Adrian Ortíz Rivera
Expediente 1065/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1065/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Adrian Ortíz Rivera
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno...Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el que acusa recibo del oficio, en el que se le remitió la papeleta de turno y demanda que promovió****en favor de ****, contra actos del Subdirector de seguridad penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades; asimismo, informa que aceptó la competencia declinada a su favor y se avocó al conocimiento del mismo, el cual quedó registrado con el juicio de amparo 864/2021, de su índice; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar...Ahora, tomando en consideración que en este expediente y en la caja de valores, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como tampoco asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este cuaderno de antecedentes como definitivamente concluido...Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado...Por lo que, transcurridos más de seis meses, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme al artículo 20, fracción I, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes...En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye tanto a la secretaria y actuario llevadores de este expediente, para que, en el lapso máximo de diez días hábiles, realicen el cotejo de la concordancia en la integración del expediente electrónico y físico, y realicen la certificación respectiva, en la cual hagan constar que el expediente físico y electrónico coinciden en su totalidad; esto, en el ámbito de sus áreas respectivas; es decir, la secretaría atenderá que coincidan todas las determinaciones dictadas y las promociones acordadas; en tanto que, el actuario judicial adscrito, se cerciorará de que concuerden todas las notificaciones realizadas a las partes. Hecho lo cual, se realizará el acuerdo de remisión material al personal encargado del archivo. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintiuno. I. Se agrega oficio Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el que acusa recibo del oficio con el que se le remitió la papeleta de turno y la demanda original que promovió María *****, contra actos del Subdirector de seguridad penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades; asimismo, informa que aceptó la competencia declinada a su favor y se avocó al conocimiento del mismo, el cual quedó registrado con el juicio de amparo 864/2021-IV, de su índice; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. II. Archivo. Ahora, tomando en consideración que en este expediente y en la caja de valores, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como tampoco asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este cuaderno de antecedentes como definitivamente concluido. III. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. IV. Destino. Por lo que, transcurridos más de seis meses, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme al artículo 20, fracción I, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Radicación y creación del expediente. Se recibe la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Subdirector de seguridad penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 1065/2021. Expediente Electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Suspensión de plano. Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Federal y 15 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados, para el efecto de que cese de manera inmediata la tortura y todo acto prohibido por el articulo 22 citado. Apoya lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la federación, visible en la página 2928, tomo LVIII, Quinta Época, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. La suspensión de oficio únicamente debe decretarse en los casos previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo, es decir, cuando se trata de actos que importen el peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cuando se trata de algún otro acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada y, por tanto, no procede la suspensión de oficio tratándose de cobrar multas e impuestos por infracciones a las leyes fiscales." Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en términos del artículo 1° de la Constitución Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, siendo el derecho al debido proceso y a la libertad un derecho del que es titular todo individuo, cuyo goce está garantizado en el primer párrafo del numeral referido. Debiendo la (s) autoridad (es) responsable (s) informar dentro del plazo de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a esta suspensión de plano, apercibida (s) que de no cumplir con lo ordenado se le (s) sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo. IV. Incompetencia De la lectura integral de la demanda se aprecia que la parte quejosa se duele sustancialmente de los siguientes actos: a) Riesgo de perder la vida al ser reubicado de manera arbitraria del dormitorio 4, zona 3, estancia 3 al área de conductos especiales (módulo 8 y 9). b) Abuso de autoridad ya que sin emplazamiento (sesión administrativa del Comité Técnico) el quejoso ha sido reubicado. c) Tortura Psicológica derivada de la zozobra e incertidumbre de ser atentado en contra de su vida al estar reubicado en los módulos (8 o 9). Pues está recluido en la Penitenciaría de la Ciudad de México, luego, en el caso, este Órgano Jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, no es legalmente competente, POR RAZÓN DE TERRITORIO, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por la parte quejosa, pues ello es un presupuesto procesal de orden público y estudio preferente. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla general de que la competencia se determina conforme al lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo que se infiere la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, pues solo de esa manera puede obtenerse una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son materia de suspensión conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". En el caso, la promovente ***** contra actos del Subdirector de seguridad penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades el cambio de dormitorio en dicho reclusorio y como consecuencia de dicho cambio la tortura y traslado a otro reclusorio. De lo anterior, se advierte que el juez competente para conocer la presente demanda de amparo, es el del lugar en donde tendrá ejecución el acto destacado, esto es, el juez de Distrito en Materia Penal en turno, con residencia en la Ciudad de México. Ello ya que el domicilio de las autoridades responsables (lugar en que tendrán verificativo los actos reclamados), se encuentra en la Ciudad de México; por lo que en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, resulta competente un Juzgado de Distrito en Materia Penal en turno, con residencia en la Ciudad de México. Por tal motivo, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec Oaxaca, resulta legalmente incompetente para conocer de este juicio de amparo; en consecuencia, se declina competencia, POR RAZÓN DE TERRITORIO, al, Juzgado de Distrito en Materia Penal en turno, con residencia en la Ciudad de México, en Turno; remítase la presente demanda y su anexos; a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Penal en turno, con residencia en la Ciudad de México; para que, por su conducto, se turne al Juzgado de Distrito que corresponda, por razón de turno; a quien atentamente se solicita dentro del plazo legal, informar si acepta o no la competencia declinada. Se solicita acuse de recibo. Por lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copias certificadas del juicio en mención, para debida constancia. V. Días y horas inhábiles. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamiento, emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. VI. Domicilio. Asimismo, toda vez que la promoverte no señaló domicilio para ser notificada, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle por medio de lista electrónica. VII. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. VIII. Autorizaciones al actuario adscrito. Se comisiona al actuario adscrito para que firme los oficios y copias que deriven de este expediente; asimismo los remita por correo electrónico, vía fax, interconexión, estafeta, eligiendo la vía más expedita. Asimismo, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov2, representa no sólo para el personal de este Juzgado, sino también para las demás partes procesales, se autoriza al actuario adscrito para que las notificaciones de los oficios que se generen de este asunto a las autoridades responsables que tengan el carácter de responsables o que intervengan en este juicio, se realicen, en su caso, vía correo electrónico institucional como comunicación oficial, para lo cual el fedatario deberá asentar la razón actuarial correspondiente. Notifíquese por lista electrónica.
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