Adrián Zaragoza Tapia
Expediente 1024/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1024/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Adrián Zaragoza Tapia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
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Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. SE ORDENA REMITIR AL TRIBUNAL DE ALZADA Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que hizo valer el quejoso ********************; así como que la totalidad de las partes dentro del presente expediente, han sido notificadas de dicha determinación y de la tramitación del medio de impugnación de que se trata. En consecuencia, mediante atento oficio, se ordena remitir el presente expediente, el original del escrito de agravios y la copia correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, así como dos tomos de pruebas y dos discos ópticos al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno; con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente se deja a disposición la vinculación del expediente electrónico del juicio en que se actúa. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.
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Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN Visto el escrito de cuenta signado por la autorizada de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el once de octubre del año en curso dictada en el presente juicio. CÓRRASE TRASLADO A LAS PARTES En tal virtud, con fundamento en los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso; por tanto distribúyanse entre las partes copia del escrito de agravios relativo y, en su oportunidad, remítase el original de este y la copia para el Fiscal Federal de su adscripción, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar. Finalmente, en relación con su petición de remitir los autos del presente asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que conozca de la revisión; corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la impugnación, determinar lo conducente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN Visto el escrito de cuenta signado por la autorizada de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el once de octubre del año en curso dictada en el presente juicio. CÓRRASE TRASLADO A LAS PARTES En tal virtud, con fundamento en los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso; por tanto distribúyanse entre las partes copia del escrito de agravios relativo y, en su oportunidad, remítase el original de este y la copia para el Fiscal Federal de su adscripción, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar. Finalmente, en relación con su petición de remitir los autos del presente asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que conozca de la revisión; corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la impugnación, determinar lo conducente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.
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V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número 1024/2023-I, promovido por Adrián Zaragoza Tapia, por propio derecho, contra actos de la Jueza Segundo Laboral de la Región Morelia del Poder Judicial del Estado de Michoacán, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el dos de agosto de dos mil veintitrés, y recibido en este órgano jurisdiccional el día siguiente, Adrián Zaragoza Tapia, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Jueza Segundo Laboral de la Región Morelia del Poder Judicial del Estado de Michoacán, y otras autoridades, a las que les reclamó diversos actos. En ese escrito, el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los contenidos en los numerales 1°, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. De esa demanda correspondió conocer, por razón de turno, a este Órgano Jurisdiccional, el que previas prevenciones y sus respectivos cumplimientos, por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, la admitió a trámite; solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En ese proveído, se reconoció el carácter de tercera interesada a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la que ordenó su emplazamiento. A las once horas con treinta minutos del diez de octubre de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, grado y territorio, para conocer del presente asunto y resolverlo, porque la parte quejosa reclama actos de autoridades en materia laboral con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, de los cumplimientos de prevención, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, de los cumplimientos de prevención, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables en la presente instancia constitucional consisten en: De la Jueza Segundo Laboral de la Región Morelia del Poder Judicial del Estado de Michoacán, y otras autoridades, y Secretario Instructor de su adscripción: 1. La determinación emitida en la audiencia preliminar de doce de julio de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario laboral número 114/2023, en la que se declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la parte actora, aquí quejosa, así como el acuerdo de dieciséis de marzo del año en curso -al que recayó el citado medio de impugnación-, dictado por el Secretario Instructor citado. Último acuerdo en el que se determinó que no era procedente su solicitud de dar de baja al aquí quejoso, de manera inmediata, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; a efecto de solicitar su pensión por cesantía en edad avanzada. Del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, ambos del Estado de Michoacán: 2. El proceso de reclutamiento, selección y designación de Elizabeth Flores Santamaría como Jueza Segundo Laboral de la Región Morelia del Poder Judicial del Estado de Michoacán; así como la expedición de su nombramiento para tal cargo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Contrario a lo indicado por el agente del Ministerio Público de la adscripción, son ciertos los actos reclamados, toda vez que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, confirmaron su existencia, motivo por el cual se tienen por acreditados plenamente en el presente asunto. Además, su certeza se corrobora con las copias certificadas de las constancias que remitieron las responsables, las que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes relevantes. Previo analizar el fondo del asunto, es necesario narrar los principales antecedentes de los actos reclamados con el propósito de lograr mayor claridad en la presente determinación. I. Juicio ordinario laboral número 114/2023 del índice de la Jueza responsable 1. