Adrian Trejo Yañez
Expediente 1032/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1032/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Adrian Trejo Yañez
- Adrian Trejo Yañez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. CAMBIO DE TITULAR Visto; en atención al oficio SEADS/1064/2021 de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, firmado por el Encargado del Despacho del Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, el Pleno de dicho órgano colegiado acordó la adscripción de la suscrita juzgadora Alejandra Ugalde Pérez a este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes el cambio de titular. Tiene aplicación, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.104/20101, de rubro: "IMPEDIMENTOS DE LOS JUZGADORES DE AMPARO. LAS CAUSAS QUE LOS ACTUALIZAN PUEDEN HACERSE VALER AUN DESPUÉS DE DICTADO EL AUTO QUE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA." CAUSA ESTADO AUTO QUE DESCHÓ LA DEMANDA Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos por las partes.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Del estado procesal del presente juicio y de la certificación de cuenta, se desprende que el plazo de cinco día[s] concedido a la parte quejosa Adrián Trejo Yañez para dar cumplimiento a la prevención hecha en el auto de radicación ha fenecido, atento a lo anterior se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda promovida por el quejoso Adrián Trejo Yañez Por otra parte, agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el escrito signado por la parte quejosa María de los Ángeles, María del Rosario y Nohemí Carolina, todas de apellido Trejo Yañez por el cual cumplen con la prevención realizada por auto de radicación. Desechamiento de la demanda. La suscrita procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su Contenido1 . En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se 1 Jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Así, esta juzgadora procede a examinar la demanda de amparo y escrito aclaratorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61 fracción XXIII y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 61, fracción XXXIII. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De la interpretación armónica de los citados artículos, debe precisarse que el primero refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. El segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De igual forma, de una interpretación en sentido contrario de los artículos referidos, permite establecer que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Entonces, para efectos de resolver la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario determinar cuándo se está ante un acto en juicio de ejecución irreparable. Estudio de los actos en juicio de ejecución irreparable. 14/03/24 22:44:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.d8 SARA JUDITH GUDIÑO MARTINEZ El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que los actos en juicio de ejecución irreparable son aquéllos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera; en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos al gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que no se obtenga un fallo favorable por parte de quien sufrió afectación a sus derechos fundamentales, está en condiciones de hacerlas valer como tales en el recurso que promueva o eventualmente en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al procedimiento. Es aplicable la jurisprudencia 3a. 43 que dice: EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo2 . 2 Registro: 207343 14/03/24 22:44:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.d8 SARA JUDITH GUDIÑO MARTINEZ Por tanto, siendo uno de los presupuestos del juicio de amparo es que el acto reclamado cause al inconforme un agravio directo a sus derechos fundamentales que no pueda repararse en sentencia definitiva. En ese sentido, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, ya que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales e incluso sería reparable, como ya se dijo, si el afectado obtiene sentencia favorable al resolverse el juicio civil de origen, con lo cual quedará intacta su esfera jurídica, al no haberse alterado ningún derecho sustantivo; de ahí que será hasta que se dicte la resolución en cuestión, cuando podrá saberse si la violación trascendió al resultado del fallo que ponga fin al juicio. Sirve de apoyo la tesis: P./J. 1/2016 (10a.) que dice: CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS 14/03/24 22:44:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.d8 SARA JUDITH GUDIÑO MARTINEZ PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. También se cita por su contenido, la jurisprudencia 3a.40, bajo el epígrafe: AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto3 . Estas jurisprudencias son aplicables porque evidencian el desarrollo jurisprudencial que se ha realizado para sostener la tesis consistente en que no es un acto de imposible reparación aquel que no implique necesariamente que dentro de ese juicio se emitirá una sentencia contraria a los intereses del accionante del amparo. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), de rubro siguiente: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL 3 Registro: 207332. 14/03/24 22:44:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.d8 SARA JUDITH GUDIÑO MARTINEZ DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)4 . De las consideraciones expuestas se obtiene que los actos dentro de juicio susceptibles de ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto son aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación, lo que se actualiza cuando: a) Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, b) Esa afectación no desaparece ni aún en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. Estudio de la demanda Ahora bien, tal como quedó establecido con anterioridad, de un análisis integral de la demanda de amparo, se destaca que los quejosos se duelen de la resolución seis de enero de dos mil veintiuno, en la que el Juez responsable declaró improcedente la solicitud de decretar el sobreseimiento de la sucesión intestamentaria 733/2021 a bienes de Wenceslao Trejo Acosta, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, así como los acuerdos de veinte y veintitrés ambos de agosto de dos mil veintiuno, en los que esencialmente, se celebró la junta de herederos y deja sin efectos la citación para resolver la primera sección del aludido juicio y requiere la exhibición de los edictos. En la especie, es menester destacar que la sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: a) La de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, página: b) La de inventarios y avalúos; c) La de administración y, d) Partición y adjudicación que es una sentencia con la que el juicio finaliza, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva. Con base en lo anterior, se tiene que contra la resolución