Adrián Llovet Porras

Expediente 813/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
813/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
21/11/2017

Partes del expediente

  • Adrián Llovet Porras

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la ley de la materia, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de treinta de octubre pasado (fojas 84 a 89), que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En vista de lo anterior, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción. Por lo anterior, archívese el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se desechó la demanda de amparo, en términos artículo 113 de la Ley de Amparo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA III. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Agréguese a los autos el escrito signado por Adrián Llovet Porras, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 63 a 69), de acuerdo a su contenido, se provee: Ahora bien, del escrito de demanda y escritos aclaratorios se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: La inconstitucionalidad de los artículo 9, fracción I y 10, fracción I, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil diez. Atribuidos al Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación, en sus respectivas esferas de competencia. La inconstitucionalidad de los artículos 163, 165, 166 y 167 del Código Penal para el Distrito Federal, publicados el dieciséis de julio de dos mil dos y reformados mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinticuatro de febrero de dos mil seis. Atribuidos a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Secretario de Gobernación del Distrito Federal y Director de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en sus respectivas esferas de competencia. La inconstitucionalidad del artículo 268 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, publicado el veintinueve de agosto de mil novecientos treinta y uno y, reformado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve y republicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. Atribuidos al Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación, en sus respectivas esferas de competencia. La aplicación y ejecución que se pretenda dar de los artículos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro, Código Penal y Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia del Fuero Federal, en contravención a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre la Readaptación Social de los Sentenciados, y la Ley de Ejecución de sanciones Penales para el Distrito Federal; particularmente la adición, creación, derogación y reforma a los artículos 9 fracción I, 10 fracción I, de La Ley General para Prevenir y sancionar los Delitos de Secuestro publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha treinta de noviembre de dos mil diez; 163, 165, 166 y 167 del Código Penal así como 268 del Código de Procedimientos Penales en Vigor para el Distrito Federal.Códigos y Leyes que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha dos de enero de mil novecientos treinta y uno y su entrada en vigor en fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos treinta y uno, bajo el toca penal número 103/2014. Atribuidos a los Magistrados de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia; Juez Vigésimo Séptimo Penal; Director y Subdirector Técnico del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; Procurador y Jefe del Departamento de identificación de Servicios Periciales, ambos de la Procuraduría General de Justicia y; Coordinador Técnico del Registro Federal de Electores DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos, pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el numeral 61 de la Ley de Amparo o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el numeral 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. En el caso, de la demanda de amparo y escritos aclaratorios se advierte que de los actos reclamados precisados en los numerales 1, 2 y 3, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo que conlleva a desechar de plano la demanda de amparo, acorde a lo dispuesto por el citado numeral 113 de la ley de la materia; preceptos normativos que disponen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "ARTÍCULO 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." (Énfasis añadido) "ARTÍCULO 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano (.)". De los preceptos transcritos se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, en contra de aquéllos que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que prevé la ley; siendo que el término para la presentación del presente juicio, es el establecido en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, que es de treinta días. Siendo puntual en sus escritos de veinte de octubre y el que se provee, que reclama dichas normas de manera autoaplicativas; por lo tanto, de conformidad con el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo; el término para promover el juicio de amparo en contra de estas disposiciones que reclama de inconstitucionales, es de treinta días. Tomando en consideración que el artículo 18 de la Ley de Amparo, dispone que el plazo para la promoción del juicio de garantías se computará a partir de su entrada en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 461, Tomo VII, Mayo de 1998, en Materia Común, Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que a la letra dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.". Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo", no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación." De igual forma, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia IV.3o. J/44, sustentada por Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible a página 49 del Semanario Judicial de la Federación número 86-2, Febrero de 1995, octava época, del rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." Lo anterior, toda vez que las disposiciones aludidas entraron en vigor, las relativas a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro, noventa días después de su publicación; las del Código Penal para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, al día siguiente de su publicación; y la del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el uno de octubre de mil novecientos noventa y nueve. En tales condiciones, se advierte que el término de treinta días que prevé el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, para presentar la demanda de garantías para impugnar los siguientes ordenamientos: 1. Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro. 2. Código Penal para el Distrito Federal. 3. Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Transcurrió en exceso, ya que de la papeleta emitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federa, se advierte que se presentó la demanda el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete: por lo que se deduce que su presentación se hizo en forma extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/97, sustentada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la página 5, Tomo VI, Julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en materia Común, Constitucional, Novena época, que a la letra dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." (Énfasis añadido) También tiene aplicación la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página doscientos del tomo XIII, de enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA.- Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda". En consecuencia, con fundamento en lo previsto por los artículos 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo y 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, por actualizarse, de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia invocada. Desechamiento que se hace extensivo en relación con los actos reclamados precisados en el punto 4, reclamados a los Magistrados de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia; Juez Vigésimo Séptimo Penal; Director y Subdirector Técnico del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; Procurador y Jefe del Departamento de identificación de Servicios Periciales, ambos de la Procuraduría General de Justicia y; Coordinador Técnico del Registro Federal de Electores Sin que lo anterior, le irrogue perjuicio a la parte quejosa, en virtud de que quedan expeditos sus derechos para que los haga valer en el primer momento de aplicación de dichos ordenamientos

