Adriana Alcántara Higuera

Expediente 329/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
329/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
28/06/2019

Partes del expediente

  • Adriana Alcántara Higuera

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 FRACCION III SE NOTIFICA AL QUEJOSO En estas circunstancias, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Ramón Víctor Peralta Martínez, contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ensenada, Baja California, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se precisa que lo anterior es acorde a lo establecido en el artículo 17 Constitucional, pues el tramitar una demanda que desde esta etapa se evidencia que es notoriamente improcedente, retardaría la resolución del asunto, además que se causaría un mayor perjuicio a la parte quejosa, por el transcurso de los plazos legales que la ley ordinaria le concede para promover el medio de defensa que resulta procedente. En otro orden, como se anticipó, conforme a la técnica que rige el juicio de amparo contra leyes acogida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 2a./J.71/2000 (antes transcrita), se tiene que como resultó improcedente el juicio de amparo en contra del acto de aplicación, y por ende se desechó la demanda en relación a éste; lo procedente es desechar la demanda también por los actos que la parte quejosa hizo consistir en la inconvencionalidad... ....

  2. Principal

    Vista; atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta se advierte, no se interpuso recurso en contra del auto de veintiuno de junio del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Adriana Alcántara Higuera, contra actos del Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, por lo que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles para que interponga el recurso correspondiente en contra de dicho auto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro que corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. Asimismo, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto Décimo Primero del Acuerdo mencionado.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL PROMOVENTE.Visto; con el escrito de demanda de cuenta, se tiene a Adriana Alcántara Higuera, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales. Ahora bien, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano"; se procede al análisis de la demanda de garantías que nos ocupa; asimismo, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente reclama de la autoridad ante mencionada, lo siguiente: "[.] 1.- se reclama la sentencia interlocutoria recaída al recurso de Revocación interpuesto por la quejosa en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de ROSALlNA HIGUERA RODRIGUEZ, de fecha 24 de Mayo del 2018, publicada el 28 de Mayo del 2018, en el boletín judicial, surtiendo efectos el día 29 de Mayo del 2018, en relación al segundo agravio de dicha resolución interlocutoria el cual a la letra comenta "que resulta inatendible, ya que de la literalidad del auto combatido, se advierte que se reserva de acordar sobre el particular, por ende no se resolvió cuestión alguna respecto a la pretendida cesión de derechos hereditarios intentada por FRANCISCO ALCANTARA RIVERA, por lo que no existe base alguna para estimar fundado el agravio a que alude la recurrente", por lo que a juicio de la quejosa, no se me valoro debidamente mi agravio expuesto en dicho recurso y se me dejo en estado de indefensión por parte de la autoridad ya que la suscrita soy la albacea de la sucesión testamentaria mencionada, ya que si bien es cierto en el auto de fecha 17 de Octubre del 2017, a la letra dice "en cuanto eI escrito registrado bajo promoción número 1142, por el C. FRANCISCO ALCANTARA RIVERA, con la personalidad acreditada en el presente juicio. En relación a lo solicitado, el suscrito se reserva para acordar lo que en derecho proceda hasta una vez que comparezca en forma personal y con debida identificación ante este tribunal, a ratificar el contenido y firmas de su escrito de cuenta, atento a la dispuesto por el artículo 334 del Código de Procedimientos Civiles, señalándose para tal efecto cualquier día y hora hábil que las labores de este H.Juzgado lo permitan. Por lo antes expuesto nos damos cuenta que no hay expresamente una prohibición, o un no ha lugar, sino todo lo contrario, una especie de prevención en la que se advierte al C.FRANCISCO AlCANTARA RIVERA, que una vez que se presente en forma personal y con identificación a ratificar dicha cesión cualquier día y hora, procederá dicha cesión, por lo que era de esperarse que una vez realizado lo anterior, cedió sus derechos a los ahora terceros interesados, de acuerdo a la audiencia de ratificación de fecha 30 de Octubre del 2017, en la cual se hace alusión y relación al auto combatido en el recurso de revocación, ya que hace una estrecha relación y menciona que se ratificara dicha cesión de derechos, ahora dicha audiencia de ratificación se hizo sin hacer alguna mención que el heredero tenía la facultad de ceder dichos derechos, que ya se le hubiesen reconocido, sin si quiera dar alguna vista a la quejosa como albacea de la sucesión testamentaria de la cujus a la cual represento y acepte dicho cargo el 24 de Junio del 2016, tomando en cuenta además que el heredero al que represento tiene 78 años de edad, en realidad sabe que le es conveniente dicha cesión, sin ser requerida en dicha audiencia por su señoría. 