Adrián Javier Samaniego Pérez

Expediente 242/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
242/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
01/06/2021

Partes del expediente

  • Adrián Javier Samaniego Pérez
  • Lienciada Brisa Meraz, Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a primero de junio de dos mil veintiuno. Visto el oficio de la Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, agréguese para que obre como corresponda, téngase por hecha la información que refiere. Asimismo, se tiene el oficio y anexos remitidos por la licenciada Brisa Yadira Meraz Mendoza, Juez del Tribunal de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, agréguense a sus autos para que obren como correspondan, por medio del cual informa que el dieciocho de mayo del año en curso, se celebró la audiencia intermedia dentro de la causa penal 2742/20217, instruida en contra de Adrián Javier Samaniego Pérez y otro, en la que diverso resolutor, licenciado Luis Javier Ortíz Beltrán, quien fungió como Juez del Tribunal de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, cerró y declaró extinta la pretensión punitiva en contra de Adrián Javier Samaniego Pérez y otro, motivo por el cual con fundamento en los artículos 92 fracción IV, 93, 98 del Código Penal en vigor, en relación con los artículos 288 fracción V, 289, 290 y 292 del Código de Procedimientos Penales, decretó el sobreseimiento total de la causa en mención, con efectos de sentencia absolutoria, a favor de los imputados por el delito de fraude, previsto y sancionado por el artículo 223 fracción IV, del Código Penal, cometido en perjuicio de José Pánfilo Galindo Herrera, en hechos acontecidos los días veintitrés y veinticuatro de marzo de dos mil quince, en los domicilios ubicados en calles Australia número 6613, colonia Oasis Revolución y calle Garambullo número 6611 de la Colonia El Granjero respectivamente, ambos de esta ciudad, dado que la víctima antes mencionada otorgó el perdón más amplio que en derecho corresponda, así como darse por satisfecha del monto total de la reparación del daño en favor de los encausados de referencia, por lo que en la misma fecha se dejaron sin efectos las medidas cautelares en su contra. Asimismo, se tiene a la Juez oficiante, remitiendo como sustento de lo anterior copia certificada del disco óptico de audio y video de la audiencia celebrada en fecha dieciocho de mayo del año en curso. En esa asociación de ideas, es inconcuso que para el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Cabe puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que han cesado los efectos del acto reclamado cuando todas sus consecuencias han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, es decir, que el acto que hubiere invadido la esfera jurídica del particular no deje huella alguna. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese contexto, si el acto reclamado era la orden de aprehensión emitida en su contra y atento a lo manifestado por la autoridad responsable Juez del Tribunal de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad y del disco óptico que anexo al oficio de cuenta, ha quedado sin vida jurídica, al haberse emitido el sobreseimiento del asunto, con efectos de sentencia absolutoria, resulta evidente que han cesado los efectos del acto que por esta vía se impugna, y en consecuencia, se actualiza la causa que hace improcedente el juicio de amparo prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente al particular tratado, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida en Novena época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 38, del tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esa tesitura, al quedar evidente, conforme a lo antes dicho, la existencia manifiesta e indudable de la causa que hace improcedente el presente juicio de amparo, contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de amparo, lo procedente es, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, ya que considerar lo contrario, sería tanto como retardar la impartición de justicia, en detrimento de la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Es sustento a lo dicho, la jurisprudencia por contradicción número 2ª/J. 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que de Novena Época, es del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo antes determinado, se deja sin efectos la audiencia constitucional que habría de tener verificativo a las catorce horas con diez minutos del diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente al quejoso y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a primero de junio de dos mil veintiuno. Visto el oficio de la Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, agréguese para que obre como corresponda, téngase por hecha la información que refiere. Asimismo, se tiene el oficio y anexos remitidos por la licenciada Brisa Yadira Meraz Mendoza, Juez del Tribunal de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, agréguense a sus autos para que obren como correspondan, por medio del cual informa que el dieciocho de mayo del año en curso, se celebró la audiencia intermedia dentro de la causa penal 2742/20217, instruida en contra