ADRIÁN MERCADO SUÁREZ y Otros.

Expediente 254/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
254/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
27/05/2019

Partes del expediente

  • Fiscal general del Estado
  • ADRIÁN MERCADO SUÁREZ y Otros.
  • Adrián Mercado Suárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mesa de Amparo V-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Se declara que el auto que desechó la demanda de amparo causó estado, y se archiva este expediente como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    " . . . San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil diecinueve. Vista; la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a Fortino Santiago Gómez, en su carácter de defensor particular del quejoso Adrián Mercado Suárez en auto de nueve de abril de dos mil diecinueve, para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez de Control del Distrito Judicial de Tanivet, Oaxaca, sin que lo hiciera, pese a estar debidamente notificado. Por ende, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se tiene como autoridades responsables únicamente a la Fiscal de Litigación de Infancia y Adolescencia adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género y a la Fiscalía General del Estado. Desechamiento. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Fortino Santiago Gómez, en su carácter de defensor particular del quejoso . .. , porque en relación con la determinación que reclama, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, dado que no constituyen actos de imposible reparación. Para evidenciar tal aserto en principio debe señalarse que de la lectura integral de la demanda, escrito aclaratorio y anexos adjuntos, se advierte lo siguiente: a) Ante el Juez de Control del Distrito Judicial del Distrito Judicial de Tanivet, se instruye la causa penal 307/2018, en contra del aquí quejoso . . . , por el delito de violación agravada. b) El catorce de junio de dos mil dieciocho, se le vinculó a proceso por dicho ilícito, sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa interno en el Centro de Reinserción Social de Santa María Ixcotel. c) En la etapa de investigación complementaria, solicitó ante el Agente del Ministerio Público de la mesa de Litigación de Infancia y Adolescencia adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realizara petición al juez de control para que a su vez solicitara la entrega de datos conservados de un número telefónico. d) En atención a dicha petición, el citado representante social negó realizar esa solicitud, al aducir que el chip del número telefónico en cuestión pertenecía a la esposa del imputado; por ende, ésta debía acudir a la empresa correspondiente a solicitar la información requerida (datos conservados). e) En razón de esa negativa, promovió ante el juez de control "incidente no especificado relacionado con la negativa del Ministerio Público de llevar a cabo el acto de investigación propuesto"; en atención a ello, el veinte de diciembre del año pasado, el citado juzgador determinó que no había lugar a tramitarlo, ya que no era el competente para solicitar esa información. f) Posteriormente, mediante escrito de quince de febrero de dos mil diecinueve, solicitó nuevamente ante la Agente del Ministerio Público de la mesa de Litigación de Infancia y Adolescencia adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realizara actos de investigación, consistente en girar oficio al Juez de Control del Fuero Federal adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, para que este a su vez, solicitara la entrega de datos conservados a la concesionaria "RADIO MOVIL DIPSA, S.A DE C.V.". g) En atención a dicha petición, recayó el acuerdo de seis de marzo de dos mil diecinueve, en el que la citada representante social determinó que no había lugar a proveer de conformidad, ya que el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la investigación complementaria dentro de la causa penal 307/2018, sin que la defensa hubiese solicitado nueva prórroga para su fenecimiento . (Determinación que constituye el acto reclamado) Como bien se adelantó, en el caso concreto, de oficio se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII en relación con la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, este último precepto interpretado a contrario sensu, porque no son de imposible reparación, ya que no afectan materialmente los derechos sustantivos de los quejosos tutelados por la Ley Suprema. Para evidenciar lo anterior, se estima pertinente resaltar que los preceptos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo establecen lo siguiente: De la Constitución. "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)." De la Ley de Amparo. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)." De las porciones normativas transcritas se obtiene que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe delimitar si los actos controvertidos tienen o no la naturaleza de irreparables; status jurídico que alcanzarán cuando se demuestre que producen consecuencias de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no solamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Aunado a ello, deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Ahora bien, primeramente resulta relevante dejar precisado que el procedimiento penal acusatorio y oral se divide, según lo dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales, en tres etapas a saber: la de investigación preliminar y complementaria, etapa intermedia y etapa de juicio oral; siendo que en el caso es la segunda de las citadas las que interesa en esta determinación. La etapa intermedia o de preparación a juicio oral, se verifica ante el juez de control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos y la determinación del daño