Adrian Montes Fernández y Otros.
Expediente 948/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 948/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Adrian Montes Fernández y Otros.
- Rafael Castro Perez
- Directora de CEFERESO número 12 "CPS-Guanajuato"
- Bernardino Carillo Gonzalez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Auto causa estado. De la certificación que antecede se advierte que los quejosos no recurrieron dentro del plazo legal el auto en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN.
- Principal
León, Guanajuato, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Defensor público federal acepta y protesta el cargo. Téngase por recibido el escrito signado por *******, mediante el cual acepta y protesta el cargo conferido en relación con el quejoso ***********. De igual forma, autoriza expresamente las formas de comunicación y consulta del expediente que se precisarán enseguida; en el entendido que de señalar simultáneamente domicilio físico y usuario electrónico para recibir notificaciones personales, se le dará preferencia a la segunda modalidad, por considerarse la forma de comunicación más ágil entre el órgano jurisdiccional y el justiciable. Además, se le tiene proporcionando las direcciones de correo electrónico y número telefónico que señala para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. En ese sentido, comisiónese al actuario judicial adscrito para que notifique personalmente al referido defensor el acuerdo de treinta de agosto del año en curso, para los efectos a que haya lugar. -------------------------------------------------------------------------------- En cumplimiento a lo ordenado en proveído de diez de octubre de dos mil veintitrés, se notifica al defensor público federal *** el auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés, que en resumen dice: León, Guanajuato, treinta de agosto de dos mil veintitrés. ... SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se desecha la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la directora del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato" Al respecto, se considera que en relación con el acto reclamado, de forma manifiesta e indudable, se concreta la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Lo anterior, debido a que los peticionarios no agotaron el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, mediante el que se podía revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo ?principio de definitividad?. Esto, conforme a la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 79/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de aplicación obligatoria de acuerdo al primer párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo . Criterio que establece lo siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Previo a desarrollar el estudio correspondiente, se informa que los razonamientos que se expondrán a continuación derivan de la ejecutoria de la contradicción de tesis 57/2018, que dio origen a la jurisprudencia en cita. En su ejecutoria, la Primera Sala explica que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho , así como al citado artículo 18 y 1º Constitucional, publicada el diez de junio de dos mil once, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de penas. Tales modificaciones introdujeron un verdadero control judicial en el sistema penitenciario, pues se delimitó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones, mientras que al Poder Judicial se le confirió la potestad de ejecutar lo juzgado a través de los "jueces de ejecución de sentencias". Entonces, se propuso la creación de una ley que reglamentara los derechos establecidos en los preceptos constitucionales 18 y 21, en la parte relativa a la judicialización de la ejecución penal y al régimen de reinserción social, siendo una de sus bases la protección de los derechos humanos de los internos. Así, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual entró en vigor al día siguiente. Por lo que a partir de su vigencia y de acuerdo a su artículo 2 , la norma aludida es de observancia general en todo el territorio nacional ?en el fuero federal o local?, respecto de los actos relativos a cuestiones de internamiento o de ejecución de sentencias privativas de la libertad, con las excepciones y reglas previstas en su segundo transitorio. En ese contexto, según el artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal , su objeto es establecer las normas e implementar los mecanismos para resolver las controversias que se susciten, en relación con el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en un marco irrestricto de derechos humanos. De modo que, la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, determinó que: "97. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema procesal acusatorio y tiene como propósito el lograr un sistema jurídico uniforme, sobre la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, que evite espacios de impunidad y el consecuente descrédito del sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social. 98. En suma, la finalidad de la citada ley es la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos eficientes que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad." Posteriormente, en la ejecutoria se desarrolló el tema sobre el mecanismo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando se reclaman las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad. En un primer momento, la Primera Sala estableció que de acuerdo a la norma antes citada , deben entenderse como condiciones de internamiento: "[.] cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación [.]" . Y señaló que del análisis del marco constitucional y normativo anterior, se advertía que "[.] cuando los actos reclamados constituyen omisiones inherentes a las condiciones de internamiento y la persona privada de su libertad aún no ha formulado la petición administrativa correspondiente, éste constituye un acto omisivo cuyo cumplimiento de hacer recae en las autoridades penitenciarias, al estar dentro de sus atribuciones la administración de los centros penitenciarios, así como el ejecutar la restricción de la libertad impuesta [.]" . Entonces, debido a que corresponde a las