de Adrián Javier Samaniego Pérez y otro, en la que diverso resolutor, licenciado Luis Javier Ortíz Beltrán, quien fungió como Juez del Tribunal de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, cerró y declaró extinta la pretensión punitiva en contra de Adrián Javier Samaniego Pérez y otro, motivo por el cual con fundamento en los artículos 92 fracción IV, 93, 98 del Código Penal en vigor, en relación con los artículos 288 fracción V, 289, 290 y 292 del Código de Procedimientos Penales, decretó el sobreseimiento total de la causa en mención, con efectos de sentencia absolutoria, a favor de los imputados por el delito de fraude, previsto y sancionado por el artículo 223 fracción IV, del Código Penal, cometido en perjuicio de José Pánfilo Galindo Herrera, en hechos acontecidos los días veintitrés y veinticuatro de marzo de dos mil quince, en los domicilios ubicados en calles Australia número 6613, colonia Oasis Revolución y calle Garambullo número 6611 de la Colonia El Granjero respectivamente, ambos de esta ciudad, dado que la víctima antes mencionada otorgó el perdón más amplio que en derecho corresponda, así como darse por satisfecha del monto total de la reparación del daño en favor de los encausados de referencia, por lo que en la misma fecha se dejaron sin efectos las medidas cautelares en su contra. Asimismo, se tiene a la Juez oficiante, remitiendo como sustento de lo anterior copia certificada del disco óptico de audio y video de la audiencia celebrada en fecha dieciocho de mayo del año en curso. En esa asociación de ideas, es inconcuso que para el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Cabe puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que han cesado los efectos del acto reclamado cuando todas sus consecuencias han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, es decir, que el acto que hubiere invadido la esfera jurídica del particular no deje huella alguna. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese contexto, si el acto reclamado era la orden de aprehensión emitida en su contra y atento a lo manifestado por la autoridad responsable Juez del Tribunal de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad y del disco óptico que anexo al oficio de cuenta, ha quedado sin vida jurídica, al haberse emitido el sobreseimiento del asunto, con efectos de sentencia absolutoria, resulta evidente que han cesado los efectos del acto que por esta vía se impugna, y en consecuencia, se actualiza la causa que hace improcedente el juicio de amparo prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente al particular tratado, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida en Novena época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 38, del tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esa tesitura, al quedar evidente, conforme a lo antes dicho, la existencia manifiesta e indudable de la causa que hace improcedente el presente juicio de amparo, contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de amparo, lo procedente es, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, ya que considerar lo contrario, sería tanto como retardar la impartición de justicia, en detrimento de la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Es sustento a lo dicho, la jurisprudencia por contradicción número 2ª/J. 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la página 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que de Novena Época, es del texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como consecuencia de lo antes determinado, se deja sin efectos la audiencia constitucional que habría de tener verificativo a las catorce horas con diez minutos del diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente al quejoso y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presente autos, se advierte, específicamente del informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravo, con sede en esta ciudad, señalada como responsable en este juicio constitucional, que existe una parte a la que le asiste el carácter de tercero interesado en el presente juicio, en el caso, Pánfilo Galindo Herrera, víctimas del delito de fraude, por lo que, téngasele como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo. A efecto de emplazar al tercero interesado al presente juicio de amparo, solicítese al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía en el Estado de Chihuahua, Zona Norte, con sede en esta ciudad, Encargado de la Carpeta de Investigación seguida en contra de Adrián Javier Samaniego Pérez, (hechos que dieron origen a la causa penal 2742/2017, ante el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad), informe a este órgano jurisdiccional, en el término de tres días computados legalmente, el domicilio cierto y correcto del tercero interesado Pánfilo Galindo Herrera y que obra en la aludida carpeta, a efecto de estar en condiciones de llamarlos al presente controvertido constitucional. Requerimiento que se hace, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento al presente mandato judicial, se le impondrá como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,962 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) de