Adrian Martínez German
Expediente 512/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 07/07/2015
Partes del expediente
- Adrian Martínez German
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Se declara que el auto por el cual se sobreseyó en el juicio ha causado estado, archívese este asunto como concluido, se hace la indicación que el expediente principal, así como el original del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción. Por otro lado, dado que obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se ordena darle vista para que en el plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda al local de este Juzgado de Distrito, con identificación oficial vigente, a fin de que le sean devueltos y se deje constancia de ellos en autos. Se le apercibe que de no hacerlo en el plazo y forma señalados, se procederá a su destrucción junto con este expediente.
- Principal
Toluca, Estado de México, a diecisiete de junio de dos mil quince. Visto el oficio de cuenta, con el que las autoridades responsables informan que Adrián Martínez Germán realizó el pago de la multa impuesta por infringir el Bando Municipal, por lo que fueron retirados los sellos de clausura, aperturándose la negociación propiedad del citado quejoso (miscelánea con venta de cerveza) la cual se encuentra funcionando, tal como se advierte de las constancias que adjuntan; con apoyo en el numeral 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por imperativo expreso del ordinal segundo de la Ley de Amparo, agréguense para los efectos legales conducentes. Ahora bien, dichas documentales cuentan con pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el suscrito Juzgador advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77 de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --------- (.) ------------------------------------------------------------------------ XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley."----------- "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: -------------------------------------------------------------------- I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ------------------------------------------------------- II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. ------------------------------------------------------------ En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrita, a diferencia de las veintidós que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía establecer en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional, de modo que para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que en la especie es ciertamente justificada puesto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, entre los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo ordenado en el numeral 77, así como en lo dispuesto en el artículo 217 de la citada legislación. Sirve de apoyo a la consideración anterior, por su sentido, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción." Al respecto, debe decirse que el constituyente estructuró el juicio de amparo como un medio de control constitucional plenamente coercitivo sobre los actos de autoridad, dado que sus efectos no se limitan a identificar que un acto de autoridad sea contrario a la norma suprema, como un mero estudio sin resultados prácticos, sino que pretende lograr la restitución del orden que la Constitución Federal establece. Ese fin esencial de esta institución se refleja en el propio texto del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuya fracción II se indica que los efectos de una sentencia concesoria emitida en el juicio de garantías, serán los de amparar y proteger a quien promovió la instancia; lo que se robustece con lo dispuesto en la fracción XVI de dicho numeral, en el que se indican una serie de medidas tendentes a obtener de las responsables el cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Por su parte, el legislador ordinario estableció en la Ley de Amparo la forma en que deben materializarse los efectos de una sentencia que conceda la protección de la Justicia de la Unión, determinando que el objeto de la concesión del amparo es restituir al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Entonces, aunque los órganos jurisdiccionales que concedan la protección constitucional, de conformidad con la disposición en estudio, están facultados para obligar a que la autoridad responsable obre en el sentido que sea necesario o a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación a los derechos fundamentales del quejoso, esta atribución tiene como fin específico precisamente lograr restituirlo al estado de normalidad en el pleno disfrute de sus derechos humanos, siendo ésta y no otra la única justificación de tan importante medio de control de los actos de gobierno y, por ende, a ello debe privilegiarse cuando los órganos encargados de ventilar los juicios de amparo intervienen para hacer cumplir las sentencias concesorias de la protección constitucional, lo que puede corroborarse con la consulta de los numerales 192 a 198 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Las precisiones anteriores ponen de relieve la verdadera finalidad del juicio de amparo como institución garante del orden constitucional, lo que en definitiva revela que cuando es legalmente imposible restituir al gobernado en el goce del derecho humano violado o cuando la concesión del amparo no tiene esa consecuencia connatural, entonces, con fundamento en los artículos 77 (aplicado en sentido contrario) y 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, la instancia respectiva debe declararse improcedente, pues ninguna utilidad se obtiene al reconocerse que un acto de autoridad es contrario a los derechos humanos, si no se logra con ello una finalidad práctica. En el caso, los actos reclamados por el quejoso Adrián Martínez Germán se hicieron consistir en: "El inconstitucional mandamiento escrito número MATL/DG/ME-4/03/15 de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, derivado del expediente MATL/DG/EXP--4/03/15.