Adrián Ocampo Rosas

Expediente 1639/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1639/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
21/12/2022

Partes del expediente

  • Adrián Ocampo Rosas

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito, por medio del cual informa que se realizó la compensación correspondiente.v

  2. Principal

    Se requiere a la autoridad responsable para que cumpla con el fallo protector de amparo con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de amparo. Se requiere al quejoso en los términos correspondientes.

  3. Principal

    AVISO.- POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SU SINTESIS DICE: Cuernavaca, Morelos, a quince de diciembre de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes el oficio con evidencia criptográfica que certifica la firma de la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, a través del cual remite el juicio de amparo **************** de su índice, en cumplimiento al auto que dictó el trece de diciembre de dos mil veintidós, en el que determinó declararse legalmente incompetente para conocer del citado asunto. Acúsese recibo de estilo correspondiente. En término del artículo 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, se avoca al conocimiento del asunto y continúa con el procedimiento. Gírese oficio a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para que realice la compensación correspondiente respecto de la demanda de amparo registrada. Registro de la demanda. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se establece que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, asimismo, los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico, tales como, copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, así como, copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. En consecuencia, fórmese el expediente correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. En relación con lo anterior, se requiere a la parte quejosa, para que en caso de no contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", realice el trámite correspondiente, a efecto de estar en posibilidad de consultar el expediente electrónico, de conformidad con lo establecido por el artículo 77, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal. Desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El artículo en mención señala que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa, atendiendo por analogía, a la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De lo anterior se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De una lectura integral a la demanda, se tiene que la parte quejosa reclama el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral ****************, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, lo cual considera trasgrede sus derechos fundamentales. En tal sentido, debe decirse que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ésta interpretada a contrario sensu, así como 170 y 171, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), constitucional transcrito, los cuales prevén: Ahora, de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende una regla genérica y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por el legislador como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de sus derechos humanos, pues esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En cambio, la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados en un juicio que tenga efectos de imposible reparación, entendiéndose por estos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y los Tratados Internacionales en los que México sea parte. Sobre esta temática, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos de imposible reparación para los efectos de la procedencia del amparo indirecto, son aquéllos que afectan de modo directo algunos de los derechos sustantivos establecidos en la Constitución, sin que queden comprendidos en este concepto los derechos procesales o adjetivos, tal y como se observa en las jurisprudencias visibles en la Compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas ciento sesenta y cuatro y ciento cincuenta y siete, que respectivamente establecen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ¨ejecución irreparable¨ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." " Debe decirse que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto reclamado consistente en acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral ****************, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Lo anterior permite considerar que la determinación que se reclama tiene el carácter de intraprocesal en dicho procedimiento, y no tiene como consecuencia una ejecución irreparable. En efecto, el acto reclamado es de naturaleza procesal, y por ende, no afecta alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la vida, la libertad, la propiedad, el estado civil, entre otras) que tutela la Constitución General de la República por medio de los derechos fundamentales, aunado a que no se tiene conocimiento si esa determinación resultará perjudicial a sus intereses, una vez emitido el fallo definitivo. Se reitera, el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, en relación con los diversos 170, 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, establecen cuáles son las violaciones cometidas dentro del juicio que deben ser impugnadas en amparo directo, así como los casos análogos a los previstos en todas sus fracciones, el cual dispone lo siguiente: Por tanto, el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral ****************, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, no puede ser considerado como acto de imposible reparación, toda vez que tal acto sólo tiene como eventual consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, y en todo caso los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una resolución favorable y de no obtenerla, podría promover el medio ordinario de defensa que corresponda, en su caso, el amparo directo que promueva contra la resolución definitiva, haciendo valer tal cuestión como violación procesal en los conceptos de violación que se planteen, de conformidad con el citado artículo 172 de la Ley de Amparo. Por tanto, el amparo indirecto no es la vía idónea para reclamar el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral ****************, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento y se impugne a través del juicio correspondiente, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la promovente en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Con lo anterior, se pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que la afectada con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos, por lo que el acto que reclama de ninguna manera viola derecho sustantivo alguno, pues se insiste, tal figura es eminentemente procesal, impugnable si trasciende al fallo únicamente en la vía unistancial. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 107, fracción III, inciso, b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, ésta interpretada a contrario sensu, 170, 171, 172, y 217, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR SER NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE QUE SE TRATA, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio.

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