2.- Ya que ceder los derechos hereditarios de la sucesión mencionada a terceros, Nora Patricia Vázquez Jiménez y Marcos Alejandro Villalvazo Pérez, causa un perjuicio y agravio a la sucesión que represento la suscrita hasta ahora, ya que ni siquiera se han abierto y mucho menos aprobado las secciones correspondientes de la sucesión, como tal hasta la adjudicación de los bienes hereditarios según la ley de la materia, y en la sucesión testamentaria que nos ocupa en su haber solo hay una cuarta parte de un bien inmueble, Identificado como lote 3 y 4 de la manzana 232 de la colonia Obrera, de esta Ciudad, y construcciones existentes en el mismo, con una superficie de 1250.00 m2, donde es una copropiedad, documento ya exhibido en autos en la sucesión testamentaria las mencionada, por lo que supuestamente al ceder sus derechos hereditarios, está cediendo la cuarta parte del bien inmueble, cuando el heredero no ha sido adjudicado del mismo por la albacea según la ley de la materia, por lo que está disponiendo de el sin si quiera tener la libre disposición del bien inmueble, ya que si bien el heredero puede disponer del derecho que tiene a la masa hereditaria, no puede disponer de las cosas que forman la sucesión, es decir, no puede disponer de los bienes que integran el patrimonio común denominado sucesión, ya que mientras no se realice la adjudicación correspondiente de los mismos, el heredero solamente posee derecho a la masa hereditaria y a la posesión de los bienes, una vez hecha la adjudicación del bien que integra la sucesión al heredero, es cuando este adquiere la propiedad de dicho bien, pero en tanto ello no suceda, el bien referido está comprendido dentro de la sucesión de la cual soy albacea y represento, por lo que no es correcto que mi padre según ceda sus derechos hereditarios otras personas, sin que se le haya adjudicado dicho bien, ya que como lo he venido comentando al ser el único haber de la herencia, está cediendo su parte, que debe ser onerosa, ya que nadie lo hace sin beneficio, por lo que es una compraventa, que sería susceptible de nulidad ya que como lo comente, es una cuarta parte de una copropiedad, por lo que dichos copropietarios tienen derecho de manifestar lo que a su derecho corresponda. 3.- Por lo que al aprobar dicha cesión de derechos hereditarios por la autoridad responsable, en realidad se está cediendo la cuarta parte del inmueble ya mencionado, a los compradores que según quieren pasar como herederos por tal cesión, y a la albacea y suscrita privan de no tener el libre manejo, posesión, administración de dicho bien que forma parte de la masa hereditaria de la sucesión testamentaria, por este hecho, ya que quieren disfrazar una compraventa entre las partes que participan en la cesión de derechos, nomás para sacar de la jugada a la albacea, por no estar de acuerdo con la misma. También se sentarán como actos reclamados los efectos y consecuencias que se deriven del acto Señalado con anterioridad [.]". En virtud del análisis realizado a la demanda de cuenta, y a fin de estar en aptitud de establecer el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, se procede a precisar el acto reclamado:  La sentencia interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, derivada del expediente 1018/2015, del índice del juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia, con sede en Ensenada, Baja California, en la que la autoridad responsable determinó que no era posible atender el argumento de la aquí quejosa, respecto a su inconformidad en relación a la pretensión de cesión de derechos hereditarios intentada por Francisco Alcantara Rivera, en virtud de que se había reservado de proveer sobre dicha cuestión. En las relatadas condiciones, y a fin de estudiar la posible causa de improcedencia respecto del acto reclamado, es menester destacar que el artículo 107 de la Carta Magna, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Por su parte, el diverso numeral 107, de la Ley de Amparo, en su fracción V, clarifica cuáles son los actos de imposible reparación, contra los cuales procede el juicio de garantías: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Bajo ese contexto, para ponderar la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. Sobre el tópico que nos ocupa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida dentro de la contradicción de tesis 377/2013, determinó que conforme a la Ley de Amparo vigente, los actos de ejecución irreparable únicamente lo son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales, sin posibilidad de considerar dentro de ese concepto actos meramente formales o adjetivos. Lo anterior se desprende de las siguientes consideraciones, que se transcriben en lo conducente: "[.] De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de 'imposible reparación', dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de 'imposible reparación'. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: 'Artículo 107. [Se transcribe.]. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación' no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios [.].". De la anterior determinación, derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 7, junio 2014, tomo I, página 39, con número de registro 2006589, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". En el caso, el promovente se duele de la sentencia interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, derivada del expediente 1018/2015, del índice del juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia, con sede en Ensenada, Baja California, en la que la autoridad responsable determinó que no era posible atender el argumento de la aquí quejosa, respecto a su inconformidad en relación a la pretensión de cesión de derechos hereditarios intentada por Francisco Alcantara Rivera, en virtud de que se había reservado de proveer sobre dicha cuestión. Por lo tanto, se tiene que el juicio de amparo deviene improcedente al no considerarse tal circunstancia como una violación que cause prejuicios irreparables a la parte quejosa, entendida como aquélla que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que únicamente produce efectos formales o intraprocesales, al no adquirir la naturaleza de irreparables, pues del escrito de demanda y anexos se desprende que la autoridad responsable al momento de dictar la sentencia interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, derivada del expediente 1018/2015, del índice del juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia, con sede en Ensenada, Baja California, en la que la autoridad responsable determinó que no era posible atender el argumento de la aquí quejosa, respecto a su inconformidad en relación a la pretensión de cesión de derechos hereditarios intentada por Francisco Alcantara Rivera, en virtud de que se había reservado de proveer sobre dicha cuestión, por lo que la referida cesión de derechos aún no se había llevado a cabo. De ahí que el acto reclamado no queda comprendido dentro de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, por no tratarse de aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, por lo que no afecta de manera cierta e inmediata los derechos fundamentales de la parte promovente, ya que únicamente produce efectos intraprocesales, sin que se trasgredan derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos no puedan repararse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.J/13, sustenta por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo III, Junio de 1996, publicada en la página 538, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." En estas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Adriana Alcántara Higuera, contra actos del Juez Primero de lo Civil, con residencia en esta ciudad, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que lo anterior, deje a la promovente en estado de indefensión y lo prive de la oportunidad de alegar la procedencia del juicio de amparo en estudio, puesto que la causa de improcedencia que se invoca se encuentra plenamente probada, es decir, se acredita de forma manifiesta e indudable su actualización, ya que por una parte, el extremo relativo a "causa manifiesta", se demuestra con el hecho de que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional la sentencia interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, derivada del expediente 1018/2015, del índice del juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia, con sede en Ensenada, Baja California, en la que la autoridad responsable determinó que no era posible atender el argumento de la aquí quejosa, respecto a su inconformidad en relación a la pretensión de cesión de derechos hereditarios intentada por Francisco Alcantara Rivera, en virtud de que se había reservado de proveer sobre dicha cuestión; por otra parte, el requisito de "causa indudable" se satisface con el hecho de que dichos actos son susceptibles de poderse anular o contrarrestar posteriormente pues no le irrogan ningún perjuicio, ya que no tiene sobre éste una ejecución que sea de imposible reparación, por lo cual se actualiza la improcedencia del juicio de amparo indirecto y procede, como se dijo, desechar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción V de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu. Por otro lado, se tiene como domicilio de la promovente para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizado de su parte en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gabriel Ríos Patricio. En otro aspecto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8°, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, se hace saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; así también, hágase de su conocimiento el derecho que les asiste para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales a que alude el artículo 3 fracción II de la ley en mención, no se incluyan en la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conlleva su consentimiento; asimismo, que no será necesaria su aprobación cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que específicamente señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambos de la ley especial de la materia en cita. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario

  4. Principal

    FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL PROMOVENTE.Visto; con el escrito de demanda de cuenta, se tiene a Adriana Alcántara Higuera, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales. Ahora bien, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano"; se procede al análisis de la demanda de garantías que nos ocupa; asimismo, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente reclama de la autoridad ante mencionada, lo siguiente: ...se reclama la sentencia interlocutoria recaída al recurso de Revocación interpuesto por la quejosa en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de ROSALlNA HIGUERA RODRIGUEZ, de fecha 24 de Mayo del 2018, publicada el 28 de Mayo del 2018, en el boletín judicial, surtiendo efectos el día 29 de Mayo del 2018, en relación al segundo agravio de dicha resolución interlocutoria el cual a la letra comenta "que resulta inatendible, ya que de la literalidad del auto combatido, se advierte que se reserva de acordar sobre el particular, por ende no se resolvió cuestión alguna respecto a la pretendida cesión de derechos hereditarios intentada por FRANCISCO ALCANTARA RIVERA, por lo que no existe base alguna para estimar fundado el agravio a que alude la recurrente", por lo que a juicio de la quejosa, no se me valoro debidamente mi agravio expuesto en dicho recurso y se me dejo en estado de indefensión por parte de la autoridad ya que la suscrita soy la albacea de la sucesión testamentaria mencionada, ya que si bien es cierto en el auto de fecha 17 de Octubre del 2017, a la letra dice "en cuanto eI escrito registrado bajo promoción número 1142, por el C. FRANCISCO ALCANTARA RIVERA, con la personalidad acreditada en el presente juicio. En relación a lo solicitado, el suscrito se reserva para acordar lo que en derecho proceda hasta una vez que comparezca en forma personal y con debida identificación ante este tribunal, a ratificar el contenido y firmas de su escrito de cuenta, atento a la dispuesto por el artículo 334 del Código de Procedimientos Civiles, señalándose para tal efecto cualquier día y hora hábil que las labores de este H.Juzgado lo permitan. Por lo antes expuesto nos damos cuenta que no hay expresamente una prohibición, o un no ha lugar, sino todo lo contrario, una especie de prevención en la que se advierte al C.FRANCISCO AlCANTARA RIVERA, que una vez que se presente en forma personal y con identificación a ratificar dicha cesión cualquier día y hora, procederá dicha cesión, por lo que era de esperarse que una vez realizado lo anterior, cedió sus derechos a los ahora terceros interesados, de acuerdo a la audiencia de ratificación de fecha 30 de Octubre del 2017, en la cual se hace alusión y relación al auto combatido en el recurso de revocación, ya que hace una estrecha relación y menciona que se ratificara dicha cesión de derechos, ahora dicha audiencia de ratificación se hizo sin hacer alguna mención que el heredero tenía la facultad de ceder dichos derechos, que ya se le hubiesen reconocido, sin si quiera dar alguna vista a la quejosa como albacea de la sucesión testamentaria de la cujus a la cual represento y acepte dicho cargo el 24 de Junio del 2016, tomando en cuenta además que el heredero al que represento tiene 78 años de edad, en realidad sabe que le es conveniente dicha cesión, sin ser requerida en dicha audiencia por su señoría. 2.- Ya que ceder los derechos hereditarios de la sucesión mencionada a terceros, Nora Patricia Vázquez Jiménez y Marcos Alejandro Villalvazo Pérez, causa un perjuicio y agravio a la sucesión que represento la suscrita hasta ahora, ya que ni siquiera se han abierto y mucho menos aprobado las secciones correspondientes de la sucesión, como tal hasta la adjudicación de los bienes hereditarios según la ley de la materia, y en la sucesión testamentaria que nos ocupa en su haber solo hay una cuarta parte de un bien inmueble, Identificado como lote 3 y 4 de la manzana 232 de la colonia Obrera, de esta Ciudad, y construcciones existentes en el mismo, con una superficie de 1250.00 m2, donde es una copropiedad, documento ya exhibido en autos en la sucesión testamentaria las mencionada, por lo que supuestamente al ceder sus derechos hereditarios, está cediendo la cuarta parte del bien inmueble, cuando el heredero no ha sido adjudicado del mismo por la albacea según la ley de la materia, por lo que está disponiendo de el sin si quiera tener la libre disposición del bien inmueble, ya que si bien el heredero puede disponer del derecho que tiene a la masa hereditaria, no puede disponer de las cosas que forman la sucesión, es decir, no puede disponer de los bienes que integran el patrimonio común denominado sucesión, ya que mientras no se realice la adjudicación correspondiente de los mismos, el heredero solamente posee derecho a la masa hereditaria y a la posesión de los bienes, una vez hecha la adjudicación del bien que integra la sucesión al heredero, es cuando este adquiere la propiedad de dicho bien, pero en tanto ello no suceda, el bien referido está comprendido dentro de la sucesión de la cual soy albacea y represento, por lo que no es correcto que mi padre según ceda sus derechos hereditarios otras personas, sin que se le haya adjudicado dicho bien, ya que como lo he venido comentando al ser el único haber de la herencia, está cediendo su parte, que debe ser onerosa, ya que nadie lo hace sin beneficio, por lo que es una compraventa, que sería susceptible de nulidad ya que como lo comente, es una cuarta parte de una copropiedad, por lo que dichos copropietarios tienen derecho de manifestar lo que a su derecho corresponda. 3.