Adrián Rosalio Hernández Corona

Expediente 944/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
944/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
11/05/2023

Partes del expediente

  • Adrián Rosalio Hernández Corona
  • Dirección de Transito Y Vialidad de Yautepec, Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el escrito signado por ****** ******** *********, a través del cual revoca la designación como delegada a ****** ******** *********, y solicita la baja del usuario "***************" para la consulta del expediente electrónico. De lo anterior se toma conocimiento; en consideración a la solicitud de la autoridad responsable; se tiene por hecha la revocación designada y la baja del usuario proporcionado. Por otra parte, se instruye al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado que autorice el acceso a los usuarios "******************** y ********************, la consulta del Expediente Electrónico del presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 944/2021-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 944/2021-V, promovido por Adrián Rosalío Hernández Corona; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el treinta de julio de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el dos de agosto de año en este órgano jurisdiccional, Adrián Rosalío Hernández Corona solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Yautepec, Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de tres de agosto de dos mil veintiuno se previno la demanda y una vez subsanada, por auto veintitrés de agosto de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; donde radica la autoridad responsable emisora del acto reclamado y tiene ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado es la negativa de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Yautepec, Morelos para devolver físicamente de la unidad vehicular puesta a disposición por una infracción al reglamento de tránsito ante el depósito o corralón "Grúas Martínez", con las características siguientes: Volkswagen, tipo ATLANTICS, modelo 1987, con permiso para circular con número de folio 080/SSPGRO/2018-2021, con número de serie 17HO293491, con motor número NV032362. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, con número de registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado, en virtud de que así lo señaló la autoridad responsable al rendir su informe, quien refirió haber impuesto la infracción folio 206,086 de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, con motivo de la comisión de una infracción al reglamento de tránsito. Se aprecia ello, mediante la fotocopia certificada del documento donde aparece dicha infracción, así como con la constancia de inventario de vehículos detenidos, folio 19039 de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, en la negociación "Grúas Hnos. Martínez", exhibidos por la responsable como anexos de su informe justificado, a las cuales se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.). Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la tesis 2a. LXXX/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1854, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, Décima Época, Materia Común, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la agraviada acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Sin embargo, es preciso señalar, que, en el caso, de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo la quejosa se encuentra obligada a justificar que tiene interés jurídico, pues reclama actos provenientes de autoridad administrativa a quien atribuye afectación a la titularidad del vehículo cuya negativa de devolución material combate, descartándose, por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los dispositivos reproducidos se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. A mayor abundamiento, el juicio de amparo tiene por objeto proteger al quejoso contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden. Ahora, es cierto que quedó demostrada la existencia del acto reclamado, atento a que la autoridad responsable aceptó la imposición de la multa folio 206,068 de veintiocho de julio del año en curso, respecto del vehículo automotor que refiere el quejoso, en virtud de conducir bajos los efectos del alcohol. Asimismo, indicó que se encontraba depositado en el corralón Grúas Martínez, por lo que el peticionario debe realizar el trámite correspondiente para la devolución del citado vehículo. Sin embargo, el quejoso no acreditó la titularidad del vehículo que defiende por esta vía, pues para tal efecto ofreció una documental en copia simple de la multa folio 206,068 de veintiocho de julio del año en curso a nombre de Adrián Rosalio. La anterior documental tiene valor probatorio, porque está adminiculada con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, de la que se desprende únicamente la existencia de la infracción identificada con el folio 206,068, pero no, que al quejoso le asista la titularidad de dicho vehículo automotor. De igual manera, es insuficiente para demostrar el interés del quejoso la fotocopia simple de la factura 16851, respecto al vehículo Volkswagen Atlantic, modelo 1987, serie 16H0293491, donde aparece como propietario Javier Ancona Juanes. Lo anterior, primero, porque dicho documento no es idóneo para acreditar la titularidad del citado vehículo, en razón de que se advierte que el propietario del vehículo es una persona diferente al quejoso; segundo, porque se trata de una fotocopia simple. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Por ello, debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrar en el juicio de amparo el interés jurídico. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 21/98, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Abril de 1998, página 213, Novena Época, Materias(s): Registro digital: 196457, con el rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN.". Aunado a lo anterior, las demás pruebas que obran en el juicio tampoco aportan datos que acrediten que la titularidad de la posesión o propiedad del vehículo automotor le asisten al aquí peticionario del amparo, ya que tanto la boleta de infracción y el inventario folio 19039 relativo al depósito del vehículo en la negociación "Grúas Hnos Martínez", lo único que demuestran es que a Adrián Rosalío Hernández Corona se le impuso una multa con motivo de la infracción al reglamento de tránsito, al ser quien conducía el vehículo automotor bajo los efectos del alcohol. Por tanto, con fundamento en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se determina que tales documentos permiten acreditar que fue el aquí quejoso quien condujo el citado vehículo y le fue impuesta la infracción y la respectiva multa, pero no tienen el alcance demostrativo alguno relativo a que es el propietario o le asiste la posesión bajo alguna figura legal. Al reclamarse en el juicio de amparo la negativa a devolver el vehículo descrito, que implica afectación o menoscabo del derecho de posesión que se hace derivar directamente de la propiedad, el interés jurídico debe demostrarse mediante la comprobación fehaciente de la propiedad que se ostenta. Lo anterior, se logra a través de la exhibición de la factura que ampare la propiedad o posesión, o algún otro documento que se le equipare, del cual se desprenda que el quejoso es el actual titular del vehículo, toda vez que si de esa titularidad hace derivar el derecho de posesión que considera afectado por los actos de autoridad, no es un simple derecho detentatorio el que se defiende, sino la posesión emanada de la propiedad, es decir, la posesión originaria, por lo que en este sentido, su interés jurídico para promover el amparo quedará acreditado con las documentales que prueben esa propiedad. En lo conducente, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 118/2005, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Octubre de 2005, página 353, Registro digital: 176969, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias(s): Penal, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. TRATÁNDOSE DEL DESPOSEIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NO ES IDÓNEA PARA DEMOSTRARLO UNA FACTURA CUYA FALSEDAD HA SIDO DECLARADA POR AUTORIDAD JURISDICCIONAL, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO LEGÍTIMO PROPIETARIO. Cuando los actos reclamados en el juicio de amparo consisten en despojo, secuestro o decomiso de un vehículo, entre otros de la misma naturaleza que implican afectación o menoscabo del derecho de posesión que se hace derivar directamente de la propiedad, el interés jurídico debe demostrarse mediante la comprobación fehaciente de la propiedad que se ostenta. Lo anterior, se logra a través de la exhibición de la factura que ampare la propiedad o posesión, o algún otro documento que se le equipare, del cual se desprenda que el quejoso es el actual titular del vehículo, toda vez que si de esa titularidad hace derivar el derecho de posesión que considera afectado por los actos de autoridad, no es un simple derecho detentatorio el que se defiende, sino la posesión emanada de la propiedad, es decir, la posesión originaria, por lo que en este sentido, su interés jurídico para promover el amparo quedará acreditado con las documentales que prueben esa propiedad. Sin embargo, cuando una autoridad jurisdiccional determina en su resolución la falsedad de la factura con la que pretende acreditarse la propiedad y la consecuente posesión originaria, es inconcuso que no puede considerarse que esa documental constituye un indicio y menos aún un elemento probatorio fehaciente que acredite esa titularidad, pues su falta de autenticidad no sólo determina la invalidez del documento, sino de todos los derechos u obligaciones que de él se hacen derivar, lo que determina que no se logren acreditar los extremos pretendidos por el oferente y, consecuentemente, su interés jurídico para promover el juicio de garantías contra los actos de autoridad atentatorios de la pretendida propiedad o posesión. Caso contrario sucede cuando dentro de una averiguación previa existen indicios contra la veracidad del documento con que pretende demostrarse la propiedad y la consecuente posesión de un vehículo, pues para que a aquél pueda negársele valor probatorio, no basta la simple presunción de falsedad que emana de las actuaciones realizadas en esa etapa investigatoria, sino que se requiere una certeza jurídica plena, la cual se logra únicamente cuando la falsedad ha sido declarada por autoridad jurisdiccional, pues además de que es en un juicio donde el gobernado puede ofrecer las pruebas que considere oportunas, son las autoridades jurisdiccionales las únicas facultadas para establecer la verdad jurídica de los hechos sometidos a su jurisdicción a partir de la valoración de los elementos probatorios correspondientes." Consecuentemente, los documentos exhibidos en el juicio por la parte quejosa, no acreditan que es propietario del vehículo Volkswagen, tipo ATLANTICS, modelo 1987, con permiso para circular con número de folio 080/SSPGRO/2018-2021, con número de serie 17HO293491, con motor número NV032362, por lo que al no demostrarse el interés jurídico para combatir la negativa de devolución material, siendo precisamente al quejoso a quien le corresponde acreditar tal extremo. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, Registro digital: 170500, Novena Época, Materias(s): Común, con el rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". Al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, se sobreseerse en el juicio, de conformidad con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. QUINTO. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Adrián Rosalío Hernández Corona, contra el acto reclamado y la autoridad precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos señalados en la consideración última de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe.Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 944/2021-V, promovido por Adrián Rosalío Hernández Corona; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el treinta de julio de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el dos de agosto de año en este órgano jurisdiccional, Adrián Rosalío Hernández Corona solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Yautepec, Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de tres de agosto de dos mil veintiuno se previno la demanda y una vez subsanada, por auto veintitrés de agosto de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; donde radica la autoridad responsable emisora del acto reclamado y tiene ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado es la negativa de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Yautepec, Morelos para devolver físicamente de la unidad vehicular puesta a disposición por una infracción al reglamento de tránsito ante el depósito o corralón "Grúas Martínez", con las características siguientes: Volkswagen, tipo ATLANTICS, modelo 1987, con permiso para circular con número de folio 080/SSPGRO/2018-2021, con número de serie 17HO293491, con motor número NV032362. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, con número de registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado, en virtud de que así lo señaló la autoridad responsable al rendir su informe, quien refirió haber impuesto la infracción folio 206,086 de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, con motivo de la comisión de una infracción al reglamento de tránsito. Se aprecia ello, mediante la fotocopia certificada del documento donde aparece dicha infracción, así como con la constancia de inventario de vehículos detenidos, folio 19039 de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, en la negociación "Grúas Hnos. Martínez", exhibidos por la responsable como anexos de su informe justificado, a las cuales se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.). Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la tesis 2a. LXXX/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1854, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, Décima Época, Materia Común, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la agraviada acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Sin embargo, es preciso señalar, que, en el caso, de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo la quejosa se encuentra obligada a justificar que tiene interés jurídico, pues reclama actos provenientes de autoridad administrativa a quien atribuye afectación a la titularidad del vehículo cuya negativa de devolución material combate, descartándose, por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los dispositivos reproducidos se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. A mayor abundamiento, el juicio de amparo tiene por objeto proteger al quejoso contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden. Ahora, es cierto que quedó demostrada la existencia del acto reclamado, atento a que la autoridad responsable aceptó la imposición de la multa folio 206,068 de veintiocho de julio del año en curso, respecto del vehículo automotor que refiere el quejoso, en virtud de conducir bajos los efectos del alcohol. Asimismo, indicó que se encontraba depositado en el corralón Grúas Martínez, por lo que el peticionario debe realizar el trámite correspondiente para la devolución del citado vehículo. Sin embargo, el quejoso no acreditó la titularidad del vehículo que defiende por esta vía, pues para tal efecto ofreció una documental en copia simple de la multa folio 206,068 de veintiocho de julio del año en curso a nombre de Adrián Rosalio. La anterior documental tiene valor probatorio, porque está adminiculada con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, de la que se desprende únicamente la existencia de la infracción identificada con el folio 206,068, pero no, que al quejoso le asista la titularidad de dicho vehículo automotor. De igual manera, es insuficiente para demostrar el interés del quejoso la fotocopia simple de la factura 16851, respecto al vehículo Volkswagen Atlantic, modelo 1987, serie 16H0293491, donde aparece como propietario Javier Ancona Juanes. Lo anterior, primero, porque dicho documento no es idóneo para acreditar la titularidad del citado vehículo, en razón de que se advierte que el propietario del vehículo es una persona diferente al quejoso; segundo, porque se trata de una fotocopia simple. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial. Por ello, debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrar en el juicio de amparo el interés jurídico. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 21/98, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Abril de 1998, página 213, Novena Época, Materias(s): Registro digital: 196457, con el rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN.". Aunado a lo anterior, las demás pruebas que obran en el juicio tampoco aportan datos que acrediten que la titularidad de la posesión o propiedad del vehículo automotor le asisten al aquí peticionario del amparo, ya que tanto la boleta de infracción y el inventario folio 19039 relativo al depósito del vehículo en la negociación "Grúas Hnos Martínez", lo único que demuestran es que a Adrián Rosalío Hernández Corona se le impuso una multa con motivo de la infracción al reglamento de tránsito, al ser quien conducía el vehículo automotor bajo los efectos del alcohol. Por tanto, con fundamento en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se determina que tales documentos permiten acreditar que fue el aquí quejoso quien condujo el citado vehículo y le fue impuesta la infracción y la respectiva multa, pero no tienen el alcance demostrativo alguno relativo a que es el propietario o le asiste la posesión bajo alguna figura legal. Al reclamarse en el juicio de amparo la negativa a devolver el vehículo descrito, que implica afectación o menoscabo del derecho de posesión que se hace derivar directamente de la propiedad, el interés jurídico debe demostrarse mediante la comprobación fehaciente de la propiedad que se ostenta. Lo anterior, se logra a través de la exhibición de la factura que ampare la propiedad o posesión, o algún otro documento que se le equipare, del cual se desprenda que el quejoso es el actual titular del vehículo, toda vez que si de esa titularidad hace derivar el derecho de posesión que considera afectado por los actos de autoridad, no es un simple derecho detentatorio el que se defiende, sino la posesión emanada de la propiedad, es decir, la posesión originaria, por lo que en este sentido, su interés jurídico para promover el amparo quedará acreditado con las documentales que prueben esa propiedad. En lo conducente, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 118/2005, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Octubre de 2005, página 353, Registro digital: 176969, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias(s): Penal, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. TRATÁNDOSE DEL DESPOSEIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NO ES IDÓNEA PARA DEMOSTRARLO UNA FACTURA CUYA FALSEDAD HA SIDO DECLARADA POR AUTORIDAD JURISDICCIONAL, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO LEGÍTIMO PROPIETARIO. Cuando los actos reclamados en el juicio de amparo consisten en despojo, secuestro o decomiso de un vehículo, entre otros de la misma naturaleza que implican afectación o menoscabo del derecho de posesión que se hace derivar directamente de la propiedad, el interés jurídico debe demostrarse mediante la comprobación fehaciente de la propiedad que se ostenta. Lo anterior, se logra a través de la exhibición de la factura que ampare la propiedad o posesión, o algún otro documento que se le equipare, del cual se desprenda que el quejoso es el actual titular del vehículo, toda vez que si de esa titularidad hace derivar el derecho de posesión que considera afectado por los actos de autoridad, no es un simple derecho detentatorio el que se defiende, sino la posesión emanada de la propiedad, es decir, la posesión originaria, por lo que en este sentido, su interés jurídico para promover el amparo quedará acreditado con las documentales que prueben esa propiedad. Sin embargo, cuando una autoridad jurisdiccional determina en su resolución la falsedad de la factura con la que pretende acreditarse la propiedad y la consecuente posesión originaria, es inconcuso que no puede considerarse que esa documental constituye un indicio y menos aún un elemento probatorio fehaciente que acredite esa titularidad, pues su falta de autenticidad no sólo determina la invalidez del documento, sino de todos los derechos u obligaciones que de él se hacen derivar, lo que determina que no se logren acreditar los extremos pretendidos por el oferente y, consecuentemente, su interés jurídico para promover el juicio de garantías contra los actos de autoridad atentatorios de la pretendida propiedad o posesión. Caso contrario sucede cuando dentro de una averiguación previa existen indicios contra la veracidad del documento con que pretende demostrarse la propiedad y la consecuente posesión de un vehículo, pues para que a aquél pueda negársele valor probatorio, no basta la simple presunción de falsedad que emana de las actuaciones realizadas en esa etapa investigatoria, sino que se requiere una certeza jurídica plena, la cual se logra únicamente cuando la falsedad ha sido declarada por autoridad jurisdiccional, pues además de que es en un juicio donde el gobernado puede ofrecer las pruebas que considere oportunas, son las autoridades jurisdiccionales las únicas facultadas para establecer la verdad jurídica de los hechos sometidos a su jurisdicción a partir de la valoración de los elementos probatorios correspondientes." Consecuentemente, los documentos exhibidos en el juicio por la parte quejosa, no acreditan que es propietario del vehículo Volkswagen, tipo ATLANTICS, modelo 1987, con permiso para circular con número de folio 080/SSPGRO/2018-2021, con número de serie 17HO293491, con motor número NV032362, por lo que al no demostrarse el interés jurídico para combatir la negativa de devolución material, siendo precisamente al quejoso a quien le corresponde acreditar tal extremo. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225, Registro digital: 170500, Novena Época, Materias(s): Común, con el rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". Al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, se sobreseerse en el juicio, de conformidad con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. QUINTO. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Adrián Rosalío Hernández Corona, contra el acto reclamado y la autoridad precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos señalados en la consideración última de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 944/2021-V, se advierte que no obra en autos proveído en el que se haya informado a las partes del cambio de Titular en este Órgano Jurisdiccional. En ese sentido, hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano