Adriana Antonio Chavez

Expediente 495/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
495/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Adriana Antonio Chavez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obren como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, por medio del cual informa que acepta la incompetencia planteada por este Juzgado de Distrito; de lo cual el suscrito toma conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental y tampoco se ubica en los supuestos de los considerados como conservables, acorde a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por lo que a criterio de este juzgado se considera que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, mediante el cual acusa recibo de los autos del juicio de amparo en que se actúa. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por +++++++++++ mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós; en esas condiciones de provee: Incompetencia En ese contexto, por cuestión de estudio y método, debe analizarse en primer lugar si este Órgano Jurisdiccional es constitucional y legalmente competente para conocer del asunto de que se trata, por ser una circunstancia de orden público, estudio preferente y oficioso, por imperativo del artículo 16 constitucional. Al respecto es aplicable la tesis jurisprudencial I. 2 P. J/40, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". Así la competencia constitucional de los Jueces de Distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reglamentada en el artículo 37 de la Ley de Amparo que indican. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [..] VII.- El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrán ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." El precepto trascrito establece que el juicio de amparo se promoverá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute, o trate de ejecutarse, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. LEY DE AMPARO. "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dispositivo legal del que se desprenden básicamente tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Establecido lo anterior, es conveniente precisar que acorde a la doctrina, los actos que pueden ser reclamados en un juicio de amparo, acorde a su naturaleza y consecuencias jurídicas, pueden ser entre otros: 1) Declarativos sin efectos positivos son aquéllos que se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, pero que no implican modificación alguna de derechos o situaciones existentes. 2) Omisivos son aquellos en los que la autoridad se abstiene de actuar, a pesar de encontrarse obligada a realizar determinada conducta. 3) Declarativos con efectos positivos, son aquéllos que en sí mismos traen aparejado un principio de ejecución, que produce una afectación en la esfera jurídica del gobernado y originan la existencia de un agravio. Del mandato anteriormente transcrito se advierte que será competente para conocer del juicio de amparo, como en el presente caso acontece, el Juez de Distrito con jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, atento a lo establecido en párrafos precedentes se tiene que la parte quejosa en esencia reclama: La orden contenida en el oficio GN/S.P./Ss.P.C./1018/2022 de dieciocho de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se comunica la nueva designación de funciones por cambio de adscripción a la Estación Apatzingán, dependientes de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras de instalaciones de Michoacán. La ejecución de dicha orden sujeta en el oficio GN/UOEC/DGSCI/2573/2022, de veinte de abril de dos mil veintidós. En ese contexto, se aprecia que no existe razón legal que conduzca a fincar la competencia en este Juzgado de Distrito para conocer del asunto, toda vez que como se expresó en supralineas, no se desprende que los actos reclamados tengan ejecución en Nezahualcóyotl, Estado de México, pues como lo expresa claramente la aquí quejosa, en su escrito de desahogo, la ejecución del acto es en el Estado de Michoacán; lugar donde la quejosa actualmente se encuentra adscrita, esto es, en la Estación Apatzingán dependiente de la Coordinación de Batallón de Seguridad en Carreteras e instalaciones de Michoacán, sitio diverso al en que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. En esa tesitura, de acuerdo con las reglas que sobre la competencia establece el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, para que este juzgado sea el órgano jurisdiccional competente para conocer de este juicio, es menester, que el acto reclamado se haya ejecutado, se estuviera ejecutando o se tratare de ejecutar en esta ciudad, lo que en el caso no acontece, pues el acto reclamado tiene lugar en el Estado de Michoacán. En consecuencia, se estima que debe conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Uruapan, en Turno, que ejerce jurisdicción en aquélla entidad en términos del Acuerdo General 03/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Tiene aplicación la tesis con número de registro 316005, publicada en la página 119, Quinta Época, tomo CXXX, materia administrativo, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO POR EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO: Si el acto revocatorio reclamado tiene ejecución material, pues de otro modo resultaría simplemente declarativo y no causaría, por su solo dictado violación alguna de garantías; y la ejecución fue ya ordenada a funcionarios o empleados federales en determinada entidad federativa y han tratado de llevarse a efecto, el caso está regido por el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que cuando conforme a las prescripciones de esa Ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado y de acuerdo también con la tesis jurisprudencial número 228 del Apéndice al Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación que sostiene que para fijar la jurisdicción en el juicio de garantías, la fracción IX del artículo 107 constitucional tiene en cuenta el lugar en que el acto reclamado se ejecuta o trate de ejecutarse siendo esto lo que principalmente fija la competencia." Sin que en el caso sea aplicable lo establecido en el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. [.] Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. [.]" Dado que si bien es cierto la demanda de amparo se presentó en la Ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México, turnada a este órgano jurisdiccional, lo cierto es que, como quedó expuesto, no hay ejecución alguna del acto reclamado en el territorio en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, de ahí que el supuesto normativo contemplado en el dispositivo legal referido no opera en el caso concreto, tal como quedó precisado. Consecuentemente, con fundamento en el precepto 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los arábigos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013 y sus reformas, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano de control constitucional SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE para resolver este juicio de amparo y se declina en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Uruapan, en Turno, a quien deberá remitirse el presente expediente, para que informe lo relativo. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se solicita al Juez correspondiente que dentro del término que señala el citado artículo 48 de la ley de la materia, manifieste si acepta o no la competencia planteada; por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo.

  4. Principal

    téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Anotaciones Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 495/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Prevención Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre el contenido de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 114, fracciones III y V, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, bajo la más estricta protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente...

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