Adriana Alejandrina Esqueda Ascencio
Expediente 3742/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3742/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/02/2018
Partes del expediente
- Adriana Alejandrina Esqueda Ascencio
Actuaciones
- Principal
Razón de aviso.- De conformidad con el artículo 27 fracción I, inciso "C" de la Ley de Amparo vigente, y advirtiéndose que los terceros interesados ASOCIACIÓN DE VECINOS LOMAS DEL SEMINARIO, ASOCIACIÓN CIVIL; MARIA DE JESUS QUIRARTE TOPETE y HÉCTOR JAVIER CORONADO OROZCO;FRANCISCO JAVIER SALCIDO HERNADEZ, EMILIO GARCIA FRANCO Y VALENTIN ZAMORA TELLO,EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO, DEL EJIDO DE JOCOTÁN DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO;FRANCISCO MARQUEZ HERNANDEZ;JAVIER TEJEDA ZEPEDA; MIGUEL BRISEÑO GARCÍA; FRANCISCO JAVIER VELASCO PADILLA EN SU CALIDAD DE CESIONARIO DE LOS DERECHOS DE LA SEÑORA MARIA DE JESÚS PADILLA VIUDA DE VELASCO Y MIGUEL ANGEL BRISEÑO HERNANDEZ Y LA QUEJOSA MARTHA ALICIA FLORES GUEVARA Y LOS ATESTES HECTOR EMILIO BEAS VARGAS, JESÚS FERNANDO CAMPA PÉREZ, AIDA LOPEZ LOPEZ Y LUIS FERNANDO CAMPOS NAVARRO Y POR ÚLTIMO AAL PERITO OFICIAL JOSE ARTURO SALDAÑA MADRIGAL;no atendieron el aviso que el Actuario Judicial de este Tribunal dejó en su domicilio; consecuentemente, por medio de lista se notifica la resolución dictada el dos de febrero de dos mil dieciocho, dice:."Visto lo de cuenta se provee: revisados que fueron los presentes autos, se advierte que por acuerdo de cuatro de enero de dos mil dieciocho, se preciso la hora y data en que se llevaría acabo el desahogo de la audiencia constitucional se citó a las partes para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa (doce horas del seis de febrero del año en curso), asimismo, se requirió al perito oficial para que en dicha data y hora compareciera a fin de que las partes estuvieran en posibilidad de interrogarlo en torno a la opinión técnica rendida en autos. Sin embargo, por auto de nueve de enero del año en curso, se regularizó el procedimiento para el único efecto de señalar una nueva data para el verificativo de la audiencia constitucional, ordenándose hacer del conocimiento de las partes dicha circunstancia con la finalidad de verificar los medios de convicción referidos, sin que en autos obre constancia en que se acredite que el actuario judicial de la adscripción le haya hecho saber tal circunstancia al diestro oficial. En tales condiciones, para dar lugar a que el perito oficial pueda comparecer en virtud de lo anterior y en atención al canon 17 de la Carta Magna, que entre otras cosas precisa que la justicia deberá ser pronta y expedita, lo procedente es diferirse anticipadamente la data señalada para el verificativo de la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Por tanto, cítese a los atestes sobre los cuales se desahogará la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa de nombres Luis Fernando Campos Navarro, Héctor Emilio Beas Vargas, Jesús Fernando Campara Pérez y Aída López López, por conducto del actuario judicial de la adscripción, para que en la hora y data que se señale para el desahogo de la audiencia constitucional, misma que quedó precisada en líneas que anteceden, se presenten en el local de este juzgado (Ciudad Judicial Federal, Jalisco, Anillo Periférico Poniente 7727, Edificio X1, piso 5 Fraccionamiento Ciudad Judicial Federal, en Zapopan, Jalisco) con identificación oficial vigente, toda vez que la parte quejosa manifestó el impedimento que le asiste para hacerlos comparecer. Lo anterior, es bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 237, fracción I, de la Ley de amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá al desobediente una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción. Asimismo, se requiere al perito oficial a efecto de que el día y hora programada para el desahogo de la audiencia constitucional, comparezca a fin de que las partes estén en posibilidad de interrogarlo en torno al dictamen pericial rendido en autos, así como la aclaración realizada; por tanto, deberá presentarse en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional, lo anterior es con el apercibimiento que no hacerlo o de no manifestar el impedimento legal que para ello tenga, se hará efectivo el diverso apercibimiento referido en auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis".
