Adrián Jaime Quezada Lara

Expediente 1867/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1867/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Adrián Jaime Quezada Lara

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el oficio signado por la Juez Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, por el que informa las gestiones realizadas para localizar el domicilio de la parte quejosa, y estar en posibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL EN LA QUE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA Y/O AUTORIZADOS NO ACUDIÓ DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTE AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE OCHO DE NOVIEMBRE ACTUAL, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE PROCEDE A NOTIFICAR MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS DE ESTE JUZGADO EL SIGUIENTE PROVEÍDO: ""Pachuca de Soto, Hidalgo, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda presentado por Adrián Jaime Quezada Lara, por propio derecho, se le tiene solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Jueza Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ixmiquilpan, Hidalgo y otras. REGISTRO DE DEMANDA Fórmese expediente y regístrese con el número 1867/2023-I-A, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN JUDICIAL Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: ".La admisión e instrumentación del juicio de jurisdicción voluntaria de diligencias de información Ad-Perpetuam 1042/2021 (.), la resolución y efectos ulteriores (.), la omisión de notificación al suscrito de las diligencias, (.), la orden de inscripción en el Registro Público de la Propiedad (.)" Precisado lo anterior, se estima que en la especie se actualiza de modo manifiesto, la causa de improcedencia contenida en fracción XXIII, del Artículo 61, concatenado con el diverso 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." La causal transcrita, alude al supuesto en el que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el Juez de Distrito, analizando las causas particulares del asunto sometido a su consideración, estima ocioso conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, atento a que no podrían concretarse los efectos de esa concesión y, desde luego, no se restituiría al agraviado en el pleno goce de los derechos fundamentales vulnerados, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación o, en su caso, no pudiera obligarse a la autoridad responsable a que obrara respetando los derechos quebrantados en perjuicio de los quejosos. Esto es, conforme al artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo que se solicita, se traduce en volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de derechos, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven; y en virtud de que el juicio de derechos fundamentales debe tener siempre una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de los derechos fundamentales vulnerados, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derechos de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 58, 145-150 Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "AMPARO, PROCEDENCIA DEL. REQUIERE QUE LA SENTENCIA PRODUZCA EFECTOS EN EL ACTO RECLAMADO, CON QUE SE OBTENGA EL RESPETO DE INTERESES JURÍDICOS DEL QUEJOSO." Ahora, en el caso concreto se advierte, se actualiza la causa de improcedencia referida, por lo que conviene establecer que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando esencialmente: La falta de llamamiento a las diligencias de jurisdicción voluntaria de diligencias de información Ad-Perpetuam 1042/2021, así como todo lo actuado incluyendo la resolución y su ejecución -inscripción en el Registro Público de la Propiedad-. Por su parte, el artículo 1231 del Código Civil para el Estado de Hidalgo, estatuye: ".Artículo 1231.- El que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas por este Código para adquirirlos por prescripción, puede promover juicio contra el que aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público, a fin de que se declare que la prescripción se ha consumado y que ha adquirido, por ende, la propiedad." Del numeral transcrito se desprenden dos hipótesis distintas: por un lado, establece una vía contenciosa que puede presentarse cuando existe un propietario inscrito en el Registro Público y un poseedor pretende adquirir por prescripción el bien inscrito y, por otra parte, establece la posibilidad de que, si no existe ninguna persona inscrita en el Registro, se pueda demostrar la posesión. De igual forma, de los artículos 879 y 882 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Hidalgo, se desprende que la jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del Juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre las partes determinadas, así como que si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima, se seguirá el negocio en procedimiento sumario, o en su caso