----------------------------------------------------------------- La todo (sic) lo actuado por parte de la responsable ejecutora en el ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN, en la que también se emitió orden de suspensión de actividades en el establecimiento comercial motivo de este juicio.------------------------------------------------------------La orden de expedición, promulgación, publicación y orden de difusión en la Gaceta Municipal del artículo 117 del Bando Municipal de Atlacomulco.-------------------------- La validación con su firma por parte del Secretario del Ayuntamiento de la orden de expedición, promulgación, publicación y orden de difusión en la Gaceta Municipal del artículo 117 del Bando Municipal de Atlacomulco." Por lo anterior, visto el oficio de cuenta a través del cual las autoridades responsables, informan que la quejosa realizó el pago de la multa impuesta por infringir el Bando Municipal de Atlacomulco, Estado de México y como consecuencia de ello fueron retirados los sellos de clausura, aperturándose de nueva cuenta la negociación propiedad de la citada impetrante con denominación comercial "LA NOCHE BUENA" (miscelánea con venta de cerveza) la cual ya se encuentra funcionando; por tanto, se concluye que al ser esa decisión una imposibilidad material y jurídica para restituir al quejoso en el goce de los derechos humanos violados, ningún fin práctico tendría en caso de que se concediera el amparo y protección constitucional a la quejosa, que se dejara sin efectos el oficio MATL/DG/ME-4/03/15 de veintisiete de marzo de dos mil quince, derivado del expediente MATL/DG/EXP--4/03/15, en el que se ordenó la suspensión de actividades o clausura temporal de esa negociación propiedad de la aquí quejosa, pues como se dijo, respecto de ese acto reclamado, al haber pagado la impetrante la multa consecuencia de la verificación de su giro comercial, no se podría cumplir con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, es evidente que el presente juicio de amparo resulta improcedente, pues ante una eventual concesión no podrían concretizarse los efectos del amparo. Máxime que la pretensión del quejoso al acudir al juicio de amparo era obtener una sentencia que ordenara a las autoridades administrativas señaladas como responsables a levantar la suspensión o clausura de su negociación; luego, si la autoridad determinó levantar los sellos y otorgar el permiso para que el negocio de la parte aquí quejosa siga funcionando, se puede afirmar que, aunque por diversa razón, el fin último de la promoción del presente juicio se alcanzó, al ya no encontrarse suspendido su giro comercial con denominación "LA NOCHE BUENA" (miscelánea con venta de cerveza). De ahí que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77 de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; y por ello, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente asunto, sin que ello implique dejar al quejoso en estado de indefensión, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la constitución general de la república, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese y personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma Juan Carlos Ramírez Gómora, Juez Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el secretario Valdemar González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado al quejoso en auto de doce anterior, para que compareciera personalmente en el local de este órgano de control constitucional a ratificar el escrito de desistimiento presentado el cinco de los actuales en la oficialía de partes de este órgano de control constitucional, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito y se continúa con la tramitación del juicio.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, con el que el autorizado del quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que los efectos del acto reclamado han cesado y solicita se sobresea el presente juicio de amparo, glósese el escrito de mérito para los efectos legales conducentes, solicítese al peticionario del amparo y a las autoridades responsables para que en el plazo de tres días, el primero, comunique por qué cesaron los efectos del acto impugnado y, los segundos informen si existe alguna causal de improcedencia y, en su caso, remitan copia legible y completa de las constancias que así lo acrediten; apercibidos que de no hacerlo o manifestar la imposibilidad que tengan para ello se harán acreedores a las sanciones que para el caso prevé la ley de la materia, a fin de dar margen a que se cumpla lo anterior y no violar las reglas procedimentales rectoras del juicio de garantías, la audiencia constitucional prevista para hoy se difiere para las once horas con cuarenta minutos del veintiséis de junio de dos mil quince.
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