Adrián Monter Lugo

Expediente 304/2013 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2013.

Datos del expediente

Expediente
304/2013
Año
2013
Actuaciones
9
Última actuación
29/11/2013

Partes del expediente

  • Adrián Monter Lugo
  • Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo
  • Vicente Larraenza Hernández
  • Juez Civil y Familiar de Ixmiquilpan, Hidalgo y otra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Amparo en revisión

    VISTO EL ESCRITO DE CUENTA; EN ATENCION A SU CONTENIDO, RESERVESE DE ACORDAR LO CONDUCENTE EN TANTO EL PROMOVENTE ACREDITE LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTA EN EL RECURSO DE REVISIOSN EN QUE SE ACTUA. FINALMENTE, DEVUELVASE AL ARCHIVO EL PRESENTE ASUNTO.

  2. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS Y TODA VEZ QUE HA TRANSCURRIDO EL TERMINO CONCEDIDO A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE SE INCONFORMARA CON LA RESOLUCION QUE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN ESTE ASUNTO; POR TANTO, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCION.- EN MERITO DE LO ANTERIOR, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACION Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; EN CONSECUENCIA, CONSERVESE LA DEMANDA Y LA SENTENCIA, CON EXCEPCION DE LAS RESTANTES ACTUACIONES.

  3. Amparo en revisión

    VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE MEDIENTE RESOLUCION DE DIECISEIS DE AGOSTO DEL AÑO ACTUAL, ESTA POTESTAD FEDERAL DESECHO POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO, ADEMAS DE HABER QUEDADO FIRME DICHA RESOLUCION AL HABERSE DECLARADO INFUNDADO EL RECURSO DE RECLAMACION INTERPUESTO, MEDIANTE EJECUTORIA DE DOCE DE LOS CORRIENTES; Y AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  4. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, LA RESOLUCIÓN DE VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Pachuca, Hidalgo, a veintiocho de agosto de dos mil trece.- Vistos los presentes autos y en especial la certificación que antecede, de la cual se desprende que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido a las partes en auto de quince de julio de dos mil trece, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, así como, en su caso, hicieran valer el exceso o defecto en su cumplimiento, no habiéndose recibido escrito alguno signado por las partes. Ahora bien, como cuestión previa debe señalarse que este Tribunal Colegiado analizará el cumplimiento de la ejecutoria en el presente asunto, con apego en las disposiciones de la nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente, en términos de su artículo Tercero Transitorio, toda vez que la sentencia concesoria que nos ocupa causó estado con posterioridad a esa fecha. Lo anterior, además con apoyo en la jurisprudencia 49/2013 (10ª), aprobada el veinticuatro de abril de dos mil trece, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendiente de publicación, del tenor siguiente: CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, SON APLICABLES A LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR, CUANDO LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA. En el artículo tercero transitorio del citado ordenamiento legal, el legislador estableció que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarían tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones vigentes a su inicio, haciéndose dos salvedades: una por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia y, otra, en lo concerniente al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. En relación con esta última excepción debe tenerse en cuenta, por una parte, la situación procesal en la que se ubicaron las partes cuando la sentencia concesoria causó estado antes del 3 de abril de 2013, supuesto que al actualizarse da lugar al inicio del respectivo procedimiento de ejecución, en términos de lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo y, por ende, la consecuencia de que dicho procedimiento se haya sujetado a lo previsto en la legislación de amparo vigente en aquel momento y, por otra parte, que tanto ese procedimiento como los medios de defensa que se regulan en la anterior legislación de amparo y en la ley vigente, son sustancialmente distintos. Por tanto, las disposiciones relativas al cumplimento y ejecución de las sentencias de amparo que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, son aplicables a los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, siempre y cuando la sentencia relativa haya causado estado con posterioridad a esa fecha, esto es, a partir del 3 de abril de 2013, toda vez que los aspectos definidos en los procedimientos de ejecución que se iniciaron antes de esa fecha, no se pueden dejar sin efectos en virtud de una norma transitoria para ordenar la substanciación de un procedimiento distinto que, además de no encontrarse vigente en la época en que causaron ejecutoria las sentencias de amparo respectivas podría, en ciertos casos, alterar sustancialmente la situación procesal en la que se ubicaron las partes, desconociendo sin justificación alguna decisiones firmes dictadas en su oportunidad conforme a las disposiciones aplicables y constitucionalmente