Adrian Ramón Rivas Valencia
Expediente 347/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 347/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Adrian Ramón Rivas Valencia
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, diecinueve de julio de dos mil dieciocho. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.
- Principal
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por Adrián Ramón Rivas Valencia, contra los actos que reclama de la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando último del presente fallo. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, treinta de mayo de dos mil dieciocho. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Adrián Ramón Rivas Valencia, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad y Titular del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, por considerarlos violatorios de sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, 17 y 123 Constitucionales. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 347/2018. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Se desecha parcialmente demanda. En el caso, del examen de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente respecto de los actos reclamados al Titular del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, consistentes en la abstención u omisión de cumplir con el laudo dictado el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral OPDJE4-02-30/2014 y por tanto, debe desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: Octava Época Registro: 221353 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Común Página: 198 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Por su parte, los artículos 61, fracción XXIII, 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 61. Artículo 1o. Artículo 5o. Como se puede apreciar del arábigo transcrito en primer término, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El último de los preceptos trascritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y , en el caso de particulares, tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Conviene precisar que para establecer cuándo se está en presencia de actos equivalentes a los de autoridad, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo, debe tomarse en cuenta, acorde al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, en lo que no se oponga al nuevo marco constitucional y legal, la jurisprudencia integrada conforme a la ley de materia abrogada. Para tal fin, importa destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las notas que distinguen a una autoridad, para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Criterio consultable en la jurisprudencia de contenido literal siguiente: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Novena Época Registro: 175910 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Común Tesis: III.2o.C.18 K Página: 1827 JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Ahora, en el presente caso del estudio integral de la demanda de amparo y anexos, se advierte que la parte quejosa atribuye el carácter de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, al titular del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, respecto a la abstención u omisión de cumplir con el laudo dictado el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral OPDJE4-02-30/2014. Sin embargo, el incumplimiento a un laudo por parte del Titular del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación respectiva se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; como ocurre con la Ley Federal del Trabajo; de ahí que la señalada como autoridad responsable, no actúa con imperio ni actos unilaterales, sino su actuar deviene como parte activa en el proceso. Por tanto, el actuar del Titular del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, no corresponde a su calidad de autoridad responsable, porque la relación que surge entre ambos es de coordinación, donde ambas partes constituyeron derechos y obligaciones recíprocos, en un plano de igualdad, es obvio que tal actuación no se encuentra revestida de imperio frente al particular, porque los actos impugnados carecen de las características de unilateralidad e imperatividad propias de un acto de autoridad. De ahí que, en la especie, la relación jurídica existente entre las partes corresponde a una relación de coordinación y no como autoridad y ciudadano con carácter de supra a subordinación, lo que resulta indispensable para que la quejosa esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo. Orienta a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia, que dice: Décima Época Registro: 2016588 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 53, Abril de 2018, Tomo I Materia(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 34/2018 (10a.) Página: 478 AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. Sin embargo, el indicado criterio jurisprudencial no puede adoptarse como regla general, es decir, que lo relativo a si el acto reclamado proviene o no de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, en todos los casos constituye un estudio impropio del auto de inicio. Es así, ya que dicho criterio fue objeto de denuncia en la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, en cuya ejecutoria medularmente determinó que las consideraciones que sustentan la contradicción de tesis 297/2011, que dio origen a la mencionada jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de ninguna manera sostienen que lo ahí resuelto sea aplicable, en forma generalizada, a cualquier juicio de amparo y que, por ende, nunca sea posible resolver en el auto inicial del juicio constitucional, si un acto reclamado tiene o no el carácter de autoritario. En cambio, la Segunda Sala clarificó que su intención al resolver la citada contradicción de tesis, no fue establecer que en dicha actuación los jueces siempre están impedidos para determinar que un acto proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sin importar el supuesto que se someta a su consideración; sino que señaló, que ello se advierte del propio texto de aquella ejecutoria, en la que en todo momento se delimitó que el punto de divergencia, se acotó a los supuestos que en concreto dieron origen a la contradicción de tesis 297/2011. Esto es, a los casos en los que en la demanda de amparo se señale como acto reclamado, específicamente, el "Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración, a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas", de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año, atribuido al Secretario de Hacienda y Crédito Público. De tal forma, que el examen relativo a si el auto inicial de la demanda de amparo es la actuación procesal oportuna para analizar de forma particular, si un acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, no se llevó a cabo de manera abstracta y generalizada para todos los casos donde tenga que determinarse si el acto reclamado proviene de una autoridad. Con base en ello, se determinó declarar infundada la solicitud de sustitución, no obstante, con apoyo en el argumento de brindar mayor certeza jurídica a los particulares, así como a los órganos jurisdiccionales y a fin de que el rubro de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.) reflejara con toda concisión, congruencia y claridad la esencia de dicho criterio y facilitar su localización, la Segunda Sala determinó que era procedente aclara tal criterio para quedar como sigue: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el recurso de queja 245/2016 de su índice, derivada del juicio de amparo 810/2016, del control administrativo de este órgano jurisdiccional. Consecuentemente, al actualizarse en la especie, de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5, fracción II, los dos últimos a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha parcialmente la demanda de amparo respecto de tal acto y autoridad responsable, con apoyo en el artículo 113 de la legislación en cita. Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, párrafo primero, y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, contra actos de la autoridad denominada: Presidente de la Junta Especial Número 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. IV. Audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, como el momento en que se llevará a cabo la audiencia prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo. V. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: a) Domicilio y autorizados. Téngase como su domicilio procesal para recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Barnaby Miguel Cárdenas Rodríguez, en razón a que de la certificación de cuenta se advierte que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único para Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en tanto que, únicamente para oír y recibir notificaciones a Araceli Martínez Mendoza, Consuelo Guadalupe Pérez Valdez y Claudia Lorena Guerra Mejía, toda vez que no acreditan tener cédula registrada en el sistema de referencia. b) Precisión de la autoridad responsable. Se precisa que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligaciones de los peticionarios de amparo, entre otras, el señalar con precisión a la autoridad responsable (incluso tratándose de asuntos en materia penal pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el artículo 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa de que, en caso de que la autoridad responsable no exista con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá el juicio conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, hasta antes de la audiencia constitucional, al considerar que le corresponde a la parte impetrante estar pendiente de la tramitación de su asunto; la anterior circunstancia guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. 2. Autoridad responsable: a) Informe. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de quince días rinda su informe con justificación, apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. b) Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a la autoridad responsable para que en caso de que tengan conocimiento que se actualice alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, lo comunique de inmediato a este Juzgado de Distrito, en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple con esa obligación, se impondrá una multa de treinta días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. c) Requerimiento de expediente generador. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que, en su caso, remita las constancias que integran el expediente generador del acto reclamado o que sirvieron de apoyo para emitirlo, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente juicio de amparo, con el apercibimiento que de incumplir con lo anterior dentro del plazo señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan, se impondrá una multa de cien días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. 3. Tercero interesado. Resérvese proveer lo relativo al emplazamiento de la parte tercera interesada una vez que se cuente con el informe justificado. 4. Representación social. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde. VI. Incidente de suspensión. No se ordena la apertura y trámite del incidente de suspensión, en virtud de no haber sido solicitado por la parte quejosa. VII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VIII. Transparencia. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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