Adrián López Ávalos Galván

Expediente 169/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
169/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
10/11/2021

Partes del expediente

  • Juez Octavo de Primera Instancia del ramo Civil, Tijuana, Baja California
  • Adrián López Ávalos Galván

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Juicio de amparo 169/2021-F El diez de noviembre de dos mil veintiuno, se da cuenta al juez, con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero, fracciones II y III, párrafo primero, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, así como el original del incidente de suspensión relativo a este juicio, son susceptibles de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio de amparo y negado la medida cautelar, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el dieciséis de noviembre de dos mil veintiséis. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III del artículo vigésimo del acuerdo en comento, en la inteligencia de que ya transcurrió el término de seis meses al que hace referencia el precepto en mención. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda, el dieciséis de noviembre de dos mil veinticuatro. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, en cumplimiento al último párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento, se requiere a las partes, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, en caso de haber exhibido documentación original y/o fotocopias certificadas, comparezcan ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para su devolución, apercibiéndoles que de no hacerlo así, tales probanzas serán destruidas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    hago constar que se notifica por medio de lista a la parte quejosa, la determinación de diez de noviembre de dos mil veintiuno,, emitida en autos del juicio de amparo al rubro citado, por no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley a recibir notificación personal, no obstante haber sido legalmente citado para tal efecto. Lo anterior, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Doy

