Adrian Sanchez Colin.

Expediente 769/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
769/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
05/06/2023

Partes del expediente

  • Adrian Sanchez Colin.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IX. Vista la demanda presentada por ********************, quien se ostenta con el carácter de abogado patrono de ********************, contra actos del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia, del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 769/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente impreso y electrónico. DESECHAMIENTO Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, dentro del término de veinticuatro horas, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el deber de desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. [...] Ahora, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, reclama de la autoridad responsable lo siguiente: La sentencia interlocutoria de once de mayo de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio sumario civil **********, en la que se resolvió infundado el recurso de revocación que interpuso contra el auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, en el cual se tuvo al quejoso pretendiendo ampliar la prueba documental privada que ofreció y determinó que no había lugar a requerir al tercero llamado a juicio a fin de exhibir de manera completa y en original el documento respectivo como lo solicitó el quejoso. En ese sentido, en el caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que se combate en esta vía constitucional corresponde a un acto dictado dentro del juicio natural que no tiene una ejecución de imposible reparación, es decir, que no afecta materialmente, de manera inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa protegido por la Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En sustento a lo anterior, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicado a contario sensu, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". (El destacado no es de origen) Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos legales se sigue que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados dentro de juicio, siempre que estos sean de los considerandos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese orden, habrá un acto de imposible reparación cuando los efectos de la afectación que este produzca no se destruyan con el sólo hecho de que la persona que los resienta obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses; en cambio, no habrá imposible reparación si las consecuencias de las posibles violaciones sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, esto es, si los efectos de tales infracciones solo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento. Por otra parte, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que si bien durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada el uno de abril de dos mil trece era posible controvertir a través del amparo indirecto las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, tal condición respondía a la ausencia de definición legal de los actos de "imposible reparación". Sin embargo, a partir de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece - en vigor a la fecha - el legislador federal estableció expresamente que los actos de imposible reparación serán exclusivamente aquellos que materialmente afecten derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México, sin comprender aquellos actos que impliquen violaciones procesales, aun de carácter predominante, razón por la cual es esta la concepción que deben entender e interpretar los órganos jurisdiccionales de amparo para efectos de la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta. [...] En suma, la configuración legal vigente del juicio de amparo indirecto restringe su procedencia contra los actos reclamados dentro de un procedimiento jurisdiccional (como es el caso), que se traducen en un aspecto procesal, aun cuando las violaciones que estos actos produzcan (procesales), puedan resultar de carácter predominante o superior; ello, para dar paso exclusivo a la procedencia del juicio constitucional contra los actos reclamados que impliquen una afectación a derechos sustantivos constitucionales o convencionales. Entonces, en el caso se afirma que el acto reclamado no tiene el carácter de imposible reparación, en la medida que el no requerir al tercero llamado a juicio las constancias que pretende el quejoso, únicamente tiene por efecto de que el órgano jurisdiccional continúe la secuela procesal con las pruebas ya exhibidas, hasta el dictado de la sentencia definitiva que en derecho corresponda, la que, en todo caso, puede resolverse en sentido favorable al interesado (en el caso, una sentencia condenatoria a su favor) y, por ende, no habrá trascendido en su perjuicio la violación procesal que pretende combatir. Por tanto, el acto combatido se traduce en un aspecto puramente procesal, mas no tiene el efecto de privar de manera inmediata a la parte aquí quejosa de algún derecho sustantivo previsto en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicanos es parte; de ahí que el juicio de amparo resulte improcedente. En ese sentido, acorde con la técnica y al carácter extraordinario del juicio constitucional, las eventuales transgresiones a los derechos de la parte quejosa producidos por el acto reclamado, podrán hacerse valer a través del amparo directo que, en su caso se promueva contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, de ser desfavorable a sus intereses y siempre que transcienda al resultado del fallo - sin prejuzgar sobre ese aspecto -. Máxime que, como se dijo, la configuración legal del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio, prevista en el citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, tiene como propósito evitar la promoción de distintos juicios de amparo contra diversas actuaciones de un mismo procedimiento que, en su conjunto, provoquen el retraso en la resolución del asunto respectivo, lo que iría en detrimento del principio de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. Sin que la presente determinación implique en modo alguno prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto reclamado, en razón de que el desechamiento decretado impide analizar el citado aspecto. Ahora, toda vez que el acto reclamado no produce efectos de imposible reparación para la parte quejosa, en los términos explicados, se determina actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por ********************, quien se ostenta con el carácter de abogado patrono de ********************. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta y por autorizados para tales efectos a las personas que indica, toda vez que no proporciona los datos de sus cédulas profesionales, ello en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo el cual dispone: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." COMUNICACIONES NO PROCESALES Se tienen como formas especiales y expeditas de contacto el correo electrónico señalado, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales con la misma. HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, aún las de carácter personal. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales cono ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, punto TERCERO que reforma, entre otros, los artículos 251 al 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. EDC