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintitrés, Adrián Zaragoza Tapia, por propio derecho, promovió demanda en la vía ordinaria laboral sobre rescisión de la relación de trabajo por causas imputables al patrón Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, a la que reclamó las siguientes prestaciones: a) Pago de las indemnizaciones a salario diario integrado previstas en el punto 2 de la cláusula 14 del contrato colectivo de trabajo celebrado por el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. b) Pago de salarios devengados y retenidos por la parte patronal del periodo comprendido del dieciséis al treinta y uno de enero y del uno al diez de febrero, todos de dos mil veintitrés. c) Pago de la prima de antigüedad. d) Pago de vacaciones proporcionales correspondientes al calendario escolar 2022 - 2023. e) Pago de prima vacacional proporcional del 55% sobre catorce días de salario. f) Pago de aguinaldo proporcional anual correspondiente al año 2023. g) Demás prestaciones que por error u omisión no hubiera reclamado y que se encontraran contempladas en la Ley Federal del Trabajo y el contrato colectivo vigente. h) Pago de salarios caídos, correspondientes al periodo del once de febrero hasta el debido cumplimiento de la sentencia. De igual manera, solicitó como petición especial (providencia precautoria) que, de manera inmediata, se le diera de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de solicitar su pensión por cesantía en edad avanzada. 2. De esa demanda tocó conocer, por razón de turno, al Juzgado Segundo Laboral de la Región con sede en Morelia del Poder Judicial del Estado de Michoacán, el que, por conducto del Secretario Instructor, en auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, la registró con el número de expediente 114/2023; y, declaró improcedente la petición especial (providencia precautoria) precisada en el numeral anterior. Negativa que justificó al indicar que tomaba en cuenta la naturaleza del juicio y que el actor se encontraba en edad avanzada, por lo que a fin de salvaguardar sus derechos laborales y de salud, no era procedente tal solicitud, hasta en tanto se resolviera en definitiva el procedimiento de origen, del cual, precisó, una de sus consecuencias jurídicas también pudiera resultar en la cesación de tal prerrogativa. Proveído que constituye uno de los actos reclamados en la presente instancia constitucional. 3. Así, previa prevención y su cumplimiento, el citado Secretario Instructor, en auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, admitió a trámite la demanda; y, ordenó el emplazamiento de la parte demandada. 4. Así, una vez contestada la demanda, el doce de julio del presente año, se llevó a cabo la audiencia preliminar, en la que se hizo constar la comparecencia de las partes y su deseo de no tener pláticas conciliatorias; posteriormente, la Jueza responsable declaró la apertura de la fase correspondiente a la interposición y resolución del recurso de reconsideración interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Medio de impugnación que declaró improcedente, por las siguientes razones: Jueza responsable: "..por lo que ve al recurso de reconsideración planteado, en los términos que ya quedaron grabados en esta audiencia, este Tribunal acuerda que dicho recurso de reconsideración es infundado, ello es así, porque si bien, para este Tribunal no pasa inadvertido que desde la presentación de la demanda el trabajador pidió la medida que su abogado ya nos explicó y respecto de la cual el Secretario Instructor dictó el acuerdo bajo esos términos, mismos que mantengo firme, ahí se hizo saber a este Tribunal que iba a cumplir los sesenta años, ahora en el desahogo de esta audiencia, escucho y verifico Tribunal a mi cargo, ese dato, ¿es así Secretario?... Con las actuaciones que obran en la causa, lo que en efecto, lo tiene como un hecho, como ya acreditado, que ya cuenta con la edad de 60 años, y para este Tribunal no es desconocido los derechos de los trabajadores, en relación a la pensión de cesantía que hace valer la parte actora, con fundamento en los artículos . 142, 143 y 144 de la Ley del Seguro Social. precisamente era la acotación a la que quería llegar y, reitero, para este Tribunal no es desconocido los derechos que se otorgan ante esas situaciones, así como me lo ha externado, que por tanto, pues, el trabajador pide la baja para hacer ese trámite. Este Tribunal es consciente de ello y, verificada la edad que ha sido, precisamente dado que el trabajador ahora se coloca como un adulto mayor a la Ley, y conforme a los derechos humanos previstos en el artículo 1° Constitucional, que ya hice referencia en esta audiencia merece una protección especial, por colocarse en esa situación, sin embargo, es decir una protección más amplia, principio pro persona conocido por los técnicos del derecho, y para el trabajador me dirijo, principio pro persona lo voy a explicar, haciendo alusión al principio de sencillez, y sobre todo que en los juicios laborales es el trabajador el protagonista, voy a dirigirme para alejarme de tecnicismos, y darme a entender, sobre todo con usted, entonces, esa calidad de su edad, hace que este Tribunal le brinde una protección reforzada, por pertenecer a un grupo vulnerable, ciertamente, si usted pide o hace saber que tiene esa intención, el se tiene que los derechos derivados de la seguridad social, es decir, todos los derivados de estar dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, son derechos irrenunciables, es decir, que si se da la relación laboral, está activa, está vigente, pues es obligación del patrón darlo de alta y del Instituto Mexicano del Seguro Social brindarle todo lo que esa Institución conlleva. En ese sentido, si bien dice, es que pretendo esa pensión, y por eso ocupo la baja, es decir, estar en inactivo porque cubro los requisitos del seguro social, para ese trámite, entre otros, como las semanas cotizadas y cuestiones que son ajenas a este Tribunal, en relación a ello, sin embargo, como bien lo hizo valer la parte demandada, la materia de este juicio, la esencia, es que usted busca rescindir la relación laboral, por los motivos que ya están explicados en la demanda, y que ese Tribunal habrá de resolver en su momento procesal oportuno, pero no solo por el hecho de solicitarlo como una medida cautelar o preventiva, este Tribunal puede ordenar, porque este Tribunal primero debe proteger sus derechos, y sus derechos entre que se acredita o no que se rescinde esa relación o no, porque aquí es un juicio y hay derechos antagónicos de la parte actora a la que acciona .. y la parte demandada que pone excepciones, y que entonces son intereses encontrados y por eso es que un Juzgador tiene que resolver, esa es la esencia de lo que usted pretende, de lo que resolveré en la sentencia. Si ha lugar o es precedente o no su acción de rescisión o si es válidas las defensas y excepciones de la parte contraria, por tanto, mientras no se decida eso, que es la esencia, no puedo ordenar la medida que el Secretario citó, la medida que usted solicitó porque, reitero, es atinado el argumento de la parte demandada, en el sentido de que si yo lo hago así, por el Tribunal a mi cargo, estaría prejuzgando, es decir, yéndome al punto final que es la sentencia, para decir que le asiste a usted razón, es decir, que es procedente su acción, que por tanto las consecuencias legales deben de ser, entre otras, pues la baja porque se termina la relación laboral, pero ello aún no ha llegado ese momento, porque el juicio está en trámite, ahora bien, las medidas cautelares tienen su naturaleza propia y buscan una protección en lo que se tramita el juicio para, prioritariamente, el trabajador, pero ellas están sujetas a que haya un beneficio directo a quien lo pidió y, en este caso, considero que no lo hay, porque lejos de causarle un beneficio que ya comprendí cuál es, sin embargo, todavía