Adriana Aguilar Jaime

Expediente 5/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
5/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/02/2022

Partes del expediente

  • Adriana Aguilar Jaime

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído de treinta y uno de enero del año en curso, en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 56, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se le informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con un anexo que acompaña. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como sus delegados a las personas que indica. Ahora bien, visto el contenido del oficio y anexo de cuenta, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En primer término, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar los actos reclamados que se advierten de la lectura íntegra de la demanda, concluyendo que consisten en la omisión por parte de la autoridad responsable de emitir acuerdo relativo a llevar a cabo el desahogo de las pruebas de inspección ocular ofrecida por la demandada, así como el desahogo cotejo y/o compulsa ofrecida por la parte quejosa, en el juicio laboral de origen. Ahora, el Presidente del Tribunal responsable, remitió copia certificada de la determinación de veintiséis de enero de dos mil veintidós, pronunciada en el expediente laboral 132/2016, de la que se desprende que se acordó lo peticionado por la parte quejosa; de lo que se colige que, si con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, pero antes del dictado de la sentencia en este juicio constitucional, la responsable resolvió respecto de lo peticionado por la impetrante; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". En ese tenor, al quedar acreditada la causa de improcedencia, resulta innecesaria la celebración de la audiencia constitucional, ya que sólo se retardaría la impartición de justicia, pues aun llevándose a cabo para que las partes aportaran probanzas, no cambiaría el sentido de la resolución, dado que la cesación de efectos se relaciona con una causa sobrevenida plenamente demostrada que no se modificará con prueba alguna. En consecuencia, con fundamento en el precepto 61, fracción XXI, en concordancia con el diverso 63, fracción V, de la citada legislación, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento que suscribe el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando alegatos, los que serán tomados en consideración al momento de resolver y como lo solicita, en su oportunidad, expídasele copia certificada de la resolución que refiere. Notifíquese

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Rodolfo Eduardo Jiménez Rangel en su carácter de apoderado legal de Adriana Aguilar Jaime, con cuatro copias y cuatro anexos que se acompaña; con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, IV, y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite la demanda; fórmese y regístrese el expediente respectivo, bajo el número 5/2022-II. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, a quien de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta para que su actuación se dé desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo y dada la naturaleza de los actos reclamados, no ha lugar a tener como tercero interesado en el presente asunto, a quien refiere en el apartado respectivo, en virtud de que no se encuentran en alguna de las hipótesis a que se refiere el citado numeral. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que adjuntó al escrito inicial de demanda; medios de convicción que se desahogan por su propia y especial naturaleza y podrán ser considerados al momento de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y toda vez que el presente asunto es en materia laboral y la quejosa es parte trabajadora en el juicio de origen, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la legislación mencionada, a las personas que indica. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, lo que incluye a las autoridades responsables, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese.

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