Adriana Alejandra Rivera Vargas

Expediente 512/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
512/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
17/08/2018

Partes del expediente

  • Adriana Alejandra Rivera Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el diverso de la Juez Segundo Menor Mixto del distrito judicial de Zamora, Michoacán. Ahora, en atención al contenido del comunicado de la juez menor de referencia, téngasele acusando recibo del oficio 14090, con el que este juzgado le notificó el proveído de once de julio del año en curso y se le remitieron las constancias que exhibió como justificación a su informe de ley, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintidós de junio del año en curso, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Adriana Alejandra Rivera Vargas, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado. Sin que se haga mayor pronunciamiento en relación a la devolución de documentos originales dado que no fueron exhibidos. Toda vez que del sumario se aprecia que la Juez Segundo Menor Mixto del distrito judicial de Zamora, Michoacán, allegó al juicio las constancias de donde emana el acto reclamado, con las cuales se formó un tomo de prueba; consecuentemente, en razón de que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo, en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días se tendrán como recibidos a su entera satisfacción, sin ulterior acuerdo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ANDRIANA AJENADRA RIVERA VARGAS. Cumplimiento a la prevención. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por la quejosa Adriana Alejandra Rivera Vargas; en atención a su contenido, téngasele cumpliendo con la prevención que le fue formulada en proveído de dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Ello, toda vez que manifestó expresamente que no es su deseo señalar como acto reclamado el auto de exequendo, por lo que se procede a proveer respecto de los actos señalados en el escrito inicial de demanda. ? Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." . En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, de artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107 y precepto 172, fracción IX, todos de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo.". De los preceptos trascritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando se reclamen actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, excepto cuando éstos tengan una ejecución de imposible reparación; esto es, cuando afectan algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trata. Por tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son remediables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Para la mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad adujo la parte quejosa. a) Caja Popular Santuario Guadalupano, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad limitada de capital variable, demandó en la vía ejecutiva mercantil la acción cambiaria directa a la deudora principal Adriana Rivera Vargas -aquí quejosa-, Martín Miguel Rivera Aguirre e Irma Vargas Cabrera. b) Mediante proveído de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, el juez responsable dictó auto de exequendo en el que se admitió a trámite la demanda, ordenó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en domicilio de los demandados. c) Posteriormente se llevaron a cabo los emplazamientos de los codemandados Martín Miguel Rivera Aguirre e Irma Vargas Cabrera, decretándose embargo sobre bienes de su propiedad. d) Asimismo, se emplazó a la quejosa el seis de abril del año en curso, sin que se decretara embargo en bienes de su propiedad. e) Luego, mediante escrito de quince de mayo del año en curso, el apoderado legal de la parte actora proporcionó un diverso domicilio de la demandada - aquí quejosa-, escrito al que recayó el acuerdo de dieciséis de mayo del año en curso de contenido siguiente: "Dada cuenta con el escrito que suscribe Jaime Moreno Carpio, con el carácter Reconocido, se le tiene señalando domicilio diverso de la demandada Adriana Alejandra Rivera Vargas, en la forma y términos que indica; lo anterior para los efectos legales procedentes". f) Contra dicha determinación la parte quejosa interpuso el recurso de revocación, el cual fue desechado por la juez responsable mediante proveído de veintiuno de mayo del año en curso. Siendo el caso que la parte quejosa señaló como actos reclamados los autos de dieciséis y veintiuno de mayo del año en curso, descritos en los incisos e) y f) respectivamente. De lo anterior se obtiene que las resoluciones impugnadas, no son actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, ya que únicamente producen consecuencias intraprocesales que por sí mismas no afectan un derecho sustantivo, ello toda vez que la determinación de la autoridad responsable en el sentido de tener por señalado un diverso domicilio de la demandada "para los efectos legales procedentes", no implica que se haya ordenado ejecutar algún acto que se proyecte sobre algún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues ésta es solo una determinación intraprocesal que no viola ningún derecho como la vida, la libertad, la propiedad, integridad personal, etcétera. Sigue la misma suerte el diverso auto que declara improcedente el recurso de revocación interpuesto contra la determinación antes indicada, toda vez que el desechamiento de dicho recurso no viola por si solo derechos fundamentales de la quejosa, pues no debe perderse de vista que dicho medio de impugnación se interpuso con la finalidad de modificar o revocar una determinación que, como se indicó, no tiene ejecución de imposible reparación, de ahí que el desechaniento de mérito no puede guardar autonomía respecto del auto impugnado. En efecto, los acuerdos que se reclaman en esta vía no pueden tener una ejecución que sea de imposible reparación dado que no implica el actuar de la autoridad en el sentido de que se puedan vulnerar derechos fundamentales de la quejosa, pues únicamente se concreta a tener a la parte actora del juicio de origen señalando un diverso domicilio de la demandada- aquí quejosa- lo que en modo alguno vulnera derechos sustantivos de la solicitante de amparo. No se soslaya que el señalamiento de un nuevo domicilio puede tener eventualmente el efecto de que el juez ordene ejecutar embargo en ese nuevo domicilio como consecuencia del auto de exequendo, empero, dicha cuestión -por ahora- constituye una eventualidad que no se ha materializado, por ende, ni siquiera puede ponderarse -la existencia y magnitud de algún vicio para establecer si podría constituir una violación de imposible reparación (autónoma al auto de exequendo) como para dar cabida al juicio de amparo De lo expuesto se colige, que las resoluciones que constituyen los actos reclamados sólo podrían afectar derechos adjetivos o instrumentales propios del proceso en el que se desenvuelve el juicio natural. Sin que las mismas lesionen algún derecho sustantivo como la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, pues en todo caso, su derecho como parte procesal sigue intacto. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, de artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107 y precepto 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe de ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la analizada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y, en su oportunidad. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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