Adrian Yael Escobedo Reyes
Expediente 107/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 107/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Adrian Yael Escobedo Reyes
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus antecedentes el oficio de cuenta signado por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo número 1273/2017-II, del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, mismo que fue remitido a dicho juzgado, para el dictado de la sentencia correspondiente; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Se notifica auto a promovente. Torreón, Coahuila, veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Adrián Yael Escobedo Reyes, contra actos del Juez de Primera Instancia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de esta ciudad, que estima violatorios de las garantías que consagras en los artículos 14, 16, 8, 19 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de antecedentes bajo el número 107/2018-VII, que le correspondió en el libro de gobierno que al efecto se lleva en este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Así, se colige que el quejoso, Adrián Yael Escobedo Reyes, reclama sustancialmente el auto de vinculación a proceso de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en su contra dentro de la causa penal 932/2017. En la especie, este juzgado considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los normativos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, al respecto el primero de los numerales indicados dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". De acuerdo con dicho numeral, se entiende que un gobernado consiente un acto de autoridad cuando no promueve oportunamente en su contra la acción constitucional de amparo, resultando improcedente el juicio que en todo caso se promueva una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo. Ahora, la citada fracción debe ser complementada con lo señalado en los numerales 17 y 18 del propio ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II.Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV.Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". De los anteriores preceptos legales, se infiere entre otras cosas, que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente; es decir, contra aquéllos que no se promueva el juicio de control constitucional dentro de la temporalidad que prevé la ley; que el término en general para su promoción es de quince días, los cuales jurídicamente transcurren a partir de que surta efectos la notificación del acto o resolución, conforme a la ley que lo rige; de que se haya tenido conocimiento de éstos; o bien, de que el gobernado se haya ostentado sabedor del o los mismos. También, el segundo de los preceptos invocados señala las diversas excepciones al término genérico de quince días, esto es, en los casos en que a partir de la vigencia de una ley ésta sea reclamable o el procedimiento de extradición, el lapso temporal para promover el juicio de amparo se amplía a treinta días; cuando se trate de sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, tendrá el término de hasta ocho años para hacer valer su acción de amparo; cuando los actos tengan relación con la privación de los derechos agrarios, el plazo será de siete años; o cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la libertad, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, destierro, desaparición forzada o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Asimismo en términos del artículo 18 de la ley de la materia, para la presentación del juicio de amparo, el plazo, debe computarse: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la ley o el acto reclamado; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de interponerse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; pero tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado. Por su parte, en la hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee como sigue: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado ." En apoyo a las consideraciones vertidas, se cita también la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados ".(El énfasis es propio) Bajo ese orden de ideas, si el quejoso reclama en esta instancia el auto de vinculación a proceso decretado por la autoridad judicial el catorce de diciembre del año próximo pasado, audiencia en la cual estuvo personalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 82, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que de acuerdo con lo que dispone la fracción III de dicho numeral, la citada notificación surtió efectos el día hábil siguiente, es decir, el quince de diciembre de dos mil diecisiete, se tiene que el término de quince días comenzó a correr el dieciocho de diciembre siguiente y feneció el nueve de enero de dos mil dieciocho, sin contar los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, seis y siete de enero de dos mil dieciocho, por ser sábados y domingos, así como los días veinticinco de diciembre de dos mil diecisiete y uno de enero de dos mil dieciocho, por ser declarados inhábiles. En ese sentido, si el escrito de demanda se presentó hasta el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, pese a que el término respectivo venció el nueve de los presentes, por ende es claro que transcurrió en exceso el término de quince días hábiles que prevé la ley, conforme al cómputo ya mencionado. De igual forma, debe establecerse claramente que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el trascrito artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, específicamente en el supuesto que prevé la fracción IV, al no constituir la resolución de mérito un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, ni cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debe estimarse así, pues las resoluciones de mérito se encuentran dictadas dentro de un procedimiento penal que se instruye al solicitante del amparo en la causa penal 932/2017, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de Torreón. Lo anterior, pues la legislación de la materia vigente, en torno a dicho tema, especifica que la excepción de mérito es en cuanto a actos que impliquen ataques