Adriana Amador Mackinney

Expediente 865/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 55 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
865/2021
Año
2021
Actuaciones
55
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Adriana Amador Mackinney
  • Juzgado Séptimo de Partido Civil En León, Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 55.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo, se advierte que en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, remitiendo testimonio relativo al amparo en revisión 197/2022, en el que en la materia de la revisión confirmó la sentencia dictada el dieciséis de junio de dos mil veintidós, por este Juzgado de Distrito, concediendo la protección constitucional para los efectos siguientes: ".el juez Séptimo Civil de Partido de esta ciudad: Deje insubsistente jurídicamente la diligencia de emplazamiento practicada a la quejosa *************, dentro de los autos del juicio especial civil hipotecario *******, de su índice, así como todo lo actuado con posterioridad dentro de ese controvertido. Al haberse concedido la protección constitucional respecto al emplazamiento practicado a la parte quejosa en el juicio de origen, igual situación acontece sobre todas las actuaciones emitidas con posterioridad en ese procedimiento, incluyendo la sentencia de veintiocho de julio de dos mil veinte, así como la determinación que confirmó la misma, y los actos tendentes a su ejecución. (.) La concesión del amparo también se hace extensiva al codemandado en el juicio natural Andrés Rubio Puente, a quien se le reclamaron las mismas prestaciones, pues le recae la figura de litisconsorte. Por ende, el juez responsable deberá dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio también en cuanto al citado codemandado, pues dada la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace indispensable oír a todos los interesados que se encuentren en comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida; en la inteligencia de que deberá quedar subsistente la diligencia de emplazamiento practicada a éste (Andrés Rubio Puente), en virtud de no ser una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio. (.) Concesión del amparo que se hace extensiva a las consecuencias del acto reclamado...". Por lo que, con dicho auto, se solicitó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Posteriormente, el cinco de octubre de dos mil veintitrés, el juez Séptimo Civil de Partido de León, Guanajuato, informó el cumplimiento al fallo protector, acompañando las constancias respectivas (fojas 297 a 303), de lo cual se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada en proveído de seis de octubre del año en curso, para que manifestaran lo que a sus intereses convinieran; tal acuerdo fue notificado a las aludidas partes el trece y dieciséis de octubre, respectivamente, de la presente anualidad, según se obtiene de las notificaciones que obran a fojas 305-306, 310-311 y 312-313 de autos. La partes no hicieron manifestación alguna en torno al cumplimiento dado por el Juzgado responsable a la ejecutoria, por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este juzgado Federal procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o si hay imposibilidad para cumplirla. En principio, se considera necesario hacer las precisiones siguientes. El defecto en el cumplimiento de una ejecutoria se actualiza cuando la autoridad responsable deja de hacer algo o de cumplir en su integridad lo ordenado en la resolución de cuya ejecución se trata; mientras que el exceso se verifica cuando la responsable se extralimita en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Del mismo modo, se estima cumplida una sentencia de amparo, cuando la responsable acata todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos fundamentales. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se advierte que el Juez Séptimo Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato, emitió un acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en los autos del juicio especial hipotecario C98/2020, en el que dejó insubsistente el emplazamiento llevado a cabo en dicho contradictorio, así como el auto de dieciocho de marzo de dos mil veinte, por el que se aprobó la referida diligencia de llamamiento a juicio, al igual que todos los actos procesales posteriores a dicho acto, incluidos la sentencia de veintiocho de julio de dos mil veinte, la resolución que la confirmó, la diligencia de remate de quince de octubre de dos mil veintiuno y todos los actos subsecuentes para su ejecución, volviendo las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de dichos actos; haciendo la acotación a que quedó subsistente la diligencia de emplazamiento practicada al codemandado Andrés Rubio Puente. Así, después de analizar la sentencia protectora en este proceso constitucional, se observa que todos y cada uno de sus efectos jurídicos fueron cumplidos por la autoridad responsable, de tal suerte que con ese proceder la responsable acató el núcleo esencial del fallo protector. Del mismo modo, se aprecia que no incurrió en defecto, puesto que no omitió dar cumplimiento a alguna parte de la sentencia amparadora, sino que observó todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo; como tampoco se extralimitó en sus funciones (exceso), sino que su proceder se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa de su derecho fundamental violado. