Adrián Monter Lugo.
Expediente 627/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Adrián Monter Lugo.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Juicio de Amparo Directo
Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido. Finalmente, de conformidad con lo ordenado en la fracción III, del punto Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, que estableció como susceptibles de depuración los expedientes relativos a juicios de amparo directo, en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, por tal motivo, y en virtud de que carece de relevancia documental, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; por lo que únicamente deberá conservarse el escrito de demanda de amparo, así como la resolución dictada en el presente asunto, pues este expediente no contiene resolución que tenga especial trascendencia jurídica, política, social o económica a nivel nacional, estatal o municipal; lo anterior una vez que transcurra el plazo de más de cinco años de haberse ordenado su archivo.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado que guardan los autos; de los que se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, para manifestar lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez Tercero de lo Mercantil de Pachuca, Hidalgo, a la ejecutoria dictada en el juicio de garantías en que se actúa, habiéndolo hecho el quejoso. En esas condiciones y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, el suscrito Presidente de este Tribunal Colegiado procede al estudio respectivo, a fin de concluir sobre si se encuentra, o no, cumplida la ejecutoria que concedió el amparo, sin excesos o defectos. Por lo anterior, cabe mencionar que el siete de marzo de dos mil diecinueve, este órgano pluripersonal de control constitucional, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable: "(. a) Dejara insubsistente la sentencia reclamada; y, b) Dictara otra en la cual, con plenitud de jurisdicción se pronuncie respecto de la excepción de prescripción de la acción cambiaria directa, invocada por el demandado, con base en lo que al respecto establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. (.).". Las consideraciones en que se basó lo anterior son estas: "(.). Respecto de las excepciones opuestas por el demandado, estudió la de caducidad de la acción intentada, la cual estimó era improcedente, ya que se daba en contra los obligados en vía de regreso, mas no así cuando se ejercitara en contra del aceptante o sus avalistas, y se actualizaba por la falta de protesto conforme a lo que establecían los ordinales 160, 161 y 162, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y en la vía directa, solo se oponía en contra del aceptante por intervención y en contra del aceptante de letras domiciliadas, lo que en la especie no se actualiza, pues la acción cambiaria directa intentada por la actora se deducía en contra del aceptante directo del título de crédito base de la acción; además de que el mismo no se trataba de un título domiciliado, por lo que en consecuencia, hacía innecesario el protesto por su impago, ni la falta de este, acarreaba la caducidad de la acción cambiaria que se dedujo. Por otro lado, en torno a la excepción de preinscripción o prescripción del documento base de la acción, también estimó que era improcedente, dado que la fecha de pago era el día catorce de abril de dos mil catorce, por tal razón su pago se hizo exigible a partir del día siguiente, y la actora dedujo su acción cambiaria directa el seis de agosto de dos mil dieciocho; de ahí, que conforme a lo que establecían los artículos 1040 y 1047, del Código de Comercio, no había transcurrido el término de diez años a que hacía alusión el segundo de los ordenamientos invocados, para extinguir la obligación del demandado al pago del título de crédito, pues ello, en su caso, ocurriría hasta el quince de abril de dos mil veinticuatro, lo que de ninguna forma acontecía en la especie. En contra de lo anterior, el quejoso sostuvo que la autoridad responsable omitió fundar la resolución reclamada y resolver respecto de la excepción invocada en su escrito de contestación de la demanda, la cual fundamentó en los ordinales 150, 151, 152, 155, fracciones I y II, y 165, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya que la fecha de pago fue el catorce de abril de dos mil catorce, es decir, cuatro años, tres meses y veintidós días posteriores a la fecha de pago convenida, omitiendo observar lo dispuesto en los ordinales señalados, ya que la acción cambiaria directa era improcedente por haber excedido el plazo previsto por esos numerales para tal efecto, además de que no se estudió la excepción de improcedencia de la vía invocada Lo expuesto es fundado. Es así, porque el Tribunal Colegiado toma en consideración que para que proceda el estudio de los conceptos de violación, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, lo cual obedece a la necesidad de precisar que en ellos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, lo que de manera alguna implica que el quejoso se limite a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a él corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente del porqué estima inconstitucional o ilegal el acto que reclaman. (.). En ese sentido, de los aludidos motivos de disenso se aprecia, que el impetrante sostuvo que la autoridad responsable omitió resolver respecto de la excepción invocada en su escrito de contestación de la demanda, la cual fundamentó en los ordinales 150, 151, 152, 155, fracciones I y II, y 165, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya que la fecha de pago fue el catorce de abril de dos mil catorce, es decir, cuatro años, tres meses y veintidós días posteriores a la data de pago convenida, omitiendo observar lo dispuesto en los ordinales señalados, ya que la acción cambiaria directa era improcedente por haber excedido el plazo previsto por esos numerales para tal efecto. Lo anterior, con base en la causa de pedir, se estima fundado, porque como se