a la libertad personal, agregando que éstos sean fuera de procedimiento, en efecto, el numeral 17, dice: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". En efecto, de la interpretación del numeral en comento, se advierte con claridad que el término para la interposición del juicio de amparo indirecto, es de quince días, con la salvedad, de entre otras, que el acto reclamado implique ataques a la libertad fuera del procedimiento. En ese orden de ideas, si el acto reclamado se pronunció dentro de procedimiento, como se advierte de lo narrado por el impetrante del amparo en el apartado de antecedentes, conlleva a determinar que éste no se ubica en la excepción que estableció el legislador en la fracción IV del artículo antes transcrito, por lo que la demanda debió presentarse en el término genérico de quince días. En esos términos, es dable concluir que el acto reclamado se encuentra emitido dentro de procedimiento judicial en materia penal, puesto que se trata del auto de vinculación a proceso que resuelve la situación jurídica del quejoso. Por consiguiente, lo anterior patentiza que el auto de vinculación a proceso es dentro del procedimiento penal, por lo que, conforme a la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se tiene que el plazo para presentar una demanda de amparo contra actos que tengan injerencia sobre la libertad personal dentro de un procedimiento, interpretando a contrario sensu el numeral 17, es de quince días. Cobra aplicación a lo anterior, el criterio IX.1o.5 K (10a.), sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicado en la página 1731, materia común, libro XXV, Octubre de 2013, tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima época, que dice lo siguiente: "AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA PROMOVER LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA LEY DE AMPARO ACTUAL ENTRÓ EN VIGOR Y SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SI NO SE PRESENTÓ DENTRO DE ESE TÉRMINO, EXISTE CONSENTIMIENTO TÁCITO. Conforme a la regla general contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, el juicio de amparo contra actos que afectan la libertad personal dentro del procedimiento, debe promoverse dentro del plazo de quince días, cuyo cómputo debe hacerse a partir de que ésta entró en vigor (tres de abril siguiente), y surta efectos la notificación de dichos actos; por tanto, si el quejoso estuvo en aptitud de promover la demanda dentro de ese plazo, de conformidad con el artículo quinto transitorio, párrafo segundo, de la misma ley, y no lo hizo, es evidente que tácitamente consintió el acto reclamado". Así como la tesis de jurisprudencia PC. XXIX. J/3 P (10ª) sustentada por el Pleno del Vigésimo Noveno Circuito, publicada en la página 904, libro 20, Julio de 2015, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PLAZO PARA PROMOVERLO CONTRA ACTOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL, DICTADOS A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO ANTERIOR. La resolución de la autoridad judicial que afecta la libertad personal del quejoso emitida a partir del 3 de abril de 2013, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo que otorgó la protección constitucional conforme a la Ley de Amparo abrogada, por falta o indebida fundamentación y motivación, constituye un acto nuevo desvinculado de la anterior decisión, que al pronunciarse durante la Ley de Amparo vigente e impugnado mediante un nuevo juicio de amparo, está sujeto al plazo de 15 días previsto por el artículo 17 de esta última legislación". Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que las normas legales adjetivas para la substanciación de un juicio, disponen la sistematización de actos concatenados que constituyen el procedimiento, los cuales no se realizan ni se desarrollan en un solo momento, sino que se suceden con el tiempo, y a este diferente momento de realización de los actos procesales, es al que debe atenderse para determinar cuál es la norma que, en todo caso, debe regir el acto de que se trate; por lo que las partes de un juicio no adquieren el derecho a que el procedimiento se tramite conforme a la normatividad que se encontraba vigente en la fecha en que inició éste, ya que los derechos emanados de las normas procesales nacen del procedimiento mismo y se agotan en cada etapa, por lo cual, cada una de sus fases se rige por la norma vigente al momento en que se desarrolla; ello, a menos que en el decreto de reformas sobre normas de carácter procesal, el legislador haya establecido reglas expresas sobre la aplicación de dichas reformas en otro sentido. Dichas consideraciones, se sustentan en la tesis 2a. XLIX/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 273, materia común, tomo XXIX, mayo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dice lo siguiente: "NORMAS PROCESALES. SON APLICABLES LAS VIGENTES AL MOMENTO DE LLEVARSE A CABO LA ACTUACIÓN RELATIVA, POR LO QUE NO PUEDE ALEGARSE SU APLICACIÓN RETROACTIVA. Tratándose de normas procesales, las partes no adquieren el derecho a que la contienda judicial en la que intervienen se tramite al tenor de las reglas del procedimiento en vigor al momento en que haya nacido el acto jurídico origen del litigio, ni al de las vigentes cuando el juicio inicie, toda vez que los derechos emanados de tales normas nacen del procedimiento mismo y se agotan en cada etapa, de ahí que cada una de sus fases se rija por la regla vigente al momento en que se desarrolla, excepto en los casos en que en el decreto de reformas relativo se hayan establecido disposiciones expresas sobre su aplicación en otro sentido. En consecuencia, cuando se trata de normas de carácter adjetivo no puede alegarse la aplicación retroactiva de la ley, proscrita en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Luego, en lo relativo a la inaplicación retroactiva de normas procesales, es evidente que no puede ser observado en favor del quejoso, lo dispuesto por el numeral 22, fracción II, de la abrogada Ley de Amparo, en virtud de que el término para la interposición del juicio de amparo es de carácter procesal; resultando aplicable en el caso concreto, para el cómputo del término para la