Adrián Palacios Desales y Otros.

Expediente 188/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
188/2015
Año
2015
Actuaciones
9
Última actuación
14/10/2019

Partes del expediente

  • Adrián Palacios Desales
  • Adrián Palacios Desales y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio con terminación 2258, signado por el administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1", del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en atención a su contenido se provee: En relación a lo manifestado por el citado administrador, en el sentido de que no obstante las gestiones de cobro efectuadas no fue posible cobrar y/o localizar bienes a nombre del deudor, además, que no existen garantías o embargos pendientes de hacer efectivos a través de los cuales pudiera liquidarse el adeudo, y que no tiene facultades para declarar la cancelación de la multa o su condonación; por lo que solicita se sirva proveer lo que corresponda, toda vez que se está en el supuesto previsto en los artículos 113 y 115 del Código Penal Federal. En su atención, es pertinente señalar que las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación con motivo del ejercicio de la función jurisdiccional que constitucionalmente tiene encomendada, de acuerdo con los artículos 1°, 2°, y 3°, del Código Fiscal de la Federación, pertenecen al rubro de aprovechamientos Federales, según el artículo 3°, del Código Fiscal de la Federación, ya que constituyen ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal; lo cual es corroborado por el hecho de que el artículo 2°, de ese código, clasifica a las contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, siendo evidente que aquellas multas no están comprendidas en este parámetro, ni tampoco como accesorios de las contribuciones, ya que su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino en facultades admonitorias y sancionatorias, establecidas legalmente por la inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia, a cargo de los gobernados y de las autoridades, por lo que estrictamente deben conceptuarse como multas no fiscales, sin embargo, dan lugar a un crédito fiscal, según lo establecido en el artículo 4°, del citado ordenamiento legal, que establece: ... De acuerdo con este artículo, los créditos fiscales que el Estado o sus organismos descentralizados tengan derecho a percibir, pueden provenir, entre otros rubros, de los aprovechamientos; por consiguiente, si las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación tienen carácter de aprovechamientos, es incuestionable que determinadas en cantidad líquida constituyen un crédito fiscal y el Estado está facultado a proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento administrativo de ejecución, previsto en el capítulo tercero del título quinto del Código Fiscal de la Federación, artículo 145. Luego entonces, corresponde al Servicio de Administración Tributaria hacer efectivas las multas que imponga el Poder Judicial de la Federación, como aprovechamientos federales que son. Sirven de apoyo las Jurisprudencias siguientes: ... De las jurisprudencias anteriores se advierte que corresponde a la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, que tenga competencia territorial en el domicilio del infractor o en aquel en el que pueden cobrársele, hacer efectivas las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación y que dichos medios de apremio no pueden ser cancelados o condonados por dicha autoridad, cuando son impuestas por el Poder Judicial de la Federación. Al respecto, toda vez que la autoridad exactora en su oficio de cuenta manifiesta que no puede cancelar o condonar dichas multas, y hace del conocimiento de este Juzgado, que se está en el supuesto previsto en los artículos 113 y 115 del Código Penal Federal; sin embargo, tal argumento es incorrecto debido que esos supuestos son cuando la multa es parte de la condena impuesta a un sentenciado, lo que en el caso no ocurre, dado que se trata de un medio de apremio impuesto por el Juez de Distrito a una autoridad que incumplió con un mandato judicial. Por tanto, dichos artículos no son aplicables en este asunto. Por otra parte, los artículos 3º, 21 y 146, del Código Fiscal de la Federación establecen: ... Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió criterio respecto a que las multas impuestas por los Órganos del Poder Judicial de la Federación, son aprovechamientos Federales que constituyen un crédito fiscal, como se advierte en la jurisprudencia siguiente:... Tanto de los artículos transcritos como del contenido de la jurisprudencia citada se advierte que las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación, son aprovechamientos que constituyen un crédito en virtud de que se trata de medios de apremio con que fueron sancionadas, en este caso las autoridades por desacato a un mandamiento judicial. Por tanto, si bien es cierto no puede cancelar o condonar dichas multas; empero, si debe actuar conforme a sus atribuciones de conformidad con el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación. En atención a todo lo anterior, gírese atento oficio a administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1", del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, para que acuerde conforme a sus facultades lo que en derecho proceda.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito que suscribe el quejoso Adrián Palacios Desales; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele las documentales que solicita; se tiene por autorizada para recibirlas a la persona que indica, previa copia certificada y razón de recibo que se deje en autos...

  3. Incidental

    Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo.del que deriva este incidente de suspensión, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. .comuníquese a las partes que el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración...transcurridos más de cinco años...transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  4. Principal

    Visto el contenido de la certificación de cuenta, en atención a que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y la parte quejosa no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este expediente; con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en este juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno; gírese oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Díctese el acuerdo correspondiente en el incidente de suspensión respectivo. Por otro lado, como en el presente expediente el quejoso Adrián Palacios Desalez, exhibió en este expediente documentos considerados como originales por el punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que es insustituible por otro, consistentes en dos escritos suscritos por Tomas Palacios López, Presidente del Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales de San Pedro Huilotepec, Oaxaca, de fecha diez de marzo de dos mil quince y ocho de abril de ese mismo año (fojas 39-40). En consecuencia, hágase del conocimiento a la parte quejosa, que se deja a su disposición las documentales relacionadas con anterioridad, para que dentro del plazo de noventa días y por escrito, solicite su entrega y devolución; bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del citado plazo, dichas documentales podrán ser destruidas junto con el expediente; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo primero, último párrafo, del multicitado Acuerdo General Conjunto 1/2009.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

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