Adrián Santiago Santiago

Expediente 183/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
183/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
03/12/2020

Partes del expediente

  • Adrián Santiago Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Se advierte que las partes legitimas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia emitida en este juicio, en la que se sobreseyó en el juicio, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO. Con fundamento en el artículo 214 de la ley en la materia, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General al ser un juicio de amparo sobreseído que carece de relevancia documental; lo anterior, deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone los numerales 21, 22, 23 y 24 del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis prevista en el capítulo 8, apartado 8.1.2, punto 3, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, al haberse concedido la suspensión provisional y negado la suspensión definitiva, por lo que de conformidad con el instrumento en cita, carece de relevancia documental; lo anterior, deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. 3. Destruir el duplicado del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 20, fracción II, inciso a), del precitado Acuerdo General; lo anterior, una vez transcurridos seis meses, contado a partir del archivo de este asunto. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, la parte quejosa haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé el numeral 21, párrafo segundo, del precitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto.

  2. Principal

    ..TERCERO. Inexistencia del acto reclamado A). No es cierto el acto reclamado que el quejoso atribuyó a las autoridades señaladas en el recuadro que antecede, pues al rendir sus informes justificados respectivos, negaron la existencia de dicho acto, sin que el justiciable haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.2°.J/20, que es del siguiente rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO B). Es cierto el acto reclamado identificado en el inciso B), que la parte quejosa atribuye a la autoridad responsable identificada con el número 2, en virtud de que expresamente en su informe justificado, aceptó la existencia del mismo. Asimismo, la existencia de tal acto se corrobora con las copias certificadas allegas por esta en apoyo a su informe justificado, a las cuales se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de apoyo la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, por ser una cuestión de orden público y de análisis preferencial, debe examinarse lo relativo a la procedencia del amparo, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 814, sustentada por el entonces Primer Tribunal Emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627. Jurisprudencia del Pleno de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, visible en la página 153, tomo VI, primera parte, materia común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995 Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". La improcedencia del juicio constitucional, es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los juzgadores de amparo, para analizar la irregularidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que sean aplicables; de modo tal que cuando se actualiza representa un obstáculo para realizar un estudio de fondo. En el caso en estudio, respecto del acto reclamado consistente la medida de protección dictada el diez de julio de dos mil veinte en la carpeta de investigación ********** y su ejecución, de maneraoficiosa, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que no afecta el interés jurídico del promovente. Para demostrar la actualización de la referida causal de improcedencia, conviene hacer referencia al contenido de los referidos preceptos normativos, los cuales son del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." En ese sentido, el artículo 5, fracción I, de la referida Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los numerales relacionados se deduce que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto o ley que reclama. En ese sentido, resulta conveniente destacar que conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo puede promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, o en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. Esta concepción constitucional fue plasmada en la fracción I, del artículo 5° de la Ley de Amparo, transcrito, que dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Precisado lo anterior, se debe determinar lo que se entiende por interés jurídico e interés legítimo para los efectos de la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, al respecto, ha sostenido que puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. De lo anterior se advierte que existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. En suma, son dos los supuestos que integran el interés jurídico; el primero de ellos, la existencia y titularidad de un derecho y el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo una conducta autoritaria deviene del perjuicio que ésta ocasione en uno o varios derechos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Esa prerrogativa protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Por otra parte, el interés legítimo ha sido concebido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto al de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la prosecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o perjuicio inmediato. El Alto Tribunal expuso que el interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos y concluyó que la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al precisar el alcance jurídico del concepto de interés legítimo para efectos de la procedencia del juicio de amparo, señaló que este tipo de interés no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su especial situación frente al orden jurídico, lo que implica que esa especial situación no supone un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Este criterio dio origen a la tesis 2ª. XVIII/2013 (10ª), consultable en la página 1736 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, cuyo rubro es: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Lo anterior implica que la acción será procedente cuando el promovente: a) Sea titular de un interés jurídico, incluyendo en esta hipótesis cuando alegue ser parte en un procedimiento administrativo; b) Sea titular de un interés legítimo, según ha quedado caracterizado. En el caso, de las documentales exhibidas por la autoridad responsable Fiscal Segunda Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas Unidad Integral de Procuración de Justicia, con residencia en Tantoyuca, Veracruz, se advierte que no se le encuentran vulnerando al quejoso sus derechos, toda vez que la medida dictada por la misma no afecta su esfera jurídica, de ahí que el promovente no resienta perturbación alguna susceptible de afectar su vida, libertad o integridad personal. Esto en virtud de que dicha medida fue dictada únicamente para protección de la victima de identidad reservada, al advertirse de las constancias referidas en el párrafo que antecede que solo fue para proporcionar vigilancia en su domicilio, así como el proporcionar el auxilio inmediato de los integrantes de las instituciones policiales, lo cual no vulnera o restringe derecho alguno del quejoso, dado que como se precisó en párrafos precedentes no existe orden privativa de libertad en su contra, ni tampoco alguna que le impida el ejercicio de algún derecho. Ante este panorama, es inconcusa la actualización de la causal de improcedencia analizada, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio, al ubicarse en la hipótesis que establece la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. No resulta obstáculo para emitir la presente determinación, el hecho de que en el presente juicio de amparo no se haya realizado el emplazamiento de la víctima de identidad resguardada en su carácter de tercera interesada, a causa de que al haberse decretado el sobreseimiento, dicha resolución no le causa perjuicio alguno. SEXTO. Versión pública de la sentencia. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11 fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118 todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 63, 65, 73, 74, 75, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa *****,respecto de las autoridades señaladas en el resultando primero de esta resolución y por los actos precisados en el considerando segundo, con base en los razonamientos expuestos en los diversos tercero y quinto de la misma. SEGUNDO. Elabórese versión pública en términos del considerando último del presente fallo.

