Adrián Ortega Hijar

Expediente 14/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
14/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
14/02/2023

Partes del expediente

  • Adrián Ortega Hijar

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de dos de febrero del año en curso, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en cumplimiento al artículo 21 inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a la parte quejosa en proveído de diez de enero de dos mil veintidós, para que indicará si era su deseo señalar alguna autoridad diversa bajo la cual el suscrito ejerza jurisdicción, a fin de que este Juzgado pueda contar con competencia legal para proveer sobre la demanda; sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio criptográfico que remite el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 14/2023 del índice de este Juzgado, que se le envió para notificar el proveído de diez de enero de dos mil veintitrés a la parte quejosa, por las razones asentadas en la constancia levantada por el Actuario de su adscripción. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el proveído mencionado en el párrafo que antecede, así como los subsecuentes no obstante revistan el carácter de personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas debiéndose dar de baja el exhorto 14/2023 del índice de este Juzgado. POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ******************, por propio derecho, contra actos de los Juzgados de Oralidad Penal con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 14/2023-I. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, se estima que la demanda de cuenta es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracción II del invocado numeral 114, en relación con el artículo 108, fracción III como se verá a continuación. La irregularidad detectada surge de lo estipulado en la fracción III del artículo 108 de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." Del precepto transcrito se desprende la obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales, y evitar que si éstas tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante, argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable: "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)" En la especie el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular, en virtud que de los datos proporcionados por la parte quejosa no se puede establecer cuál Juez de Distrito es el legalmente competente para conocer de la misma. Para justificar el aserto anterior, es necesario precisar que: - La competencia es la facultad que tienen las autoridades para conocer y decidir sobre determinados asuntos y materias que se sometan a su conocimiento, la cual deriva de las disposiciones orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales, y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente, o con la condición jurídica de las partes en litigio; y, - La jurisdicción es una institución de derecho que reviste a la autoridad de potestad legal para impartir justicia y, a su vez, es el imperio de que se hallan investidos los Jueces para administrarla, la cual se clasifica en atención a razones territoriales, a la cuantía de los asuntos, a la materia misma de la controversia y al grado, lo que origina la competencia de determinado tribunal para conocer de un negocio. De ahí que, al constituir la competencia un presupuesto de orden público, resulte necesario establecer previamente a tramitar la demanda de amparo qué órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la misma. En el caso concreto, el quejoso señaló en su demanda de amparo como autoridades, las siguientes: Juzgados de Oralidad Penal. Fiscalía del Estado de Guanajuato. Agente Investigadores del Delito. Dirección de Investigación del Delito. Policía Investigadora Ministerial. Todos con sede en San Miguel de Allende. Fiscal General del Estado de Guanajuato De lo anterior se advierte que el solicitante del amparo señala únicamente autoridades responsables que se encuentran fuera de la jurisdicción de este Juzgado; sin embargo, fue omiso en señalar alguna autoridad diversa bajo la cual el suscrito ejerza jurisdicción, a fin de que este tribunal pueda contar con competencia legal para proveer sobre la demanda. En el entendido que, además de efectuar el señalamiento correspondiente, deberá especificar el acto que, en su caso, le atribuye como reclamado. Conclusivamente, ante las irregularidades incurridas por la parte quejosa, lo procedente conforme a las fracción II del invocado numeral 114, en relación con el artículo 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con ocho copias para correr traslado a cada una de las partes: Indique si es su deseo señalar alguna autoridad diversa bajo la cual el suscrito ejerza jurisdicción, a fin de que este Juzgado pueda contar con competencia legal para proveer sobre la demanda. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el promovente del amparo es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detecten en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Por otra parte, no obstante que el peticionario de amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, a fin de no dejarlo en estado de indefensión notifíquese la presente determinación en el domicilio que obra en la credencial para votar que anexa a su líbelo constitucional. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como en los arábigos 298, 299 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Penal en turno, con sede en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique el presente proveído al quejoso *****************, en el domicilio ubicado en Colonia Roma, norte, número 06700, Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, y lo requiera para que dentro de los tres días legalmente computado, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, bajo apercibimiento de que de no hacerlo, las subsecuentes, sin ulterior acuerdo, se le harán por lista, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. Asimismo, téngasele autorizando en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona, en virtud de que no obra su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otro lado, se le tiene proporcionando como medio de contacto el correo electrónico y número telefónico que menciona. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Se instruye al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que cuando practique la notificación personal, acate el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ******************, por propio derecho, contra actos de los Juzgados de Oralidad Penal con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 14/2023-I. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, se estima que la demanda de cuenta es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracción II del invocado numeral 114, en relación con el artículo 108, fracción III como se verá a continuación. La irregularidad detectada surge de lo estipulado en la fracción III del artículo 108 de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." Del precepto transcrito se desprende la obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales, y evitar que si éstas tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante, argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable: "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)" En la especie el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular, en virtud que de los datos proporcionados por la parte quejosa no se puede establecer cuál Juez de Distrito es el legalmente competente para conocer de la misma. Para justificar el aserto anterior, es necesario precisar que: - La competencia es la facultad que tienen las autoridades para conocer y decidir sobre determinados asuntos y materias que se sometan a su conocimiento, la cual deriva de las disposiciones orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales, y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente, o con la condición jurídica de las partes en litigio; y, - La jurisdicción es una institución de derecho que reviste a la autoridad de potestad legal para impartir justicia y, a su vez, es el imperio de que se hallan investidos los Jueces para administrarla, la cual se clasifica en atención a razones territoriales, a la cuantía de los asuntos, a la materia misma de la controversia y al grado, lo que origina la competencia de determinado tribunal para conocer de un negocio. De ahí que, al constituir la competencia un presupuesto de orden público, resulte necesario establecer previamente a tramitar la demanda de amparo qué órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la misma. En el caso concreto, el quejoso señaló en su demanda de amparo como autoridades, las siguientes: Juzgados de Oralidad Penal. Fiscalía del Estado de Guanajuato. Agente Investigadores del Delito. Dirección de Investigación del Delito. Policía Investigadora Ministerial. Todos con sede en San Miguel de Allende. Fiscal General del Estado de Guanajuato De lo anterior se advierte que el solicitante del amparo señala únicamente autoridades responsables que se encuentran fuera de la jurisdicción de este Juzgado; sin embargo, fue omiso en señalar alguna autoridad diversa bajo la cual el suscrito ejerza jurisdicción, a fin de que este tribunal pueda contar con competencia legal para proveer sobre la demanda. En el entendido que, además de efectuar el señalamiento correspondiente, deberá especificar el acto que, en su caso, le atribuye como reclamado. Conclusivamente, ante las irregularidades incurridas por la parte quejosa, lo procedente conforme a las fracción II del invocado numeral 114, en relación con el artículo 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con ocho copias para correr traslado a cada una de las partes: Indique si es su deseo señalar alguna autoridad diversa bajo la cual el suscrito ejerza jurisdicción, a fin de que este Juzgado pueda contar con competencia legal para proveer sobre la demanda. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el promovente del amparo es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detecten en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Por otra parte, no obstante que el peticionario de amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, a fin de no dejarlo en estado de indefensión notifíquese la presente determinación en el domicilio que obra en la credencial para votar que anexa a su líbelo constitucional. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como en los arábigos 298, 299 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Penal en turno, con sede en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique el presente proveído al quejoso *****************, en el domicilio ubicado en Colonia Roma, norte, número 06700, Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, y lo requiera para que dentro de los tres días legalmente computado, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, bajo apercibimiento de que de no hacerlo, las subsecuentes, sin ulterior acuerdo, se le harán por lista, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. Asimismo, téngasele autorizando en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona, en virtud de que no obra su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otro lado, se le tiene proporcionando como medio de contacto el correo electrónico y número telefónico que menciona. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Se instruye al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que cuando practique la notificación personal, acate el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal.

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