expuso, el Juez responsable, en torno a la excepción de prescripción consideró que era improcedente, ya que no había transcurrido el término de diez años a que hacían alusión los artículos 1040 y 1047, del Código de Comercio, para extinguir la obligación del demandado al pago del título de crédito, pues ello, en su caso, ocurriría hasta el quince de abril de dos mil veinticuatro. Sin embargo, el demandado no opuso la excepción en los términos estudiados por el Juez, esto es, del derecho de exigir la obligación de pago con la parte actora; sino la prescripción del título de crédito, misma que está prevista en el artículo 165, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; esto es, la prescripción de la acción cambiaria directa, misma que no resolvió, a pesar de que se le expuso en la contestación. (.)" Luego, en respuesta al oficio mediante el cual se requirió a la autoridad responsable, para que diera cumplimiento al fallo protector, remitió copia certificada de la sentencia de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, en la que en lo de interés se advierte, en su considerando I, que el Juez dio cumplimiento con la ejecutoria de amparo en su inciso a), ya que dejó insubsistente la resolución reclamada de nueve de noviembre de dos mil dieciocho y en su lugar dictó otra. En torno al punto b), de los efectos de la concesión, la autoridad responsable, sostuvo: "(.) Sin embargo, es necesario analizar las excepciones que al efecto fueron interpuestas por el demandado, mismas que del escrito de contestación de demanda se desprende que invocó como excepciones de su parte de la caducidad de la acción y la de prescripción del documento base de la acción. En ese contexto y en virtud de que el documento base de la acción consiste en un título de crédito de los denominados pagaré, mismo que es regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por ende debe inferirse que el demandado opone la excepción contenida en el artículo 165, de la citada ley, mismo que establece: (Se transcribe). Bajo ese panorama y en virtud de que del pagaré de marras se desprende que debía realizarse su pago en fecha catorce de abril de dos mil catorce, por tal razón su pago se hizo exigible a partir del día quince de abril de dos mil catorce, y en virtud de que en la especie la parte actora dedujo su acción cambiaria directa el seis de agosto de dos mil dieciocho, fecha en que se presentó ante oficialía de parte de este tribunal (sic) su demanda, por lo tanto tomando en consideración la fecha en que la acción pudo legalmente ejercitarse (quince de abril de dos mil catorce) a la fecha en que la actora la dedujo (seis de agosto de dos mil dieciocho) conforme a lo que establece el numeral citado, ha excedido el plazo de tres años previstos para ejercitar la acción cambiaria intentada, ya que transcurrieron cuatro años, tres meses y veintidós días posteriores a la fecha de pago convenida, por tanto, la excepción de prescripción opuesta por el demandado resulta procedente. (.). En tal virtud, es improcedente por haber prescrito la acción cambiaria directa que dedujo la actora, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 165, en su fracción I, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, esta no ejercitó su acción dentro del término de 3 años a partir del vencimiento del título base de la acción. (.)." De lo anterior se advierte, que el Juez de origen dio cumplimiento con la sentencia de amparo en su inciso b), toda vez que en el considerando IV, analizó y resolvió como procedente la excepción de prescripción invocada por el quejoso, respecto de la acción cambiaria directa, al señalar que no se ejercitó dentro del término de tres años a partir del vencimiento del título base de la acción. Por otro lado, no se desatienden las manifestaciones realizadas por el quejoso en el sentido que el cumplimiento de la ejecutoria fue defectuoso y excedido a la vez; sin embargo, como ya se ha analizado, la sentencia dictada en el presente juicio se considera cumplida de forma total sin exceso ni defecto, de acuerdo a lo señalado en párrafos precedentes, pues el amparo se concedió para que se dejara insubsistente la resolución reclamada y se dictara otra en la que se analizara la excepción de prescripción de la acción cambiaria directa, y eso fue lo que se hizo; de tal forma, que el argumento del inconforme acerca de la caducidad y el que se dejaran a salvo los derechos del actor, no tienen relación con el cumplimiento analizado. Por lo anterior, se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento al último punto de la sentencia de amparo. En esa condición, el Presidente de este Tribunal Colegiado considera cumplido, de forma total, sin exceso ni defecto, el fallo protector, toda vez que la autoridad responsable se sujetó, en estricto cumplimiento a la sentencia concesoria y a lo ordenado en la misma. Por tanto, se estima cumplido el fallo protector. En consecuencia, una vez que cause estado esta determinación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, cuarto párrafo, y 214, de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso, mediante el cual desahoga la vista ordenada en proveído de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve; en atención a ello, ténganse por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, de resultar procedente.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la razón actuarial que antecede, de la cual se advierte la imposibilidad para notificar personalmente a la tercera interesada, el acuerdo de veinticinco de marzo del año en curso, dictado en el juicio de amparo directo citado al margen, por los motivos que se indican; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación del proveído de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, la del presente auto, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista, a la referida tercera interesada, hasta en tanto señale diverso domicilio en la jurisdicción de este órgano colegiado.
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