Adrián Samuel González Calvario

Expediente 77/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
77/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
01/07/2021

Partes del expediente

  • Adrián Samuel González Calvario

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto el recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo el cuatro de marzo de dos mil veintiuno; se declara que la aludida resolución ha causado estado para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese este expediente por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción, en términos de lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por la Juez de Primera Instancia con sede en Tala, Jalisco, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho número -del índice de este juzgado de Distrito, mismo que se giró para que en auxilio y por comisión de este juzgado federal, notificara y emplazara a la parte quejosa -; agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, se ordena dar de baja en el libro de gobierno correspondiente. En consecuencia, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el proveído dictado el veinte de mayo de dos mil veintiuno, en el que entre otras cosas, se requirió a la parte quejosa -, para que señalaran domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, dicho proveído les fue notificado el veinte de mayo de dos mil veintiuno, respectivamente, por lo que considerando que el término de tres días, les trascurrió sin que hubiesen dado cumplimiento al citado requerimiento; en razón de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de referencia; por tanto, realícense las notificaciones aún las de carácter personal por medio de lista, de conformidad al artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señalen domicilio en esta ciudad. Finalmente, del estado procesal que guardan los presente autos, se advierte que no obra la constancia de notificación personal ordenada a la parte quejosa, del proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno; consecuentemente, en obvio de mayores dilaciones procesales y con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, túrnense nuevamente los autos al Actuario Judicial de este juzgado de Distrito, que corresponda, practique de manera inmediata la notificación personal a la parte quejosa, por medio de lista. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscriben el Presidente Auxiliar de la Treceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, atento a su contenido, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad rindiendo su informe justificado. Con el informe de cuenta, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Luego, se tienen por ofrecidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que allega a su comunicado de cuenta. Ahora bien, de dichas constancias, se advierte la existencia de una causal de improcedencia indudable y manifiesta, que acarrea el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Es oportuno afirmar que por excepción, acorde al criterio jurisprudencial que posteriormente se invoca, en ocasiones como la presente, es permitido sobreseer en el juicio fuera de audiencia, si es que en la especie se tiene una causal manifiesta, notoria e indudable que necesariamente conduce al sobreseimiento, lo que impide que se continúe con el trámite del juicio. Así, se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, o sea, que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en la omisión de la responsable de dictar auto de avocamiento y señalar fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación demanda y excepciones dentro del juicio laboral 2733/2020 de su índice. Por otra parte, de las constancias remitidas por la responsable se evidencia que el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se proveyó el escrito de demanda, se dictó auto de avocamiento y se señaló fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación demanda y excepciones dentro del juicio laboral 2733/2020, motivo por el cual, se arriba a la determinación de que han cesado los efectos del acto reclamado, puesto que sí la parte quejosa, en dieciocho de enero de dos mil veintiuno, interpuso demanda de amparo en contra del acto precisado en el párrafo que antecede, y como se evidencia dicha circunstancia ya aconteció, mismas que merecen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la ley de la materia; consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, y lo procedente es sobreseer, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En efecto, en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido el acto reclamado que originó el juicio de amparo, y por lo tanto, desaparecen sus efectos, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de su existencia, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundaméntales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica de la quejosa haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Así las cosas, como se apuntó, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, toda vez que aún y cuando se llevara a cabo la celebración de la audiencia constitucional, el acto reclamado no podría ser desvirtuado con prueba alguna, ni causaría agravio a la parte quejosa, ya que el resultado del fallo que se llegara a dictar en este juicio de amparo sería en el mismo sentido; por tanto, en atención al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional, a nada práctico conduciría celebrar la aludida audiencia constitucional, para dictar el fallo correspondiente. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: Toda vez que, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al abandonar el criterio referido en la jurisprudencia 45/2007, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, los alcances por los que se pudiera otorgar la protección constitucional deberán de limitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Finalmente, se deja sin efectos la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente asunto, a saber, las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUN

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por -, autorizado en amplios términos de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones; sin embargo no ha lugar a proveer de conformidad toda vez que dicho escrito no cuenta con firma autógrafa lo que fue asentado por el encargado de la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional que al efecto señaló: "RECIBI: SIN FIRMA EL PRESENTE SIN ANEXO"

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito que suscribe el autorizado de la parte tercera interesada, mediante el cual solicita se informe a la autoridad responsable que la ejecutoria dictada en autos ha quedado cumplida, en consecuencia, dígasele que una vez que este órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto se notificara a las partes como legalmente corresponda.

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