Adriana Aguilera Pineda

Expediente 46/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 30 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
46/2019
Año
2019
Actuaciones
30
Última actuación
13/12/2022

Partes del expediente

  • Adriana Aguilera Pineda
  • Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Incidental

    Toluca, Estado de México; trece de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que la parte quejosa no solicitó la devolución del billete de depósito número 075612 por la cantidad de $10,036.66 (diez mil treinta y seis pesos 66/100 M.N), conforme al plazo previsto en el numeral 50 de la Ley de Tesorería de la Federación; por ende, con apoyo en el artículo precitado y en el diverso 882 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince se decreta que ha operado la prescripción del depósito de referencia en favor del fisco federal En su oportunidad, con copia certificada del auto a través del cual quede firme la determinación dictada en este asunto, remítase el certificado de depósito precitado, a la Tesorería de la Federación. Notifíquese.

  2. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; veinte de agosto de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que las partes no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues mediante sentencia de trece de junio de dos mil diecinueve, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, determinó revocar la sentencia de veintiocho de febrero del año en curso y concedió la protección solicitada por el quejoso en el presente asunto (punto vigésimo primero, fracción ll, párrafo primero y segundo). El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero de dicho Acuerdo), lo anterior, pues se concedió la suspensión definitiva. Así como el cuaderno del duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (hipótesis prevista en el punto vigésimo, fracción III, párrafo primero del Acuerdo en mención). Sin que resulte necesario glosar los cuadernos incidentales, toda vez que de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es conveniente su transferencia desglosado del cuaderno principal, razón por la cual deberá continuar su tramitación por cuerda separada. Ahora, de conformidad con el último párrafo del punto undécimo del aludido acuerdo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que acompañó a su demanda, apercibido que de no hacerlo así dentro del plazo otorgado, podrán ser depurados y en su momento destruidos junto con éste. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo previsto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo para que las partes realizaran manifestaciones en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que hicieran uso de ese derecho. Por tanto, en términos de los artículos 17, párrafo segundo y 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 192, párrafo primero, 196, párrafo segundo y tercero, y 214 de la de la ley de la materia, procede analizar si de acuerdo con las constancias que obran en este asunto, la sentencia de amparo se encuentra puntual y totalmente cumplida, sin exceso ni defecto. El Pleno del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en sesión de trece de junio de dos mil diecinueve, resolvió revocar la sentencia de veintiocho de febrero del año en curso dictada en el presente juicio de amparo indirecto y concedió el amparo al quejoso Adrián Aguilera Pineda, contra la resolución de diez de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación 918/2018, por la Primera Sala Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y su ejecución atribuida al Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México para que la Sala responsable: 1) Dejara sin efectos la resolución reclamada de diez de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca 918/2018. 2) En su lugar pronunciara otra en la que revoque la sentencia incidental apelada, y reitere las consideraciones vinculadas con la competencia del juez de primera instancia para conocer de la acción incidental de cumplimiento de los convenios de cuatro de mayo de dos mil doce y su modificatorio de trece de junio de dos mil trece, así como la procedencia de esa acción. 3) Al analizar los agravios hechos valer por el apelante, considerara que la obligación asumida por el padre deudor, de realizar los gastos inherentes al vestido de sus hijas de acuerdo a sus compromisos, actividades sociales, escolares y deportivas, solo podía ejercerse de manera exclusiva por el deudor a través de internet mediante el uso de su tarjeta bancaria, por así haberlo pactado las partes en los acuerdos de voluntades precisados en el punto precedente. 4) Realizado lo anterior, con plenitud de jurisdicción, con base en las manifestaciones de las partes, los convenios base de la acción y pruebas aportadas, se pronunciara respecto de los gastos inherentes a la educación, clases extracurriculares, y servicios médicos menores, por el periodo comprendido del septiembre de dos mil catorce a noviembre de dos mil dieciséis, los cuales son adicionales a la pensión alimentaria pactada por las partes. Concesión del amparo que se hizo extensiva a los actos de ejecución reclamados al Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México. Ahora bien, el Oficial Mayor de la Primera Sala Regional de Toluca, Estado de México mediante oficios 144-A y 192-A, informó el cumplimiento dado al fallo protector y al efecto anexó copia certificada de la sentencia escrita de ocho de julio del año en curso. De estas constancias se aprecia lo siguiente: a) Por acuerdo de veintisiete de junio de dos mil diecinueve (foja 137), se dejó insubsistente la resolución de diez de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación 918/2018. b) El ocho de julio de dos mil diecinueve (fojas 143 a 159), se dictó una nueva resolución en la que -siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo- reiteró las consideraciones vinculadas con la competencia del juez de primera instancia para conocer de la acción incidental de cumplimiento de los convenios de cuatro de mayo de dos mil doce y su modificatorio de trece de junio de dos mil trece, así como la procedencia de esa acción (fojas 148 vuelta a 149). Luego, analizó los agravios hechos valer por el apelante y estableció que la obligación asumida por el padre deudor, de realizar los gastos inherentes al vestido de sus hijas de acuerdo a sus compromisos, actividades sociales, escolares y deportivas, solo podía ejercerse de manera exclusiva por el deudor a través de internet mediante el uso de su tarjeta bancaria, por así haberlo pactado las partes en los acuerdos de voluntades precisados en el punto precedente (fojas 147 vuelta a 155 vuelta). Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, tomando como base las manifestaciones de las partes, los convenios base de la acción y pruebas aportadas, se pronunciara respecto de los gastos inherentes a la educación, clases extracurriculares, y servicios médicos menores, por el periodo comprendido del septiembre de dos mil catorce a noviembre de dos mil dieciséis, los cuales son adicionales a la pensión alimentaria pactada por las partes, resolvió declarar parcialmente fundados los agravios hechos valer por Alberto Román Palencia, en su calidad de apoderado legal del aquí quejoso Adrián Aguilera Pineda; por tanto, revocó la interlocutoria apelada y estableció como puntos resolutivos los siguientes: "Primero. Se declara improcedente el incidente de cumplimiento de convenio promovido por ADRIANA BARRAZA MARTÍNEZ en contra de ADRIÁN AGUILERA PINEDA, en los autos del expediente 947/2012. Segundo. Se absuelve al demandado incidental de las prestaciones reclamadas. Tercero. No se hace condena de costas." Además, en el resolutivo tercero, estableció que no se hacía condena de costas judiciales en segunda instancia (fojas 155 vuelta a 158). Cabe señalar que la responsable citó los motivos y fundamentos que consideró adecuados para resolver la controversia. Consecuentemente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la responsable -respecto de aquellos aspectos en los que se dejó plenitud de jurisdicción para resolver-, se considera que la ejecutoria de amparo está totalmente cumplida, sin exceso ni defecto. Resulta aplicable al caso, la tesis 2a.XCVI/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 649, Tomo I, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2004994, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD". Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada en el domicilio señalado en autos, para efectos de lo previsto en los numerales 201 y 202 de la Ley de Amparo, y mediante oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; diez de julio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el oficio de cuenta signado por el Oficial Mayor de la Sala Familiar de Toluca, Estado de México, a través del cual en atención al requerimiento formulado el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, informa el cabal cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio suscrito por la autoridad oficiante y con el anexo que adjunta, a efecto de que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, apercibidas que en caso de omisión se resolverá lo conducente con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias de autos. Al caso, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación de Marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese.

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