Adrian Viveros Alcantara

Expediente 809/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
809/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
04/06/2015

Partes del expediente

  • Adrian Viveros Alcantara

Actuaciones

  1. Principal

    ... se declara que ha causado estado el referido auto. .... archívese el presente asunto como concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido....

  2. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinte de mayo de dos mil quince. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la nueva legislación aplicable a la materia, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, esta Potestad Federal procede a su análisis. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Se advierte de las constancias que integran este juicio, que por sentencia terminada de engrosar el treinta de septiembre de dos mil catorce, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero, en auxilio a este órgano jurisdiccional, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitada por el quejoso Miguel Ángel Armengual Sánchez, en los siguientes términos: ". Por consiguiente, con base en lo considerado, lo procedente es conceder la protección federal a Miguel Ángel Armengual Sánchez respecto de la resolución reclamada a la juez responsable, para el efecto de que: I. Deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado; y, II. Con plenitud de jurisdicción, y bajo su más estricta responsabilidad, emita otra resolución en el que se cumplan con los extremos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que:  Deberá reiterar que se acredita el delito básico de lesiones.  Deberá precisar con qué pruebas se acredita la hipótesis de la calificativa a que hace referencia (superior en fuerza física al ofendido, o por el número de los que lo acompañaban), prevista en el artículo 144, fracción I, del Código Penal del Estado de Veracruz, tomando en cuenta el material probatorio existente en la causa penal, el que habrá de valorar de acuerdo a las reglas de valoración de las pruebas que para el caso se establece en el capítulo respectivo del Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, debiendo fundar y motivar su determinación, pues al no hacerlo así, se viola en perjuicio del impetrante la garantía de legalidad a que alude el artículo 16 constitucional.  En el estudio de la probable responsabilidad, determine de manera precisa, con base en los elementos de convicción que obran en la causa penal de origen, sobre la forma de autoría o participación en que incurrió el aquí quejoso, es decir, si fue de manera conjunta, expresando las razones que tiene para considerarlo así, o si es como autor material, igualmente motive la forma que así se demuestra; no siendo dable que con una misma conducta se acrediten dos supuestos distintos entre sí.  Deberá analizar y valorar las pruebas de descargo consistentes en las declaraciones rendidas por Alma de los Ángeles Cruz Juárez y Alma Ramírez Cruz, y la testimonial a cargo de los doctores Alberto Alarcón Gómez y José Ramón Valencia Grayeb, esto es, efectuar el análisis adecuado a las mismas, en confrontación con el restante material probatorio, de acuerdo a las reglas de valoración de las pruebas que para el caso se establece en el capítulo respectivo del Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, debiendo fundar y motivar su determinación, con el fin de tener una mayor seguridad para establecer si en el caso existían datos que acrediten la responsabilidad que se imputa a la parte quejosa en el delito de lesiones." (fojas 269 y 270). Por acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil catorce, se dio trámite al recurso de revisión interpuesto por Gastón Rafael Coronel Martín del Campo, tercero interesado, contra la sentencia dictada en este juicio; asimismo, en proveído de veintiocho de octubre siguiente, se tuvo a Omar Velázquez Tinoco, en su carácter de autorizado del quejoso, interponiendo recurso de revisión (fojas 477 y 499 respectivamente). Por oficio número 11523/2014/VIII de fecha diez de noviembre de dos mil catorce, se remitieron los autos del juicio de amparo al entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito en Turno, con sede en Boca del Río, Veracruz, para la substanciación de los medios de impugnación hechos valer (foja 502). El dos de diciembre de dos mil catorce, se recibió el oficio 9603/2014 signado por la Secretaria de Acuerdos del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, a través del cual informó que dio trámite a los citados recursos de revisión, radicando así el toca número A.R.P. 313/2014 de su índice (foja 505). En acuerdo de ocho de diciembre de dos mil catorce, se tuvo a la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, informando que ese órgano colegiado cambió su denominación, en términos de lo dispuesto en el Punto Segundo del Acuerdo General 49/2014, conservando la misma jurisdicción y domicilio actuales; y, que seguiría conociendo de los asuntos a que se refiere el artículo 37, fracciones I, inciso a); II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de su especialidad, conforme a lo previsto por el artículo 38 del Ordenamiento Legal en cita (foja 509). Mediante oficio 3683 la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, remitió copia certificada del testimonio de la resolución dictada en el toca 313/2014 de su índice, en el que resolvió: "PRIMERO.- Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Miguel Ángel Armengual Sánchez en contra de los actos y por la autoridad, puntualizados en el resultando primero, para los efectos precisados en el considerando sexto de esta ejecutoria." Por lo que mediante acuerdo de veinticuatro de abril del año en curso, se requirió a la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, para que en el término de tres días diera debido cumplimiento a la sentencia amparadora de que se trata. Por oficio número 580 de fecha treinta de abril de dos mil quince, la Juez Tercero de Primera Instancia de Pacho Viejo, Veracruz, comunicó el cumplimiento dado a la sentencia emitida en este juicio (fojas 580 a 612); ordenándose por auto de seis de mayo de dos mil quince, notificar personalmente a la parte quejosa y tercero interesada sobre tal situación, y se les otorgó el término de tres días para que expresaran lo que a su derecho conviniera (foja 613). El quince de mayo de dos mil quince, se tuvo a Omar Velázquez Tinoco, en su carácter de autorizado del quejoso, desahogando la vista que se le dio en el mencionado acuerdo de seis de mayo último (foja 631). Ahora, del análisis realizado a la resolución de treinta de abril de dos mil quince, emitida en autos del proceso penal 356/2013/VIII de su índice, en cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio, se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente la diversa resolución de trece de abril de dos mil catorce, y siguiendo los lineamientos indicados en la sentencia de amparo de que se trata, acorde a lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, consideró que el aquí quejoso, es probable responsable del delito de lesiones calificadas cometidas en agravio de Gastón Rafael Coronel Martín Del Campo, ya que analizó cada uno de los elementos que integran dicho antisocial relacionándolos con el material probatorio que obra en la causa penal 356/2013 de su índice, ello en estricto cumplimiento a los criterios de valoración contenidos en el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, señalando los hechos y circunstancias acontecidos, de tiempo, modo y lugar de la conducta delictiva desplegada por el aquí impetrante de garantías Miguel Ángel Armengual Sánchez, ya que como se puede advertir de la resolución que se analiza, el juzgador concatenó el material probatorio ofrecido en el proceso penal a que se hizo referencia, y en específico los testimonios de los doctores Alberto Alarcón Gómez y José Ramón Valencia Grayeb, así como las declaraciones de las testigos de descargo Alma de los Ángeles Cruz Juárez y Alma Ramírez Cruz, con los elementos integradores del delito que se le atribuye al promovente del amparo; asimismo, señaló el grado de participación del inculpado y tuvo por comprobada la probable responsabilidad de éste, por lo que su conducta actualizó el ilícito que se le reprocha (lesiones calificadas), y en consecuencia la autoridad emitió de nueva cuenta auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones calificadas, cometido en agravio de Gastón Rafael Coronel Martín Del Campo, que resulta suficiente para tener por cumplido el fallo protector dictado en este expediente, en razón de que valoró las declaraciones vertidas por las testigos de descargo, tal como lo indicara el órgano colegiado revisor. Sin que sea óbice a lo anterior, las manifestaciones vertidas por el autorizado del quejoso, en el ocurso presentado en la Oficialía de partes de este juzgado el catorce de mayo de dos mil quince, ya que si bien es cierto las mismas tienden a evidenciar que la responsable incumplió con lo ordenado en la sentencia de amparo, y que el cumplimiento de la responsable está carente de debida motivación, dado que la responsable omite hacer una valoración del materia probatorio ofrecido por el impetrante del amparo en el periodo de instrucción, y que únicamente las reseñó, no menos cierto es, que como se dijo con anterioridad, la sentencia de amparo emitida en esta pieza de autos, fue para el efecto de que la responsable analizara las pruebas descritas con anterioridad y con libertad de jurisdicción emitiera su resolución, siempre y cuando valorara el material probatorio que obra en el sumario; por lo que, a juicio de quien provee, se colige que el fallo protector ha quedado cumplido. Toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Nueva Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este asunto se concedió la protección de la Justicia Federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración, y por cuanto ve al original del incidente de suspensión toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, en atención a lo ordenado en la fracción III, del punto y normativa invocada, procede su depuración, debiendo conservarse únicamente, el auto y la resolución interlocutoria en la que se haya concedido la medida cautelar. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto así como el original del incidente de suspensión, a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de este fecha, debiendo conservar del expediente principal únicamente la demanda y la sentencia. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, agréguesele copia autógrafa de este acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional, ambos cuadernos incidentales. Finalmente, tomando en consideración que resulta innecesario seguir conservando la garantía exhibida por el quejoso para que surtiera efectos la suspensión otorgada en el presente asunto, devuélvasele única y exclusivamente a éste, el billete de depósito número N 477255, que ampara la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), previa identificación y razón que de su recibo otorgue en autos para debida constancia, mismo que podrá recogerse el día jueves de cada semana, en horario hábil el cual comprenderá de las nueve a las quince horas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada...

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