Adrian Ricardo Martínez Ramírez
Expediente 55/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 55/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 14/03/2017
Partes del expediente
- Adrian Ricardo Martínez Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, catorce de marzo de dos mil diecisiete. Se agrega a los autos el oficio de cuenta, signado por el Procurador Fiscal del Estado de Querétaro, en representación legal del Secretario de Planeación y Finanzas, así como del Director de Ingresos adscrito a dicha Secretaría, ambos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a través del cual informa que la parte quejosa acudió a recoger el cheque que ampara la cantidad que en la sentencia ejecutoriada se ordenó devolver. Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, visto el estado de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por las autoridades vinculadas al cumplimiento; por tanto, resulta procedente que este Juzgado Federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Para lo cual conviene utilizar la siguiente tabla comparativa, en que se contrasta sustancialmente los efectos del amparo con las acciones realizadas por las responsables y que se advierte de los comunicados y documentos remitidos, para después asentar la conclusión respectiva. AUTORIDAD VINCULADA Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Querétaro. EFECTOS DE LA SENTENCIA SE CUMPLIÓ SI NO Se desincorporen de la esfera jurídica del quejoso, los artículos 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, en su texto vigente, esto es, para que no se le apliquen las normas declaradas inconstitucionales durante el lapso de su vigencia.. Que el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, realice la cuantificación de los derechos que deba pagar la parte quejosa con motivo del acto de compraventa de inmuebles, que realizó el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, cuyo contenido se describe con los recibos de pago con numero de operación XXX, expedidos por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro. Finalmente, para que se ordene al Secretario de Planeación y Finanzas y al Director de Ingresos, ambos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, tan pronto como cause ejecutoria la presente resolución, reintegren a la parte quejosa la cantidad restante entre el pago de derechos registrales consignado en los recibos con número de operación XXX, y la cantidad que cuantifique el Registro Público de la Propiedad. a) En oficio agregado el seis de marzo de dos mil diecisiete, el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro informó quedar enterado de desincorporar de la esfera jurídica del quejoso los artículos 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. b) Mediante oficio signado por el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, se realizó la cuantificación de los derechos de compraventa de inmuebles. c) La exactora exhibió copia simple del cheque que ampara la suma de $9,348.00 (nueve mil trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), a nombre de la parte quejosa por concepto de derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la compraventa de inmuebles. d) Por oficio agregado en el día de la fecha, la autoridad exactora remite copia de la entrega del cheque al autorizado de la parte quejosa. CONCLUSIÓN. En términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de Amparo. Archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, siete de marzo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio que signa el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Querétaro, a través del cual comparece en atención al requerimiento que le fue formulado en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, respecto del cumplimiento de la sentencia. Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento y que será considerado al calificar el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de marzo de dos mil diecisiete. Se agrega oficio con relación al cumplimiento de sentencia, se da vista de tres días. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades precisadas en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo ahí establecido, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. OTRAS CONSIDERACIONES. Cabe precisar que el título valor que expida la autoridad exactora, podrá ser entregado a la parte quejosa, o a los autorizados cuyos nombre se precisaron en el auto admisorio; en la inteligencia que dicha devolución deberá hacerla la propia autoridad requerida; en el entendido que deberá abstenerse de remitir a este Juzgado el cheque que ampare la cantidad por concepto de devolución que deba realizar a la peticionaria del amparo. Notifíquese.
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