  3. Principal

    MESA III. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, DEL AUTO DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el escrito de demanda de amparo presentado por Adrián Llovet Porras, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 103 y 107 fracción I Constitucionales; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 813/2017-III-B. PREVENCIÓN A efecto de proveer respecto a su admisión, es importante tomar en consideración lo establecido en el numeral 114, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. (.)". Con base en la porción normativa que precede, el Juez de Distrito al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir: Irregularidades, como podría ser imprecisión o deficiencias en los antecedentes de los actos reclamados, entre otros. Omisión en alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108, de la ley de la materia, como el señalamiento preciso del acto que de cada autoridad se reclame. En la especie, se estima que en la demanda que nos ocupa se actualizan los supuestos señalados, como enseguida se demuestra. Para mayor soporte del aserto que precede, es conveniente traer a contexto las fracciones III y IV, del numeral 108, de la citada Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.)" De los preceptos transcritos, se conoce que el impetrante tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional el acto concreto que le atribuye a cada una de las autoridades que señala como responsables. En efecto, el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y acto reclama a las autoridades responsables, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, entre ellos: a) Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b) Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c) La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. Ilustra lo anterior el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." Ahora bien, el capítulo de autoridades responsables, el quejoso señala: ". Como Ordenadoras: a) El H. Congreso de la Unión, con la Cámara de Diputados como Cámara de Origen y la de Senadores como Revisora; b) El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; c) EL Jefe de Gobierno del otrora Distrito Federal y ahora Ciudad de México; d) H. Asamblea Legislativa del otrora Distrito Federal y ahora Ciudad de México; Como Ordenadoras y Ejecutoras: a) C. Magistrados integrantes de la Cuarta Sala Penal del otrora Distrito Federal y ahora Ciudad de México. b) C. Juez Vigésimo Séptimo Penal en el otrora Distrito Federal y ahora de la Ciudad de México; c) El C. Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en el otrora Distrito Federal y ahora Ciudad de México; d) C. Subdirector Técnico del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en el otrora Distrito Federal y ahora Ciudad de México; e) C. Procurador General de Justicia del otrora Distrito Federal y ahora Ciudad de México; f) C. Jefe de Departamento de Identificación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del otrora Distrito Federal y ahora Ciudad de México; y g) Coordinador Técnico del Registro Federal de Electores." Sin embargo, en el apartado respectivo a los actos reclamados la parte quejosa indica que respecto del decreto que crea, reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro, Código Penal, Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia del Fuero Federal (.) particularmente la adición, creación, derogación y reforma a los artículos 9 fracción I, 10 fracción I, de La Ley General para Prevenir y sancionar los Delitos de Secuestro publicada en el diario oficial de la federación en fecha 30 de noviembre de 2010, artículos 163, 165, 166 y 167 del Código Penal, así como el artículo 268 del Código de Procedimientos Penales en Vigor para el Distrito Federal (.), 02 de enero de 1931 y su entrada en vigor en fecha 17 de septiembre de 1931 respectivamente (sic), atribuye respectivamente a las autoridades responsables: a) Del Congreso de la Unión, la aprobación. b) Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la expedición y publicación. c) Del Secretario de Gobernación, la publicación y fe. d) Del Director del Diario Oficial de la Federación, la publicación y emisión en el Diario Oficial de la Federación. e) De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hoy Ciudad de México, las aprobaciones de fechas dieciséis de julio de dos mil dos y treinta de noviembre de dos mil diez. f) Del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ahora Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la publicación del decreto de fechas dieciséis de julio de dos mil dos y treinta de noviembre de dos mil diez. g) Del Secretario de Gobierno del Distrito Federal