Adrian Torres Ramirez

Expediente 1672/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1672/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • Adrian Torres Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diez de enero de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), de dicha legislación], en contra de la resolución dictada en el presente asunto, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, sin que lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo en Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 2 términos de su numeral 2, se declara que dicha resolución causó estado para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que mediante resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, respecto de todos los actos reclamados. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 211, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2, sub punto 12, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente: 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; 2 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos. 1. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 3 JUICIO DE AMPARO DEPURABLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción l, inciso a) del Acuerdo General de referencia y capitulo 7 Expedientes Depurables, 7.43 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; el presente asunto es susceptible de depuración, aun cuando se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, debe tenerse en cuenta que al haberse concedido en su momento la suspensión de plano, procede calificar este expediente como depurable. Por lo que una vez que transcurran tres años, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminando el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el artículo 9 del multicitado Acuerdo General. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 152 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de 3 7.4 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano. Por lo que hace a la suspensión de oficio cuando se decreta de plano, se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Consecuentemente, los expedientes en los que obre suspensión de plano se deberán valorar como "depurables". Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 4 Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 254, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda, la razón actuarial que antecede, suscrita por el actuario judicial de la adscripción, a través de la cual manifiesta la imposibilidad de entregar los oficios 33021/2022 y 33022/2022, dirigidos a las autoridades responsables 1Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana 03, de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, y 2Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Tapachula Graves y No Graves, ambos con residencia en esta ciudad, pues fue informado por el licenciado Roberto José Sánchez Laynes, secretario particular del Fiscal de Distrito Fronterizo, que en el organigrama de la institución a la que pertenece, no existen las autoridades responsables con esas denominaciones. En ese tenor, se hace innecesario realizar mayor pronunciamiento, pues en acuerdo de dieciséis de diciembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente expediente. Notifíquese.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda, la razón actuarial que antecede, suscrita por el actuario judicial de la adscripción, a través de cual manifiesta la imposibilidad de entregar los oficios 32438 y 32439, dirigidos a las autoridades responsables 1Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Tapachula Graves y No Graves, y 2Director de la Policía Especializada de Distrito, pues fue informado por personal de las respectivas dependencias, que en el organigrama de la institución a las que pertenecen, no existen las autoridades responsables con esas denominaciones. En ese tenor, se hace innecesario realizar mayor pronunciamiento, pues en acuerdo de dieciséis de diciembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente expediente. Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos los oficios que suscriben el Fiscal de Distrito Fronterizo Costa y el Delegado Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, ambos con residencia en esta ciudad, a través de los cuales rinden informe de suspensión de plano con relación a los actos reclamados en esta vía; sin que sea necesario dar vista a las partes con su contenido, por los motivos que a continuación se expondrán. De las constancias remitidas por el Fiscal de Distrito Fronterizo Costa, con residencia en esta ciudad, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, por tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la Fiscalía del Ministerio Público de la Unidad 03 de Investigación y Judicialización, residente en esta localidad, se radicó la carpeta de investigación 1385- 089-0519-2022, instruida contra Adrián Torres Ramírez por la comisión del ilícito de ataques a las vías de comunicación, en la cual, el doce de diciembre del año en curso, la FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 2 representante social ordenó la inmediata libertad del indiciado, al haber resuelto su situación jurídica. En ese contexto, esta juzgadora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, XXI, de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Como ha quedado apuntado con anterioridad, de las constancias remitidas por el Fiscal de Distrito Fronterizo Costa en esta ciudad, queda demostrado que el doce de diciembre del año en curso, el aquí quejoso Adrián Torres Ramírez recuperó su libertad ambulatoria al haber la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad 03 de Investigación y Judicialización, en esta localidad, resuelto su situación jurídica con relación al ilícito que se le imputó en la carpeta de investigación 1385-089-0519-2022; por lo que resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado por el impetrante del amparo. Sin que escape a la consideración de esta juzgadora, que en su demanda de amparo el promovente indicó que el directo quejoso había sido objeto de malos tratos y que se encontraba incomunicado; sin embargo, de la constancia de notificación de once de diciembre del año en curso, se advierte que al lograr la comparecencia del quejoso, el fedatario pudo constatar que éste se encontraba en buen estado físico y de salud, y expresamente, el quejoso admitió que no había sido víctima de malos tratos por parte de sus captores y que ya había recibido la visita de su abogado. De ahí que es válido inferir que el dicho del promovente de la demanda constituye una manifestación, emitida con base en el estado anímico del momento y del desconocimiento de los hechos. FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 3 Por tanto, los hechos probados que obran en autos son aptos y suficientes para establecer la inexistencia de los malos tratos denunciados, y por tanto, debe prevalecer la actualización de la causa de improcedencia arriba invocada, que obliga al sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, ya que hacer lo contrario, contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la Jurisprudencia 10/2003, publicada en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulado: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Este sobreseimiento se hace extensivo respecto de los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables ejecutoras, ya que al haberse decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe hacerse lo propio respecto de las primeras porque es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Apoya este razonamiento, el criterio sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia número 231, publicada en la página 156, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, el cual es de la literalidad siguiente: FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 4 EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las diez horas con cuatro minutos del diez de enero de dos mil veintitrés. Sin que esta determinación implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 5 inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, de rubro y texto siguientes: DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 6 verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Así como la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos treinta, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, que establece: PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo. Y la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, visible en la página mil quinientos ochenta y siete, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, Registro 2002179, que literalmente establece: PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS ESTRADA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.74.c9 20/09/23 18:04:59 7 DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Notifíquese personalmente.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 10,248 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano