Adrián López Rodríguez

Expediente 688/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 16 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
688/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
18/06/2019

Partes del expediente

  • Adrián López Rodríguez
  • ADRIÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    A PRIMERA HORA DEL DESPACHO DEL DÍA DE LA FECHA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO PERSONALMENTE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO. LA CUAL ESTABLECE: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, siendo las trece horas con diez minutos del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, en el presente juicio, en audiencia pública, la licenciada Cecilia Aguilera Ríos, Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, quien actúa con la licenciada Karla Guadalupe Trejo Rodríguez, Secretaria que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia personal de las partes. Abierta la audiencia. La Secretaria da lectura a la demanda de amparo, a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y a las demás constancias que obran en el expediente. Asimismo, da cuenta con los informes justificados rendidos por la Fiscal de Acusación de Delitos Comunes Con Detenido Unidad 1 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y el Fiscal General del Estado de Querétaro. De igual forma, se da cuenta con la copia certificada de un oficio signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro. A lo que la Juez acuerda. Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos a que haya lugar y por rendidos los informes justificados de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, los cuales se tomarán en cuenta al resolver el presente juicio de amparo. Por otra parte, téngase a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, informando la aclaración de la fecha asentada en el sello respectivo de las promociones que se agregan en esta data, el cual debe tenerse como correcto veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, no así treinta y cuatro, como se asentó; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En la etapa de pruebas. La Secretaria da cuenta con las que anexó la Fiscal de Acusación de Delitos Comunes Con Detenido Unidad 1 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, en apoyo a su informe justificado. A lo que la Juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de cuenta, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. Por lo que al no existir diversas probanzas que desahogar, se da por concluido el presente periodo. En el periodo de alegatos. La Secretaria da cuenta con el pedimento del representante social de la federación adscrito, el cual fue agregado a autos mediante proveído de veintitrés de mayo de la anualidad que transcurre, sin que el resto de las partes los hubieran formulado. A lo que la Juez determina. Téngase al Agente del Ministerio Público de la Federación realizando las manifestaciones en relación con el presente juicio, mismas que serán consideradas en su caso, al momento de emitir el fallo definitivo; así también, por perdido el derecho del resto de las partes para formularlos; en tal virtud se da por cerrado el presente periodo. Encontrándose debidamente integrado el expediente en que se actúa, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procédase a emitir la resolución que corresponda conforme a derecho. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 668/2019, promovido en favor de *, contra actos del Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral en el Estado de Querétaro y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado, *, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal en favor de *, en contra de las autoridades y actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Dichos peticionarios narraron los antecedentes del acto reclamado; invocaron los preceptos constitucionales que consideraron transgredidos; y expresaron los conceptos de violación que estimaron pertinentes. TERCERO. Una vez que los quejosos ratificaron la demanda promovida a su favor, mediante auto de veinte de mayo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándose el expediente con el progresivo 688/2019 en el Libro de Gobierno; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le compete a la representación social de la adscripción; se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional y previo trámite del juicio, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que se inició en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; dado que se reclaman actos emitidos de autoridades con sede en la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Materia del juicio de amparo. Ahora, atendiendo al contenido integral de la demanda de amparo, se tienen en el presente juicio como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: ACTO RECLAMADO Orden de detención y aprehensión, así como su ejecución. AUTORIDADES RESPONSABLES Sentido de Informe 1 Jueces del Sistema Penal Acusatorio y Oral dela Unidad I del Distrito Judicial en Querétaro. Niega 2 Jueces del Sistema Penal Acusatorio y Oral dela Unidad II del Distrito Judicial en Querétaro. Niega 3 Fiscal General del Estado de Querétaro. Niega 4 Dirección de Policía de Investigación del delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Niega 5 Fiscal de Acusación en Delitos Comunes con Detenido de la Unidad 1, de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Niega TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de amparo sea procedente. En este contexto, se tiene que las autoridades señaladas como responsables en los puntos 1 y 2 negaron categóricamente la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa desvirtuara con prueba alguna dicha negativa, pues no hizo manifestación alguna en relación a la vista que se le dio con los informes de las responsables, en los que negaron el acto reclamado, ni ofreció prueba alguna que desvirtuara tales negativas, siendo que es a dicha parte, a quien corresponde la carga de la prueba, por tanto este órgano federal reitera, procede sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa en cuanto a dichos actos y autoridades se refiere. Sirve de apoyo, la jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Tiene aplicación el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 7, visible en la página 10, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917-2000, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO POSITIVO. ANTE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SU EXISTENCIA DEBE PROBARSE POR EL QUEJOSO AUN CUANDO LAS VIOLACIONES EN EL COMETIDAS IMPLIQUEN CONDUCTAS NEGATIVAS. Cuando el acto reclamado necesariamente consiste en una conducta activa por parte de la autoridad y se señalan como violatorias al orden constitucional conductas de carácter omisivo en las que incurrió la autoridad responsable al realizarla, el quejoso debe demostrar la existencia de esa conducta positiva ante la negativa de la autoridad de haberla ejecutado, pues de la imposibilidad jurídica de exigir al quejoso la demostración de esas omisiones, no se puede derivar ni lógica ni jurídicamente la existencia del acto reclamado, en virtud de que si tales omisiones no pudieron generarse sino con motivo de esa conducta positiva y ésta no se produjo, menos aún pudieron verificarse las citadas omisiones". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Por otro lado, es cierto el acto reclamado consistente en la orden de detención que la parte quejosa atribuye a la Fiscal de Acusación de Delitos Comunes con Detenido de la Unidad 1 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, no obstante la negativa a la que aducen en su informe justificado. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias que remitió, al momento de rendir su informe justificado, se advierte que el quince de mayo de dos mil diecinueve, a las veintitrés horas quince minutos le fueron puestos a disposición en calidad de detenidos los aquí quejosos, circunstancia que originó la carpeta de investigación *. Certeza que se hace extensiva, a las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Querétaro y Director de Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, no obstante que en su informe justificado hayan negado la existencia del acto, lo cierto es que al haber sido señaladas en su carácter de autoridades ejecutoras y tomando en cuenta que se tuvo por cierto el acto reclamado a la autoridad ordenadora, es evidente que la ejecución del mismo les corresponde, consecuentemente; se tiene por cierto el acto que se les reclama. QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." La misma consideración se desprende de la jurisprudencia número 814 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que al respecto menciona: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, esta juzgadora advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto a la orden de detención reclamada por los quejosos, en virtud de que hubo un cambio de situación jurídica y los efectos de dicha orden ya se encuentran consumados irreparablemente, por las razones que enseguida se exponen: El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deba considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." En efecto, la improcedencia del amparo es una institución jurídica por virtud de la cual el juzgado federal se encuentra imposibilitado para determinar si el acto reclamado es constitucional o inconstitucional. Su estudio es preferente, lo aleguen o no las partes. Ahora, en los procedimientos penales, una situación jurídica es el conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, o bien, puede ser catalogada como una etapa procesal en el juicio. Y el cambio de situación jurídica se presenta cuando se complementa una en todas sus partes, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. En la materia que ocupa la atención, una situación jurídica se crea con motivo de la emisión del alguno de los siguientes actos: a) Orden de aprehensión; b) Auto de formal prisión; y, c) Sentencia definitiva. Situaciones jurídicas concretas que se encuentran dentro de los diversos procedimientos penales, ya sea porque ahí están contenidas o porque inician o terminan con ellos; por ejemplo, la preinstrucción, la instrucción o el juicio; sin embargo, de una u otra forma el aspecto a destacar, lo es que no pueden converger para el estudio de fondo toda vez que esas situaciones jurídicas son preclusivas, esto es, el nacimiento de la segunda deja irreparablemente consumada la primera; y el de la tercera la segunda. Expuesto lo anterior, de las constancias remitidas por la Fiscal de Acusación de Delitos Comunes con Detenido de la Unidad 1 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, así como siguiendo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO", se advierte que a las veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos del quince de mayo de dos mil diecinueve, le fueron puestos a disposición, en calidad de detenidos, a los aquí quejosos, circunstancia que originó la carpeta de investigación *. El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, se calificó de legal la detención, estableció la retención de los imputados y dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas puso a disposición del Juez de Control a los aquí quejosos y el dieciocho de mayo de dos mil diecinueve, el Juez de Control vinculó a proceso a ambos imputados, aquí quejosos. Por lo que resulta evidente que cambió la situación jurídica de los quejosos, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 del ordenamiento legal invocado; por tanto, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas por no poder decidirse en el procedimiento aludido, sin afectar la nueva situación jurídica originada con el auto de vinculación a proceso en comento. Consecuentemente, al actualizarse dicha hipótesis legal, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XVII, del diverso 61, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". No pasan por alto las manifestaciones que en vía de alegatos formula la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; sin embargo, éstos no forman parte de la litis y debido a ello, no existe obligación de esta suscriptora de entrar al estudio de los razonamientos expresados en el escrito correspondiente. Apoya esta consideración, la jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del Número 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 205449, de título y contenido que disponen: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido en favor de *, contra los actos que reclama de las autoridades que señala como responsables, mismas que se mencionaron y precisaron en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia.

  3. Principal

    ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido en favor de *** , contra los actos que reclama de las autoridades que señala como responsables, mismas que se mencionaron y precisaron en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia.En veintitrés

  4. Incidental

    PRIMERO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada a *** , por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por el artículo vigésimo fracción lll del Acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran más de seis meses del dictado de la presente resolución. TERCERO. Asimismo, se establece que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración en términos del primer párrafo de la fracción III del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

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