promoción de la demanda de amparo, lo establecido en el diverso 17 de la Ley de la Materia. Para mayor claridad, procede analizar de forma comparativa lo que al efecto disponía la derogada ley de la materia, con relación a lo que dispone la actual legislación: Artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada. Artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Como puede apreciarse, en la superada legislación de amparo, en contra cualquier acto que afectara la libertad personal del quejoso, podía promoverse el juicio constitucional en cualquier tiempo; pero actualmente, tal presupuesto se acotó sólo a los actos restrictivos de la libertad dictados fuera de un procedimiento, supuesto en el cual también es dable promover el juicio de amparo en su contra en cualquier tiempo. De lo anterior, se sigue que en la actualidad, los actos que tengan la apuntada calidad (restrictivos de la libertad personal) pero que se emitan dentro de un procedimiento (en el caso concreto de naturaleza jurisdiccional), ya no gozan de la temporalidad indefinida para combatirlos, sino que al ya no estar expresamente incluidos en la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor, debe aplicarse la regla general prevista en el párrafo primero de ese numeral -quince días para la presentación de la demanda-. Ahora bien, no pasa inadvertido lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo quinto transitorio de la precitada ley, mismo que a la letra dice: "QUINTO. (.) Los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la presente Ley y que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley que se abroga en virtud del presente decreto, le serán aplicables los plazos de la presente Ley contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución". Sin embargo, es de señalarse que la hipótesis normativa que prevé el precepto legal trascrito no resulta aplicable al caso concreto. Ciertamente, el señalado numeral establece dos aspectos hipotéticos que se deben acreditar para que se tornen aplicables: el primero alude a que los actos se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la nueva Ley de Amparo; y, el segundo establece que a la entrada en vigor de la nueva ley, no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley abrogada; si se satisfacen estos dos hipotéticos, entonces serán aplicables los plazos de la ley anterior, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. No obstante, en la especie no se satisfacen los referidos supuestos normativos, pues la emisión del acto reclamado tuvo verificativo el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, esto es, con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley (tres de abril de dos mil trece). Por tanto, al no resultar aplicable lo preceptuado por el segundo párrafo del artículo quinto transitorio en comento y en congruencia con lo antes razonado en el sentido de que la presentación y substanciación de la interposición de la demanda de amparo, debe regirse por las normas de procedimiento establecidas en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, es dable concluir que, para promover el juicio de amparo en contra del auto de vinculación a proceso, el plazo para su interposición es de quince días, contado a partir de que hubiera tenido conocimiento de su emisión. Aunado a que es indudable que el plazo de quince días establecido para interponer la demanda, es claro y preciso y no está sujeto a interpretación alguna. Además es válido afirmar, que al establecerse un término para la interposición de la demanda de amparo en contra de resoluciones que afectan la libertad personal dentro de procedimiento, únicamente se pretende que el juicio de amparo no se convierta en un obstáculo para la adecuada marcha del proceso penal, y que no se haga un uso inmoderado e inadecuado del mismo, con el afán de retrasar la continuidad y celeridad de dicho proceso. Lo que es acorde con el criterio emitido recientemente por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 248/2014, en la que analizó la aplicación del aludido término en tratándose del auto de vinculación a proceso dictado durante la vigencia de la nueva Ley de Amparo (tema de contradicción). Lo anterior, pues el Máximo Tribunal determinó que, el plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de la vigencia de la nueva Ley de Amparo, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de dicho ordenamiento legal, ya que señaló que esa medida legislativa es afín al principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, puesto que permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. El criterio en comento derivó en la aprobación de la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, materia común, libro 18, mayo de 2015, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima época, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal". De ahí que en el caso concreto se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por Adrián Yael Escobedo Reyes. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Así como el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, del tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, cuyo epígrafe es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Como lo solicita el promovente, se autoriza en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a la licenciada Daniela Rocío Galindo García, toda vez que su cédula profesional se encuentran registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales; y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. De ser necesario se habilita a los actuarios para practicar las notificaciones en el presente asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Finalmente, en cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes que las resoluciones y la sentencia que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la misma ley. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma la licenciada Marta Elena Barrios Solís, Juez Primero de Distrito en la Laguna, asistida del secretario licenciado Francisco Javier Ibarra Rivera, que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.
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