yo no tengo los datos necesarios, no tengo el análisis de las pruebas conducentes para llegar a ese punto. Caería en el absurdo de decretar la medida, y pudiera ser improcedente su acción, por tanto, es que no la puedo decretar y mantengo firme, decreto infundado el recurso de reconsideración planteado por la parte actora. ¿Me expliqué trabajador? (.) Actor: "Sí, solo quiero aclarar a este Tribunal respetuosamente que a mí no se me afectaría ninguna de mis prestaciones si me dan de baja del IMSS, porque yo sigo protegido por el propio IMSS de inmediato y, en cambio, aquí sí se me está afectando, porque como no se me está cotizando adecuadamente se me está bajando la pensión cada día." Jueza responsable: "Tengo por hechas sus manifestaciones y le hago saber al respecto que tiene expedito su derecho para hacer valer los recursos que considere convenientes a sus intereses en esta audiencia. Nada más doy el fundamento de mi decisión, que como ya he dicho, primero es con base en el artículo 1° Constitucional y, en relación con el 123 también de la Carta Magna, 15, fracción I, de la Ley del Seguro Social, 2°, párrafo segundo y 3° de la Ley Federal del Trabajo, porque ese marco normativo dispone que la Seguridad Social es un derecho humano, y social y que parte esencial de las normas protectoras del derecho del trabajo, se debe de garantizar mientras subsista la relación de trabajo por la parte patronal, y mayormente que el derecho humano a la seguridad social no queda a la voluntad de las partes, ni es negociable, sino que es una obligación del Estado velar por su observancia como se ha hecho en el presente juicio, por tanto, reitero, no ha lugar a decretar favorable su petición al tratarse de una consecuencia jurídica que está sujeta a las resultas del presente asunto. Adelante abogado." Representante de la parte actora: "Muchas gracias señoría, respetamos su decisión, no la compartimos, pero se respeta, el motivo que nos trae a este Tribunal es precisamente la rescisión de la relación de trabajo, el actor ya no está desempeñando una actividad dentro de la institución demandada, es decir, no está en la condición de desempeñar una jornada, ya no está en activo físicamente, la consecuencia de esta posible acción en su finalidad, si resultara procedente tendría una consecuencia, si resultara improcedente también tendría otra, pero finalmente el no tiene interés en integrarse por ningún motivo a la Institución demandada, en caso de que no procediera la acción, en ese supuesto, se le va a obligar a trabajar, hay una prohibición expresa por la Constitución de trabajo forzoso, el artículo 5° Constitucional lo prohíbe, por tanto, su función ya concluyó dentro de la Institución, por tanto consideramos que en su momento nos vamos a combatir esta decisión, ante la instancia correspondiente." Jueza responsable: "Este Tribunal es respetuoso de su postura, y como he adelantado expeditos están sus derechos para hacer valer las manifestaciones que ha hecho con el fundamento legal que consideren es pertinente a sus intereses, sin embargo, este Tribunal se ha pronunciado y como es de su conocimiento, no puede revocar sus propias determinaciones, por tanto, continuo con la presente audiencia." Determinación que también reclama la parte quejosa en su escrito inicial constitucional. 5. Seguido el proceso por sus cauces legales, el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, la Jueza responsable dictó sentencia definitiva, en la que determinó que la parte actora no acreditó la procedencia de la acción y, por ende, tampoco las prestaciones que reclamó, en consecuencia, absolvió a la demandada de todas y cada una de éstas. Hasta aquí los antecedentes de los actos reclamados identificados en el numeral 1 del considerando segundo de la presente ejecutoria. II. Proceso de reclutamiento, selección y designación de la Jueza Segundo Laboral de la Región Morelia del Poder Judicial del Estado de Michoacán El doce de junio de dos mil dieciocho, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, publicó la convocatoria al primer concurso de oposición para ocupar el cargo de juez de primera instancia en materias civil, familiar, mercantil y laboral, en la que precisó los siguientes requisitos: Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos; Tener 25 años cumplidos; Tener al día de la inscripción al curso, una antigüedad mínima de tres años de título profesional de licenciado en derecho expedido por la Universidad Michoacana de San Nicolás de hidalgo o por la autoridad o institución legalmente facultada para ello; y, No haber sido sentenciado por delito doloso. También precisó las etapas de las que constaría tal concurso. Mediante oficio 55/2019 el Consejero Presidente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo del Poder Judicial del Estado, comunicó los resultados finales obtenidos de la suma total de calificaciones de los módulos que formaron el programa académico, del que se advierte el siguiente: "(.) No. Nombre Matrícula Calificación con número Estatus (.) (.) (.) (.) (.) 6.- Flores Santamaría Elizabeth 70A4EFE72 9.51 APROBADO (.)." 3. Por misiva número 62/2019, el Consejero Presidente de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo del Poder Judicial del Estado, informó los resultados de la primera etapa denominada curricular, obtenidos por los participantes del citado concurso, del que se observa el siguiente: "(.) No. Nombre Clave alfanumérica Puntaje total Calificación (.) (.) (.) (.) (.) 4. Flores Santamaría Elizabeth 70A4EFE72 66 9.43 (.)." 4. Mediante oficio 95/2019, el citado Consejero, comunicó los resultados de la segunda etapa denominada conocimientos, del que se observa el siguiente: "(.) No. Nombre Clave alfanumérica Examen teórico Examen práctico Total (.) (.) (.) (.) (.) 4. Flores Santamaría Elizabeth 70A4EFE72 9.69 9 9.35 (.)." 5. En misiva número 103/2019 el referido Consejero, remitió los resultados obtenidos en la tercera etapa denominada como "entrevistas", de las que se advierte el siguiente: "(.) No. Nombre Clave alfanumérica Calificación (.) (.) (.) (.) 4. Flores Santamaría Elizabeth 70A4EFE72 10 (.)." 6. Así, por oficio 108/2019, el citado Consejero informó que Elizabeth Flores Santamaría obtuvo una calificación final de 9.59. 7. Posteriormente, mediante misiva número SE/5401/2022, de veinte de septiembre de dos mil veintidós, la Secretaria Ejecutiva del Consejo del Poder Judicial del Estado, informó a la persona antes mencionada que el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, en sesión extraordinaria celebrada en esa fecha acordó inscribirla como Jueza Segunda en Materia Laboral región Morelia, en la categoría de Juez de Primera Instancia "C", a partir del veintitrés de septiembre de ese año. