Adrián Maldonado Sánchez
Expediente 1297/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1297/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Adrián Maldonado Sánchez
Actuaciones
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, quince de diciembre de dos mil veintidós. Visto el comunicado remitido por la actuaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto con número de orden 797/2022 y de origen 263/2022); ahora bien, toda vez que por auto de quince de noviembre del año en curso, se tuvo al Juzgado Primero de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, aceptando la competencia planteada en relación a la demanda de amparo presentada por ********************; en consecuencia, remítase dicho comunicado vía interconexión al juzgado homologo mencionado, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ...
- Principal
Juicio de amparo: 1297/2022 El quince de noviembre de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 19874 y el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, quince de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta que remite vía electrónica el Juez Primero de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre y secretario de dicho órgano jurisdiccional, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia para conocer y resolver del juicio de amparo 1297/2022 del índice de este juzgado únicamente respecto del quejoso ********************y por lo que hace al diverso quejoso ******************** ordenó la separación de juicios y remitió copia de la demanda al Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en turno, con sede en Villa Aldama, Veracruz; circunstancia de la que toma conocimiento este Juzgado Federal. En consecuencia, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se desechó la demanda promovida dentro del presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV, del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
9240 veintinueve de abril de dos mil veintidós CUENTA. El veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se da cuenta con: La demanda de amparo promovida por Adrián Maldonado Sánchez por propio derecho y en representación de Juan Diego Urvina Maldonado y anexos, registrada bajo el folio 18527. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo remitida por la Administradora del juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, la cual fue promovida por Adrián Maldonado Sánchez por propio derecho y en representación de Juan Diego Urvina Maldonado, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado y Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1297/2022 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora bien, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, POR RAZÓN DE TERRITORIO, determina carecer de legal competencia para conocer de la demanda de mérito, en atención a las razones que enseguida se expresan. En efecto, al analizar la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado tiene su primer acto de ejecución en Miahuatlan de Porfirio Díaz Oaxaca, toda vez que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: La negativa de trasladar al directo quejoso, así como a su hermano de nombre Juan Diego Urvina Maldonado al Centro de Reinserción Social Varonil de Pachuca, Hidalgo, o al Centro de Reinserción Social Varonil de Actopan, Hidalgo. Ahora bien la parte quejosa en sus antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad manifestó: ".actualmente privado de mi libertad en el CE.FE.RE.SO. No. 13 "CPS-Oaxaca" de readaptación social..." ".a mi hermano solo que es se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente de Villa Aldama, Veracruz..." Así pues, los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponen: "Artículo 124. Para los efectos de esta Ley, el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos y regiones que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal. En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados de circuito, colegiados de apelación y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. En cada región funcionará un pleno regional con jurisdicción sobre los circuitos que le correspondan. Artículo 125. Cada uno de los circuitos a que se refiere el artículo anterior comprenderá los distritos judiciales cuyo número y límites territoriales determine el Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales." Del contenido sistemático de los numerales transcritos, se advierte que para que un Juzgado de Distrito tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de materia, la cuantía, el grado y el territorio. De esos factores que delimitan la competencia de los Jueces de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dicho numeral revela, en su conjunto, que la competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional; si bien en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, son los actos ejecutivos los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito, por lo que es necesario hacer algunas reflexiones al respecto, en relación con las reglas competenciales antes indicadas. Por lo que hace a la primera, es el lugar donde vaya a ejecutarse el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito. Es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar. Al respecto, es dable precisar que un acto de autoridad, si no es absolutamente negativo o totalmente declarativo, se desenvuelve normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora, y otra, la ejecutiva. Así, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial; y, en ese tenor, es el sitio donde los actos reclamados se hayan ejecutado, vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En el segundo supuesto, si los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien previno primero. Finalmente, cuando el acto reclamado consista en una resolución que requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, o se haya ejecutado el acto reclamado. Tiene aplicación la tesis sin número, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, Tomo sesenta y cinco, segunda parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que al rubro dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO." Así mismo, tiene aplicación la tesis sin número, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página setenta y tres, tercera parte, volumen 217-228, Séptima Época, que al rubro dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ." Así pues, el presente juicio de amparo encuadra en la primera hipótesis mencionada, toda vez que la parte quejosa refiere que actualmente se encuentra privado de su libertad en Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca, es decir donde comenzó a ejecutarse el acto reclamado. Lo anterior, en razón de que, se reitera, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar privado de su libertad en Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca, y por ello, es que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se considera legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, ello en razón de que se trata de un acto que inicialmente tuvo su ejecución, fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional; incluso respecto de la demanda promovida por dicho quejoso a favor de Juan Diego Urvina Maldonado. Tiene aplicación, por analogía la jurisprudencia 9/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento ochenta y dos, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que al rubro dice: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO, CUYA DILIGENCIACIÓN ES SOLICITADA POR MEDIO DE EXHORTO. SU CONOCIMIENTO COMPETE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE AQUÉL SE EJECUTE.". Así mismo, tiene aplicación la jurisprudencia 1ª/J. 25/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página ciento cuarenta y cinco, libro XI, tomo I, Décima Época, que al rubro dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL." Por tal motivo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, resulta legalmente incompetente para conocer de este juicio de garantías; en consecuencia, se declina competencia, POR RAZÓN DE TERRITORIO, al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, EN TURNO. Remítase la demanda de amparo, anexos y copias, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre; para que, por su conducto, se turne al Juzgado, que corresponda, por razón de turno; a quien atentamente se solicita dentro del plazo legal, informar si acepta o no la competencia declinada. Se solicita acuse de recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: carretera federal Mengoli Yegachin kilómetro 6.0 en Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca; por tanto, con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2° del ordenamiento legal citado en último término; así como el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento Despacho al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, EN TURNO, para que por comisión de la Justicia Federal y en auxilio de las labores de este Juzgado comisione al Actuario Judicial de su adscripción a fin de que se constituya en el domicilio señalado en líneas precedentes y requiera a la parte quejosa, debiendo prevenirlo para que en el término de tres días señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones de carácter personal, apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes que tengan ese carácter, le serán realizadas por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos de los artículos 27, fracción III, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo. Para evitar dilaciones innecesarias respecto de la imposibilidad que pudiese tener el Actuario Judicial para llevar a cabo las notificaciones personales que se susciten dentro del presente procedimiento, con fundamento en el artículo 282, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le habilitan días y/u horas inhábiles para que realice las notificaciones que fueren necesarias, sin necesidad de acuerdo respectivo, previa constancia actuarial, en que se acredite que se asistió en días y horas inhábiles. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe. Nes
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