autoridades penitenciarias la administración, operación, supervisión de seguridad y funcionamiento de los centros de reclusión; nos encontramos ante un acto u omisión que deriva de una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. En ese sentido, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, prevé que previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa está obligada a agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios que permitan modificar, revocar, nulificar o confirmar el acto reclamado; debido a que el juicio constitucional es un medio de control de carácter extraordinario. Asimismo, para que opere el principio de definitividad, el recurso ordinario debe encontrarse previsto en la ley aplicable y la norma no debe exigir mayores requisitos a los previstos en la Ley de Amparo ni en un plazo mayor, para el otorgamiento de la suspensión del acto. Además, no existe obligación de agotar el principio en cita, si el acto carece de fundamentación o en caso de que sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Sin embargo, la Primera Sala consideró que en caso de que un recluso desee inconformarse por las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, este debe dirigir su reclamo a través del mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal y agotar los recursos en él establecidos, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. En la inteligencia de que el procedimiento previsto por la ley en cita, permite que los internos y otras personas legitimadas, formulen peticiones administrativas que cumplen con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual se pueden reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. En la ejecutoria se explica que el título cuarto de la Ley Nacional de Ejecución Penal, denominado "Del Procedimiento de Ejecución", capítulo III relativo al "Procedimiento Administrativo", regula un mecanismo de control que tiene como objetivo , que la autoridad penitenciaria declare si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura del interno, o si se afectaron los derechos de terceras personas; pues en caso de existir, se habrá de subsanar tal afectación. El procedimiento inicia con la presentación de una petición administrativa ante la autoridad penitenciaria ?no urgente? o ante el juez respectivo ?urgente?, la cual puede ser formulada por la persona privada de su libertad, sus familiares, su defensor, entre otras personas . Asimismo, las peticiones administrativas se tramitan, según la modalidad que elija el promovente y del carácter apremiante de la solicitud, ya que pueden ser no urgentes o urgentes. Las peticiones administrativas no urgentes se formulan por escrito, sin formalidad alguna, ante el director del centro en donde se encuentre recluida la persona, con la posibilidad de que el solicitante se desista de su petición en cualquier momento . En la petición se puede aportar la información pertinente para atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; además, en caso de que el interno lo solicite, la autoridad administrativa lo debe auxiliar para formular su escrito . La substanciación de las peticiones no urgentes se encuentra prevista en los artículos 111 a 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal , procedimiento que fue sintetizado por la Primera Sala de la siguiente manera: Recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá por escrito e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Tal determinación debe notificarse de forma personal al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. De no hacerlo, la autoridad citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho esto, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se desechará la petición formulada. Si la petición se admite, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse, para mejor proveer, por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo de cinco días. A fin de atender de manera óptima la petición, la autoridad deberá considerar la información aportada por el peticionario, siempre que ésta sea procedente. La obligación del director de allegarse de información deberá acompañarse de acciones tendentes a no retrasar la respuesta a la petición. Si existe más de una petición con un mismo objeto, sea parcial o total, éstas serán acumulables y se resolverán en un solo acto conjunto. La parte de la petición que no fue objeto de acumulación, continuará substanciándose por separado. Si la petición no se resuelve en el plazo previsto en la ley, el peticionario podrán acudir ante el juez correspondiente a demandar la omisión. El juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, requerirá a la autoridad para que responda la petición. También dará cuenta al superior jerárquico inmediato de ésta. Si la persona que formuló la petición fue el interno, la autoridad penitenciara le hará saber que tiene derecho a la interposición del recurso ante el juez de control o ejecución según corresponda . La autoridad penitenciaria debe dejar constancia por escrito que le hizo saber al interno de ese derecho. La impugnación ante el juez se realizará dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la resolución respectiva, pero si los actos son continuos o permanentes, la controversia ante el juez podrá plantearse en cualquier momento . Esta se sustanciará conforme a un sistema adversarial y oral. Se regirá por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. En la misma el interno siempre deberá contar con un defensor que lo represente y asista en las audiencias correspondientes. La autoridad administrativa -como parte- podrá intervenir por conducto del titular de la dirección del centro o la persona que designe. El promovente podrá cuando lo estime, desistirse de la acción, siempre que dicho desistimiento no implique la renuncia a un derecho fundamental. Del mismo modo, dicha controversia establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que éste examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda. Asimismo, contra la resolución final emitida por el juez de control o de ejecución en dicha controversia, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla . Por su parte, las peticiones administrativas urgentes, son aquellas de carácter apremiante y deben ser atendidas de inmediato , pues de lo contrario quedarían sin materia. En la ejecutoria, se resumió el trámite de estas solicitudes de la siguiente forma: El promovente de la petición acudirá directamente ante el juez para plantearle su petición. Hasta en tanto se resuelva la petición en definitiva, el juez de oficio y de inmediato si se trata de un acto positivo suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere. Tratándose de actos omisivos, el juez determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria en aras de lograr que dicha omisión cese. De ser procedente la petición presentada el juez reparará la afectación. Del mismo modo, tal petición establece la posibilidad de que el interno interponga recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, a fin de que este examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda . Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se impugne. De este recurso conocerá la alzada y su objetivo será que se revise la legalidad de la determinación impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla . Si el juez determina que por la naturaleza de la promoción, esta no constituye un caso urgente, redirigirá la petición al centro de reinserción correspondiente para su tramitación y la petición se seguirá conforme a lo establecido en párrafos que anteceden. El juez deberá recabar registro de la entrega al centro de reinserción. En consecuencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que es necesario agotar el mecanismo de control que inicia con la denominada petición administrativa ante la autoridad correspondiente ?según su carácter de no urgente o urgente?. En el entendido de que el referido mecanismo de control ofrece una asistencia continua al interno, permite que la omisión reclamada sea reparada, prevé que se impugne la omisión de atender las solicitudes, le otorga al promovente la facultad de optar por la petición administrativa no urgente o la urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto sea suspendido o cese de inmediato. Pero además porque: "[.] constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, a través de las cuales los internos, pueden ofrecer pruebas y la autoridad recabarlas de oficio; que el acto de ser urgente sea suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que el mismo cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, establece la posibilidad de que la respuesta a la petición sea impugnada a través de los recursos correspondientes, en caso de que considere que vulnera sus derechos, de ahí que se estime que el mismo debe ser agotado previamente a acudir al juicio de amparo indirecto" Razones por las que la Primera Sala sostuvo que el mecanismo de control previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal "[.] ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones de la persona privada de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente [.]" . Máxime que la suspensión ahí establecida no exige mayores requisitos ni un plazo mayor al contenido en la Ley de Amparo. Por lo que agotar dicho procedimiento y los medios de impugnación ahí previstos ?cumplir el principio de definitividad?, le da funcionalidad, ejecución y coherencia a las reformas constitucionales que implementaron el nuevo modelo penitenciario de reinserción social, su judicialización y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, a través de los jueces penales correspondientes. En esa tesitura, debido a que en el caso los peticionarios reclaman una cuestión relativa a sus condiciones de internamiento ?la omisión de la responsable de permitirles comunicarse vía telefónica con sus defensores? y no agotaron el procedimiento previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal ni sus medios de impugnación; es inconcuso que no se satisfizo el principio de definitividad que regula el juicio de amparo y se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues la propia norma en análisis prevé que inclusive, ante la falta de respuesta de la petición administrativa, los internos pueden acudir directamente al juez de ejecución ; procedimiento que en el caso, no se advierte que se agotara. Más aún, de tratarse de casos urgentes en los que pudieran estar en riesgo su vida e integridad física, pueden acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición o controversia, quien posee facultades para ordenar de inmediato la suspensión de los actos u omisiones respectivas. Incluso, el propio sistema de impugnación no culmina con tales mecanismos, sino que la resolución que emita el Juez de Ejecución, en la que dirima las cuestiones debatidas, podrá impugnarse aún mediante el recurso de revocación o el de apelación, según corresponda. Finalmente, resulta claro que la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), derivada de la contradicción de tesis 57/2018, es aplicable incluso cuando en el juicio de amparo se reclaman cuestiones vinculadas con derechos sustantivos. Pues se destaca como hecho notorio que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró sin materia la diversa contradicción de tesis 304/2018 , en la que se determinaría si se actualizaba o no una excepción al principio de definitividad al alegarse una posible violación al derecho a la salud y la reinserción social, consagrados en los artículos 4 y 18 Constitucionales; sin embargo, el motivo por el que se declaró sin materia, fue precisamente porque ya se había resuelto la contradicción de tesis 57/2018 sintetizada en la presente resolución. Así, se estima que la decisión de la Suprema Corte de obligar a las personas privadas de su libertad a que agoten el procedimiento señalado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando reclamen las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, resulta aplicable independientemente del derecho humano que se señale como vulnerado con tal omisión. En consecuencia, al materializarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia II.2o.P. J/2 P (11a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, que es del siguiente tenor: "CONDICIONES DE RECLUSIÓN DE LOS DETENIDOS. PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA CUESTIONES INHERENTES A ÉSTAS, DEBE AGOTARSE EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, AUN CUANDO SE ALEGUEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN GENERAL. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la falta de atención médica y la omisión de atender una solicitud de copias de su expediente carcelario (omisiones inherentes a sus condiciones de detención), atribuidas a las autoridades penitenciarias del centro de reinserción social en que se encuentra, alegando violación directa a los artículos 4o., 8o. y 22 constitucionales. El Juez de Distrito desechó la demanda, con fundamento en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso no agotó previamente el principio de definitividad. Inconforme con la decisión, éste interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito abandona el criterio sustentado al resolver el amparo en revisión 118/2020 y el recurso de queja 126/2020, en sesiones de 26 de enero de 2021 y 12 de noviembre de 2020, respectivamente, y determina que el juicio de amparo indirecto promovido contra las cuestiones inherentes a las condiciones de reclusión es improcedente, si previamente no se agota el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, aun cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución General. Justificación: Ello es así, porque la omisión de brindar atención médica y de atender una solicitud no constituyen, per se, violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino, en todo caso, vulneraciones indirectas a los derechos a la salud y de petición, susceptibles de tutelarse y resolverse por las autoridades ordinarias. Lo anterior, pues las alegadas transgresiones tienen relación directa con la obligación ordinaria de las autoridades penitenciarias de tutelar los derechos humanos del inconforme en el centro de reinserción social en que se halla, mediante la administración penitenciaria y el servicio médico y, en general, de las medidas pertinentes para garantizar la vida digna de aquél en ese lugar, para lo cual, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé en sus artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135, el procedimiento ordinario por el que las autoridades penitenciarias y judiciales deben atender y resolver sobre la negativa a tutelar esas prerrogativas. Esta interpretación es acorde con las reformas a los artículos 18, 21 y 73, fracción XXI, constitucionales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 que, en su conjunto, implementaron un modelo penitenciario de reinserción social, el control judicial de las cuestiones inherentes a las condiciones de reclusión y la creación de Jueces de Ejecución, cuya función es, entre otras, ejercer un efectivo control de legalidad de los actos de las autoridades penitenciarias y velar por los derechos de las personas privadas de la libertad, previo a su control constitucional; con lo cual, adquiere sentido uno de los objetivos para los que fue expedida la citada ley nacional, esto es, la implementación de mecanismos eficientes, rápidos y sencillos, a cargo de los Jueces mencionados, para la protección de las prerrogativas de los sentenciados y procesados que se hallan en centros de reinserción social. Por tanto, si en la actualidad existe un mecanismo sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los detenidos pueden reclamar, sin mayores formalismos, los aspectos vinculados con esas condiciones, se impone la obligación de agotarlo antes de acudir al juicio de amparo indirecto." REPRESENTANTE COMÚN. Del escrito de demanda se advierte que los quejosos no designaron representante común en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene a *** con tal carácter, sin perjuicio de que sea sustituido durante la tramitación del juicio. SE REQUIERE DESIGNACIÓN DE ASESOR JURÍDICO. En virtud de las circunstancias particulares del presente asunto y en razón de que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Federal número 12 "CPS Guanajuato", requiérase a la Delegación Estatal en Guanajuato de la Defensoría Pública Federal, para que en el plazo de TRES DÍAS, designe abogado a los peticionarios para que les sea brindada una adecuada defensa. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja " En la inteligencia que de no cumplir con ello, o bien omitir informar el impedimento legal o material que tenga para ello, habrá la necesidad de imponerle multa por el equivalente a CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación , con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos, de la Ley de Amparo.
- Principal
.. De las constancias que anteceden, se advierte que la titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, designó a Héctor Hugo Gallardo Cruz, como defensor público federal del quejoso Héctor Olea Martínez; sin que a la fecha haya aceptado y protestado el cargo conferido en relación a dicho peticionario. En consecuencia, requiérase nuevamente a la citada autoridad, a efecto de que en el término de veinticuatro horas contado a partir de la presente notificación, realice las gestiones necesarias a efecto de que el citado profesionista, mediante escrito, acepte y proteste el cargo conferido y exprese si le asiste o no algún impedimento legal para tal fin y así, se encuentre debidamente vinculado a juicio respecto al quejoso Héctor Olea Martínez. En el entendido de que subsisten los apercibimientos decretados en autos.
- Principal
... Téngase por recibido el escrito signado electrónicamente por ***** mediante el cual autoriza expresamente las formas de comunicación y consulta del expediente que se precisarán enseguida; en el entendido que de señalar simultáneamente domicilio físico y usuario electrónico para recibir notificaciones personales, se le dará preferencia a la segunda modalidad, por considerarse la forma de comunicación más ágil entre el órgano jurisdiccional y el justiciable... Además, se le tiene proporcionando la dirección de correo electrónico y el número telefónico que señala para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Asimismo, indica que se entrevistará con su el quejoso Adrián Montes Fernández, el próximo veinticinco de septiembre; por tanto, estese a la espera de que brinde la asesoría jurídica correspondiente....
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