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Previo a determinar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, a la luz de los motivos de inconformidad expresados por el promovente de amparo, debe abordarse el estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. I) Análisis de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que ve al acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, emitido por el Secretario Instructor adscrito al Juzgado Segundo Laboral de la Región Morelia del Poder Judicial del Estado de Michoacán (cesación de efectos). Respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio ordinario laboral número 114/2023 en el que el Secretario Instructor adscrito al Juzgado Segundo Laboral de la Región Morelia del Poder Judicial del Estado de Michoacán, determinó que no era procedente la solicitud de la parte actora, consistente en darlo de baja, de manera inmediata, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de solicitar su pensión por cesantía en edad avanzada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cesación de efectos del acto reclamado. Se precisa que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca o bien resarce la omisión que se le atribuye, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho transgredido. En ese sentido, existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación y, b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. En el segundo supuesto se presenta por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 19 P (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, visible a página 1946, Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia (s) Común, Penal, Décima Época, registro 2022439, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. PARA QUE SE ACTUALICE DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA, EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN SU CONTRA, LO REVOQUE O MODIFIQUE Y DECRETE AUTO DE LIBERTAD. De la interpretación de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos del acto reclamado, a saber: a) Por revocación y, b) Por sustitución. El segundo supuesto se actualiza cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por ese motivo, el juicio de amparo resulta improcedente, al actualizarse la segunda de las hipótesis respecto del auto de formal prisión dictado por el Juez de primera instancia, cuando éste, a su vez, se impugna a través del recurso de apelación, que previo al amparo lo resuelve el tribunal de alzada, cuyo sistema recursivo permite pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo de primera instancia. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia, lo que impide decidir la constitucionalidad del auto de formal prisión inicialmente reclamado. Así, para considerar que cesaron los efectos del acto reclamado por sustitución procesal, es innecesario que el tribunal de alzada tenga que decretar auto de libertad, pues aun cuando se confirme o modifique el de primera instancia, los efectos del acto cesan, en razón de que son cancelados jurídicamente, y aunque materialmente sigan produciéndose consecuencias semejantes a las derivadas del acto reclamado, ahora éstas tienen su origen en el nuevo pronunciamiento, en razón de que la determinación de la situación jurídica depende de la decisión de segunda instancia, la cual dio firmeza a la anterior, y la sustituyó. Sin que ello implique un cambio en la situación jurídica de la persona, pues sigue teniendo la misma que ostentaba, aunque ahora con carácter de definitiva." Asimismo, sirve de apoyo la tesis I.3o.C.92 K, publicada en la página 1491, tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 165870, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". (subrayado añadido). Ahora bien, en el presente asunto, respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, emitido en los autos del juicio ordinario laboral número 114/2023, del índice de la Juzgado responsable, antes precisado, quedó procesalmente sustituido por la resolución recaída al recurso de reconsideración emitida por la Jueza Segundo Laboral de la Región Morelia del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en la audiencia preliminar de doce de julio de dos mil veintitrés -acto que también se reclama-, en el que se confirmó el citado proveído. Situación procesal que permite establecer, para los fines de la procedencia del juicio de amparo, que han cesado los efectos del acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés emitido por el Secretario Instructor adscrito al Juzgado Segundo Laboral de la Región Morelia del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Lo anterior partiendo de que la consecuencia jurídica natural de impugnar una determinación es que ésta -una vez revisada- sea modificada, revocada o confirmada; las consideraciones que rigen al respecto, son las de la resolución del recurso, dejando, por ende, sin surtir efectos legales propios la determinación recurrida, al quedar procesalmente sustituida por la resolución del recurso de reconsideración. Luego, de las hipótesis que precedentemente se dijo comprende la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la especie, se actualiza la establecida en el inciso b), al haber sido sustituido el acuerdo antes precisado con lo resuelto en el recurso de reconsideración. Sobre el particular, es oportuno citar la jurisprudencia 77/2012 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 841, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 1, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." Asimismo, resulta aplicable al caso la tesis 4 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, enero de 2017, Tomo IV, registro digital 2013461, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." De igual manera, cobra aplicación al caso, la tesis 769 C, emitida por el mismo Tribunal Colegiado, localizada en la página 1492, tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 165869, que expresa: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En consecuencia, en atención a lo antes expuesto, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio ordinario laboral número 114/2023, en el que el Secretario Instructor adscrito al Juzgado Segundo Laboral de la Región Morelia del Poder Judicial del Estado de Michoacán, determinó que no era procedente la solicitud de la parte actora, consistente en darlo de baja, de manera inmediata, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo anterior con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. También apoya lo anterior, la tesis 23 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 410, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 199560, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente." II) Análisis de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la materia, únicamente en cuanto al acto reclamado precisado en el numeral 1 del considerando segundo, relativo a la improcedencia del recurso de reconsideración. Ahora, una vez que este órgano jurisdiccional ha tenido a la vista las actuaciones del juicio que dieron origen al acto reclamado precisado en el numeral 1 del considerando segundo de la presente sentencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. De dicho numeral se advierte que por un cambio de situación jurídica deben estimarse consumados de modo irreparable aquellos actos o violaciones que han producido todos sus efectos o jurídicamente se han agotado, al no poder decidirse en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso, como se relató en los antecedentes, de las constancias que integran el expediente de origen, se observa que, efectivamente, en ese proceso se declaró improcedente la petición especial (providencia precautoria) que formuló la actora en el sentido de que se le diera