en la cual finalizan las etapas primera, segunda y tercera procede el juicio de amparo indirecto, porque no deciden el fondo del juicio universal sucesorio sino cada etapa, con la posibilidad de reclamar las violaciones procesales que en su caso se consideren actualizadas, siempre y cuando trasciendan al resultado del fallo. Mientras que contra la cuarta, procede el amparo directo, puesto que ésta es la última resolución que pone fin al juicio sucesorio testamentario que guarda estrecha relación con las etapas anteriores. . En estas condiciones, el acto reclamado por los quejosos, consistente en la resolución de seis de enero de dos mil veintiuno y acuerdos de veinte y veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, no son actos cuyos efectos sean de imposible reparación, ya que no afectan derechos sustantivos de los aquí quejosos; en consecuencia, no son actos susceptible de ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto, pues en ellos, no se resuelve ninguna de las tres primeras secciones del juicio sucesorio de donde derivan, pues como la parte quejosa lo indica en su escrito aclaratorio, aún no se resuelve la primera sección. Así las cosas, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la propia ley de la materia, este último interpretado a contrario imperio, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por María de los Ángeles, María del Rosario y Nohemí Carolina, todas de apellido Trejo Yañez; al reclamar actos en juicio que son de ejecución irreparable. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la presente determinación se adopta así, con fundamento en la ampliación de plazos procesales a que se refiere el artículo 2°, fracciones III, IV, V y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. (.) Agréguese a las presentes actuaciones para que surta[n] los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado[s] al artículo 3 de la Ley de Amparo, el [los] documento[s] de cuenta, a través del [los] cual[es] el [los] ocursante[s] María de los Ángeles, María del Rosario y Nohemí Carolina, todos de apellidos Trejo Yáñez, aduce[n] dar cumplimiento con la prevención formulada en autos; sin que se tenga por satisfecha la misma, por los motivos que se exponen a continuación Al respecto, conviene traer a contexto que en la referida prevención se requirió al [los] promovente[s] para que dieran cumplimiento a lo siguiente: 1) Indique en qué etapa se encuentra el juicio sucesorio 733/2020, precisando si ya se emitió la resolución correspondiente a la primera sección. 2) Especifique de manera clara, precisa y concreta si en la especie únicamente se reclaman las determinaciones judiciales pronunciadas el [1] seis de enero de dos mil veintiuno, el [2] veinte de agosto de dos mil veintiuno, y el [3] veintitrés de agosto de la citada anualidad, en su defecto, se indique de manera concreta cuáles son las determinaciones que se reclaman, precisando las fechas de las mismas. 3) Se deberá precisar en qué consisten los actos que, en cumplimiento al punto que antecede, se señalen como reclamados, esto es, deberá indicarse que fue lo determinado por el Juez responsable en esas actuaciones. 4) Asimismo, se deberá precisar si en contra de cada uno de los actos que señalen como reclamados se interpuso algún medio ordinario de defensa, precisando el nombre de esos recurso y el estado procesal que guardan. 5) Precise cuáles son los actos que atribuye a los Actuarios Notificadores resientes en Ciudad Victoria, Tamaulipas. De lo antes referido, así como del análisis del escrito aclaratorio, se advierte que los promoventes únicamente cumplen con lo requerido en los puntos 1, 2, 3 y 5; pues, en cuanto al primero, indica que en el juicio de origen aún se encuentra substanciándose la primera sección, ya que aún no se dicta la resolución de la misma; en relación con el punto segundo, manifiesta que los actos que reclama de manera destacada son: a) la resolución de seis de enero de dos mil veintiuno, b) tres actuaciones realizadas el veinte de agosto de dos mil veintiuno y el c) diverso acuerdo de veintitrés de ese mes de agosto del año en curso; asimismo, en relación al punto cuatro, se indica qué fue lo determinado en los actos que se reclaman de manera destacada; y, por último, atienden lo solicitado en el punto quinto, pues al efecto manifiestan que no es su intención reclamar acto alguno de la autoridad que ahí se indica. Sin embargo, los quejosos no atienden de manera puntal lo requerido en el punto 4; por los motivos siguientes: En efecto, conforme a lo requerido en el punto cuarto, los quejosos deben precisar de manera exacta si en contra de cada una de las determinanciones que señalan como reclamados interpusieron o no alguno medio de defensa, precisando el nombre de esos recurso y el estado procesal que guardan No obstante ello, únicamente indican que en contra de la resolución de seis de enero de dos mil veintiuno, interpusieron recurso de revocación. Asimismo, también precisan que hicieron valer recurso de apelación que, incluso, ya fue desestimado por el tribunal de segunda instancia; pero omiten indicar expresamente en contra de cuál determinación hicieron valer ese medio de defensa. De igual forma, omiten indicar si en contra de los restantes actos reclamados [actuaciones de veinte y veintitrés de agosto de dos mil veintiuno] interpusieron o no algún medio de defensa ordinario En esas condiciones, no se tiene por cumplida la prevención que se les formuló a los aquí promoventes María de los Ángeles, María del Rosario y Nohemí Carolina, todos de apellidos Trejo Yáñez, por lo que subsiste el apercibimiento con el que se les conminó en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de rubro y texto siguientes: AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda1 . En ese sentido, al no tener por cumplida la prevención realizada a los promoventes de referencia, y a efecto de permitir el efectivo acceso a la jurisdicción su favor, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se interrumpe el plazo de un día con el que aun contaban para cumplir la prevención, mismo que les fue precisado en el proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, en el que se mandó a ratificar las firmas que calzan el diverso escrito en el que se pretendió aclarar la demanda que dio origen al presente asunto; lo anterior, así determina, en razón de que los quejosos que suscribieron la promoción, optaron por presentar un diverso escrito aclaratorio, de ahí que el término de un día con el que aun contaban comenzará a computarles, a partir de la notificación del presente proveído. En consecuencia, resérvese proveer lo conducente hasta en tanto fenezca el plazo aludido o en su caso se dé cumplimiento a lo solicitado. Cobra aplicación a lo así determinado, la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), que dice: ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo (.)
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