  3. Principal

    C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que los actos reclamados tendrán ejecución material dentro de la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda de derechos fundamentales, se precisa que los actos de reclamo destacados son: la afectación al derecho de posesión que aduce tener el quejoso respecto de los inmuebles identificados como lotes de terreno 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 32, 33 y 34, todos de la manzana 9, fraccionamiento Villa Colonial, La Mesa, en esta ciudad, derivada de la tramitación del juicio ordinario civil 1453/2016 de la estadística del Juzgado Octavo de lo Civil, de esta localidad, sin haber tenido audiencia previa. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al juez y actuaria responsables, pues así se advierte del contenido de su informe justificado; lo que además se corrobora con las constancias que fueron allegadas, relativas al juicio ordinario civil 1453/2016 de origen; documentos públicos que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, es cierto la falta de llamamiento reclamada, pues no obstante su negativa, al rendir informe justificado, realizaron manifestaciones encaminadas a defender la constitucionalidad de su actuar. CUARTO. En estricto acatamiento con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si existe alguna causa de improcedencia que conlleve el sobreseimiento en el juicio, lo aleguen o no las partes. En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la primera parte de la fracción XII del artículo 61, en relación con el numeral 5º, fracción I, ambos de la ley de la materia, pues el quejoso no acredita afectación a su interés jurídico. Los preceptos invocados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley [.]." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa [.]." En el caso a estudio, el solicitante del amparo Adrián López Ávalos Galván acude a esta instancia constitucional, ostentándose como tercero extraño al juicio ordinario civil 1453/2016, en reclamo de las actuaciones verificadas dentro de dicho procedimiento, y en particular de cualquier acto de molestia relacionado con los bienes inmuebles identificados como lotes de terreno 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 32, 33 y 34, todos de la manzana 9, fraccionamiento Villa Colonial, La Mesa, en esta ciudad, pues aduce ser propietario de esos bienes raíces. El impetrante sustenta su interés jurídico con el contrato privado de compraventa que adjuntó a su demanda, celebrado, al parecer, el once de marzo de dos mil cinco (fojas 13 a 15), entre Héctor Armienta Emerich, con el carácter de vendedor, y Adrián López Ávalos Galván, como comprador, respecto de los lotes 32, 33 y 34, todos de la manzana 9, fraccionamiento Villa Colonial, La Mesa, en esta ciudad. Documental que se valora de conformidad con lo previsto en los artículos 133 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de un documento privado. Por lo que se refiere a los lotes de terreno 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 16, todos de la manzana 9, fraccionamiento Villa Colonial, La Mesa, en esta ciudad, ofrece el contrato privado de compraventa y cesión de derechos de posesión celebrado entre el impetrante y Salvador Ovalle Santiago el uno de marzo de dos mil, que obra integrado en las copias certificadas del juicio ordinario civil 442/2018, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil, con sede en esta ciudad, en el que demandó la prescripción de los mismos (fojas 31 a 35); documentos públicos que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Sin embargo, el contrato referido en primer término se considera insuficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso en el presente juicio de amparo, al no tener el alcance para demostrar que cuenta con la posesión legal del inmueble que ahí refiere, dado que tal documento carece de fecha cierta sobre la celebración del acto jurídico que entraña, misma que se adquiere cuando es presentado ante notario público, un funcionario en razón de su oficio, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. En efecto, un contrato de compraventa que carece de fecha cierta es ineficaz para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un bien inmueble que dice ocupar en calidad de comprador, ostentándose como tercero extraño al juicio de origen, dado que no es posible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo que se inste en el juicio constitucional. En apoyo a lo anteriormente expuesto se cita la jurisprudencia 1a./J. 46/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 78, diciembre de 1999, tomo X, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Ahora, por lo que ve al acuerdo de voluntades mencionado en segundo término, que obra integrado en las copias certificadas del juicio ordinario civil 442/2018, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil, con sede en esta ciudad, en el que el aquí quejoso demandó la prescripción de los lotes ahí descritos a Salvador Ovalle Santiago y a Desarrollo Urbano y Turístico de Baja California, Sociedad Anónima de Capital Variable; no obstante su valía, resultan insuficientes para tener por acreditado el interés jurídico que dice le asiste para acudir en reclamo de las actuaciones verificadas en el juicio de origen, relacionadas con el bien raíz de que se trata. Lo que se considera, pues si bien en dicho juicio se hizo constar la existencia del contrato de compraventa celebrado el uno de marzo de dos mil, entre Salvador Ovalle Santiago y el aquí quejoso, por el cual aduce tener la posesión del inmueble que defiende; lo cierto es, que de acuerdo con la documental que se analiza, dicho contrato adquirió fecha cierta el doce de marzo de dos mil dieciocho, cuando lo exhibió como anexo adjunto a la demanda de prescripción con la que dio origen el referido juicio ordinario civil, y en el que según las constancias exhibidas por el propio quejoso, no se ha dictado sentencia definitiva que lo declare propietario del bien inmueble materia de la litis; resultando así ineficaz para acreditar su interés jurídico a efecto de que se le otorgue garantía de audiencia en el juicio ordinario civil 1453/2016, con el carácter de tercero extraño en estricto sentido, en tanto que éste tuvo su génesis desde el catorce de octubre de dos mil dieciséis, al haberse presentado la demanda correspondiente, que resulta anterior a aquella data en la que adquirió fecha cierta el contrato de compraventa con el que el quejoso pretende acreditar su interés jurídico. Lo anterior es en ese sentido, ya que el contrato de compraventa exhibido sólo surte efectos entre las partes que intervinieron en él, hasta en tanto obtiene una fecha cierta, que otorgue veracidad del tiempo en el que se llevó a cabo el acto jurídico contenido en el documento, lo cual como se dijo, aconteció hasta el doce de marzo de dos mil dieciocho, esto es, con posterioridad a los actos respecto de los cuales se solicita derecho de audiencia previa, motivo por el cual dicho documento es insuficiente para tener por acreditado el derecho subjetivo del quejoso o la existencia del interés cualificado como requisito de legitimación para acceder al juicio de amparo, en defensa del bien inmueble de que se trata. Estimar lo contrario permitiría darle valor a un acto posterior al reclamado, con lo que se podría desnaturalizar el juicio de amparo al consentir la probabilidad de simulación de actos que permitieran reclamar otros diversos, respecto de los cuales, en realidad no se tiene interés jurídico. En apoyo de lo expuesto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 33/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 314, agosto 2010, tomo XXXII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él." [El énfasis es propio]. De igual manera, la jurisprudencia 1a./J. 21/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 259, abril 2010, tomo XXXI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable." [El subrayado es propio]. En tal sentido, al no haberse demostrado el interés jurídico que le asiste al quejoso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de la invocada legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 1/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 15, febrero de 2002, tomo XV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados a la autoridad ejecutora Actuaria adscrita al Juzgado Octavo de lo Civil de Tijuana, Baja California. Sin que pase inadvertido que no se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, sin embargo, el hecho de que no se le haya llamado a estos autos, no le acarrea ningún perjuicio, atendiendo a que el quejoso no acreditó el interés jurídico que dice le asiste para ser llamado al juicio ordinario civil del que emanan los actos que reclama, lo cual trae aparejado el sobreseimiento en el presente juicio. Sirve de apoyo la tesis P. V/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 45, febrero de 1998, tomo VII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ .De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." QUINTO. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5°, fracción I, 61, fracción XII, primera parte, en relación con el 63, fracción V, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 169/2021, promovido por Adrián López Ávalos Galván, contra los actos que reclamó de la Juez Octavo de lo Civil, de esta ciudad, y de otra autoridad, precisados en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. hago constar que se notifica por medio de lista a la parte quejosa, la determinación de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en autos del juicio de amparo al rubro citado, por no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley a recibir notificación personal, no obstante haber sido legalmente citado para tal efecto. Lo anterior, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días otorgado a las partes en proveído de veinte de mayo del año en curso; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y en su lugar se fijan las once horas del cinco de julio de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese.

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