Adrián Ramírez Ortiz

Expediente 1472/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1472/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Adrián Ramírez Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por *********, por derecho propio, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México y otras autoridades; háganse las anotaciones respectivas bajo el número 1472/2023-V. El quejoso reclama la orden de aprehensión girada en su contra, así como su ejecución. En ese sentido, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relación con los diversos 5o., fracción I, y 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. De una interpretación conjunta de los preceptos invocados se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte promovente, al ser inexistentes al momento de la presentación de la demanda de amparo. Sobre este tema, el Máximo Tribunal del País estableció que la afectación a la parte quejosa debe ser real y no subjetiva, recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, y ser de realización pasada, presente o inminente. De ahí que la exigencia de una afectación real y actual implica un requisito de procedencia del juicio de amparo, en el que se exige que con el acto reclamado se cause afectación al interesado en el aspecto más amplio de tutela de derechos, el que puede haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio, y no simplemente ser eventual, aleatorio o hipotético. En el caso, del contenido de los hechos que el quejoso narra bajo protesta de decir verdad, se observa que los actos de autoridad se hacen depender de que aduce que el siete de noviembre del año en curso, se presentaron tres personas del sexo masculino y que quien se entrevistó con ellos fue el hijo del quejoso a quienes manifestaron ser policías ministeriales, los cuales indicaron que contaban con una orden de aprehensión a nombre del quejoso, y que el hijo del promovente de amparo les solicitó que se las mostrara, y que dichas personas se negaron a mostrarla, y que tampoco portaban identificación oficial. Sin embargo, conforme a los citados hechos es evidente que existe ausencia de afectación al peticionario de la tutela constitucional, puesto que no señala de manera concreta elementos objetivos que acrediten su dicho, puesto que es omiso en precisar el nombre de las personas que arribaron a su domicilio; es decir de los agentes policiales que refiere, ni la forma en que se identificaron dichos elementos para afirmar que pertenecen a determinada corporación, además de que en la especie no mostraron alguna orden o documento con el que se acredite que efectivamente existe una orden privativa de libertad, máxime que no le proporcionaron información respecto a algún hecho que la ley señale delito en el que probablemente haya cometido o participado el solicitante del amparo. De esta forma es evidente que a la fecha de presentación de la demanda no se está produciendo una afectación real y actual en contra del quejoso, pues se está en presencia de un hecho hipotético e inexistente al momento de la promoción de amparo, al observase conjeturas sobre una posible privación de la libertad, y no así un acto real y actual que se pretenda materializar en su contra y que él haya tenido conocimiento de forma cierta y concreta. Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 57/95, que dio origen a la jurisprudencia con el rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN", en la ejecutoria estableció, en resumen, que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción, sino durante la tramitación del juicio. Criterio en contrario genera la imposibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora, háganse las notificaciones por lista electrónica, a la parte quejosa, en virtud de que el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional; no obstante lo anterior por única ocasión, notifíquese personalmente esta determinación. Con fundamento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles, para que el actuario judicial adscrito a este órgano constitucional practique dicha diligencia. Ténganse por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Únicamente se toma conocimiento del correo electrónico proporcionado, en caso de que este juzgador considere necesario establecer comunicación por esos medios. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/A yuda. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    V. Aviso. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista al quejoso, el auto del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por *********, por derecho propio, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México y otras autoridades; háganse las anotaciones respectivas bajo el número 1472/2023-V. El quejoso reclama la orden de aprehensión girada en su contra, así como su ejecución. En ese sentido, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relación con los diversos 5o., fracción I, y 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. De una interpretación conjunta de los preceptos invocados se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte promovente, al ser inexistentes al momento de la presentación de la demanda de amparo. Sobre este tema, el Máximo Tribunal del País estableció que la afectación a la parte quejosa debe ser real y no subjetiva, recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, y ser de realización pasada, presente o inminente. De ahí que la exigencia de una afectación real y actual implica un requisito de procedencia del juicio de amparo, en el que se exige que con el acto reclamado se cause afectación al interesado en el aspecto más amplio de tutela de derechos, el que puede haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio, y no simplemente ser eventual, aleatorio o hipotético. En el caso, del contenido de los hechos que el quejoso narra bajo protesta de decir verdad, se observa que los actos de autoridad se hacen depender de que aduce que el siete de noviembre del año en curso, se presentaron tres personas del sexo masculino y que quien se entrevistó con ellos fue el hijo del quejoso a quienes manifestaron ser policías ministeriales, los cuales indicaron que contaban con una orden de aprehensión a nombre del quejoso, y que el hijo del promovente de amparo les solicitó que se las mostrara, y que dichas personas se negaron a mostrarla, y que tampoco portaban identificación oficial. Sin embargo, conforme a los citados hechos es evidente que existe ausencia de afectación al peticionario de la tutela constitucional, puesto que no señala de manera concreta elementos objetivos que acrediten su dicho, puesto que es omiso en precisar el nombre de las personas que arribaron a su domicilio; es decir de los agentes policiales que refiere, ni la forma en que se identificaron dichos elementos para afirmar que pertenecen a determinada corporación, además de que en la especie no mostraron alguna orden o documento con el que se acredite que efectivamente existe una orden privativa de libertad, máxime que no le proporcionaron información respecto a algún hecho que la ley señale delito en el que probablemente haya cometido o participado el solicitante del amparo. De esta forma es evidente que a la fecha de presentación de la demanda no se está produciendo una afectación real y actual en contra del quejoso, pues se está en presencia de un hecho hipotético e inexistente al momento de la promoción de amparo, al observase conjeturas sobre una posible privación de la libertad, y no así un acto real y actual que se pretenda materializar en su contra y que él haya tenido conocimiento de forma cierta y concreta. Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 57/95, que dio origen a la jurisprudencia con el rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN", en la ejecutoria estableció, en resumen, que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción, sino durante la tramitación del juicio. Criterio en contrario genera la imposibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora, háganse las notificaciones por lista electrónica, a la parte quejosa, en virtud de que el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional; no obstante lo anterior por única ocasión, notifíquese personalmente esta determinación. Con fundamento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles, para que el actuario judicial adscrito a este órgano constitucional practique dicha diligencia. Ténganse por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Únicamente se toma conocimiento del correo electrónico proporcionado, en caso de que este juzgador considere necesario establecer comunicación por esos medios. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/A yuda. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe."

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