de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que confirmó la responsable al resolver el recurso de reconsideración en la audiencia preliminar de doce de julio del presente año. Sin embargo, también se observa que, con posterioridad a la promoción de la demanda de amparo -dos de agosto de dos mil veintitrés-, esto es, el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, la Jueza laboral dictó sentencia definitiva en la que declaró que la parte actora no acreditó su acción, en consecuencia, tampoco sus prestaciones, por ende, absolvió de estas últimas a la parte demandada. En ese tenor, al haberse resuelto el juicio principal declarando inconducentes las prestaciones reclamadas, resulta improcedente el juicio de amparo, porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación señalada, al existir una resolución que rige una nueva situación jurídica. De tal manera que no es posible resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado precisado en el numeral 1 del considerando segundo de la presente sentencia, antes precisado, toda vez que al hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica que se generó con la sentencia definitiva dictada en aquel proceso. Por tanto, las violaciones que se hubieren cometido en la resolución del recurso de reconsideración, se han consumado irreparablemente; en ese sentido, no es factible emitir un pronunciamiento respecto de éste sin afectar la ulterior situación jurídica creada con motivo de la sentencia definitiva de mérito. Sin que sea necesario esperar a que la Jueza responsable declare que la sentencia que resolvió el controvertido de mérito ha causado ejecutoria, puesto que en términos del artículo 873-K de la Ley Federal del Trabajo, no procede recurso alguno en contra de la resolución definitiva dictada en el procedimiento ordinario laboral, en virtud del cual pueda ser confirmada, modificada o revocada, de ahí que dicha resolución causa ejecutoria desde su dictado. Incluso, aún y cuando se promoviera demanda de amparo directo en contra de la sentencia que resolvió en definitiva el juicio ordinario laboral de origen, no desaparece la autoridad de cosa juzgada, hasta en tanto no exista sentencia protectora firme, que declare que la resolución reclamada es contraria a la Constitución Federal. Sirve de apoyo, por las razones que indica la jurisprudencia 51/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto: "COSA JUZGADA. LAS SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS CONSERVAN ESA CALIDAD AUN CUANDO SEAN RECLAMADAS EN AMPARO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme a los artículos 420, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 426, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las sentencias de segunda instancia, esto es, aquellas contra las cuales las leyes comunes que rigen en la jurisdicción local no conceden algún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser confirmadas, modificadas o revocadas, causan estado o ejecutoria por ministerio de ley y producen los efectos de cosa juzgada. Ahora bien, lo anterior debe entenderse en el sentido de que dichas sentencias no admiten medios de defensa establecidos en la legislación ordinaria y no así un medio extraordinario como el juicio de amparo, toda vez que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Amparo, o en los referidos Códigos procedimentales, no existe disposición alguna de la que se advierta que tales resoluciones no causan ejecutoria o que desaparece la autoridad de la cosa juzgada cuando se promueva el juicio constitucional en su contra. Esto es, al existir disposición legal que les otorga esa calidad y no haber norma de la que se desprenda que la pierden cuando se interponga en su contra un medio de defensa extraordinario, es inconcuso que la resolución reclamada -con su calidad de cosa juzgada únicamente deja de existir jurídicamente cuando en el juicio de garantías se dicta sentencia firme en la que se concede la protección federal, declarando que aquélla transgredió derechos públicos subjetivos del gobernado protegidos por la Constitución Federal. Por consiguiente, la ejecución de la sentencia de segunda instancia sólo se interrumpe cuando se obtenga la concesión de la suspensión para impedir sus consecuencias, pues de esa medida cautelar deriva la ejecución o no del acto reclamado; pero de ninguna manera de la circunstancia de que esté transcurriendo el término legal para la promoción de la demanda de amparo, ni con la presentación de ésta o con su tramitación." Es sobre la base de los motivos y fundamentos aducidos que se actualiza el cambio de situación jurídica que motiva el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por el dictado de la sentencia definitiva de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Puesto que con ésta se generó una situación en la cual no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la providencia cautelar negada al actor en el juicio laboral 114/2023, así como la resolución dictada con motivo del recurso de reconsideración que lo confirmó y sus consecuencias, sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo de esa determinación que puso fin al procedimiento de origen. Por tanto, al actualizarse la hipótesis contenida en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley referida, únicamente por lo que ve al acto reclamado precisado en el numeral 1 del considerando segundo de la presente sentencia, relativo a la improcedencia de la reconsideración interpuesta por el quejoso. III) Análisis causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, ambos de la Ley de Amparo, en cuanto al acto reclamado precisado en el numeral 2 del considerando segundo. Ahora, de oficio, este órgano jurisdiccional advierte que, en el caso, por lo que ve al diverso acto reclamado precisado en el numeral 2 del considerando segundo, consistente en el proceso de reclutamiento, selección, designación y expedición del nombramiento de Elizabeth Flores Santamaría como Jueza Segundo Laboral de la Región Morelia del Poder Judicial del Estado de Michoacán, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, ambos de la Ley de Amparo. Se precisa que del primer artículo citado se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no afecta los intereses jurídicos o legítimos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo. Así, la parte quejosa es aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese cuerpo normativo y, con ello, se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, el interés jurídico al que alude el artículo 5° de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos que le depare perjuicio. Es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por la norma, acto u omisión de alguna autoridad que le ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del particular. Luego, el interés jurídico deviene como consecuencia de la afectación de los derechos de una persona, en razón de una norma, acto u omisión de autoridad, la persona agraviada puede ocurrir al juicio de amparo. Por su parte, el interés legítimo surge de la afectación a un interés difuso individual o colectivo, tutelado en un precepto constitucional, en beneficio de una colectividad determinada. Las consideraciones anteriores quedaron plasmadas en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 