ADRIANA AMELIA NAVARRO GONZÁLEZ y Otros.

Expediente 1588/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1588/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
13/12/2022

Partes del expediente

  • ADRIANA AMELIA NAVARRO GONZÁLEZ y Otros.
  • Nancy Edith Torres de la Luz

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de diciembre de dos mil veintidós. Estado procesal Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó por la demanda de amparo por manifiesta e indudable improcedencia. Firmeza del auto En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero, del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Recepción de demanda. Téngase por recibido el escrito de demanda firmada por Adriana Amelia Navarro González, Nancy Pérez Vázquez, Margarita Galván González, Nancy Ma. Guadalupe Márquez Salgado, Tania Patricia Rojas Crespo y Nancy Edith Torres de la Luz, por propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente tanto físico como electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 1588/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Autoridad responsable.1. Congreso del Estado de Morelos. 2. Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados. a) Los artículos 1 Bis, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de Morelos, así como los diversos numerales 115, 116 y 117 del Código Penal para el Estado de Morelos. b) El incumplimiento a la obligación internacional de respetar y garantizar los derechos, así como de no ajustar la legislación interna para garantizar el derecho a la interrupción legal del embarazo. . Sigilo del escrito de demanda. Ahora bien, se ordenan glosar en sobre cerrado de sigilo los anexos la demanda que exhibe, de conformidad con lo estatuido en el dispositivo 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1 al 23; 113, 116, 120 fracción V; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como como lo sustentado en los artículos 117, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de la protección de los datos personales de la menor implicada en el presente asunto, en el entendido de que su contenido no queda a la vista de las partes, sino únicamente para la consulta de este juzgador al momento de resolver la litis constitucional. En ese tenor, se precisa que en lugar de las constancias relativas a los anexos en este acto se ordenan guardar de manera reservada, se dejará copia certificada, en las que se testará la información que con cautela debe conservarse, no así de las documentales ofertadas, las cuales únicamente estarán a la vista del juzgador. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esto es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En efecto, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara o patentemente y por indudable, aquello que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta forma, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3°, 5º, fracción I, y 6º de la ley de la materia, ya que la demanda de amparo no contiene la firma autógrafa de las peticionarias de amparo Adriana Amelia Navarro González, Nancy Pérez Vázquez, Margarita Galván González, Nancy Ma. Guadalupe Márquez Salgado, Tania Patricia Rojas Crespo y Nancy Edith Torres de la Luz, y, como consecuencia de ello, no exteriorizaron su voluntad para promover la acción constitucional. En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 107, fracción I, como uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo el de iniciativa o instancia de parte agraviada, que se traduce en que es indispensable que se tenga certeza de que quien lo promueve lo hace por sí o por interpósita persona. Dicho principio rector, se contiene en el artículo 6° de la Ley de Amparo: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Asimismo, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter del quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, el numeral 3º de la ley de la materia, dispone que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán de contar con firma electrónica o autógrafa; disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la persona quejosa para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera, que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la voluntad para la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento, voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En ese contexto, es importante destacar que la firma autógrafa constituye el conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley, lo cual, en el caso concreto, como se advierte de la certificación de cuenta, en la demanda de amparo que se provee no obra la firma de Adriana Amelia Navarro González, Nancy Pérez Vázquez, Margarita Galván González, Nancy Ma. Guadalupe Márquez Salgado, Tania Patricia Rojas Crespo y Nancy Edith Torres de la Luz, quienes promueven por propio derecho, por lo que dicha situación implica que fueron omisas en manifestar su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 235463, publicada en la página 29, volumen 8, Segunda Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE." Lo anterior, se corrobora con lo establecido en el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mismo que dispone: "Artículo 204. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salva la excepción de que trata el artículo 206. Se entiende por subscripción la colocación, al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que suscribe. La subscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales o marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, si no están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la subscripción." (Lo destacado es propio). En tal virtud, de los razonamientos efectuados en párrafos precedentes, se advierte que no se le puede dar valor alguno a la demanda presentada por las promoventes de amparo, por haber sido presentado sin su firma. Lo anterior, se insiste, en virtud de que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del suscriptor, y ante tal omisión dicho escrito no tienen ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del promovente y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de firma autógrafa de las peticionarias de amparo, no puede decirse que exista voluntad de ejercer la acción de amparo; en consecuencia, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. En ese tenor, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3°, 5º, fracción I, 6º y 113 de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo de que se trata. Es aplicable al presente asunto por identidad de razón, la tesis I.13o.A.4 K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, publicada en la página 1318, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Asimismo, es aplicable la tesis VI.1º.151K, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XV-II, del mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco, en la página trescientos tres, con número de registro 208351, del contenido cuyo rubro es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA." De igual forma apoya esta determinación la jurisprudencia III.4o.T. J/5 (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, del mes de septiembre de dos mil diecisiete, Tomo III, en la página mil setecientos veintinueve, registrada con el número 2015060, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSA PERSONA FÍSICA MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL)." Asimismo, sirve de apoyo en la parte que interesa la tesis I.15o.A.17 K, pronunciada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página mil seiscientos trece, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVI correspondiente al mes de agosto de dos mil siete, Novena Época, número de registro 171799, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA CUANDO EL ESCRITO RELATIVO NO SE ENCUENTRE FIRMADO POR EL QUE APARECE COMO PROMOVENTE, SIN TENER QUE PREVENIRLO PARA QUE LA FIRME." Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las promoventes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a la parte quejosa, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a la parte quejosa que puede consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación, elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se le informa que puede consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesita un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, debe realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 3. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando clic al enlace que aparecerá en el mensaje. 4. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 5. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 6. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a la parte quejosa dentro del presente asunto para que, de ser posible, transite a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Consulta de expediente electrónico Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al usuario "Rrobles8419, RMFNungaray, Karenlrul10, Montiel021088, TELMANUNEZ, DCFR2707 y OsvaldoBaCo" para consultar vía internet de las actuaciones que se dicten en el presente asunto y presentar promociones. Domicilio. Ahora bien, se advierte que las promoventes señala de manera indistinta para el efecto de oír y recibir notificaciones la vía electrónica y un domicilio físico; sin embargo, a fin de evitar la duplicidad de notificaciones, se tiene por autorizado el medio electrónico señalado en primer término y, en caso de elegir el domicilio físico, es menester que lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, en el entendido que de optar por ese medio le será revocada la vía electrónica antes autorizada. En ese sentido, se faculta a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que las notificaciones de esa naturaleza que se ordenen en el presente asunto, se practiquen vía electrónica a la parte quejosa a través de cualquiera de los usuarios señalados para tal efecto, los cuales han sido precisados en el apartado que antecede, conforme a las reglas que establece la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo. Se instruye a la oficial judicial "A". En consecuencia, se instruye a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite la autorización correspondiente en el referido sistema. Autorizados con facultades amplias. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizado con facultades amplias a las diversas personas que señala con tales facultades, en razón de que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órgano jurisdiccionales, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, no así a Karen Itzel Torres López, Claudia Esperanza Elizabeth Peñaloza Hernández y Viridiana Castillo Hernández, al no colmar el requisito en cita, a quien únicamente se le tiene por autorizada en términos simples, con las facultades que enseguida se precisan. Autorizados con facultades restringidas. Además, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 12 de la legislación de la materia, en relación con el párrafo segundo del diverso numeral 24 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados en términos restringidos, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas que señala con tales facultades, por así haberlo solicitado expresamente. Del representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional tiene con el carácter de representante común a Adriana Amelia Navarro González, en virtud de así haberlo designado las quejosas, lo anterior sin perjuicio de que con posterioridad y previa solicitud que al efecto formulen pueda ser sustituida por persona diversa. Medios especiales de comunicación. Con fundamento en el artículo 257, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales se tiene como medios de comunicación no procesales las cuentas de correo electrónico que proporciona la autoridad oficiante en su informe, los cuales podrán ser utilizados por los actuarios de la adscripción para establecer contacto, en caso de que lo estimen necesario, siempre y cuando levanten razón de ello. En el entendido de que, de forma excepcional dichos medios de comunicación podrán utilizarse como medios de comunicación procesal siempre y cuando la parte interesada no tenga acceso al Portal de Servicios Electrónicos del Poder Judicial de la Federación, caso en el cual, se instruye al fedatario de la adscripción certificar la confirmación de recepción de la comunicación respectiva. Medios electrónicos. Ahora bien, se autoriza el uso de medios electrónicos exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio, en la inteligencia que el facsímil que se obtenga no tendrá validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Oposición de publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se tiene a las quejosas oponiéndose a la publicación sus datos personales; en consecuencia, hágase la anotación que corresponda en el Libro de Gobierno. Asimismo, se ordena a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este juzgado, a efecto de que haga el registro correspondiente en el referido sistema. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Promoción registrada con folio 16089. Finalmente, agréguese a los autos, para que obre como corresponda el escrito signado por Paulo César Rosales Aldama, mediante el cual pretende exhibir copia simple de diversas credenciales para votar, lo anterior en virtud de que aquel no cuenta con personalidad reconocida a efecto de que pueda promover en el presente asunto. No pasa desapercibido el hecho de que el promovente refiera actuar como Defensor Público Federal adscrito a este juzgado federal, empero, como se advierte de párrafos que anteceden no se dio intervención a dicha representación pública en el presente asunto dado el sentido de la presente resolución. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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