causado por el delito que será materia del juicio oral. El desarrollo de esta etapa también se divide en dos partes, una escrita, que iniciará con la presentación de la acusación y comprenderá los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda es oral, que inicia con la celebración de esa audiencia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Así, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 346, faculta al juez de control para que, en lo concerniente al tema de medios de prueba, luego de examinar aquéllos ofrecidos por las partes y de escuchar los argumentos en que se sustenta su ofrecimiento, esto es, por qué se ofrece y para qué, así como la contra argumentación de la parte contraria, en pleno ejercicio del principio de contradicción que impera en este procedimiento, inadmitirá las que sean impertinentes y las que tengan por objeto acreditar hechos públicos y notorios. Asimismo, si el juez estima que la admisión, en los términos en que los medios de prueba testimonial y documental, hayan sido propuestas produciría efectos dilatorios en la audiencia de juicio oral, dispondrá que la parte que las ofrece, reduzca el número de testigos o documentos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias que no guarden pertinencia sustancial con la materia de juicio (sobreabundantes o impertinentes). Además, esa porción normativa establece la prohibición para que la potestad judicial admita medios de prueba obtenidos con violación a derechos fundamentales o declarados nulos. Este ejercicio de exclusión de medios de convicción, constituye una depuración, que de alguna forma tendrá reflejo en el auto de apertura a juicio oral, donde solamente se deben precisar las que deberán desahogarse en la audiencia de juicio. Ahora bien, una vez que el juez de control envíe el auto de apertura a juicio al tribunal de juicio oral, cuya identidad siempre deberá ser diversa al primero de los nombrados, iniciará la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso penal. Se fijará día y la hora para la audiencia de debate donde el juez verificará la presencia del acusado y su abogado defensor, el tercero civilmente responsable, si lo hubiere, de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte en el debate y de la existencia de las cosas que deban exhibirse en él, y declarará abierto el debate. Terminado el desahogo de los medios de prueba admitidos, se emitirán los alegatos de conclusión, inmediatamente después de terminado el debate, el juez deliberará en privado y apreciará, únicamente las pruebas que fueron incorporadas y desahogadas de forma integral en el debate, según su libre convicción, conforme las reglas de la lógica, los conocimientos científicos, la sana crítica y las máximas de la experiencia. La decisión posterior versará sobre la absolución o la condena. Acto posterior, pronunciará sentencia, sin resolver la cuestión de la pena, y fijará audiencia para el debate sobre la determinación de la pena o la medida de seguridad, así como las consecuencias civiles, en caso de que sea necesario. Así, por la naturaleza misma del nuevo sistema de justicia penal, advertimos que para llegar al dictado de la resolución que resuelve la primera instancia, se debe transitar por tres etapas, la de investigación, la intermedia y la de juicio; como ya se ha analizado, cada una tiene una finalidad específica en el procedimiento, la primera, la de realizar una investigación tendente a esclarecer el hecho delictuoso con conocimiento e intervención de imputado y bajo la revisión judicial de un juez de control; la segunda, depurar los hechos, resolviendo excepciones o incidencias, revisar acuerdos probatorios, proveer sobre los medios de pruebas ofrecidos por las partes, y emitir el auto de apertura a juicio oral; mientras que la tercera implica el desahogo de los medios de prueba y el dictado de la sentencia. En ese sentido, cada una de las etapas del procedimiento tiene un especial objetivo el cual una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que procedan, debe considerarse concluida, de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. En ese orden de ideas, la doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de un acuerdo de admisión de pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, el cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditado a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. Es decir, además de su naturaleza, debe atenderse si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y de resolver si las mismas resultan suficientes para tener por acreditada la existencia del hecho señalado por la ley como delito y si el acusado intervino en su comisión; por tanto, no se ocupará de cuestiones que deben ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas como lo es la admisión de medios de prueba. Cabe destacar que si bien el juez o tribunal oral conservarán en todo momento la facultad de analizar si alguna de las pruebas desahogadas ante su presencia, en cumplimiento al principio de inmediación, constituye prueba ilícita, tal determinación se sustentará no en un nuevo análisis sobre lo correcto o no de su admisión, sino en lo que el desahogo de la prueba misma genere, es decir, atendiendo a la información que el órgano de prueba aporte al ser interrogado y contrainterrogado por las partes, manifestaciones que permitirán advertir, en su caso, si lo que se puso en conocimiento del juzgador tuvo un origen ilícito, porque el testigo o perito, lo obtuvo a través de la violación de derechos fundamentales del acusado o de la víctima misma, en cuyo caso, el tribunal o juez de enjuiciamiento, estará en aptitud de no otorgarle valor probatorio al momento de emitir su sentencia. Atento a lo anterior, el acuerdo pronunciado por la Fiscal de Litigación de Infancia y Adolescencia adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, mediante el cual determinó que no había lugar a proveer de conformidad su escrito presentado por la defensa el quince de febrero de dos mil diecinueve (en el que solicitó se girara atento oficio para actos de investigación), ya que el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la investigación complementaria dentro de la causa penal 307/2018, sin que la defensa hubiese solicitado nueva prórroga para su fenecimiento, no afecta de manera directa e inmediata derechos fundamentales del quejoso, reclamables en el juicio de amparo indirecto o biinstancial, en atención a que no produce, por sí mismo, una afectación material a derechos sustantivos, como lo son de audiencia, defensa, libertad, ya que solo produce una lesión jurídica de naturaleza formal que puede o no trascender al sentido de la resolución definitiva que en su momento llegue a pronunciarse; además, existe la posibilidad de que en la etapa intermedia o de preparación del juicio, solicite los medios de prueba que estime pertinentes para acreditar su teoría del caso, por ser dicha etapa la que tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba de conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, si existe la posibilidad de que la violación contenida sea jurídicamente intrascendente en la esfera legal del quejoso al poder plantear la solicitud en la audiencia intermedia, por ser la etapa que tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, es claro que no se da la irreparabilidad que justifica la procedencia del amparo en la vía indirecta o biinstancial. Resulta aplicable por las razones que la informan, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible a página 3076, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE ACCEDER A LA SOLICITUD DE LA DEFENSA DEL IMPUTADO DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA A FIN DE DEBATIR SOBRE EL DESAHOGO DE DIVERSAS PRUEBAS EN ESTA ETAPA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL SER UN ACTO QUE, POR SÍ MISMO, NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. El acuerdo pronunciado por el Juez de control, en la etapa de investigación complementaria, que forma parte del procedimiento penal acusatorio y oral, mediante el cual determinó que no era posible acceder a la solicitud realizada por la defensa del imputado de señalar fecha y hora para audiencia a fin de debatir sobre el desahogo de diversas pruebas, no afecta de manera directa e inmediata derechos fundamentales del quejoso, reclamables en el juicio de amparo indirecto, pues no genera, por sí mismo, una afectación material a derechos sustantivos, ya que sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal que puede o no trascender al sentido de la resolución definitiva que en su momento llegue a pronunciarse; además, existe la posibilidad de que en la etapa intermedia o de preparación del juicio, solicite los medios de prueba que estime pertinentes para acreditar su teoría del caso, por ser dicha etapa la que tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, de conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por las consideraciones expuestas, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último precepto interpretado en sentido contrario, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo promovida por Fortino Santiago Gómez, en su carácter de defensor particular del quejoso Adrián Mercado Suárez, en términos de lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente. SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de abril de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito señalado en la cuenta al expediente 296/2019 para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, se tiene a Fortino Santiago Gómez, en su carácter de defensor particular de Adrián Mercado Suárez, por desahogada la prevención formulada en auto de veinte de marzo del año en curso, al manifestar bajo protesta de decir verdad el carácter con que se ostenta a esta instancia constitucional, lo que justifica con el original del oficio 27 suscrito por la Fiscal de Litigación de Infancia y Adolescencia adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. De igual forma, manifiesta el acto reclamado que atribuye al Fiscal General del Estado de Oaxaca. Ahora bien, de las documentales que ahora anexa al escrito de cuenta y de un estudio integral de la demanda de amparo se advierte lo siguiente: Ante el Juez de Control del Distrito Judicial del Distrito Judicial de Tanivet, se instruye la causa penal 307/2018, en contra del aquí quejoso Adrián Mercado Juárez, por el delito de violación agravada. El catorce de junio de dos mil dieciocho, se le vinculó a proceso por dicho ilícito, sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa interno en el Centro de Reinserción Social de Santa María Ixcotel. En la etapa de investigación complementaria, solicitó ante el Agente del Ministerio Público de la mesa de Litigación de Infancia y Adolescencia adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realizara petición al juez de control para que a su vez solicitara la entrega de datos conservados de un número telefónico. En atención a dicha petición, el citado representante social negó realizar esa solicitud, al aducir que el chip del número telefónico en cuestión pertenecía a la esposa del imputado; por ende, ésta debía acudir a la empresa correspondiente a solicitar la información requerida (datos conservados). En razón de esa negativa, promovió ante el juez de control "incidente no especificado relacionado con la negativa del Ministerio Público de llevar a cabo el acto de investigación propuesto"; en atención a ello, el veinte de diciembre del año pasado, el citado juzgador determinó que no había lugar a tramitarlo, ya que no era el