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: téngase por recibido el escrito que suscribe ***, autorizado de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo (foja 48 vuelta), y en atención a lo que solicita, indíquesele que, en primer término, debe destacarse que el contenido del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2, que a la letra establece: "..Artículo 278.- Las partes, en cualquier asunto judicial, pueden pedir, en todo tiempo, a su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos, la que les mandará expedir el Tribunal, sin audiencia previa de las demás partes." De la anterior transcripción, puede advertirse que cualquiera de las partes en el juicio puede solicitar la expedición de copias y este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a expedirlas, en el entendido de que dicha compulsa será a costa del interesado, puesto que ésta le es en su beneficio. Así lo sustenta la Tesis I.5o.T.14 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, de agosto de mil novecientos noventa y seis, página 650, que indica: "COPIAS CERTIFICADAS, EL COSTO DE LAS MISMAS A CARGO DEL PROMOVENTE NO TIENE LA CALIDAD DE DERECHO O CONTRIBUCION. No existe violación al numeral 3o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, cuando la autoridad señalada como responsable acuerda expedir a costa del solicitante las copias certificadas requeridas de diversas constancias del juicio natural, dado que ello no es de considerarse como derecho o contribución, ya que en realidad se trata de una erogación del peticionario, tendiente a obtener y aportar los elementos de convicción para dilucidar el amparo instado por él." En tal virtud, dígase al promovente que las copias certificadas a que hace referencia en su escrito de cuenta, únicamente serán otorgadas hasta en tanto el costo por su expedición sea cubierto por el interesado, para lo cual, se pone a su disposición el expediente de mérito; por tanto, es que la erogación para su obtención pueda considerarse como un impuesto o contribución. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, consultable en el Tomo XI, de Junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, en su página 249, que indica: "COPIAS CERTIFICADAS PARA LA SUBSTANCIACION DEL JUICIO DE AMPARO, SU COSTO DE ELABORACION CORRE A CARGO DEL SOLICITANTE DE LAS. Es verdad que el artículo 3o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, proscribe el cobro de contribuciones de cualquier género o especie, para la expedición de copias certificadas que deban aportarse al juicio de garantías; pero ello no significa que el interesado no deba cubrir el costo de su elaboración, independientemente del método que se utilice para elaborarlas. El examen sistemático de las diversas disposiciones que sobre aspectos pecuniarios contiene la Ley de Amparo, permite concluir que el legislador, consciente de que todo juicio genera, necesariamente, gastos para las partes, sólo pretendió que en casos excepcionales la expedición de copias no represente ningún gasto para el impetrante del amparo, por la especial situación que contempla para los particulares afectados, debido a la urgencia del caso o por pertenecer a una clase económica débil. Estos casos se previenen en los artículos 23, 121 y 221 de la ley de la materia, que contemplan la interposición de la demanda telegráfica y su suspensión; el interpuesto por comparecencia y el que verse sobre materia agraria, en los cuales el juez de Distrito expedirá oficiosamente las copias necesarias. En todos los demás casos, de no anexar copias cuya elaboración corre a cargo del interesado, la sanción será, previo requerimiento, tener por no interpuesta la demanda. Por otra parte, atento a lo ordenado por el artículo 149 del cuerpo de leyes en consulta, las autoridades responsables se encuentran obligadas a acompañar a su informe justificado copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y la omisión en el envío de esas constancias, puede sancionarse con multa de diez a ciento cincuenta días de salario. De esta suerte, los quejosos y las autoridades responsables deben asumir los costos que sus respectivas promociones ocasionen, así como el de las copias certificadas que a ella adjunten, sin que obste para el efecto, que el numeral 152 imponga a los funcionarios o autoridades la obligación de expedir con toda oportunidad las copias o documentos que les soliciten, ya que de esto no puede derivarse que deban cubrir el costo de su elaboración porque ningún precepto establece que sean a cargo del erario federal, estatal o municipal." Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Hilario Núñez Arvizu. Doy fe.
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