51/2019 (10a.), cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. Sin embargo, también precisó que dicha reforma no podía traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acudiera al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exigía al quejoso que demostrara algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduciría en un beneficio personal para el interesado, pues no suponía afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, determinó que el interés legítimo se definía como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que podía traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. Criterio que se encuentra en la tesis aislada número XLIII/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Página: 822, Décima Época, Registro: 2002812, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" En ese supuesto, la citada Primera Sala, también estableció que la afectación indirecta que diera origen a algún interés legítimo, debía tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente, esto es, que acreditara una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural. Razones que dieron origen a la tesis CLXXXII/2015, publicada en la Novena Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Página 445, que dispone textualmente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA. Al momento de analizar si la parte quejosa acredita contar con interés legítimo para impugnar una norma, el juez de amparo debe precisar en primer lugar la ubicación jurídica desde la que se le combate: como destinatario o como tercero. Ello se logra mediante el análisis del ámbito personal de validez de la norma y de la posición del quejoso frente a ésta. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que mediante la introducción constitucional del concepto de interés legítimo, las personas pueden acudir a cuestionar la validez de normas desde la ubicación de terceros al contenido o relación jurídica por ella contemplada, en cuyo caso la respuesta a responder para tener por acreditado ese requisito es: ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante? Las distintas hipótesis de actualización de esa afectación se describen en la tesis aislada 1a. CCLXXXII/2014 (10a.), de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 'LEYES AUTOAPLICATIVAS, NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL LEGÍTIMO.'. Para describirlas, se han utilizado fórmulas como 'irradiación colateral de la norma a los quejosos como terceros', o simplemente, 'afectación colateral'. Ahora bien, conviene precisar que la premisa básica de este estándar es el requisito de que la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. En otras palabras, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, al grado de ser calificable como una verdadera creación de la obra del legislador. El principio de división de poderes que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural." Ahora, en el caso se observa que la parte quejosa acudió al juicio de amparo bajo el argumento de que el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, ambos del Estado de Michoacán, realizaron una indebida selección de jueces que no cuentan con el perfil necesario para impartir justicia en materia de trabajo, incluida la de Elizabeth Flores Santamaría como Jueza Segundo Laboral de la Región Morelia del Poder Judicial del Estado de Michoacán, lo que afirma, impacta en las decisiones técnicas laborales que se emitieron en el procedimiento de origen, al ser éstas defectuosas e ineficaces, lo que ha originado que a la fecha no tenga percepción salarial ni cuente con pensión por cesantía en edad avanzada. Sin embargo, es necesario precisar que la afectación que dice tener, a efecto de acreditar su interés jurídico o legítimo, es derivada de actos emitidos dentro del procedimiento laboral de origen -de los que previamente se sobreseyó en el presente juicio de amparo-, que se encuentran relacionados con las decisiones jurisdiccionales emitidas por la Jueza Segundo Laboral de la Región con sede en Morelia del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Entonces, la posible afectación por las decisiones técnicas que pudiera emitir dicha Juzgadora en el proceso jurisdiccional, son combatibles dentro de ese procedimiento con los recursos ordinarios de la materia o bien, de cumplirse con los requisitos de procedencia, en la instancia constitucional, por la posible afectación de sus derechos fundamentales, pero únicamente en su carácter de parte procesal en dicho juicio laboral, no así como un simple interesado en el proceso de selección de jueces, en el cual no acreditó fehacientemente que fungió con carácter alguno, ni aún como aspirante, por lo que en ese sentido, en principio, no tiene un derecho jurídicamente tutelado en tal procedimiento. Esto es, aquellas decisiones que se emitan en un proceso jurisdiccional en el que el quejoso cuenta con carácter reconocido al haber iniciado dicha acción, sí podría tener un interés jurídico para instar el proceso constitucional con tal carácter, pues es evidente que lo que acontezca en éste, pudiera tener alguna afectación en su esfera de derechos, al estar vinculado a ese controvertido. No obstante, esa sola capacidad para acudir al juicio de amparo para combatir las decisiones o razonamientos vertidos en tal juicio -como parte procesal-, no genera algún tipo de interés legítimo para combatir el proceso de designación de jueces locales, aún y cuando en éste se hubiera designado a la persona que fungiera como juzgadora en el juicio laboral de origen, porque, se reitera, la afectación causada por las decisiones técnicas ahí tomadas no acontecen en aquel procedimiento de designación, sino únicamente en el que el quejoso funge como parte procesal. En ese sentido, el interés que pudiera tener el promovente del amparo de que existan jueces competentes o que tengan el perfil necesario para impartir justicia en materia de trabajo, es solo un interés simple que no se diferencia del resto de la población. Por esas razones, es importante señalar que aún y cuando en el escrito presentado en la audiencia constitucional indique que existan vicios en el proceso extraordinario y especializado en la materia para la selección de jueces, tampoco da lugar al nacimiento de un interés legítimo, porque existe una imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado, actual y real, en dicho proceso de selección que se encuentre vinculado con las decisiones jurisdiccionales de la Juzgadora antes mencionada en el juicio laboral de origen y, por ende, le otorgue una especial situación al quejoso frente al orden jurídico con motivo de los derechos que se encuentran en tal procedimiento de selección. Es así, porque adverso a lo alegado por el amparista, en el eventual caso de que en el presente juicio constitucional fuera concedido el amparo por los actos reclamados antes precisados, no podría sostenerse con propiedad que pudiera obtener de ello un beneficio jurídico, lo que torna su interés en uno simple, porque en caso de satisfacerse, no se traduciría en alguno de tipo personal en su favor. Lo que se sostiene porque, evidentemente, todos los ciudadanos tienen un interés en que existan juzgadores capacitados para la impartición de