competente para solicitar esa información. Posteriormente, solicitó nuevamente ante el Agente del Ministerio Público de la mesa de Litigación de Infancia y Adolescencia adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realizara actos de investigación para que se allegara de los datos conservados solicitados. Sin embargo, el representante social denegó esa solicitud aduciendo que desde el dieciocho de enero del año en curso, se cerró la investigación complementaria dentro de la causa penal de origen, sin que el defensor hubiese solicitado nueva prórroga para su fenecimiento. De los antecedentes expuestos, se aprecia que el aquí quejoso se duele de la negativa de realizar actos de investigación para obtener la entrega de datos conservados relacionados a un número telefónico. Sin embargo, también se advierte que en dichas negativas participó el juez de control de la causa penal de origen; por tanto, con fundamento en los artículos 112 y 114, fracción II, en relación con el diverso 108 ibídem, prevéngase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, tal y como lo dispone el numeral 108 del ordenamiento legal en cita, cumpla con lo siguiente: Precise si desea señalar como autoridad responsable al Juez de Control del Distrito Judicial del Distrito Judicial de Tanivet, llevador de la causa penal 307/2018. Es aplicable la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja doscientos cincuenta, tomo tres, junio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." Se le apercibe que de no cumplir con lo ordenado en el plazo que se indica, este órgano jurisdiccional acordará lo que en derecho proceda. Notifíquese personalmente. Así lo determinó el juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, ante el secretario de acuerdos Rodrigo Rodríguez Ibarra, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de abril de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito señalado en la cuenta al expediente ... para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, se tiene a . . ., en su carácter de defensor particular de . . ., por desahogada la prevención formulada en auto de veinte de marzo del año en curso, al manifestar bajo protesta de decir verdad el carácter con que se ostenta a esta instancia constitucional, lo que justifica con el original del oficio 27 suscrito por la Fiscal de Litigación de Infancia y Adolescencia adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. De igual forma, manifiesta el acto reclamado que atribuye al Fiscal General del Estado de Oaxaca. Ahora bien, de las documentales que ahora anexa al escrito de cuenta y de un estudio integral de la demanda de amparo se advierte lo siguiente: a) Ante el Juez de Control del Distrito Judicial del Distrito Judicial de Tanivet, se instruye la causa penal . . . en contra del aquí quejoso . . ., por el delito de violación agravada. b) El catorce de junio de dos mil dieciocho, se le vinculó a proceso por dicho ilícito, sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa interno en el Centro de Reinserción Social de Santa María Ixcotel. c) En la etapa de investigación complementaria, solicitó ante el Agente del Ministerio Público de la mesa de Litigación de Infancia y Adolescencia adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realizara petición al juez de control para que a su vez solicitara la entrega de datos conservados de un número telefónico. d) En atención a dicha petición, el citado representante social negó realizar esa solicitud, al aducir que el chip del número telefónico en cuestión pertenecía a la esposa del imputado; por ende, ésta debía acudir a la empresa correspondiente a solicitar la información requerida (datos conservados). e) En razón de esa negativa, promovió ante el juez de control "incidente no especificado relacionado con la negativa del Ministerio Público de llevar a cabo el acto de investigación propuesto"; en atención a ello, el veinte de diciembre del año pasado, el citado juzgador determinó que no había lugar a tramitarlo, ya que no era el competente para solicitar esa información. f) Posteriormente, solicitó nuevamente ante el Agente del Ministerio Público de la mesa de Litigación de Infancia y Adolescencia adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realizara actos de investigación para que se allegara de los datos conservados solicitados. g) Sin embargo, el representante social denegó esa solicitud aduciendo que desde el dieciocho de enero del año en curso, se cerró la investigación complementaria dentro de la causa penal de origen, sin que el defensor hubiese solicitado nueva prórroga para su fenecimiento. De los antecedentes expuestos, se aprecia que el aquí quejoso se duele de la negativa de realizar actos de investigación para obtener la entrega de datos conservados relacionados a un número telefónico. Sin embargo, también se advierte que en dichas negativas participó el juez de control de la causa penal de origen; por tanto, con fundamento en los artículos 112 y 114, fracción II, en relación con el diverso 108 ibídem, prevéngase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, tal y como lo dispone el numeral 108 del ordenamiento legal en cita, cumpla con lo siguiente: ? Precise si desea señalar como autoridad responsable al Juez de Control del Distrito Judicial del Distrito Judicial de Tanivet, llevador de la causa penal . . . Es aplicable la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja doscientos cincuenta, tomo tres, junio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. . . Se le apercibe que de no cumplir con lo ordenado en el plazo que se indica, este órgano jurisdiccional acordará lo que en derecho proceda. Notifíquese personalmente. SE NOTIFICÓ EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

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