válidas. Establecido lo anterior, es conveniente precisar que la concesión de un amparo siempre tiene como sustento la violación de un derecho fundamental, que a su vez se traduce en la violación del orden jurídico que se deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por eso, a fin de restablecer ese orden jurídico, que finalmente es lo que da seguridad y certeza jurídica a los gobernados, la sentencia que concede el amparo y protección de la Justicia Federal, debe dictarse de tal manera que vincule a la autoridad responsable a restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía violada, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. En ese tenor, si el restablecimiento del orden jurídico mencionado depende de la manera en que se dé cumplimiento a la sentencia de amparo, es claro que el determinar si una ejecutoria de amparo fue o no acatada, necesariamente se traduce en una cuestión de orden público. Es así, porque si bien la sociedad en general puede no estar interesada en la manera en que, en lo particular, se restituyen las garantías violadas a la parte quejosa, sí está interesada en la conservación del orden jurídico constitucional, pues como ya se dijo, ese orden es lo que da seguridad y certeza jurídica a los gobernados. Por ello, en principio, el artículo 214 de la nueva Ley de Amparo señala que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya enteramente cumplido la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional o no haya materia para la ejecución, así determinado por el órgano de amparo. Atendiendo a lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la ley de la materia, las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, de ahí que cuando en una sentencia el órgano de control constitucional concede la protección de la Justicia Federal, dicho juzgador tiene la obligación de notificar esa determinación a la autoridad responsable y a su superior jerárquico, e incluso a cualquier otra autoridad vinculada con su cumplimiento, a fin de que dichas autoridades, dentro de los límites de su respectiva competencia, realicen todos los actos que resulten necesarios para dar cumplimiento a la sentencia protectora. Así, una vez que la autoridad responsable informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 196 de la ley de la materia, el órgano de control constitucional, después de dar vista a las partes con lo informado, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, y en su caso, para que aleguen el defecto o exceso en el cumplimiento, tiene la obligación ineludible de examinar si dicha ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos, pronunciándose al respecto. Pronunciamiento en el que necesariamente se encuentra constreñido a tener en cuenta los términos en que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de efectuar un examen suficientemente razonado acerca del por qué considera que dicha ejecutoria se tiene o no por cumplida, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, para que, por un lado, si no se tiene por cumplida, se continúe con el trámite respectivo, imponiendo las multas y remitiendo los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y por otro lado, en caso de tenerse por cumplida, las partes puedan rebatir lo razonado por dicho juzgador a través de la inconformidad a que alude el artículo 201 de la propia ley. En ese orden de ideas, se puede concluir que cuando el juzgador que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, decide tener por cumplida dicha ejecutoria, se encuentra obligado a motivar su determinación en los términos antes precisados, es decir, teniendo en cuenta los efectos y alcances de la protección constitucional otorgada, debe hacer un examen suficientemente razonado acerca del por qué, aun en el supuesto de existir desacuerdo de las partes, considera que dicha ejecutoria se debe tener por cumplida totalmente. Aunado a ello, si se tiene en consideración que, como se dijo, el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, no sólo porque busca restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, sino porque con dicho cumplimiento se debe restablecer el orden jurídico constitucional que da seguridad y certeza jurídica a los gobernados, es claro que entre más expeditamente se resuelva si la determinación de tener por cumplida la ejecutoria de amparo es o no acertada, más pronto se decidirá si el orden jurídico violado ha sido o no restablecido. El artículo 196 de la nueva ley de la materia, en lo que aquí interesa señala: Artículo 196: [.] Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley.Como se advierte, este tribunal colegiado debe pronunciarse sobre el cumplimiento total de la ejecutoria de amparo, sin que existan excesos ni defectos. Ahora bien, se estima que existe exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cuando la responsable no se ajusta al tenor exacto del fallo y se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional; por otra parte, se considera existe defecto en el cumplimiento de una sentencia que concedió el amparo, cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad lo ordenado en la ejecutoria, esto es, deja de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata. Así también, es necesario establecer que todas las sentencias que conceden la protección constitucional, en las que se ordena dejar insubsistente la sentencia reclamada y se ordena emitir una nueva, pueden tener vinculación total, parcial o ninguna vinculación. Si la ejecutoria señala los puntos resolutivos y los fundamentos que debe observar la autoridad responsable, habrá vinculación total del reenvío a la ejecutoria. Por otra parte, si la ejecutoria remueve impedimentos o dilatorias, para que la resolución reclamada entre al fondo del negocio y lo resuelva la autoridad responsable ejercitando la plenitud de su jurisdicción, existe vinculación parcial. Finalmente, si la autoridad responsable violó el procedimiento por omisión de examen, de calificación o enlace de pruebas, como lo manda la ley, la segunda sentencia estará desvinculada totalmente de la ejecutoria en cuanto al fondo substancial del negocio. La anterior división doctrinaria, tiene relevancia para efectos del asunto en estudio, pues si la autoridad responsable se encuentra vinculada a resolver en determinado sentido, cualquier violación que cometa podrá constituir defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria; en otro sentido, si no existe vinculación respecto a la nueva resolución, y se otorga plenitud de jurisdicción a la responsable, no constituirá defecto o exceso del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Apoyan las consideraciones anteriores, por igualdad jurídica, la tesis jurisprudencial y criterio aislado sustentados por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados espectivamente en el Apéndice de 1995, Tomo VI, parte SCJN, página 41 y en el Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, XXXII, Sexta Época, página 258, que son del rubro y texto siguiente: AMPARO, PROCEDENCIA DEL, Y NO DEL RECURSO DE QUEJA. La segunda sentencia que la autoridad responsable pronuncia al cumplir con la ejecutoria de amparo, puede tener vinculación total, parcial, o ninguna vinculación. En este último caso, la autoridad responsable, al dictar la sentencia de reenvío, reasume plenamente su jurisdicción y cualesquiera violaciones que cometiere, no serán en defecto o exceso del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sino tendrán carácter autónomo de lo juzgado por dicha ejecutoria y, por tanto, serán impugnables mediante nuevo amparo y no por el recurso de queja, que en esas circunstancias resulta improcedente. SENTENCIAS DE REENVÍO, VINCULACIÓN DE LAS. AMPARO Y QUEJA. La segunda sentencia que una autoridad responsable pronuncie al cumplir con la ejecutoria de un amparo, puede tener, bien vinculación total, parcial o ninguna vinculación con tal ejecutoria. Si la ejecutoria señala los puntos resolutivos y los fundamentos que deba observar la autoridad responsable, habrá vinculación total del reenvío a la ejecutoria. Si en otro aspecto, esta remueve impedimentos o dilatorias, para que la resolución reclamada entre al fondo del negocio y lo resuelva la autoridad responsable ejercitando la plenitud de su jurisdicción, existe vinculación parcial. Si la autoridad responsable violó el procedimiento por omisión de examen, de calificación o enlace de pruebas, como lo manda la ley, la segunda sentencia estará desvinculada totalmente de la ejecutoria en cuanto al fondo sustancial del negocio. Esta diferenciación no es sólo doctrinaria, sino de una gran trascendencia material para las partes, porque en la vinculación parcial y total, en los puntos desvinculados, la autoridad responsable al dictar la sentencia de reenvío reasume plenamente su jurisdicción, y cualesquiera violaciones que se cometieren, no serán en desobediencia de la ejecutoria de amparo, porque tendrán el carácter de actos autónomos de los juzgados por dicha ejecutoria y, por tanto, serán impugnables mediante nuevo amparo. Sólo en el caso de que la autoridad responsable no se ajuste a la vinculación determinada por la ejecutoria, y persista en su actitud anterior, juzgada ya por la Suprema Corte, se estará frente a un caso de desobediencia que podrá ser intencional o por defecto de interpretación, evento en el que, el remedio está en la queja, y no en el amparo que sería improcedente. Ahora bien, en la ejecutoria dictada el cuatro de julio de dos mil trece, por este Segundo Tribunal Colegiado, en la parte conducente, se estableció lo siguiente: .En esas condiciones, al ser violatoria la sentencia emitida por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dictada dentro del toca penal 1842/2012, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ***, por propio derecho, en contra del acto que reclamó de dicha autoridad, consistente en la sentencia dictada el uno de marzo de dos mil trece, para los siguientes efectos: a) Para que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada; b) Emita una nueva sentencia en la que reitere la acreditación de los elementos objetivos del delito de daño en la propiedad; y c) Con plenitud de jurisdicción, proceda a fundar y motivar su resolución, estableciendo los motivos, razones y circunstancias, por las cuales estima que el sentenciado violó un deber de