Adriana Alvarez Moreno

Expediente 435/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
435/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
28/05/2018

Partes del expediente

  • Adriana Alvarez Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    SE REQUIERE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE EN EL TÉRMINO DE 3 DÍAS CUMPLA CON LO QUE SE LE REQUIERE EN AUTOS, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.

  2. Principal

    POR LAS RAZONES QUE SE INDICAN SE ORDENA AGREGAR EN AUTOS EL OFICIO QUE REMITE DIVERSA AUTORIDAD PARA QUE OBRE COMO CONSTANCIA. POR LO EXPUESTO EN AUTOS, SOLICITESE A LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, DE LA SECRETARIA TECNICA DE ASUNTOS PERICIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EL PAGO DE HONORARIOS PARA EL PERITO OFICIAL. POR OTRO LADO, COMISIONESE AL ACTUARIO JUDICIAL DE LA ADSCRIPCION PARA QUE REALICE LA NOTIFICACION AL TERCERO INTERESADO EN EL DOMICILIO CITADO EN AUTOS. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO, LA SENTENCIA DICTADA EL 05 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: S E N T E N C I A Vistos, para dictar sentencia los autos del juicio de amparo 2511/2017 promovido por Jorge Antonio Quintero Alvarado, en su carácter de Síndico del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, contra los actos que reclama del Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y otras autoridades; y, RESULTANDO. PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Jorge Antonio Quintero Alvarado, en su carácter de Síndico del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades que fueron señalados de la forma siguiente: "III. De las Autoridades Ordenadoras resulta ser: El H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco: Tiene tal carácter el C. Magistrado Presidente del H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, al momento de aprobar la suspensión de mi cargo como Síndico Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, por un período de quince días sin goce de sueldo, en el ilegal acuerdo de fecha 19 diecinueve de julio del año 2017 dos mil diecisiete. Tiene tal carácter el C. Secretario General del H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, al momento de ratificar la suspensión de mi cargo como Síndico Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, por un periodo de quince días sin goce de sueldo, en el ilegal acuerdo de fecha 19 diecinueve de julio del año 2017 dos mil diecisiete. Tiene tal carácter el C. Actuario Notificador del H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, al momento de notificar el ilegal acuerdo de fecha 19 diecinueve de julio de 2017 dos mil diecisiete, donde se ordena la suspensión por un período de quince días sin goce de sueldo, de mi cargo como Síndico Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Tiene tal carácter el H. Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, al momento de aprobar la suspensión de mi cargo como Síndico Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, por un periodo de quince días sin goce de sueldo, en el ilegal acuerdo de fecha 19 diecinueve de julio de 2017 dos mil diecisiete. Quienes tienen su domicilio ubicado en cuarto y quinto piso del edificio ubicado en Avenida Américas número 599 esquina calle Eulogio Parra, en colonia Ladrón de Guevara en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Autoridades Ejecutoras: Resultan ser: El Congreso del Estado de Jalisco. De la Comisión Legislativa de Gobernación, la inminente calificación de las causales para la procedencia del trámite de suspensión por quince días sin goce de sueldo de mi cargo como Síndico Municipal de Puerto Vallarta Jalisco, tal y como lo ordena el H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del estado de Jalisco en el ilegal acuerdo de fecha 19 diecinueve de julio del año 2017 dos mil diecisiete. De la Comisión Legislativa de Desarrollo Municipal, la inminente calificación de las causales para la procedencia del trámite de suspensión por quince días sin goce de sueldo de mi cargo como Síndico Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco tal y como lo ordena el H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del estado de Jalisco en el ilegal acuerdo de fecha 13 trece de julio de 2017 dos mil diecisiete. Tiene tal carácter el C. Secretario General del Congreso del Estado de Jalisco, al momento inminente, de ratificar la suspensión de mi cargo como Síndico Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, por un periodo de quince días sin goce de sueldo, en el ilegal acuerdo de fecha 19 diecinueve de julio de 2017 dos mil diecisiete. Tiene tal carácter el C. Actuario Notificador del Congreso del Estado de Jalisco, mismo que inminentemente notificará la ejecución del acto reclamado, consistente en la suspensión de mi cargo como Síndico Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, por un período de quince días sin goce de sueldo, en el ilegal acuerdo de fecha 19 diecinueve de julio de 2017 dos mil diecisiete. Tiene tal carácter el H. Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, la inminente aprobación de la ejecución de la suspensión de mi cargo como Síndico Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, por un período de quince días sin goce de sueldo, en el ilegal acuerdo de fecha 19 diecinueve de julio de 2017 dos mil diecisiete. Quienes tienen su domicilio ubicado en Calle Hidalgo número 222, en la colonia Centro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco". "IV.- ACTO RECLAMADO: De las Responsables Ordenadoras, reclamo el ilegal acuerdo de fecha 19 diecinueve de julio del año 2017 dos mil diecisiete, del cual no he sido legalmente notificado, emitido por el H. Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, dentro del Juicio Laboral número 1763/2010-C1; mediante el cual se impone una suspensión en el encargo por 15 quince días sin goce de sueldo al Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, el cual deviene violatorio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del suscrito impetrante de amparo; así mismo, de las responsables ordenadoras, reclamo la notificación que se pretendan efectuar al suscrito del acuerdo de fecha 19 diecinueve de julio del año 2017 dos mil diecisiete. Asimismo de las autoridades responsables reclamo: todas y cada una de las consecuencias de hecho y de derecho que generan los actos combatidos. Dichos actos reclamados tiene efecto de imposible reparación que inciden directamente en la procedencia de este líbelo de amparo, toda vez que, se trata de actos que por su ejecución inmediata causan un perjuicio irreparable, afectando de modo directo mis derechos sustantivos tutelados por la Carta Magna y Tratados Internacionales, que no podrán ser reparados en la resolución definitiva; pues de ejecutarse la suspensión temporal sin goce de sueldo, aún y cuando pudiera pagárseme esa quincena en forma posterior, ya no podrá restituírseme ese tiempo y el rezago que generará en las funciones de mi cargo, con la responsabilidad que eso me acarreará, por lo que mis derechos humanos evidentemente se verán afectados en caso de culminarse los actos reclamados en mi perjuicio. Pues incluso, la parte final del segundo párrafo del artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, tratándose de la reiterada negativa de dar cumplimiento al laudo por la autoridad que deba cumplir, el Tribunal resolverá la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron darle cumplimiento; pero, si bien ostento el cargo de Síndico Municipal, lo cierto es que soy tercero extraño al procedimiento del cual tratan de imputarme una responsabilidad que no me corresponde, es decir no me corresponde el pago de los laudos de manera personal o individual, ni mucho menos que se me suspenda en el cargo para el cual fui electo, si bien es cierto corresponde al ente jurídico H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, el cumplimiento de dichos laudos, también es cierto que el suscrito impetrante de garantías sólo soy parte integrante del mismo, cuyo ejercicio del cargo público que ostento se encuentra sujeto a cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano (sic), la propia del Estado de Jalisco, y las Leyes y Reglamentos que de cada una emanen, por lo tanto, el ejercicio del gasto público se encuentra sujeto a disponer de los recursos aprobados por el Ayuntamiento como órgano de gobierno, en las partidas presupuestales y conforme a los destinos a que deben aplicarse conforme al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, en consecuencia para poder efectuar el pago de lo condenado, el Ayuntamiento debe contar con los recursos disponibles para cubrir esos conceptos conforme a la partida correspondiente, más no así que tenga la obligación de manera personal o individual de hacer cumplir dichas determinaciones, por lo que resulta improcedente que la responsable determine que se me suspenda del cargo por un plazo de 15 días sin goce de sueldo. En mérito de lo anterior, resultan violatorios de mis derechos fundamentales los actos reclamados, y deriva en la procedencia de este juicio de amparo; lo que solicito sea ponderado de conformidad con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dada su facultad para ejercer el control difuso de constitucionalidad. Consistente en comparar mediante la cláusula de interpretación conforme, la norma secundaria con regulación de la Constitución Federal, y si encuentra que aquélla se contrapone con lo dispuesto en éstas, es correcto que, para lograr una protección más eficaz de los derechos humanos del suscrito quejoso, se inaplique la ley ordinaria." Actos que la parte quejosa consideró violatorios de los artículos 14, 16, 17, 115, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Previo cumplimiento a la prevención formulada en auto de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, en acuerdo de cinco de septiembre de ese mismo año se admitió a trámite la demanda; se otorgó a la Agente del Ministerio Público adscrita la intervención que legalmente le corresponde y se requirió a las autoridades responsables su informe justificado. En el propio auto se reconoció como tercero interesado a Darío Rondero León, quien fue emplazado y no compareció a juicio. Por auto de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete se hizo del conocimiento de las partes el cambio de titular del órgano jurisdiccional; y por último, previo diferimiento, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94 y 103, fracción l, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la Ley de Amparo; 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; debido a que se reclama un acto en materia de trabajo con ejecución material dentro de la demarcación territorial en la que ejerce jurisdicción este órgano. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por razón de orden, a continuación debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento del acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis y jurisprudencia de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD", aplicables por identidad de razones. Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda en relación con las constancias que obran en autos se advierte que la parte quejosa reclama: Del Pleno y Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco: La aprobación de la suspensión en el cargo de Síndico Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, por quince días, sin goce de sueldo, decretada en el acuerdo de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, emitido en los autos del juicio laboral 1763/2010-C1. Del Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco: La ratificación del acuerdo de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, emitido en los autos del juicio laboral 1763/2010-C1. Del Actuario del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco: La notificación del acuerdo de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, emitido en los autos del juicio laboral 1763/2010-C1. Del Congreso del Estado de Jalisco, de la Comisión Legislativa de Gobernación y Comisión Legislativa de Desarrollo Municipal, ambas del Congreso del Estado: La inminente calificación de las causales para la procedencia del trámite de suspensión por quince días sin goce de sueldo, del aquí quejoso en el cargo de Síndico Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, como lo ordenó el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en el multirreferido acuerdo de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, emitido en los autos del juicio laboral 1763/2010-C1. Del Secretario General del Congreso del Estado de Jalisco: La inminente ratificación de la suspensión por quince días sin goce de sueldo, del cargo del quejoso como Síndico Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Del Actuario Notificador del Congreso del Estado de Jalisco: La inminente notificación del acuerdo de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, emitido en los autos del juicio laboral 1763/2010-C1. Del Pleno del Congreso del Estado de Jalisco: La inminente aprobación de la ejecución de la suspensión por quince días sin goce de sueldo, del cargo de Síndico Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, por el lapso de quince días sin goce de sueldo. TERCERO. Oportunidad. La quejosa fue notificada del acto reclamado el dos de agosto de dos mil diecisiete, por tanto, el plazo de quince días que establece el artículo 17 de la ley de la materia, transcurrió del tres al veintitrés de agosto del propio año, sin contar los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de ese mismo mes y año, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; en tal virtud, si la demanda de amparo se presentó el veintitrés de agosto en cita, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, se estima que ello ocurrió dentro del término que la Ley dispone. CUARTO. Actos inexistentes. El Director de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo del Congreso del Estado de Jalisco, en representación de las autoridades responsables del Congreso del Estado de Jalisco, al rendir su informe con justificación, negó la existencia del acto que se les reclama, consistente en la ejecución del acuerdo pronunciado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, en el juicio laboral 1763/2010-C1 de su índice; señalando que para ello es necesario que se instaure el procedimiento de separación correspondiente, sin que el mismo se haya iniciado. Por su parte, el peticionario de amparo no aportó elemento de convicción eficaz tendente a desvirtuar dicha negativa. En efecto, con la documental que anexó a su escrito inicial de demanda, consistente en copia certificada de la constancia de mayoría de votos de la elección de munícipes para la integración del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, para el periodo del uno de octubre de dos mil quince, al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, en el mejor de los casos, sólo acredita su carácter de Síndico del Ayuntamiento en cita, pues no se encuentra adminiculada con algún otro medio probatorio, ni de su contenido se demuestra el acto atribuido a dicha autoridad. Así, ante la negativa expresada por dicha autoridad, la carga procesal para acreditar la existencia del acto a ésta atribuido recaía en la parte quejosa, de acuerdo a lo establecido en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, cuya sinopsis es del tenor siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, es inconcuso que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por la fracción IV del numeral 63 de la ley de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia número 284, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que el quejoso, en su escrito inicial de demanda, manifestara los antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad, pues tales aseveraciones no desvirtúan la causa de sobreseimiento que en el caso concreto se actualiza, puesto que dicha protesta de decir verdad, si bien constituye una testificación espontánea que se hace para adquirir o conservar un derecho o preservar de un daño que pudiera sobrevenir, en el que quien la hace se obliga a declarar con verdad acerca de los hechos que relata, no basta para tener por acreditada la conducta autoritaria reclamada, ya que tal protesta es sólo un requisito de la demanda establecido por el artículo 108 del cuerpo legal en cita y no tiene el carácter de medio de prueba, para que surta eficacia de convicción. Fundamenta la anterior conclusión, la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. PRUEBA DE SU EXISTENCIA. No basta para acreditar la certeza de los actos reclamados, cuando las autoridades niegan su existencia, la manifestación bajo protesta de decir verdad que de aquéllos haga el quejoso en su demanda de amparo, sino que es necesario que ante tal negativa, el promovente aporte pruebas que la desvirtúen." QUINTO. Existencia de los actos reclamados. La Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, al rendir su informe justificado, en representación del Magistrado Presidente, de la Secretaría General, del Actuario Notificador y del Pleno del mismo, reconoció la certeza del acto reclamado, defendiendo la constitucionalidad del acuerdo pronunciado el diecinueve de julio de dos mil diecisiete. En relación con