Adrian Rosales Delgado y Otros.

Expediente 791/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
791/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Adrian Rosales Delgado y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos que guardan los presentes autos y apreciando que no se recurrió la determinación de cinco de junio del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Pérez Hernández y otros, contra actos de la Comisión Electoral del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Juárez del Estados de Durango; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de se declara que ha causado estado dicha resolución. II. Archivo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. III. Valoración del expediente. Este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, X del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las ia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que carece de relevancia documental y no encuadra en las hipótesis contempladas en los numerales 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, por lo que en términos del artículo 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio presentado por el licenciado autorizado de la quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y, como lo solicita, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo con los usuarios "***" y "***". Por otra parte, previo acordar la devolución del billete de depósito ***, por la cantidad de $****), que se peticiona en el ocurso de cuenta, requiérase la parte quejosa para que dentro del término de tres días ratifique el escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el que solicitó la devolución de dicha garantía, autorizando para fuera entregada y expedido a nombre del licenciado **; se le apercibe que de no hacerlo, se ordenará la entrega al directo quejoso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA CINCO DE JUNIO DEL AÑO 2023 Durango, Durango, a cinco de junio de dos mil veintitrés. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por ********************, contra actos de la Comisión Electoral del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Juárez del Estado de Durango . II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 791/2023. III. Decisión sobre la instancia. Desechamiento. Luego, del análisis de la demanda se advierte que es improcedente y debe desecharse. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio y, que si se encontrare motivo manifiesto e indudable de inviabilidad al examinar la demanda, debe desecharse de plano. Por motivo "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.].". La interpretación sistemática de ambos preceptos establecen la improcedencia del juicio de amparo contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, únicamente los que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Luego, el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Ese precepto consagra el derecho de petición, que consiste en que las autoridades deben responder en breve término al gobernado cualquier gestión que les formule, siempre que se haga por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Dicha disposición constitucional no establece un plazo en el que las autoridades deben dar contestación a las solicitudes presentadas por los gobernados, limitándose a señalar que las personas funcionarias y empleadas públicas tiene la obligación de dar una respuesta en "breve término". El "breve término" para dar respuesta a una solicitud formulada bajo el derecho de petición, ha sido objeto de interpretación por parte del Alto Tribunal. Al respecto, en su momento la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, si transcurrían más de cuatro meses sin dar repuesta, implicaba una transgresión al derecho de petición. Así lo informa la jurisprudencia 470 de la aludida Segunda Sala, que dispone lo siguiente: "Registro digital: 395221 Instancia: Segunda Sala Quinta Época Materias(s): Administrativa Tesis: 470 Fuente: Apéndice de 1975. Parte III, Sección Administrativa, página 767 Tipo: Jurisprudencia PETICIÓN, DERECHO DE. TÉRMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional. Quinta Época: Tomo XLIX, pág. 40. Amparo en revisión 2924/36. González Daniel. 3 de julio de 1936. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Tomo L, pág. 716. Amparo en revisión 3882/36. Vico López Manuel. 28 de octubre de 1936. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Tomo L, pág. 729. Amparo en revisión 1450/36. Solares María. 29 de octubre de 1936. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Tomo L. pág. 1173. Amparo en revisión 3885/36. "La Impulsora", Cía. de Bienes Inmuebles, S. A. 12 de noviembre de 1936. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Tomo L. pág. 2009. Amparo en revisión 2050/36. Blanes López Antonio. 10 de diciembre de 1936. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, tesis 132, pág. 90 En los Apéndices 1917-1954 y 1917-1965, difiere rubro: "PETICION, DERECHO DE."". En la contradicción de tesis 49/2018, el Pleno del Alto Tribunal precisó que esa jurisprudencia no fijaba un plazo máximo para dar respuesta a una petición, sino lo que se estableció fue una consideración acerca de que no hay duda de la violación al derecho de petición si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta una petición por escrito y no recae ningún acuerdo a él; aunque orienta sobre la temporalidad que en cierto modo constituye un parámetro previamente calificado como violatorio de ese derecho. La indefinición de lo que debe entenderse por "breve término" motivó diverso criterio aislado de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, quien consideró que aquél debe entenderse como el tiempo en el que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. De esa manera quedó establecido en la tesis siguiente: "Registro digital: 268307 Instancia: Segunda Sala Sexta Época Materias(s): Constitucional Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXIII, Tercera Parte, página 39 Tipo: Aislada PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. Amparo en revisión 2907/67. Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera "Baja California", F. C. L. y coagraviado. 27 de septiembre de 1967. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Sexta Época, Tercera Parte: Volumen CVI, página 74. Amparo en revisión 9258/65. Fletes de México, S. A. de C. V. 27 de abril de 1966. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Volumen CVI, página 74. Amparo en revisión 7050/65. Comité Ejecutivo Agrario del Poblado de Santa Ana Amatlán, Municipio de Buena Vista Tonatlán, Michoacán. 21 de abril de 1966. Cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volumen XXII, página 72. Amparo en revisión 6798/58. Laboratorios "Lepetit de México", S. A. 1 de abril de 1959. