Adrian Rosas Carrera
Expediente 1072/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1072/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Adrian Rosas Carrera
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, once de enero de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO DESECHAMIENTO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veinte por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO CUADERNILLO En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 21, inciso b), del acuerdo general conjunto citado, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN LA CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del citado Acuerdo General. De igual forma, se hace constar que la parte quejosa no ejerció el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales.
- Principal
Puebla, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil veinte. CONSIDERACIONES PREVIAS Con motivo de la contingencia sanitaria surgida por el brote del virus COVID-19, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal emitió la circular CAP/3/2020 1 de veinte de diciembre de dos mil veinte, en la que determinó adoptar medidas especiales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, regresando al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, por lo que, durante dicho periodo, no correrían plazos ni términos. Sin embargo, tomando en consideración que los actos reclamados en el presente asunto, se ubican en uno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 4 2 1 1. Se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Esto implica que se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirán y tramitarán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia. 2 Artículo 4. Deberán considerarse como urgentes, de forma enunciativa y no limitativa, los siguientes asuntos: I.Los asuntos competencia del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones. II.En materia penal: a)Ejercicio de la acción penal con detenido; b)Ejercicio de la acción penal sin detenido por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa; c) Diligenciación de comunicaciones oficiales y exhortos necesarios para que se resuelva sobre la situación jurídica; d)Solicitudes de orden de cateo e intervención de comunicaciones privadas; e) La calificación de detenciones; del mencionado Acuerdo General, a que se refiere el punto 3 3 de la citada circular, se acuerda la demanda de amparo en los términos siguientes: REGISTRO EN EL LIBRO DE GOBIERNO Vista la demanda de amparo promovida por Adrián Rosas Carrera, remitida en el Módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), contra los actos del juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán, Puebla, y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1072/2020. f)Las vinculaciones a proceso; g)Implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva; h)Determinaciones sobre extradición; i)Impugnación de determinaciones de Ministerios Públicos que promueva la víctima y que la jueza o el juez estime trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia; j)Procedimiento abreviado; k)Suspensión condicional del proceso; l)En el sistema penal tradicional, diligencias para recibir declaraciones preparatorias y actuaciones en el periodo de pre-instrucción; m)En el sistema penal tradicional, resolución de incidentes innominados de traslación del tipo y desvanecimiento de datos; y n)Apelaciones contra autos de plazo constitucional que afecten la libertad de las personas, contra las determinaciones que impongan medida cautelar de prisión preventiva, y contra las resoluciones que se emitan en los incidentes y controversias previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, relacionadas con la libertad, salud e integridad física de las personas. III.En ejecución penal: a)Gestiones previas a la inminente compurgación de la pena; b)Actuaciones de trámite que puedan decidirse y acordarse por escrito y que permitan la resolución del expediente de ejecución; c)Resoluciones por escrito sobre peticiones de personas privadas de la libertad, si no existiere controversia entre las partes ni desahogo de prueba; d)Trámite para la determinación y ejecución de beneficios preliberacionales (libertad preparatoria, anticipada, condicionada y la sustitución o suspensión temporal de la pena) y los derivados de la Ley de Amnistía publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de abril de 2020; e)Asuntos relativos a condiciones de internamiento que versen sobre atención médica relacionada con el tercer escalón sanitario (hospitalización); f)Asuntos relacionados con segregación y tortura; y g)Planteamientos en torno a las afectaciones derivadas del Covid-19 con motivo del internamiento. IV.En general, todas las demandas de amparo o acciones contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, malos tratos, tortura psicológica, segregación y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; así como, las presentadas por falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión. V.En amparo civil: a)Amparos contra determinaciones sobre medidas cautelares, precautorias o de protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general; b)Amparos contra determinaciones sobre pensiones alimenticias corrientes; y c)Amparos relacionados con actos que afecten el interés superior de menores de edad y que la jueza o el juez estime trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia. VI.Medidas cautelares en concursos mercantiles, ya sea que se trate de solicitudes o demandas nuevas, o los que ya estuvieran en trámite. VII.Declaración de inexistencia de huelga. VIII.Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. IX.En general, aquéllos que revistan tal carácter de urgencia conforme a las leyes que los rijan. Al respecto, es importante considerar: a)Los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso; y b)Los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, destacando enunciativamente los relacionados con su salud. La calificativa de "urgencia" constriñe a los órganos jurisdiccionales a continuar con la tramitación y eventual decisión de un expediente mientras ésta se mantenga. Para ello, serán las y los titulares quienes califiquen la urgencia de un asunto para continuar su conocimiento bajo ese supuesto, con independencia de que eventualmente pudiera cesar el sentido de inmediatez que haya justificado la admisión de la solicitud, demanda, recurso o promoción bajo el supuesto que se desarrolla, y sin que esto impida que, de ser el caso, ese expediente pueda eventualmente encontrarse en el supuesto de resolución de los asuntos tramitados físicamente y listos para sentencia, o en el de tramitación y resolución de los juicios en línea. 3 3. Para efectos de la atención de los casos urgentes, se estará a lo dispuesto en el Capítulo I del AG 13/2020. Se recuerda que el tipo de casos que se consideran urgentes está contemplado en el artículo 4 del citado instrumento normativo. ???? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO En ese sentido, el juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis integral del ocurso de demanda suscrita por Adrián Rosas Carrera, mismo que se encuentra signado electrónicamente por el usuario Jesymar Castillo Arangute, el suscrito considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia por lo cual procede desechar de plano la demanda de amparo. Al respecto, es conveniente precisar que los artículos 6º,15 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde con relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, la promovente reclama de las autoridades señaladas como responsables la orden de captura, búsqueda, aprehensión, detención o presentación girada en su contra, así como su ejecución. Sin embargo, se advierte que la demanda esta signada electrónicamente por el usuario Jesymar Castillo Arangute, a quien se autoriza a nombre del quejoso directo Adrián Rosas Carrera, y no así de esta última. En tal virtud, al ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos de promover el juicio de amparo que se rige por el principio de instancia de parte agraviada y, al no haber firma electrónica (FIREL) del quejoso Adrián Rosas Carrera, no se satisface el requisito que exige el artículo 6° de la Ley de Amparo; por lo que procede desechar la demanda de amparo. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial P./J.32/2018 4 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes once de enero de dos mil diecinueve en el Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguiente: 4 Época: Décima Época, Registro: 2018943, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 32/2018 (10a.), Página: 5. ??? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Sin que se advierta en el caso un supuesto de urgencia, pues para ello es necesario que el acto que se reclame sea de aquellos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es decir, se trate de actos que importen peligro de privación de a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército nacional,; dado que, como se expuso, el quejoso reclama la orden de captura, búsqueda, aprehensión, detención o presentación girada en su contra, así como su ejecución. De lo anterior, se concluye que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo. En ese sentido, el acto reclamado carece de los atributos a que alude el artículo 15 de la Ley de Amparo, de ahí que Jesymar Castillo Arangute, carece de legitimación para signar electrónicamente y promover en nombre de Adrián Rosas Carrera, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral. En tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo y, procede desechar de plano la demanda de amparo conforme al diverso 113 del mismo cuerpo normativo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. AUTORIZADOS Se tienen por autorizadas para que en su nombre y representación reciban notificaciones, a las personas que cita en su demanda de amparo, por así solicitarlo expresamente. MEDIOS DE CONTACTO Así mismo, se tiene a la parte quejosa señalando el correo electrónico que cita en su demanda, mediante el cual podrán entablarse comunicaciones no procesales, previo cercioramiento que de su recepción realice el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional. Cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación ??????????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ???correspondiente; lo anterior, con fundamento en el ordinal 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE CARÁCTER PERSONAL Tomando en consideración que el inconforme señaló como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal un correo electrónico, y el mismo solo constituye un medio de comunicación, no procesal, entre este juzgado y la parte quejosa, se le tiene como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal, los estrados de este órgano jurisdiccional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la resolución definitiva respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR ÚNICA OCASIÓN A LA PARTE QUEJOSA, EN EL CORREO QUE PROPORCIONO EN SU DEMANDA DE AMPARO.
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