Adrián Ricardo Zavala Aguiñaga
Expediente 559/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 559/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 11/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Adrián Ricardo Zavala Aguiñaga
- Adrián Ricardo Zavala Aguiñaga y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
CÚMPLASE.
- Principal
De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido, este expediente es destruible. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Notifíquese personalmente. Vista la comparecencia que antecede, se tiene ratificando el escrito presentado el nueve de julio del año actual, a través del cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto del ocho del mes y año en curso, por lo que se acuerda: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Quien esto resuelve estima que de la lectura del libelo constitucional se advierte de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. Tal disposición normativa establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con idénticos alcances a los que prevé esa ley y sin exigir mayores requisitos que los que en ella se consignan para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Señala además que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para determinar si se surte la causa de improcedencia, se deben satisfacer estos requisitos: 1. El acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas; 2. El acto reclamado deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa; 3. A través del recurso, juicio o medio de defensa pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; 4. La norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa permita suspender los efectos del acto reclamado; 5. La norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido; y, 6. No exista excepción al principio de definitividad. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 115/99, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, octubre de 1999, página 448, registro 193142.de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En la especie, los requisitos antes apuntados se actualizan respecto al acto reclamado, que del escrito aclaratorio se advierte que se hizo consistir en la determinación emitida en el oficio ********************de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, por el Director de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. Así, el supuesto previsto en el punto uno se encuentra satisfecho, porque la emisión del acto reclamado, se atribuye a una autoridad administrativa distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por lo que respecta a los requisitos marcados en los puntos dos y tres, también se encuentran cubiertos; para ello es necesario citar que los artículos 1, 226 y 227 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prevén que contra los actos y resoluciones administrativas -como en el caso en estudio-, procede el recurso de inconformidad o el procedimiento administrativo (también conocido como juicio de nulidad); el recurso de inconformidad tiene por objeto la confirmación, modificación, revocación o nulidad del acto administrativo recurrido, en el caso, la determinación contenida en el oficio ********************de veintiocho de junio del año en curso, a través de la cual, la autoridad señalada como responsable, señaló las razones por las cuales no puede realizar el trámite en los términos que propuso el accionante y, lo que en su caso, debe realizar para obtener el cambio de propietario del vehículo que precisa. Los requisitos señalados en los puntos cuatro y cinco, también se encuentran satisfechos, pues para ello basta citar el artículo 234 de la codificación antes referida, de la que se advierte que no exige mayores requisitos que los previstos en el artículo 128, de la Ley de Amparo, de conformidad con la jurisprudencia 19, 1 Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 17, abril de 2015, tomo II, página 1536, registro 2008891, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, que señala: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." Finalmente, por lo que hace al punto seis, también se encuentra satisfecho, pues: a) El acto no afecta a una persona extraña al procedimiento administrativo de que se trate, pues el oficio en mención fue emitido en respuesta a una solicitud planteada por el quejoso. b) El cuerpo normativo que instituye el medio de defensa contempla la suspensión y no exige mayores requisitos ni plazos que los que prevé la Ley de Amparo para la paralización del acto, ello de conformidad con el criterio jurisprudencial antes citado. c) No se trata de un juicio de amparo contra leyes, o se promueve con motivo del primer acto de aplicación. d) De las constancias aportadas por el solicitante del amparo, no se advierte que el acto reclamado carezca de fundamentación, en tanto que el propio quejoso solamente se duele de su indebida fundamentación y motivación; e) Derivado de lo anterior, no se alegan exclusivamente violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien en el libelo constitucional solamente se hace referencia a los artículos 14 y 16, ello no tiene el alcance de colmar la excepción en comento, siendo factible esto únicamente cuando se trate de una falta absoluta de fundamentación legal y motivación, pues a menos de que la ley aplicada en el acto sea directamente la Constitución Federal, las cuestiones planteadas no son de constitucionalidad directa, sino de legalidad. Pensar lo contrario, implicaría dejar al arbitrio de la parte quejosa la vía a combatir el acto que considera afecta su esfera jurídica, y relevarla de agotar el recurso que estatuye la ley ordinaria. f) Finalmente, los medios ordinarios de impugnación mencionados no se encuentran previstos en un reglamento, sino que su existencia se prevé directamente en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato y los Municipios de Guanajuato, teniendo como finalidad nulificar, revocar o modificar el acto reclamado. En consecuencia, si la parte quejosa no hizo valer el recurso de inconformidad o el procedimiento administrativo (también conocido como juicio de nulidad) previamente a promover el juicio de amparo respecto del acto de autoridad en cuestión, la instancia constitucional resulta improcedente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 37, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XV, mayo de 2002, página 902, registro 187016, pronunciada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que señala: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Por lo