  2. Principal

    PERSONAL (AVISO). CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vista la demanda presentada por ****, quien se ostenta con el carácter de abogado patrono de ***, contra actos del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia, del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 769/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente impreso y electrónico. DESECHAMIENTO. [...] Ahora, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, reclama de la autoridad responsable lo siguiente: La sentencia interlocutoria de once de mayo de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio sumario civil *****, en la que se resolvió infundado el recurso de revocación que interpuso contra el auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, en el cual se tuvo al quejoso pretendiendo ampliar la prueba documental privada que ofreció y determinó que no había lugar a requerir al tercero llamado a juicio a fin de exhibir de manera completa y en original el documento respectivo como lo solicitó el quejoso. En ese sentido, en el caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que se combate en esta vía constitucional corresponde a un acto dictado dentro del juicio natural que no tiene una ejecución de imposible reparación, es decir, que no afecta materialmente, de manera inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa protegido por la Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En sustento a lo anterior, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicado a contario sensu, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". (El destacado no es de origen) Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos legales se sigue que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados dentro de juicio, siempre que estos sean de los considerandos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese orden, habrá un acto de imposible reparación cuando los efectos de la afectación que este produzca no se destruyan con el sólo hecho de que la persona que los resienta obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses; en cambio, no habrá imposible reparación si las consecuencias de las posibles violaciones sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, esto es, si los efectos de tales infracciones solo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento. Por otra parte, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que si bien durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada el uno de abril de dos mil trece era posible controvertir a través del amparo indirecto las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, tal condición respondía a la ausencia de definición legal de los actos de "imposible reparación". Sin embargo, a partir de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece - en vigor a la fecha - el legislador federal estableció expresamente que los actos de imposible reparación serán exclusivamente aquellos que materialmente afecten derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales suscritos por México, sin comprender aquellos actos que impliquen violaciones procesales, aun de carácter predominante, razón por la cual es esta la concepción que deben entender e interpretar los órganos jurisdiccionales de amparo para efectos de la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta. [...] En suma, la configuración legal vigente del juicio de amparo indirecto restringe su procedencia contra los actos reclamados dentro de un procedimiento jurisdiccional (como es el caso), que se traducen en un aspecto procesal, aun cuando las violaciones que estos actos produzcan (procesales), puedan resultar de carácter predominante o superior; ello, para dar paso exclusivo a la procedencia del juicio constitucional contra los actos reclamados que impliquen una afectación a derechos sustantivos constitucionales o convencionales. Entonces, en el caso se afirma que el acto reclamado no tiene el carácter de imposible reparación, en la medida que el no requerir al tercero llamado a juicio las constancias que pretende el quejoso, únicamente tiene por efecto de que el órgano jurisdiccional continúe la secuela procesal con las pruebas ya exhibidas, hasta el dictado de la sentencia definitiva que en derecho corresponda, la que, en todo caso, puede resolverse en sentido favorable al interesado (en el caso, una sentencia condenatoria a su favor) y, por ende, no habrá trascendido en su perjuicio la violación procesal que pretende combatir. Por tanto, el acto combatido se traduce en un aspecto puramente procesal, mas no tiene el efecto de privar de manera inmediata a la parte aquí quejosa de algún derecho sustantivo previsto en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicanos es parte; de ahí que el juicio de amparo resulte improcedente. En ese sentido, acorde con la técnica y al carácter extraordinario del juicio constitucional, las eventuales transgresiones a los derechos de la parte quejosa producidos por el acto reclamado, podrán hacerse valer a través del amparo directo que, en su caso se promueva contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, de ser desfavorable a sus intereses y siempre que transcienda al resultado del fallo - sin prejuzgar sobre ese aspecto -. Máxime que, como se dijo, la configuración legal del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio, prevista en el citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, tiene como propósito evitar la promoción de distintos juicios de amparo contra diversas actuaciones de un mismo procedimiento que, en su conjunto, provoquen el retraso en la resolución del asunto respectivo, lo que iría en detrimento del principio de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. Sin que la presente determinación implique en modo alguno prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto reclamado, en razón de que el desechamiento decretado impide analizar el citado aspecto. Ahora, toda vez que el acto reclamado no produce efectos de imposible reparación para la parte quejosa, en los términos explicados, se determina actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por ****, quien se ostenta con el carácter de abogado patrono de ********************. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta y por autorizados para tales efectos a las personas que indica, toda vez que no proporciona los datos de sus cédulas profesionales, ello en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo el cual dispone: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." COMUNICACIONES NO PROCESALES Se tienen como formas especiales y expeditas de contacto el correo electrónico señalado, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales con la misma. [.] EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales cono ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, punto TERCERO que reforma, entre otros, los artículos 251 al 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes."

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