Adrián Rodríguez Hernández y Otros.

Expediente 82/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
82/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
19/03/2021

Partes del expediente

  • Adrián Rodríguez Hernández y Otros.
  • Adrián Rodríguez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vistos; el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se determina: El auto por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. DEVOLUCIÓN DE TOCA DE APELACIÓN. Del sumario se aprecia que en el proveído de radicación se recibieron entre otras constancias, los autos originales del toca de apelación 465/2020 de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Los cuales fueron remitidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz. Al haberse declarado legalmente incompetente para conocer de la demanda que dio origen a este asunto. Sin embargo, resulta innecesario seguirlos conservando, ya que el presente expediente está concluido. Mediante oficio que al efecto se libre devuélvase a su lugar de origen. Se requiere a la Sala responsable para que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción acuse de recibo, para estar en aptitud de remitir este expediente materialmente al archivo.

  2. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, once de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio mediante el cual la Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa remite debidamente diligenciado el exhorto 12/2021-II orden 32/2021-II de este índice, girado en el sumario para notificar a los quejosos ********** y **********. Sin que sea necesario acusar recibo. La autoridad exhortada no lo solicitó por ya contar con éste, tomando en cuenta que la constancia relativa la genera el sistema electrónico correspondiente. Dese de baja en el libro de gobierno correspondiente. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de las constancias que integran la referida comunicación, se aprecia el ocho de marzo del año en curso, la homóloga federal notificó a los aludidos impetrantes por lista de acuerdos. Por lo tanto, se les tiene por enterados del auto de desechamiento emitido en el sumario. La parte quejosa no señaló domicilio en donde oír y recibir notificaciones en esta ciudad o en la conurbada de Veracruz, Veracruz. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aún de carácter personal, hágasele por lista de acuerdos, hasta en tanto designe alguno para tal efecto. Para lo cual tiene expeditos sus derechos. Notifíquese..."

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Fórmese expediente con el oficio (con anexos) signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, por el cual remite lo siguiente: 1) Oficio 1827, relativo al informe justificado rendido por los Magistrados integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. 2) Escrito original -con copia- de demanda de amparo directo promovida por Adrián Rodríguez Hernández y María del Socorro Ramírez Becerra. 3) Copia simple de una cédula profesional (a nombre de José Nicolás Severino Sánchez, autorizado de los quejosos). 4) Dos copias de credenciales para votar (a nombre de los solicitantes del amparo). 5) Razón de imposibilidad de veintidós de octubre de dos mil veinte. 6) Oficio 1880 signado por el titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz en vía de informe justificado. 7) Toca del apelación 465/2020 del índice de la Sala mencionada. 8) Copia certificada del auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte emitido en el amparo directo 414/2020 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa. Asimismo, se advierte la Superioridad declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, por las razones y los fundamentos expuestos en el proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte aludido en el párrafo anterior. El cual causó estado el doce de enero pasado. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede al conocimiento del presente asunto. Acúsese recibo. Regístrese con el número 82/2021-II que le correspondió. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). -DESECHAMIENTO- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de causa de improcedencia del presente juicio constitucional, la cual se analizará a continuación. De la lectura íntegra de la demanda se aprecia el acto reclamado consiste en: - La sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veinte dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en el toca de apelación 465/2020, que confirmó la resolución de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en la audiencia de remate en sección de ejecución del juicio 1867/2015 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz. La parte quejosa relata como antecedentes -en lo destacado- bajo protesta de decir verdad: - Que en el expediente 1867/2015 fue demandada por Héctor Muñiz Lagunes, en representación de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable, por vencimiento anticipado de plazo de pago. - Seguido el proceso, el cuatro de mayo de dos mil dieciséis se dictó la sentencia definitiva. Modificada en el toca de apelación 205/2017 por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. En la que resolvió condenar a los aquí quejosos al pago de la cantidad ahí descrita. - En sección de ejecución, por interlocutoria de doce de agosto de dos mil diecinueve, el juez de origen aprobó la planilla de liquidación de intereses ordinarios y moratorios formulada por la parte actora. - El tres de septiembre de dos mil diecinueve, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de remate, siendo la base para la subasta la cantidad de dos millones quinientos mil pesos moneda nacional ($2'500,000.00). La cual tuvo verificativo el treinta de septiembre siguiente. - Contra la referida audiencia, la parte quejosa interpuso recurso de apelación. Radicado bajo el número 465/2020 del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. - Por resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, la Sala responsable determinó confirmar la sentencia impugnada -acto combatido en la presente acción de amparo-. Expuesto lo anterior, conviene destacar que de dicho relato y anexos allegados por la Sala responsable con su informe justificado -específicamente el toca de apelación 465/2020 de su índice- se advierte los aquí impetrantes son parte formal en el juicio de origen. Es inconcuso se encuentran sujetos a las reglas de procedencia del