justicia y, para ello, existe la obligación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, de llevar a cabo los procesos de evaluación y designación conforme a lo estipulado en la legislación de manera idónea y eficiente; empero, este tipo de interés no puede ser reputado como legítimo en materia del juicio de amparo por quien es parte en el proceso donde actúa un juzgador y realizar actos que, dice, le afectan; porque, se insiste, aun cuando el proceso prosperara, el posible efecto no generaría algún tipo de beneficio jurídico en la esfera del quejoso, específicamente en lo tocante a su designación como titular de un órgano jurisdiccional. Ello porque la designación de otro Juzgador o Juzgadora, no implica necesariamente que resolvería de manera diversa en cuanto al derecho que el quejoso dice vulnerado en el procedimiento de origen -negativa de otorgar la providencia precautoria solicitada- precisamente, ante la incertidumbre de la toma de decisiones jurisdiccionales, las cuales se sustentan en procesos de raciocinios y aplicación de los métodos interpretativos existentes en la doctrina, conforme a lo establecido en la legislación. Por lo que la afectación que dice tener con dicha designación es únicamente conjetural o hipotética. Tal situación obedece a que el proceder de las autoridades señaladas como responsables, a saber Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, ambos del Estado de Michoacán, no afectan con su actuar, en sentido amplio, la esfera jurídica del quejoso, pues finalmente la designación de los jueces en materia laboral, incluida la de Elizabeth Flores Santamaría, no transgrede los derechos subjetivos públicos que alude defender el aquí quejoso, y que afirma causan que no cuente con su pensión por cesantía en edad avanzada. En virtud de que este último se trata de un criterio judicial sobre el cual resulta imposible determinar si es ajustado a derecho o no, hasta en tanto se proceda al análisis o estudio de la constitucionalidad del acto que lo sustenta, y no por la sola circunstancia de que el quejoso considere que la Juzgadora citada no cuenta con un perfil profesional idóneo para desempeñar tal servicio público, únicamente por la razón de que su petición le fue negada. Por tanto, como la parte quejosa no acredita un aspecto concreto o situación jurídica real en su perjuicio derivada del proceso de reclutamiento, selección y designación de Elizabeth Flores Santamaría, como Jueza Segundo Laboral de la Región Morelia del Poder Judicial del Estado de Michoacán, es inconcuso que no basta el interés abstracto en la legalidad de los actos de autoridad para considerar existente un interés legítimo. Lo anterior porque, se insiste, si bien todos los individuos tienen interés en que sean legales los actos de las autoridades, ese objetivo o intención no basta para acudir al juicio de amparo, pues, incluso, tratándose del interés legítimo, la parte quejosa debe resentir una afectación concreta en su esfera jurídica, por lo menos indirecta dentro de un parámetro de razonabilidad y no solo de mera probabilidad en su esfera jurídica, derivada del acto reclamado, como lo exige la propia norma constitucional. De tal suerte que sí con el juicio de amparo promovido no se restituirá en el goce de algún derecho concreto a la parte quejosa, es claro que el juicio de amparo no le genera un beneficio en su esfera jurídica individual, de modo que no puede considerarse actualizado en su favor un interés legítimo, pues éste está condicionado a que el solicitante de la protección constitucional logre un beneficio con la anulación del acto que se reclame, lo que, como se ha dicho, no acontece. De modo que si su pretensión no se basa en una situación concreta en la que la ilegalidad que aduce del acto reclamado se traduzca en una afectación a su esfera jurídica concreta, ni acredita un nexo con el acto reclamado que incida en su círculo de derechos considerados en sí mismos, no puede considerarse que le asista un interés legítimo para acudir al amparo, en tanto que el derecho en abstracto de un ciudadano no basta para iniciar la acción constitucional, ni en lo individual, ni en representación de una colectividad. También porque, se reitera, una eventual concesión del amparo para que se reponga el procedimiento, y se realice otra designación de juzgadores, no implica una afectación real sino hipotética o conjetural, pues al sustentarse ésta en una cuestión de criterio judicial, no garantiza que éste hipotético nuevo juzgador, por esa sola circunstancia, tome decisiones diversas a las emitidas por Elizabeth Flores Santamaría o en el sentido que pretende la parte actora en el procedimiento laboral de origen. Incluso, de estimar que la actuación de la juzgadora no cumple con los parámetros de profesionalismo, imparcialidad, objetividad o excelencia, tiene también a su alcance otros mecanismos de responsabilidad administrativa para cuestionar la función de la Jueza responsable; más no ostenta, como se dijo, algún derecho susceptible de ser tutelado respecto de su nombramiento, bajo el marco de las resoluciones emitidas dentro del juicio natural. De ahí que no acredite su interés jurídico o legítimo; en consecuencia, en el presente asunto por lo que respecta al acto reclamado precisado en el numeral 2 del considerando segundo de la presente sentencia, opera la causal de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual debe sobreseerse el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley en comento. Como criterio orientador se cita la tesis siguiente: "Registro digital: 2001356 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: IX.2o.2 A (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, página 1793 Tipo: Aislada INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ÉL QUIEN OSTENTÁNDOSE ÚNICAMENTE COMO CIUDADANO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, RECLAMA LA DETERMINACIÓN QUE APRUEBA LA REINCORPORACIÓN DE UN MAGISTRADO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA A SUS LABORES DESPUÉS DE QUE, CON MOTIVO DE UNA LICENCIA, OCUPÓ EL CARGO DE SECRETARIO DE DESPACHO EN EL GOBIERNO LOCAL, PORQUE ADUCE QUE DEBIDO A ESTE NOMBRAMIENTO DEJÓ DE CUMPLIR CON EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 99, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, en vigor a partir del 4 de octubre siguiente, establece: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". Ahora bien, el interés legítimo tiene sus límites entre el simple y el jurídico, según se aprecia en la obra "Juicio de Amparo e Interés Legítimo: La tutela de los Derechos Difusos y Colectivos", de Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Editorial Porrúa, México, 2004, segunda edición, en la cual sostiene que el interés simple es un interés general que tiene todo miembro de la comunidad en que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, sin que ese cumplimiento implique un beneficio personal. Es el mero interés ciudadano por la legalidad, el cual no faculta para accionar el juicio de amparo, sino que únicamente permite la denuncia o la acción popular cuando las leyes lo permiten, en tanto que no requiere de una condición precisa o de una cualificación subjetiva especial. Asimismo, en cuanto al interés jurídico, dicho autor refiere que se le ha