lo expresado se invoca la jurisprudencia 748 que previene: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." SEXTO. Actualización de una causal de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las propongan las partes, o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así lo ilustra, por analogía, la tesis 1a./J. 3/99, que dice: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En el caso, esta juzgadora considera que el presente asunto debe sobreseerse atento al artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. En efecto, dicho artículo de la ley de la materia, es del tenor literal siguiente: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Para evidenciar lo afirmado, se hace necesario señalar que en lo tocante a dicho acto reclamado, relativo a la orden de suspender en el cargo sin goce de sueldo al aquí quejoso, por el lapso de quince días sin goce de sueldo en su cargo de Síndico Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, aunque fue emitida en auto de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, sucede que el acto de molestia sobrevendría propiamente del Congreso del Estado de Jalisco, porque a él sí le corresponde emitir tal acto, previo al procedimiento respectivo. Ilustra al caso, la jurisprudencia PC.III.L. J/17 L (10a.), que refiere: "SUSPENSIÓN EN EL CARGO DE LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO, POR INCUMPLIMIENTO DE UN LAUDO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO. CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, SIN CONTAR CON FACULTADES PARA ENJUICIAR AQUELLA DETERMINACIÓN.- Para imponer la sanción consistente en la suspensión en el cargo de los miembros de un Ayuntamiento, por incumplimiento de un laudo, tratándose de servidores públicos de Municipios, se estableció un procedimiento especial no contemplado en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y cuya aplicación no corresponde al Tribunal de Arbitraje y Escalafón de esa entidad. Ahora bien, los artículos 224 a 232 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, regulan ese procedimiento especial que debe llevar a cabo el Congreso Local, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, para suspender o revocar el mandato de los miembros de un Ayuntamiento, en el que deberá colmarse su derecho de audiencia, previo a la emisión de la resolución respectiva, sin que esté a discusión de la Legislatura la procedencia o no de la suspensión del servidor público, toda vez que se haría nugatorio lo señalado en la ley burocrática, en el apartado relativo al cumplimiento de los laudos dictados por el tribunal laboral. Por tanto, el Congreso únicamente debe acatar la orden de suspensión, es decir, realizar el trámite correspondiente para ejecutar la suspensión en el cargo por un plazo de 15 días sin goce de sueldo al funcionario en cuestión, sin que pueda deliberar sobre la causa que la origine, toda vez que como lo indica el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la existencia de causas graves que las leyes estatales establezcan, el Congreso Local podrá revocar o suspender a alguno de los miembros de los Ayuntamientos y, en el caso, la ley burocrática local, en su artículo 143, prevé la suspensión del cargo del funcionario por incumplir con el laudo dentro de los 30 días siguientes al en que quedó firme y se le requirió para tal efecto". Así las cosas, si por el momento, la suspensión temporal del Síndico del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, aquí quejoso, aún no se determina por acuerdo del Congreso del Estado de Jalisco, pues como se advierte del informe justificado rendido por éste, se negó el acto así atribuido, sin prueba en contrario que lo desvirtuara; por tanto, resulta claro que dicho acto reclamado, es inexistente. Al respecto, resulta aplicable lo determinado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesión de quince de febrero de dos mil dieciocho, al resolver el amparo en revisión 151/2017. Bajo las referidas condiciones, como se anticipó, lo que procede en el presente asunto, es sobreseer el presente juicio de amparo. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis J/58, cuyo sumario textualmente indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Al respecto, cabe señalar que semejante criterio se tomó en la ejecutoria pronunciada el quince de febrero del presente año, en el toca de revisión principal 151/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. SÉPTIMO. Publicación. Conforme lo establece el artículo 6° Apartado "A" fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos jurisdiccionales deben proteger la vida privada y los datos personales en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de oponerse a la exposición de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Antonio Quintero Alvarado, en su carácter de Síndico del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, por los actos que quedaron preciados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos del último considerando de este fallo, se ordena su publicación con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma la licenciada Hortencia María Emilia Molina de la Puente, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el cinco de marzo de dos mil dieciocho, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, ante María Fernanda Olea Sahagún, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    POR LAS RAZONES QUE SE EXPONEN, SE DECLARA SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. POR TANTO, UNA VEZ QUE TRANSCURRA EL TÉRMINO DE 15 DÍAS, PARA INTERPONER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN CONTRA DEL PRESENTE AUTO, SE PROVEERÁ LO RELATIVO AL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

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