conformidad con el artículo 5º de la Ley para determinar del valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo el valor diario actual de dichas unidades el de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), en concordancia con los artículos 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo. De igual manera, se advierte de autos, que le resulta el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía en el Estado de Chihuahua, Zona Norte, con sede en esta ciudad, Encargado de la Carpeta de Investigación seguida en contra de Adrián Javier Samaniego Pérez, (hechos que dieron origen a la causa penal 2742/2017, ante el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad),por lo que, se comisiona al actuario judicial adscrito se sirva emplazar a dicha autoridad, corriéndole traslado con una copia simple de la demanda de amparo y del auto admisorio, haciéndole saber además la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Lo anterior, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la página 2713, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, Materia(s): Común, Penal, Tesis: XXVII.3o. J/3 (10a.), Décima Época, Registro 2007871, del tenor siguiente: "NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Por otra parte, los procedimientos penales del sistema tradicional son: a) averiguación previa a la consignación a los tribunales, b) preinstrucción, c) instrucción, d) primera instancia o juicio, e) segunda instancia, f) ejecución y, g) procedimientos especiales. En cada uno de ellos, la ley prevé la participación de la institución ministerial federal como representante de la sociedad (parte acusadora de carácter público), empero, materialmente no es un solo agente quien participa en cada etapa del proceso, sino que la propia institución, con base en su organización interna, designa mediante adscripción, a los encargados de solventar las facultades que corresponden al Ministerio Público en cada procedimiento mencionado. Así, es claro que esa intervención está acotada en atención al procedimiento en que se genera el acto reclamado; por tanto, la calidad de tercero interesado se actualiza para el Ministerio Público de la Federación que intervino en el procedimiento respectivo. De ahí que, si el acto reclamado es la sentencia de segunda instancia, tendrá el carácter de tercero interesado el Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada (Tribunal Unitario o Sala Penal) señalado como responsable, al ser el representante social que intervino en la fase del proceso penal de la que deriva el acto reclamado y, además, no tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo. Por consiguiente, basta con la notificación que la autoridad responsable practique al agente del Ministerio Público de su adscripción, para tener por satisfecho el emplazamiento en su carácter de parte tercero interesada, sin que sea necesario notificar también al agente ministerial que fungió en otros procedimientos, como el de primera instancia." También, cobra aplicación la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la página 1426, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 51, Febrero de 2018, tomo III, Materia(s): Común, Penal, Tesis: III.1o.P.5 P (10a.), Décima Época, Registro 2016194, der rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL MINISTERIO PÚBLICO -EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO- AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DE REALIZARLO RESPECTO DEL AGENTE QUE INTERVINO EN EL PROCEDIMIENTO DE SEGUNDA INSTANCIA DE DONDE DERIVA EL ACTO RECLAMADO NO SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE ORIGEN, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. El hecho de no haber llamado a juicio al tercero interesado agente del Ministerio Público que intervino en el procedimiento de segunda instancia, de donde deriva el acto controvertido y que no fue señalado como autoridad responsable en el juicio de origen, viola los artículos 115 y 116 de la Ley de Amparo, pues al continuar el recurso ante la alzada en el efecto devolutivo, el ad quem reasume jurisdicción, y se continúa con el proceso. En ese sentido, al no existir constancias en el juicio de amparo que revelen que se hubiera llevado a cabo el emplazamiento al tercero interesado, esa omisión le causa perjuicio al no haber sido escuchado durante esa etapa procesal, por lo que al advertirse esa violación a las leyes del procedimiento, debe revocarse la sentencia sujeta a revisión y ordenarse la reposición del procedimiento para que se subsane la falta de emplazamiento de que se trata." En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para verificarse el día de hoy, y en su lugar, se fijan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo dicha audiencia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta, con anexos, agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda. Atento al contenido del mismo, se tiene a la autoridad Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, rindiendo su informe justificado, con anexos, mismos que se ponen a la vista de las partes, a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo.

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