  3. Principal

    Se agrega a los autos sin emitir mayor pronunciamiento respecto a su contenido, el oficio de cuenta signado por el Fiscal Segunda Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas Unidad Integral de Procuración de Justicia, con residencia en Tantoyuca, Veracruz, lo anterior, toda vez que, en proveído de veintidós de octubre del presente año, se tuvo por recibido un oficio de idéntico contenido y se acordó lo correspondiente respecto a lo que hace referencia. Ahora bien, toda vez que de conformidad con el numeral 401 de la Ley General de víctimas, en relación con el diverso 2062, fracción IV, de la Ley General de Transparencia "Artículo 40. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades del orden federal, de las entidades federativas o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño. Las medidas de protección a las víctimas se deberán implementar con base en los siguientes principios: I. Principio de protección: Considera primordial la protección de la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas; II. Principio de necesidad y proporcionalidad: Las medidas de protección deben responder al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria, y deben ser aplicadas en cuanto sean necesarias para garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes; III. Principio de confidencialidad: Toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas, debe ser reservada para los fines de la investigación o del proceso respectivo, y IV. Principio de oportunidad y eficacia: Las medidas deben ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección de la víctima y deben ser otorgadas e implementadas a partir del momento y durante el tiempo que garanticen su objetivo. Serán sancionadas administrativa, civil o penalmente, de conformidad con las leyes aplicables, los servidores públicos federales, de las entidades federativas o municipales que contribuyan a poner en riesgo la seguridad de las víctimas, ya sea a través de intimidación, represalias, amenazas directas, negligencia o cuando existan datos suficientes que demuestren que las víctimas podrían ser nuevamente afectadas por la colusión de dichas autoridades con los responsables de la comisión del delito o con un tercero implicado que amenace o dañe la integridad física o moral de una víctima. "Artículo 206. La Ley Federal y de las Entidades Federativas, contemplarán como causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, al menos las siguientes: (.) IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión; (.)" y Acceso a la Información Pública, los datos de la parte tercera interesada en su calidad de víctima, deberán continuar protegidos, desglósese la documental de referencia y consérvese en sobre cerrado; previo cercioramiento del resguardo de los datos de la víctima.

  4. Principal

    Se agrega a los autos el oficio signado por la Fiscal Segunda Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas Unidad Integral de Procuración de Justicia, con residencia en Tantoyuca, Veracruz, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de septiembre del año en curso, remite las constancias requeridas en el citado auto. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista con su contenido a las partes para su conocimiento. PRUEBAS. Con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales ofrecidas por la autoridad responsable, las que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. DIFERIMIENTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia, para dar oportunidad a las partes a que se impongan del contenido de las referidas documentales, se difiere la audiencia constitucional de hoy; y, en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo.

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