expuesto, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causa de improcedencia en estudio en relación con el acto reclamado, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitida; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA...; Vista la comparecencia que antecede, se tiene ratificando el escrito presentado el nueve de julio del año actual, a través del cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto del ocho del mes y año en curso, por lo que se acuerda: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Quien esto resuelve estima que de la lectura del libelo constitucional se advierte de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. Tal disposición normativa establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con idénticos alcances a los que prevé esa ley y sin exigir mayores requisitos que los que en ella se consignan para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Señala además que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para determinar si se surte la causa de improcedencia, se deben satisfacer estos requisitos: 1. El acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas; 2. El acto reclamado deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa; 3. A través del recurso, juicio o medio de defensa pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; 4. La norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa permita suspender los efectos del acto reclamado; 5. La norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido; y, 6. No exista excepción al principio de definitividad. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 115/99, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, octubre de 1999, página 448, registro 193142.de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." En la especie, los requisitos antes apuntados se actualizan respecto al acto reclamado, que del escrito aclaratorio se advierte que se hizo consistir en la determinación emitida en el oficio ********************de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, por el Director de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. Así, el supuesto previsto en el punto uno se encuentra satisfecho, porque la emisión del acto reclamado, se atribuye a una autoridad administrativa distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por lo que respecta a los requisitos marcados en los puntos dos y tres, también se encuentran cubiertos; para ello es necesario citar que los artículos 1, 226 y 227 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prevén que contra los actos y resoluciones administrativas -como en el caso en estudio-, procede el recurso de inconformidad o el procedimiento administrativo (también conocido como juicio de nulidad); el recurso de inconformidad tiene por objeto la confirmación, modificación, revocación o nulidad del acto administrativo recurrido, en el caso, la determinación contenida en el oficio ********************de veintiocho de junio del año en curso, a través de la cual, la autoridad señalada como responsable, señaló las razones por las cuales no puede realizar el trámite en los términos que propuso el accionante y, lo que en su caso, debe realizar para obtener el cambio de propietario del vehículo que precisa. Los requisitos señalados en los puntos cuatro y cinco, también se encuentran satisfechos, pues para ello basta citar el artículo 234 de la codificación antes referida, de la que se advierte que no exige mayores requisitos que los previstos en el artículo 128, de la Ley de Amparo, de conformidad con la jurisprudencia 19, 1 Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 17, abril de 2015, tomo II, página 1536, registro 2008891, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, que señala: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." Finalmente, por lo que hace al punto seis, también se encuentra satisfecho, pues: a) El acto no afecta a una persona extraña al procedimiento administrativo de que se trate, pues el oficio en mención fue emitido en respuesta a una solicitud planteada por el quejoso. b) El cuerpo normativo que instituye el medio de defensa contempla la suspensión y no exige mayores requisitos ni plazos que los que prevé la Ley de Amparo para la paralización del acto, ello de conformidad con el criterio jurisprudencial antes citado. c) No se trata de un juicio de amparo contra leyes, o se promueve con motivo del primer acto de aplicación. d) De las constancias aportadas por el solicitante del amparo, no se advierte que el acto reclamado carezca de fundamentación, en tanto que el propio quejoso solamente se duele de su indebida fundamentación y motivación; e) Derivado de lo anterior, no se alegan exclusivamente violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien en el libelo constitucional solamente se hace referencia a los artículos 14 y 16, ello no tiene el alcance de colmar la excepción en comento, siendo factible esto únicamente cuando se trate de una falta absoluta de fundamentación legal y motivación, pues a menos de que la ley aplicada en el acto sea directamente la Constitución Federal, las cuestiones planteadas no son de constitucionalidad directa, sino de legalidad. Pensar lo contrario, implicaría dejar al arbitrio de la parte quejosa la vía a combatir el acto que considera afecta su esfera jurídica, y relevarla de agotar el recurso que estatuye la ley ordinaria. f) Finalmente, los medios ordinarios de impugnación mencionados no se encuentran previstos en un reglamento, sino que su existencia se prevé directamente en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato y los Municipios de Guanajuato, teniendo como finalidad nulificar, revocar o modificar el acto reclamado. En consecuencia, si la parte quejosa no hizo valer el recurso de inconformidad o el procedimiento administrativo (también conocido como juicio de nulidad) previamente a promover el juicio de amparo respecto del acto de autoridad en cuestión, la instancia constitucional resulta improcedente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 37, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XV, mayo de 2002, página 902, registro 187016, pronunciada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que señala: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Por lo expuesto, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causa de improcedencia en estudio en relación con el acto reclamado, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitida; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo.
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