hoy Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, el refrendo, fe y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. h) Del Director de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la publicación. i) Del Juez Vigésimo Séptimo Penal de esta Ciudad, la aplicación y ejecución que se pretenda dar a los artículos 9 fracción I, 10 fracción I, de La Ley General para Prevenir y sancionar los Delitos de Secuestro, en la causa penal 103/2011. j) Del Director y Subdirector Técnico, ambos del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; Procurador General de Justicia, Jefe de Departamento de Identificación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia y del Coordinador Técnico del Registro Federal de Electores, todos de esta Ciudad, la aplicación y ejecución que se pretenda dar en la causa penal 103/2011. De lo anterior, debe decirse que la demanda de amparo es obscura e imprecisa, atendiendo a las siguientes consideraciones: Al citar el decreto reclamado por una parte el quejoso refiere que fue publicado el dieciséis de julio de dos mil dos; sin embargo, también menciona como fecha de publicación el treinta de noviembre de dos mil diez, lo crea incertidumbre sobre la fecha correcta o si se trata de dos distintos decretos, además que señala también que "fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en fechas 30 de noviembre de 2010, 02 de enero de 1931 y su entrada en vigor en fecha 17 de septiembre de 1931 respectivamente". Además de referirse indistintamente en el curso de su demanda al "Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia del Fuero Federal" y al "Código de Procedimientos Penales en vigor para el Distrito Federal", sin precisar a qué ordenamiento pertenece el artículo 268; como tampoco explica lo que quiere decir con la expresión ". respecto del enunciado general de los artículos de La Ley General para Prevenir y sancionar los Delitos de Secuestro.". Ahora bien, respecto de los actos y autoridades señalados anteriormente, es necesario fijar la litis correctamente, para lo cual el quejoso debe expresar con precisión si los artículos 9 fracción I, 10 fracción I, de La Ley General para Prevenir y sancionar los Delitos de Secuestro, del multicitado decreto, los reclama como normas de carácter autoaplicativa o heteroapliactiva. De reclamarlos como normas heteroapliactivas deberán precisar el acto o actos concretos de aplicación en su perjuicio, es decir, el acto o resolución en el que se aplicaron los preceptos que tilda de inconstitucionales. Asimismo, respecto del decreto que el quejoso estima inconstitucional, corresponden a las autoridades señaladas como responsables, según sus atribuciones lo siguiente: 1. Al Congreso de la Unión: LA EMISIÓN. 2. Al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: LA PROMULGACIÓN Y ORDEN DE PUBLICACIÓN. 3. Al Secretario de Gobernación: EL REFRENDO. 4. Al Director del Diario Oficial de la Federación: LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. De lo anterior, se desprende que el quejoso atribuyó incorrectamente los actos que señala a las autoridades responsables. Por otra parte, no se advierte qué acto u omisión reclama a la Cuarta Sala Penal de esta Ciudad. Aspectos que son indispensables a efecto de estar en aptitud de fijar correctamente la Litis constitucional y hacer el correcto llamamiento de las autoridades responsables, pues tratándose de un asunto en materia penal, la suplencia prevista en el artículo 76 bis fracción II de la Ley de Amparo consiste únicamente en suplir los razonamientos por los cuales la parte quejosa estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con los actos reclamados, y no autoriza al juzgador de amparo cambiar los actos reclamados ni las autoridades responsables señalados por la parte quejosa. Cabe aclarar que al escrito mediante el cual dé cumplimiento a la prevención que se le formula, deberá acompañar las copias necesarias para cada una de las partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 110, de la ley de la materia, esto es, tantas copias como autoridades responsables señale y una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda. Ahora bien, se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ismael Rodríguez Rangel y Jesús Rivas Gómez, en virtud que cuentan con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a las personas expresamente señaladas para tal efecto; así como, a Eduardo Miguel Espinosa Hernández, por no contar con el registro de su cédula en el sistema antes señalado, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberá registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena a la Secretaria supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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