juicio de amparo que rigen para las partes, pues actúan como parte demandada en el juicio natural. Así las cosas, cabe señalar que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. En relación con lo anterior, se atiende al diverso 107, fracción IV, de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." En efecto, la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos: a) ejecutados después de concluido el juicio; b) de ejecución de sentencia, y c) tratándose de remates, supuestos dentro de las cuales, sólo pueden considerarse contemplados en el primer rubro, aquellos que sean autónomos y que no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como acontece, por ejemplo, con el arresto dictado como medida de apremio o la interlocutoria que fija la cantidad líquida. En la segunda hipótesis, respecto de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Y, en la última, aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Al respecto, debe decirse que tratándose de actos emitidos en la etapa de ejecución, sólo pueden ser reclamados en el amparo que se promueva contra la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, siempre que se haya agotado el recurso que proceda. Lo que se traduce en que ese será el momento en que podrá configurarse la hipótesis contenida en el arábigo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que en su contra proceda el juicio de amparo indirecto. De ahí que la parte quejosa debe esperar hasta la emisión de la última resolución en el procedimiento de ejecución para interponer el juicio de amparo haciendo valer en ese momento todas las violaciones que se hubieran cometido, como las que aducen relativas a diversas actuaciones y notificaciones efectuadas después del dictado de la sentencia que consideran les agravian. Momento en el cual se estará en aptitud de valorar cada uno de esos argumentos de violación para determinar, de ser procedente su reclamo, si se actuó apegado a las formalidades del procedimiento y conforme a derecho aplicable. Lo anterior, ya que la intención del legislador fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de amparo se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva. Cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Ni se puede estimar vulnerado un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada. Por eso, de aceptar la procedencia del amparo, se trastocaría la intención del legislador de evitar la detención de la etapa ejecutiva. Y, por el contrario, al permitir se continúe el trámite de cumplimiento se prestigia lograr la eficacia de lo fallado y ya será al final, resarcido el vencedor del litigio, cuando quien se considere afectado podrá cuestionar alguna violación en el proceso y de acreditarla ser restituida en su derecho. Por lo que la procedencia del amparo en su contra debe postergarse hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). Así, en el caso en comento la determinación reclamada por la parte quejosa deriva de un procedimiento de remate. Específicamente se duele de la resolución de segunda instancia que confirma la audiencia respectiva, así como las violaciones procesales cometidas en ésta y a lo largo de la fase ejecutiva. Por tanto, resulta evidente que lo combatido no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen de acuerdo a lo expuesto en los párrafos que anteceden, ya que no se trata del proveído en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en la que sentó como base que derivado de un procedimiento de remate, incluso la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado, son actos de ejecución de sentencia porque están encaminados a lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio. Por lo que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Esto es, de acuerdo a este último precepto invocado, el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Por lo que si el acto aquí reclamado deriva del procedimiento de remate en sección de ejecución, tiene vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio y es de aquellas dentro del procedimiento de ejecución, tendiente, concretamente, a lograr el cumplimiento de la cosa juzgada. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de Jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293, materia: (Civil, Común), Décima época, Registro: 2022499, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." Razón por la cual, se itera, sólo podrá interponerse el juicio de amparo contra la última resolución, en la que se podrán reclamar las violaciones cometidas durante dicho procedimiento, pues lo cierto es que con una eventual concesión de amparo (promovido contra la última resolución) en donde se analicen todas las violaciones procesales que se hagan valer, puede obtenerse que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de su realización. En consecuencia, si no se está ante la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, hace incuestionable que en el caso se actualiza plenamente la causa de improcedencia, prevista por la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo promovida por Adrián Rodríguez Hernández y María del Socorro Ramírez Becerra. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el numeral 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Adrián Rodríguez Hernández. Sin perjuicio que con posterioridad pudieran señalar al diverso promovente, sustituyendo dicha designación oficiosa. AUTORIZADOS. Atendiendo la certificación secretarial de cuenta, así como lo peticionado por la parte quejosa, se tiene como autorizado en términos amplios del precepto 12 de la Ley de Amparo a José Nicolás Severino Sánchez. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En virtud que no existe impedimento legal para que la partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y los diversos 25/2020 y 37/2020 que lo prorrogaron. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. JUICIO EN LÍNEA. En términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacer el modelo de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En el entendido que con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 citado, solo se atenderán las promociones de las partes que cuenten con firma autógrafa -presentadas a través de las Oficialías de Partes Comunes- o electrónica recibidas a través del portal respectivo del Poder Judicial de la Federación. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA POR EXHORTO. El domicilio señalado para recibir notificaciones es el ubicado en privada de Gildardo Gómez número veintidós (22), colonia Animas, código postal noventa y un mil ciento noventa (91190), en Xalapa, Veracruz. Lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 27 de la Ley de Amparo; 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por imperativo del precepto 2 de esta última, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, a fin de que en el ámbito de su jurisdicción y en auxilio de este órgano jurisdiccional, notifique a Adrián Rodríguez Hernández y María del Socorro Ramírez Becerra, el presente proveído en el lugar antes indicado. Se solicita además que requiera a los aludidos quejosos para que en el acto de la diligencia señalen domicilio en esta ciudad o en la conurbada de Veracruz donde oír y recibir notificaciones en su favor. Apercibidos que de no hacerlo, las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal, se le realizarán por lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de la materia, hasta en tanto subsanen tal omisión. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma Mario De la Medina Soto, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Boca del Río, asistido de Juan Manuel Cárcamo Sánchez, secretario que autoriza y da fe."Boca del Río, Veracruz, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Fórmese expediente con el oficio (con anexos) signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, por el cual remite lo siguiente: 1) Oficio 1827, relativo al informe justificado rendido por los Magistrados integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. 2) Escrito original -con copia- de demanda de amparo directo promovida por Adrián Rodríguez Hernández y María del Socorro Ramírez Becerra. 3) Copia simple de una cédula profesional (a nombre de José Nicolás Severino Sánchez, autorizado de los quejosos). 4) Dos copias de credenciales para votar (a nombre de los solicitantes del amparo). 5) Razón de imposibilidad de veintidós de octubre de dos mil veinte. 6) Oficio 1880 signado por el titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz en vía de informe justificado. 7) Toca del apelación 465/2020 del índice de la Sala mencionada. 8) Copia certificada del auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte emitido en el amparo directo 414/2020 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa. Asimismo, se advierte la Superioridad declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, por las razones y los fundamentos expuestos en el proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte aludido en el párrafo anterior. El cual causó estado el doce de enero pasado. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede al conocimiento del presente asunto. Acúsese recibo. Regístrese con el número 82/2021-II que le correspondió. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). -DESECHAMIENTO- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de causa de improcedencia del presente juicio constitucional, la cual se analizará a continuación. De la lectura íntegra de la demanda se aprecia el acto reclamado consiste en: - La sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veinte dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en el toca de apelación 465/2020, que confirmó la resolución de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en la audiencia de remate en sección de ejecución del juicio 1867/2015 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz. La parte quejosa relata como antecedentes -en lo destacado- bajo protesta de decir verdad: - Que en el expediente 1867/2015 fue demandada por Héctor Muñiz Lagunes, en representación de Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable, por vencimiento anticipado de plazo de pago. - Seguido el proceso, el cuatro de mayo de dos mil dieciséis se dictó la sentencia definitiva. Modificada en el toca de apelación 205/2017 por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. En la que resolvió condenar a los aquí quejosos al pago de la cantidad ahí descrita. - En sección de ejecución, por interlocutoria de doce de agosto de dos mil diecinueve, el juez de origen aprobó la planilla de liquidación de intereses ordinarios y moratorios formulada por la parte actora. - El tres de septiembre de dos mil diecinueve, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de remate, siendo la base para la subasta la cantidad de dos millones quinientos mil pesos moneda nacional ($2'500,000.00). La cual tuvo verificativo el treinta de septiembre siguiente. - Contra la referida audiencia, la parte quejosa interpuso recurso de apelación. Radicado bajo el número 465/2020 del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. - Por resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, la Sala responsable determinó confirmar la sentencia impugnada -acto combatido en la presente acción de amparo-. Expuesto lo anterior, conviene destacar que de dicho relato y anexos allegados por la Sala responsable con su informe justificado -específicamente el toca de apelación 465/2020 de su índice- se advierte los aquí impetrantes son parte formal en el juicio de origen. Es inconcuso se encuentran sujetos a las reglas de procedencia del juicio de amparo que rigen para las partes, pues actúan como parte demandada en el juicio natural. Así las cosas, cabe señalar que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. En relación con lo anterior, se atiende al diverso 107, fracción IV, de la ley de la materia, que prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." En efecto, la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos: a) ejecutados después de concluido el juicio; b) de ejecución de sentencia, y c) tratándose de remates, supuestos dentro de las cuales, sólo pueden considerarse contemplados en el primer rubro, aquellos que sean autónomos y que no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como acontece, por ejemplo, con el arresto dictado como medida de apremio o la interlocutoria que fija la cantidad líquida. En la segunda hipótesis, respecto de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Y, en la última, aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Al respecto, debe decirse que tratándose de actos emitidos en la etapa de ejecución, sólo pueden ser reclamados en el amparo que se promueva contra la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, siempre que se haya agotado el recurso que proceda. Lo que se traduce en que ese será el momento en que podrá configurarse la hipótesis contenida en el arábigo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que en su contra proceda el juicio de amparo indirecto. De ahí que la parte quejosa debe esperar hasta la emisión de la última resolución en el procedimiento de ejecución para interponer el juicio de amparo haciendo valer en ese momento todas las violaciones que se hubieran cometido, como las que aducen relativas a diversas actuaciones y notificaciones efectuadas después del dictado de la sentencia que consideran les agravian. Momento en el cual se estará en aptitud de valorar cada uno de esos argumentos de violación para determinar, de ser procedente su reclamo, si se actuó apegado a las formalidades del procedimiento y conforme a derecho aplicable. Lo anterior, ya que la intención del legislador fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de amparo se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva. Cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Ni se puede estimar vulnerado un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada. Por eso, de aceptar la procedencia del amparo, se trastocaría la intención del legislador de evitar la detención de la etapa ejecutiva. Y, por el contrario, al permitir se continúe el trámite de cumplimiento se prestigia lograr la eficacia de lo fallado y ya será al final, resarcido el vencedor del litigio, cuando quien se considere afectado podrá cuestionar alguna violación en el proceso y de acreditarla ser restituida en su derecho. Por lo que la procedencia del amparo en su contra debe postergarse hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). Así, en el caso en comento la determinación reclamada por la parte quejosa deriva de un procedimiento de remate. Específicamente se duele de la resolución de segunda instancia que confirma la audiencia respectiva, así como las violaciones procesales cometidas en ésta y a lo largo de la fase ejecutiva. Por tanto, resulta evidente que lo combatido no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen de acuerdo a lo expuesto en los párrafos que anteceden, ya que no se trata del proveído en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en la que sentó como base que derivado de un procedimiento de remate, incluso la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado, son actos de ejecución de sentencia porque están encaminados a lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio. Por lo que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Esto es, de acuerdo a este último precepto invocado, el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Por lo que si el acto aquí reclamado deriva del procedimiento de remate en sección de ejecución, tiene vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio y es de aquellas dentro del procedimiento de ejecución, tendiente, concretamente, a lograr el cumplimiento de la cosa juzgada. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de Jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293, materia: (Civil, Común), Décima época, Registro: 2022499, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." Razón por la cual, se itera, sólo podrá interponerse el juicio de amparo contra la última resolución, en la que se podrán reclamar las violaciones cometidas durante dicho procedimiento, pues lo cierto es que con una eventual concesión de amparo (promovido contra la última resolución) en donde se analicen todas las violaciones procesales que se hagan valer, puede obtenerse que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de su realización. En consecuencia, si no se está ante la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, hace incuestionable que en el caso se actualiza plenamente la causa de improcedencia, prevista por la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo promovida por Adrián Rodríguez Hernández y María del Socorro Ramírez Becerra. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el numeral 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Adrián Rodríguez Hernández. Sin perjuicio que con posterioridad pudieran señalar al diverso promovente, sustituyendo dicha designación oficiosa. AUTORIZADOS. Atendiendo la certificación secretarial de cuenta, así como lo peticionado por la parte quejosa, se tiene como autorizado en términos amplios del precepto 12 de la Ley de Amparo a José Nicolás Severino Sánchez. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En virtud que no existe impedimento legal para que la partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y los diversos 25/2020 y 37/2020 que lo prorrogaron. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. JUICIO EN LÍNEA. En términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacer el modelo de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En el entendido que con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 citado, solo se atenderán las promociones de las partes que cuenten con firma autógrafa -presentadas a través de las Oficialías de Partes Comunes- o electrónica recibidas a través del portal respectivo del Poder Judicial de la Federación. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA POR EXHORTO. El domicilio señalado para recibir notificaciones es el ubicado en privada de Gildardo Gómez número veintidós (22), colonia Animas, código postal noventa y un mil ciento noventa (91190), en Xalapa, Veracruz. Lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 27 de la Ley de Amparo; 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por imperativo del precepto 2 de esta última, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, a fin de que en el ámbito de su jurisdicción y en auxilio de este órgano jurisdiccional, notifique a Adrián Rodríguez Hernández y María del Socorro Ramírez Becerra, el presente proveído en el lugar antes indicado. Se solicita además que requiera a los aludidos quejosos para que en el acto de la diligencia señalen domicilio en esta ciudad o en la conurbada de Veracruz donde oír y recibir notificaciones en su favor. Apercibidos que de no hacerlo, las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal, se le realizarán por lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de la materia, hasta en tanto subsanen tal omisión. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa.

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