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad; ordenándose hacer del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la ley de la materia y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. Finalmente, dígasele a las autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA TERCERA INTERESADA LAURA PATRICIA ANICETO CASTELÁN, EL AUTO DE TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL QUE SE ACORDÓ: Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo, se advierte que en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, remitiendo testimonio relativo al amparo en revisión 197/2022, en el que en la materia de la revisión confirmó la sentencia dictada el dieciséis de junio de dos mil veintidós, por este Juzgado de Distrito, concediendo la protección constitucional para los efectos siguientes: ".el juez Séptimo Civil de Partido de esta ciudad: Deje insubsistente jurídicamente la diligencia de emplazamiento practicada a la quejosa *************, dentro de los autos del juicio especial civil hipotecario *******, de su índice, así como todo lo actuado con posterioridad dentro de ese controvertido. Al haberse concedido la protección constitucional respecto al emplazamiento practicado a la parte quejosa en el juicio de origen, igual situación acontece sobre todas las actuaciones emitidas con posterioridad en ese procedimiento, incluyendo la sentencia de veintiocho de julio de dos mil veinte, así como la determinación que confirmó la misma, y los actos tendentes a su ejecución. (.) La concesión del amparo también se hace extensiva al codemandado en el juicio natural Andrés Rubio Puente, a quien se le reclamaron las mismas prestaciones, pues le recae la figura de litisconsorte. Por ende, el juez responsable deberá dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio también en cuanto al citado codemandado, pues dada la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace indispensable oír a todos los interesados que se encuentren en comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida; en la inteligencia de que deberá quedar subsistente la diligencia de emplazamiento practicada a éste (Andrés Rubio Puente), en virtud de no ser una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio. (.) Concesión del amparo que se hace extensiva a las consecuencias del acto reclamado...". Por lo que, con dicho auto, se solicitó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Posteriormente, el cinco de octubre de dos mil veintitrés, el juez Séptimo Civil de Partido de León, Guanajuato, informó el cumplimiento al fallo protector, acompañando las constancias respectivas (fojas 297 a 303), de lo cual se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada en proveído de seis de octubre del año en curso, para que manifestaran lo que a sus intereses convinieran; tal acuerdo fue notificado a las aludidas partes el trece y dieciséis de octubre, respectivamente, de la presente anualidad, según se obtiene de las notificaciones que obran a fojas 305-306, 310-311 y 312-313 de autos. La partes no hicieron manifestación alguna en torno al cumplimiento dado por el Juzgado responsable a la ejecutoria, por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este juzgado Federal procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o si hay imposibilidad para cumplirla. En principio, se considera necesario hacer las precisiones siguientes. El defecto en el cumplimiento de una ejecutoria se actualiza cuando la autoridad responsable deja de hacer algo o de cumplir en su integridad lo ordenado en la resolución de cuya ejecución se trata; mientras que el exceso se verifica cuando la responsable se extralimita en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Del mismo modo, se estima cumplida una sentencia de amparo, cuando la responsable acata todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos fundamentales. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se advierte que el Juez Séptimo Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato, emitió un acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en los autos del juicio especial hipotecario C98/2020, en el que dejó insubsistente el emplazamiento llevado a cabo en dicho contradictorio, así como el auto de dieciocho de marzo de dos mil veinte, por el que se aprobó la referida diligencia de llamamiento a juicio, al igual que todos los actos procesales posteriores a dicho acto, incluidos la sentencia de veintiocho de julio de dos mil veinte, la resolución que la confirmó, la diligencia de remate de quince de octubre de dos mil veintiuno y todos los actos subsecuentes para su ejecución, volviendo las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de dichos actos; haciendo la acotación a que quedó subsistente la diligencia de emplazamiento practicada al codemandado Andrés Rubio Puente. Así, después de analizar la sentencia protectora en este proceso constitucional, se observa que todos y cada uno de sus efectos jurídicos fueron cumplidos por la autoridad responsable, de tal suerte que con ese proceder la responsable acató el núcleo esencial del fallo protector. Del mismo modo, se aprecia que no incurrió en defecto, puesto que no omitió dar cumplimiento a alguna parte de la sentencia amparadora, sino que observó todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo; como tampoco se extralimitó en sus funciones (exceso), sino que su proceder se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa de su derecho fundamental violado. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad; ordenándose hacer del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la ley de la materia y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. Finalmente, dígasele a las autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA OMAR ZAMORA PADILLA, EL PROVEÍDO DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2023, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo, se advierte que en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, remitiendo testimonio relativo al amparo en revisión 197/2022, en el que en la materia de la revisión confirmó la sentencia dictada el dieciséis de junio de dos mil veintidós, por este Juzgado de Distrito, concediendo la protección constitucional para los efectos siguientes: ".el juez Séptimo Civil de Partido de esta ciudad: Deje insubsistente jurídicamente la diligencia de emplazamiento practicada a la quejosa *************, dentro de los autos del juicio especial civil hipotecario *******, de su índice, así como todo lo actuado con posterioridad dentro de ese controvertido. Al haberse concedido la protección constitucional respecto al emplazamiento practicado a la parte quejosa en el juicio de origen, igual situación acontece sobre todas las actuaciones emitidas con posterioridad en ese procedimiento, incluyendo la sentencia de veintiocho de julio de dos mil veinte, así como la determinación que confirmó la misma, y los actos tendentes a su ejecución. (.) La concesión del amparo también se hace extensiva al codemandado en el juicio natural Andrés Rubio Puente, a quien se le reclamaron las mismas prestaciones, pues le recae la figura de litisconsorte. Por ende, el juez responsable deberá dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio también en cuanto al citado codemandado, pues dada la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace indispensable oír a todos los interesados que se encuentren en comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida; en la inteligencia de que deberá quedar subsistente la diligencia de emplazamiento practicada a éste (Andrés Rubio Puente), en virtud de no ser una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio. (.) Concesión del amparo que se hace extensiva a las consecuencias del acto reclamado...". Por lo que, con dicho auto, se solicitó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Posteriormente, el cinco de octubre de dos mil veintitrés, el juez Séptimo Civil de Partido de León, Guanajuato, informó el cumplimiento al fallo protector, acompañando las constancias respectivas (fojas 297 a 303), de lo cual se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada en proveído de seis de octubre del año en curso, para que manifestaran lo que a sus intereses convinieran; tal acuerdo fue notificado a las aludidas partes el trece y dieciséis de octubre, respectivamente, de la presente anualidad, según se obtiene de las notificaciones que obran a fojas 305-306, 310-311 y 312-313 de autos. La partes no hicieron manifestación alguna en torno al cumplimiento dado por el Juzgado responsable a la ejecutoria, por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este juzgado Federal procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o si hay imposibilidad para cumplirla. En principio, se considera necesario hacer las precisiones siguientes. El defecto en el cumplimiento de una ejecutoria se actualiza cuando la autoridad responsable deja de hacer algo o de cumplir en su integridad lo ordenado en la resolución de cuya ejecución se trata; mientras que el exceso se verifica cuando la responsable se extralimita en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Del mismo modo, se estima cumplida una sentencia de amparo, cuando la responsable acata todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos fundamentales. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se advierte que el Juez Séptimo Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato, emitió un acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en los autos del juicio especial hipotecario C98/2020, en el que dejó insubsistente el emplazamiento llevado a cabo en dicho contradictorio, así como el auto de dieciocho de marzo de dos mil veinte, por el que se aprobó la referida diligencia de llamamiento a juicio, al igual que todos los actos procesales posteriores a dicho acto, incluidos la sentencia de veintiocho de julio de dos mil veinte, la resolución que la confirmó, la diligencia de remate de quince de octubre de dos mil veintiuno y todos los actos subsecuentes para su ejecución, volviendo las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de dichos actos; haciendo la acotación a que quedó subsistente la diligencia de emplazamiento practicada al codemandado Andrés Rubio Puente. Así, después de analizar la sentencia protectora en este proceso constitucional, se observa que todos y cada uno de sus efectos jurídicos fueron cumplidos por la autoridad responsable, de tal suerte que con ese proceder la responsable acató el núcleo esencial del fallo protector. Del mismo modo, se aprecia que no incurrió en defecto, puesto que no omitió dar cumplimiento a alguna parte de la sentencia amparadora, sino que observó todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo; como tampoco se extralimitó en sus funciones (exceso), sino que su proceder se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa de su derecho fundamental violado. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad; ordenándose hacer del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la ley de la materia y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. Finalmente, dígasele a las autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto.

  4. Principal

    Cuenta. En dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, el licenciado José Luis Sánchez García, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, certifica: que en cumplimiento a lo ordenado en el auto de prevención, hago constar que la presente promoción, con número de registro 13590, se ubica en la hipótesis del inciso c) acuses de recibo, por lo que resulta inútil el dictado de acuerdo. Conste.

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