- Por lo que al aprobar dicha cesión de derechos hereditarios por la autoridad responsable, en realidad se está cediendo la cuarta parte del inmueble ya mencionado, a los compradores que según quieren pasar como herederos por tal cesión, y a la albacea y suscrita privan de no tener el libre manejo, posesión, administración de dicho bien que forma parte de la masa hereditaria de la sucesión testamentaria, por este hecho, ya que quieren disfrazar una compraventa entre las partes que participan en la cesión de derechos, nomás para sacar de la jugada a la albacea, por no estar de acuerdo con la misma. También se sentarán como actos reclamados los efectos y consecuencias que se deriven del acto Señalado con anterioridad [.]". En virtud del análisis realizado a la demanda de cuenta, y a fin de estar en aptitud de establecer el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, se procede a precisar el acto reclamado:  La sentencia interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, derivada del expediente 1018/2015, del índice del juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia, con sede en Ensenada, Baja California, en la que la autoridad responsable determinó que no era posible atender el argumento de la aquí quejosa, respecto a su inconformidad en relación a la pretensión de cesión de derechos hereditarios intentada por Francisco Alcantara Rivera, en virtud de que se había reservado de proveer sobre dicha cuestión. En las relatadas condiciones, y a fin de estudiar la posible causa de improcedencia respecto del acto reclamado, es menester destacar que el artículo 107 de la Carta Magna, establece lo siguiente: .... Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación' no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios ..., en la que la autoridad responsable determinó que no era posible atender el argumento de la aquí quejosa, respecto a su inconformidad en relación a la pretensión de cesión de derechos hereditarios intentada por Francisco Alcantara Rivera, en virtud de que se había reservado de proveer sobre dicha cuestión. Por lo tanto, se tiene que el juicio de amparo deviene improcedente al no considerarse tal circunstancia como una violación que cause prejuicios irreparables a la parte quejosa, entendida como aquélla que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que únicamente produce efectos formales o intraprocesales, al no adquirir la naturaleza de irreparables, pues del escrito de demanda y anexos se desprende que la autoridad responsable al momento de dictar la sentencia interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, derivada del expediente 1018-2015, del índice del juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia, con sede en Ensenada, Baja California, en la que la autoridad responsable determinó que no era posible atender el argumento de la aquí quejosa, respecto a su inconformidad en relación a la pretensión de cesión de derechos hereditarios intentada por Francisco Alcantara Rivera, en virtud de que se había reservado de proveer sobre dicha cuestión, por lo que la referida cesión de derechos aún no se había llevado a cabo. De ahí que el acto reclamado no queda comprendido dentro de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, por no tratarse de aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, por lo que no afecta de manera cierta e inmediata los derechos fundamentales de la parte promovente, ya que únicamente produce efectos intraprocesales, sin que se trasgredan derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos no puedan repararse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.J-13, sustenta por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo III, Junio de 1996, publicada en la página 538, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." En estas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Adriana Alcántara Higuera, contra actos del Juez Primero de lo Civil, con residencia en esta ciudad, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que lo anterior, deje a la promovente en estado de indefensión y lo prive de la oportunidad de alegar la procedencia del juicio de amparo en estudio, puesto que la causa de improcedencia que se invoca se encuentra plenamente probada, es decir, se acredita de forma manifiesta e indudable su actualización, ya que por una parte, el extremo relativo a "causa manifiesta", se demuestra con el hecho de que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional la sentencia interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, derivada del expediente 1018-2015, del índice del juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia, con sede en Ensenada, Baja California, en la que la autoridad responsable determinó que no era posible atender el argumento de la aquí quejosa, respecto a su inconformidad en relación a la pretensión de cesión de derechos hereditarios intentada por Francisco Alcantara Rivera, en virtud de que se había reservado de proveer sobre dicha cuestión; por otra parte, el requisito de "causa indudable" se satisface con el hecho de que dichos actos son susceptibles de poderse anular o contrarrestar posteriormente pues no le irrogan ningún perjuicio, ya que no tiene sobre éste una ejecución que sea de imposible reparación, por lo cual se actualiza la improcedencia del juicio de amparo indirecto y procede, como se dijo, desechar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción V de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu. Por otro lado, se tiene como domicilio de la promovente para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizado de su parte en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gabriel Ríos Patricio. En otro aspecto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8°, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, se hace saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; así también, hágase de su conocimiento el derecho que les asiste para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales a que alude el artículo 3 fracción II de la ley en mención, no se incluyan en la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conlleva su consentimiento; asimismo, que no será necesaria su aprobación cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que específicamente señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambos de la ley especial de la materia en cita. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1-2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario

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