cuidado, precisando cuál es la norma de seguridad con la que estima debió realizarse la instalación de gas y, en su caso, las razones por las cuales se infringió dicha normativa. Como se advierte de la sentencia concesoria, esta resulta ser parcialmente vinculatoria, por cuanto establece los parámetros que tiene que seguir la autoridad responsable, para dar cumplimiento a la ejecutoria, por una parte, y por la otra le deje en plenitud de jurisdicción para resolver conforme a derecho. Es así, pues la protección constitucional otorgada por este órgano pluripersonal fue para que la sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y emitiera otra, en la que reiterara la acreditación de los elementos objetivos del delito de daño en la propiedad y, por otra parte, con plenitud de jurisdicción procediera a fundar y motivar la existencia de la violación a un deber de cuidado. Bajo ese contexto, debe decirse que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de este tribunal colegiado, en cuanto a que se le vinculó a reiterar la acreditación de los elementos del delito, lo que así hizo, y por la otra, con libertad de jurisdicción determinó que no se demostró cual fue el deber de cuidado que se violó, absolviendo al sentenciado. Es así, pues de una lectura íntegra de la nueva resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria, se advierte que la autoridad responsable, tomando en cuenta las consideraciones jurídicas que realizó este tribunal colegiado, en la ejecutoria a cumplir, dictó una nueva sentencia en la cual estimó que si bien se acreditaba la existencia de los daños, también era cierto que no se demostró que el sentenciado hubiera incumplido una norma técnica de seguridad, por lo cual no se configuraba el tipo penal en estudio. En efecto, de manera textual en la nueva resolución la autoridad responsable, en los puntos resolutivos señaló: PRIMERO.- En cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 304/2013 dictada en sesión plenaria de fecha cuatro de julio de dos mil trece por los Magistrados Federales integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo; se deja insubsistente y sin efecto la resolución pronunciada por los Magistrados de esta Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, el día primero de marzo de dos mil trece. - SEGUNDO.- En consecuencia al punto que antecede se revoca la sentencia definitiva condenatoria, de fecha 25 veinticinco de septiembre de 2012 dos mil doce, dictada por el Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Cuantía Menor de este Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro de la causa penal número 130/2010, incoada en contra de ***, y en consecuencia, se le decreta su inmediata libertad y absoluta libertad por la acusación que realizara el Ministerio Público en su contra por el delito de daño en propiedad culposo que se dijo agravio (sic) de ***, así mismo de sus demás consecuencias legales, sin perjuicio de que hubiera otros procesos en su contra. - TERCERO.- Con testimonio debidamente autorizado de la presente resolución, devuélvase el original de la causa penal número 130/2010, a su juzgado de origen, y previas las anotaciones de la ley en el libro de Gobierno, archívese el toca penal como asunto totalmente concluido. - CUARTO.- Se instruye al natural a efecto de que haga del conocimiento (sic) ***, del cambio de su situación jurídica. - QUINTO.- Remítase testimonio debidamente autorizado de la presente resolución al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito de esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo; para el efecto de que tenga conocimiento de que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en su ejecutoria de fecha cuatro de julio del dos mil trece, emitida en el amparo directo penal número 304/2013. - SEXTO.- Con testimonio debidamente autorizado de la presente resolución, devuélvase a su juzgado de origen el original de la causa penal a estudio y previas las anotaciones de ley en el libro de gobierno, archívese el presente toca como asunto totalmente concluido. - SÉPTIMO.- Por cuanto a la publicación de los datos personales de las partes, al publicarse la presente resolución en cumplimiento al artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, hágase de su conocimiento para los efectos precisados en el considerando último de esta resolución. - NOVENO.- Notifíquese y cúmplase. En esa condición, este tribunal colegiado considera cumplido, de forma total, sin exceso ni defecto, el fallo protector, toda vez que la autoridad responsable se sujetó, en estricto cumplimiento a la sentencia concesoria, en la parte que le vinculaba, sin que se haya extralimitado en su cumplimiento, al ir más allá, ni tampoco se quedó corta en los efectos del cumplimiento, pues como se dijo, se ajustó al tenor exacto del fallo. En consecuencia, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, en términos del cuarto párrafo del artículo 196 de la nueva Ley de Amparo; hágase del conocimiento de las partes que en caso de desacuerdo con la presente resolución, en términos del artículo 201 de la citada ley, es procedente el recurso de inconformidad.

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