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Nota: En el Volumen XXII, página 72, esta tesis apareció bajo el rubro "PETICION. CONCEPTO DE 'BREVE TERMINO'.".". Bajo esas premisas, se concluye que el "breve término" debe entenderse como el periodo racional y justificado para estudiar y acordar la petición, de acuerdo con su complejidad, las circunstancias específicas del caso y las cargas de trabajo de la autoridad; además, se considera factible atender los plazos máximos que para ello fijen las leyes, a fin de interpretar de forma complementaria el precepto 8º de la Carta Magna para establecer un parámetro máximo para que las autoridades den respuesta a una petición. En la especie, la parte quejosa reclama la omisión de la Comisión Electoral del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Juárez del Estado de Durango, de dar contestación al escrito que le fue presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. En tal virtud, aun cuando exista la omisión de dar respuesta a la petición de los quejosos, ello no vulnera el derecho de petición en tanto la autoridad se encuentra dentro del plazo para atender la solicitud. Luego, se tiene en cuenta que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -uno de junio de dos mil veintitrés- únicamente habían transcurrido siete días naturales, contados a partir del día siguiente al de la petición. Por lo que, la autoridad responsable se encuentra dentro de un plazo prudente para emitir la contestación respectiva, que tomando en cuenta la su naturaleza sindical puede fijarse como de cuarenta y cinco días; de manera que no sería posible el análisis de alguna violación de derechos humanos, precisamente porque la dilación impugnada -hasta ese momento- no sería de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo indirecto. Es ilustrativa al respecto, la jurisprudencia: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2025625 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 63/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo II, página 1456 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO EN MATERIA LABORAL. PARA QUE RESULTE PROCEDENTE CONTRA DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS EN EL DICTADO DEL LAUDO, ES NECESARIO QUE EL PLAZO RAZONABLE DE MÁS DE 45 DÍAS NATURALES AL QUE HACE REFERENCIA LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), HAYA TRANSCURRIDO A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si para efectos de la procedencia del amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo o si dicho plazo puede agotarse, incluso, durante la secuela procesal del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que para que resulte procedente el amparo indirecto contra dilaciones excesivas en el dictado del laudo, el plazo razonable de más de 45 días naturales al que hace referencia la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), necesariamente debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Justificación: Conforme a la referida jurisprudencia, para poder considerar que una dilación en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, es de "imposible reparación", para efectos de la procedencia del amparo indirecto, conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable que hayan transcurrido más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Lo que significa, a contrario sensu, que si no ha transcurrido ese plazo razonable, que como prerrogativa otorgó la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no sería posible el análisis de alguna violación de derechos humanos alegada, precisamente porque la dilación procesal impugnada -hasta ese momento- no sería de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo indirecto; de ahí la necesidad de que el plazo razonable al que hace alusión la referida jurisprudencia debe haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que a partir de ese momento el Juez de Distrito podrá determinar si el acto reclamado actualiza o no el supuesto de procedencia del amparo indirecto al que hace referencia, puesto que, de no ser el caso, tendría que proceder conforme lo establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. De no considerarlo así y, por el contrario, de estimar que la actualización del supuesto al que alude el criterio jurisprudencial puede concretarse durante la sustanciación del proceso, se estaría ignorando el principio de agravio personal y directo reconocido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución, el cual exige una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso a fin de poder intentar la acción de amparo, lo que en el caso se traduce en la existencia de una dilación procesal de más de 45 días naturales. Contradicción de criterios 171/2022. Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Primero del Décimo Circuito, Tercero del Vigésimo Séptimo Circuito y Décimo Cuarto en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 28 de septiembre de 2022. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y Yasmín Esquivel Mossa. Ausente: Luis María Aguilar Morales. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Óscar Vázquez Moreno. Tesis y criterio contendientes: El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver las quejas 69/2020 y 18/2021, las cuales dieron origen a la tesis aislada I.14o.T.10 L (11a.), de rubro: "AMPARO INDIRECTO CONTRA LA OMISIÓN DE DICTAR EL LAUDO. PROCEDE AUN CUANDO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA NO HAYAN TRANSCURRIDO LOS 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE CONCLUYÓ EL PLAZO PARA EMITIRLO, SI ÉSTE SE COLMA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de diciembre de 2021 a las 10:22 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 8, Tomo III, diciembre de 2021, página 2219, con número de registro digital: 2023924; y, El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 360/2021. Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) citada, aparece publicada con el rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS.", en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de marzo de 2019 a las 10:04 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Tomo II, marzo de 2019, página 1643, con número de registro digital: 2019400. Tesis de jurisprudencia 63/2022 (11a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Esta tesis se publicó el viernes 09 de diciembre de 2022 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de diciembre de 2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021." En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda contra la omisión que se reclama. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. a. Domicilio. Téngaseles como domicilio para oír y recibir notificaciones en calle San Luis Potosí, colonia Morga de esta ciudad. b. Representante común. Como lo solicitan, téngase como representante común de los quejosos a ********************. b. Autorizados. Se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************. V. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VI. Firma del presente acuerdo. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo. VII. Digitalización e incorporación de constancias físicas al expediente electrónico. En términos del artículo 263, fracciones II y V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los documentos recibidos físicamente deberán ser digitalizados e incorporados al expediente electrónico mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por la persona funcionaria pública a la que sea encomendada esa labor; en el entendido que las constancias físicas deberán coincidir con las integradas al expediente electrónico. Notifíquese. Así acordó y firma la licenciada Ruth Haggi Huerta García, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Durango, ante el licenciado Víctor Manuel Sarmiento Vázquez, Secretario quien autoriza y da fe.- Doy fe.

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