Adrián León De la Fuente
Expediente 135/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 135/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 25/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Adrián León De la Fuente
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, mediante el cual solicita la devolución de la copia certificada del nombramiento del cargo de Contralor del Ejecutivo expedido con fecha dos de enero de dos mil diecisiete, autorizando para recogerlo a las personas que indica en su oficio de cuenta. Atento a lo anterior, dígase a la autoridad oficiante que no ha lugar a acordar de conformidad la devolución del documento que solicita, toda vez que el mismo no obra en autos, contrario a lo refiere la autoridad oficiante en su misiva de cuenta. Por otra parte, sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional, que dichas constancias fueron exhibidas dentro del incidente de suspensión y que en su momento la autoridad solicitó su devolución, a lo cual en proveído de seis de marzo de dos mil diecisiete, se estableció lo siguiente: ".tomando en consideración que la autoridad oficiante solicita la devolución de la copia certificada que anexa, autorizando a las personas que refiere, para que le sea entregada la misma; con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución de dicha constancia, previo recibo y toma de razón que obre en autos, dejando en el expediente copia certificada de la misma".
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, mediante el cual, solicita la devolución de la copia certificada del nombramiento del cargo de Contralor del Ejecutivo, autorizando para recogerlo a las personas que indica en su oficio de cuenta. Por lo anterior, dígase a la autoridad oficiante que no ha lugar a acordar de conformidad la devolución del documento que solicita, toda vez que, el mismo no fue exhibido por la Contralor del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, tal y como lo refiere en su misiva de cuenta. Lo anterior es así, toda vez que, si bien, en proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo a la Titular de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, rindiendo su respectivo informe justificado, lo cierto es que, únicamente remitió como apoyo al mismo, copia certificada del expediente 100/2015/DJ/DRA, relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa, no así, el nombramiento referido por la autoridad oficiante.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a las partes en proveído de trece de julio de dos mil diecisiete (fojas 714 a la 716), correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformaran contra el citado auto; en consecuencia, HA CAUSADO ESTADO el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; en virtud que por una parte SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el citado plazo de cinco años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Por otra parte, aun cuando los documentos exhibidos por la parte quejosa en su demanda de amparo, no se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjese a su disposición, los cuales podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.
- Incidental
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a las partes en proveído de trece de julio de dos mil diecisiete (fojas 714 a la 716), correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformaran contra el citado auto; en consecuencia, HA CAUSADO ESTADO el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; en virtud que por una parte SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el citado plazo de cinco años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Por otra parte, aun cuando los documentos exhibidos por la parte quejosa en su demanda de amparo, no se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjese a su disposición, los cuales podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.
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