identificado con el derecho subjetivo, consistente en la situación de prevalencia o ventaja que el derecho objetivo concede a un individuo frente a otros, cuyos elementos constitutivos son la posibilidad de hacer o querer y de exigir de otros el respeto hacia esa situación preferencial. Además, respecto del interés legítimo precisa que corresponde a las personas que por la situación objetiva y particular -de hecho o de derecho- en la que se encuentran, tienen interés en que el poder público ajuste su actuación a la ley, pero no sólo por el mero interés ciudadano en la legalidad, sino porque cumpliéndose con la ley conservan un beneficio o evitan un perjuicio cierto, en tanto que resienten una afectación indirecta en sus derechos fundamentales con el acto autoritario reclamado, aunque carezcan de un derecho subjetivo, por lo que su característica esencial es la utilidad que al gobernado le proporciona la actuación legal del poder público, aunque es necesario exigir al quejoso la presencia de un factor especial que lo distinga de la generalidad de las personas: el interés legítimo debe ser personal y actual. Por otra parte, de la doctrina nacional reconocida en la jurisprudencia 2a./J. 141/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 241, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se obtiene que los antecedentes del interés legítimo en nuestro marco legal se encuentran en el derecho administrativo, en donde se destaca como elemento de importancia el que la autoridad cause un perjuicio especial a una persona o a un grupo de personas, sin que se trate del que de manera general y uniforme se produce a grandes sectores de la población; de ahí que de prosperar la acción se traduzca en un beneficio jurídico en favor del accionante. Así, el interés legítimo para promover el juicio de amparo no llega al grado de requerir la afectación de un derecho subjetivo, pero tampoco es posible que toda persona, a pesar de que no se vea lesionada en su esfera jurídica, pueda promoverlo, porque esto lo tornaría en un control abstracto o preventivo y no en un medio reparador de violaciones. Consecuentemente, si quien ostentándose únicamente como ciudadano del Estado de San Luis Potosí, promueve juicio de garantías en el que reclama la determinación que aprueba la reincorporación de un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia a sus labores después de que, con motivo de una licencia, ocupó el cargo de secretario de despacho en el gobierno local, porque aduce que debido a este nombramiento dejó de cumplir con el requisito previsto en el artículo 99, fracción VI, de la Constitución Política de la entidad, sin evidenciar o señalar cómo ese hecho le irroga un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, sino limitándose a basar su pretensión en que como parte de la sociedad tiene interés en que los funcionarios judiciales cumplan con los requisitos que para tal efecto establecen los ordenamientos jurídicos, resulta inconcuso que carece de interés legítimo en el amparo, pues su pretensión se basa en un mero interés simple, es decir, no evidencia cómo dicho acto o sus consecuencias afectan directa o indirectamente sus derechos fundamentales de conformidad con su "especial situación frente al orden jurídico", ni señala cuál sería esa situación -de hecho o de derecho- concreta que se vería afectada o beneficiada con la concesión o negativa del amparo y menos aún, cuál sería el beneficio real y específico, inmediato o mediato, que en su esfera jurídica concreta pudiera obtener con la regulación de la legalidad de los actos que reclama. Lo anterior es así, porque si no se alega que efectivamente la actuación del Magistrado sea irregular en aspectos concretos o situaciones jurídicas reales, con las cuales se vea comprometida su imparcialidad, probidad o independencia judicial, que deriven en afectación indirecta de la promovente, resulta incuestionable que no basta el interés abstracto en la legalidad de los actos de autoridad para considerar existente un interés legítimo." Ahora, es necesario precisar que el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, no implica que se le esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, en vía de ilustración la tesis siguiente: "Registro digital: 2002537 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: III.2o.C.3 K (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, página 2066 Tipo: Aislada IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Consecuentemente, no se entra al estudio del fondo de los conceptos de violación, en atención a la actualización de la causal de improcedencia analizada y al efecto, se invoca el siguiente criterio: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Finalmente, tocante a las manifestaciones que realizó tanto el agente del Ministerio Público adscrito como la parte quejosa, a manera de alegatos, es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, debido a que se advierte que no existe alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia de contenido siguiente: "Registro digital: 2018276 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 26/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 5, Tipo: Jurisprudencia. ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA. En términos del artículo 181 de la Ley de Amparo, después de que hayan sido notificadas del auto admisorio de la demanda, las partes tendrán 15 días para formular alegatos, los cuales tienen como finalidad que quienes no ejercieron la acción de amparo directo puedan ser escuchados, al permitírseles formular opiniones o conclusiones lógicas respecto de la promoción del juicio de amparo, por lo que se trata de una hipótesis normativa que garantiza un debido proceso en cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento que exige el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa forma, el debido proceso se cumple con brindar la oportunidad de manifestarse y el correlativo deber del tribunal de estudiar las manifestaciones, sin que ello pueda traducirse en una obligación de un pronunciamiento expreso en la sentencia, en tanto que no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias debe reflejarse forzosamente en una consideración. Por todo lo anterior, el órgano jurisdiccional es el que debe determinar, en atención al caso concreto, si plasma en la resolución el estudio de los alegatos formulados por las partes, en el entendido de que en cumplimiento a la debida fundamentación y motivación, si existiera alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumentos, sí resultaría necesario referirlo en la sentencia, como por ejemplo, el análisis de una causal de improcedencia hecha valer. Así, el ejercicio de esta facultad debe darse en cumplimiento al artículo 16 constitucional que ordena a las autoridades fundar y motivar sus actos, así como al diverso artículo 17 constitucional que impone una impartición de justicia pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Adrián Zaragoza Tapia, por propio derecho, en cuanto a los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el quinto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza, hasta hoy once de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.gabk
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