Adrián Romero Ramírez
Expediente 63/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 63/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/10/2021
Partes del expediente
- Adrián Romero Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad de México, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que uno de los actos que se tuvo como acto destacado es: la desaparición forzada de ***************, como violación grave de derechos humanos; atento a ello, en auto de seis de enero de dos mil veinte, se concedió la suspensión de plano a efecto de que cesara dicho acto. En atención a lo anterior, es evidente que las autoridades responsables están obligadas a realizar todos los actos inherentes a su cargo para que se ordenen las investigaciones correspondientes a fin de localizar al directo agraviado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, a efecto de que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remitan copia certificada, legible, de forma clara y ordenada, de las constancias con las que acrediten únicamente los actos de investigación tendentes a la localización del directo quejoso *************, así como aquellas que le dieron sustento, o bien, informen la imposibilidad que tienen para ello. Asimismo, deberán informar el estado procesal que guarda la averiguación previa **************, así como la diversa averiguación previa ****************, respectivamente. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo con fundamento en los artículos 237, fracción I, relacionado con el 259 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Difiere Para dar margen a que transcurra dicho plazo, se difiere la aludida audiencia constitucional y, para su verificativo, se señalan las ocho horas con quince minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese los oficios signados por el Secretario de Acuerdos del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante los cuales, en el primero de ellos comunica la determinación por la que resolvió avocarse al conocimiento de la queja penal 26/2021 de su índice, en virtud de que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, acordó no conocer de la misma. Ahora bien, por lo que hace al segundo de los oficios de cuenta, téngase al Secretario del Tribunal Colegiado antes referido, remitiendo copia certificada de la resolución aprobada en sesión de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el Q.P. 26/2021, formado con motivo del recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, en contra del auto de cuatro de marzo actual dictado por este juzgado, ejecutoria en la que se determinó: "Único. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por ************.". Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, inclúyase al expediente principal el oficio y testimonio de referencia. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley de la materia, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Acuse de colegiado Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual comunica la determinación por la que se acusa recibo del oficio con el que se le remitió copia certificada del juicio de amparo 63/2021-I, promovido por ***********, así como original del escrito por medio del cual la parte quejosa interpuso recurso de queja e informa que registro dicho recurso, con el número de expediente Q. P. 26/2021. Por otra parte, la oficiante informa que en atención a lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso b), considera que la queja tiene el carácter de urgente. Por tanto, remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, la queja antes referida para que se turne al Tribunal Colegiado que corresponda conforme al sistema aleatorio.Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Escrito de desahogo de prevención Glósese el escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual da cumplimiento a la prevención de dos de marzo de dos mil veintiuno, en los términos siguientes: -Por lo que hace al punto uno, precisa como actos reclamados los siguientes: La omisión del Agente del Ministerio Público de realizar actos de investigación en la carpeta de investigación ***. La omisión de dictar auto de no ejercicio de la acción penal en la citada indagatoria. En el escrito que se atiende la parte quejosa concretó que tales actos son los principales, por lo que los restantes aludidos en el inicial están estrechamente vinculados con las omisiones centrales que aquí desahogó. Asimismo, conviene destacar que del escrito inicial y aclaratorios, se advierte que el promovente tiene el carácter de denunciante dentro de la carpeta de investigación ***; y como indiciada la tercero interesada Cindy Candy Ortega. Siendo esto así, en esencia, SE LE TIENE POR CUMPLIDA LA PREVENCIÓN formulada en autos. Desechamiento No obstante lo anterior, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Así es, el citado artículo 113 de la ley de la materia, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la lectura integral de la demanda, se observa que los actos que por esta vía impugna la parte quejosa, consisten en: a) La omisión del Agente del Ministerio Público de realizar actos de investigación en la carpeta de investigación *** b) La omisión de dictar auto de no ejercicio de la acción penal en la citada indagatoria. En ese sentido, este juzgador considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.).". El análisis del precepto legal transcrito, pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso, antes de la presentación de este medio extraordinario de defensa, no agotó el recurso ordinario establecido en la ley que rige el acto reclamado, mediante el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; es decir, el juicio de amparo, por regla general, es procedente en contra de actos definitivos que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno, respetándose de esta forma el principio de definitividad rector del juicio de amparo. Esto es, la improcedencia en cita se manifiesta al no haber interpuesto el quejoso contra la abstención de investigar y la omisión de dictar el no ejercicio de la acción penal por parte del ministerio público el medio ordinario de defensa contemplado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, conviene señalar que el artículo 20 constitucional menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, en cuyo apartado C se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen en que se investiguen los hechos que posiblemente constituyan la comisión de un delito que les agravió. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, reconoce dos recursos como medios de impugnación para subsanar las omisiones, excesos, defectos y en general, cualquier error que se estime cometido durante el procedimiento que regula, a saber, la revocación (recurso horizontal) y la apelación (recurso vertical), y establece algunos supuestos de procedencia así como la forma de sustanciación y resolución de los mismos. De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrán -en su caso- impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el juez de control facultado para tal efecto, dentro del sistema acusatorio que rige en el territorio nacional, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente que dentro del nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad y, en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita, proceda el juicio de amparo. Luego, la inactividad del agente investigador para cumplir con sus atribuciones en favor de los intereses de la víctima u ofendido, constituye una omisión que vulnera los derechos reconocidos en su favor para acceder a la justicia que busca, omisión que debe considerarse impugnable a través de un medio ordinario, porque así lo establece el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este orden de ideas, al interpretar sistemáticamente las citadas normas -de jerarquía constitucional y legal-, y con la finalidad de armonizar el sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, de la víctima u ofendido, se concluye que la "omisión" o "negligencia" del agente del Ministerio Público de cumplir con sus labores de investigación, es impugnable en términos de lo previsto en el referido artículo 258 de tal codificación. Ello, ya que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que son impugnables ante el Juez de Control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas a las víctimas u ofendidos, las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. En este sentido, de una interpretación sistemática, funcional y extensiva de los preceptos citados, se desprende que las determinaciones de la representación social en el desempeño de su labor investigadora deben sujetarse a control judicial, las cuales no pueden limitarse de manera taxativa a las hipótesis antes descritas, sino en general, a toda actuación que tenga como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, dentro de las cuales se encuentran las omisiones de la representación social en la etapa de investigación, porque su actuar supone la paralización de la función investigadora. En tal virtud, las omisiones del ministerio público que constituyen los actos reclamados resultan impugnables mediante el recurso previsto en el artículo 258 del código invocado, pues ese precepto prevé el medio de defensa que tiene la víctima para recurrir en sede ordinaria cualquier omisión de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, con la finalidad de que sea un Juez de Control, quien en audiencia establezca si la actuación del órgano investigador es o no legal. Por tanto, si en la especie el quejoso reclama en esencia las omisiones señaladas en párrafos que anteceden, resulta inconcuso que sí cuenta con un medio de impugnación que debe agotar, previo a la promoción del juicio de amparo. En consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA, por notoriamente improcedente. Sobre el tema es importante acudir a la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad.". Interposición de recurso de queja Finalmente, se advierte que la parte quejosa interpone recurso de queja contra el proveído de cuatro de marzo de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación. En ese contexto, no es procedente notificar a las partes, dado que la naturaleza del acto por el que se interpone el presente recurso no las involucra, por tanto, envíese el original del escrito en comento, al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, EN TURNO, para los efectos legales a que haya lugar; como lo ordena artículo 101 de la Ley de Amparo, remítanse copia certificada de las constancias necesarias a fin de que el tribunal de alzada substancie el recurso interpuesto por la parte quejosa. Asimismo, hágase del conocimiento de la superioridad, que este Órgano Jurisdiccional, rinde el referido informe comunicándole que ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, únicamente en la medida en que en proveído de cuatro de marzo actual, este juzgado federal dictó una prevención; sin embargo, a la fecha en que el promovente refiere le fue negada la suspensión solicitada, la demanda de amparo no había sido admitida, pues como se desprende en párrafos anteriores, se encontraba pendiente de aclaración por parte del justiciable. Notifíquese personalmente al quejoso.
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