio constitucional, ya que el amparo es un juicio extraordinario al que sólo puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria para modificar o revocar el acto que ha de reclamarse.... Sin que sea obstáculo a lo anterior, que la quejosa refiera que se le causa un daño de imposible reparación dentro de juicio; sin embargo, conforme al artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no la excluye del agotamiento de la definitividad. ... En la misma línea de argumento, la jurisprudencia trascrita, ha establecido como enunciado jurídico, que la definitividad deba ser agotada, siempre y cuando el medio de defensa previsto en la ley secundaria reúna como requisitos lo siguiente: Sea efectivo Idóneo Resuelto en un plazo razonable. Sobre estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que la efectividad refiere a la posibilidad real de interponer un recurso sencillo; lo idóneo a que dicho medio tenga como fin modificar, extinguir o anular el acto que se impugne o se reclame y; el plazo razonable significa que estos deban resolverse rápido, es decir, en breve término. En la especie, los recursos de queja y revocación -antes analizados- reúnen dichos requisitos, pues son efectivos, en razón que se encuentran previstos en la norma, es sencillo su trámite, pues basta un escrito de la parte recurrente, en el que exprese sus agravios; es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene como fin nulificar la actuación procesal que se impugne -autos que deniegan un apelación y los que no se encuentran comprendidos el supuestos expresamente establecidos-, son de plazo razonable, ya que una vez que se presenta el escrito respectivo se dará vista a la parte contraria por el término de tres días y transcurridos, el juez resolverá dentro del tercer día, en ambos casos. Luego, si en el caso la quejosa no interpuso los medios ordinarios de defensa previstos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México en contra de los autos reclamados, evidentemente, el juicio de amparo resulta improcedente, por no haberse agotado el principio de definitividad. Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XIV con relación al artículo 113, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Adriana Araceli Pérez Cruz, por propio derecho. Derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), declarada así por el Consejo de Salubridad General mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de marzo de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa.
- Principal
III... Naucalpan de Juárez, Estado de México; siete de octubre de dos mil veintiuno. Téngase recibido el oficio signado por el Director General del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec, Estado de México, a través del cual remite copia de las bitácoras y/o registros donde aduce se advierte la forma en la que se ha suministrado agua a los quejosos del veintisiete de septiembre al tres de los actuales. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, con las documentales de referencia, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga.
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