se dará por concluida la jurisdicción voluntaria y quedarán a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma en que proceda. Ello cobra sustento, en la determinación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 117/2010, localizable en la página 228, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del mencionado medio de difusión oficial, de rubro: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA DEBE DARSE POR CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL PROMOVENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 882 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE HIDALGO).", criterio que consideró que las resoluciones que recaen a la jurisdicción voluntaria no reconocen derechos ni imponen prestaciones entre partes, pues su característica primordial es la ausencia de controversia o de parte contendiente. De ahí que, si se opone parte legítima, ese procedimiento debe concluir, ya que lo que caracteriza a las diligencias promovidas en esa vía es la inexistencia de cuestión alguna entre partes determinadas, esto es, de contienda entre partes. Razón por la cual "quedarán a salvo los derechos del promovente para que los haga valer en la vía y forma en que procesa", es decir, se refiere a la continuación del negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio, no así a la continuación del procedimiento abierto con motivo de la jurisdicción voluntaria. De ahí que, si estando ya promovidas las diligencias de jurisdicción voluntaria, se presentase oposición de parte legítima, en ese momento dichas diligencias deben darse por concluidas, sin que sea el caso de considerar que el propio procedimiento de jurisdicción voluntaria se transforme en contencioso, ni que automáticamente deba proceder a tramitarse conforme a las reglas de un verdadero juicio, salvo la declaratoria del órgano jurisdiccional en el sentido de que dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria se presentó oposición de parte legítima, en la inteligencia que el Juez que conozca de ese procedimiento no tiene que valorar ni pronunciarse respecto de si la oposición presentada es o no fundada, pues basta que sea planteada por parte legítima para que se den por concluidas las diligencias. Al interpretar el citado precepto 882 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, el Alto Tribunal destacó que si bien es cierto que establece en sus dos primeras hipótesis que si la oposición no se funda en la negativa del derecho, se seguirá el procedimiento sumario; así como que si la oposición se funda en la negativa del derecho, se sustanciará con los trámites establecidos para el juicio que corresponda, dichas hipótesis deben entenderse en el sentido de que ante la oposición de parte legítima y habiéndose dado por terminadas las diligencias de jurisdicción voluntaria, las partes oponentes cuyo derecho está en controversia, están en libertad de promover el juicio que corresponda para dilucidar a quién pertenece el derecho. Bajo ese contexto legal, se considera que cuando en la jurisdicción voluntaria no se cite a los interesados, el amparo promovido por alguno de ellos, sustentado en la pretensión de que les sea conferido el derecho a ser oídos en la audiencia, no obstante que ya haya concluido ese asunto no litigioso, a ningún efecto práctico llevaría otorgar la concesión solicitada porque, de cualquier manera, la jurisdicción voluntaria no trae aparejada condena alguna ni reconocimiento de derechos y, por ende, la parte que pretende oponerse dentro de la jurisdicción voluntaria, tiene expedito su derecho a instar la vía contenciosa. En efecto, se estima que de concederse la oportunidad al aquí quejoso de ser oído en el procedimiento con la finalidad de formular su oposición, la consecuencia que traería aparejada, de ser parte legítima, radicaría en dar por concluida la jurisdicción voluntaria para que, en su caso, intente su pretensión mediante juicio; prerrogativa que seguirá teniendo aún en el supuesto de que ya se haya emitido decisión en la jurisdicción voluntaria. De ahí que, si la parte quejosa en el juicio de amparo pretende que se le llame a la jurisdicción voluntaria, a ningún efecto práctico conduciría otorgarle la protección constitucional, pues de cualquier forma tiene expedito su derecho a instar en la vía contenciosa sus pretensiones. Incluso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 91/2005, visible en la página 86, Tomo XXII, Agosto de 2005, Materia Civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro: "INFORMACIONES AD PERPETUAM. LA RESOLUCIÓN QUE EN ELLAS SE DICTE NO ES APTA PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE MATERIA DE UN JUICIO REIVINDICATORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO)", consideró que la declaración hecha en un procedimiento de jurisdicción voluntaria sobre diligencias de información ad perpetuam, tienen los siguientes efectos: - El alcance de acreditar que se ha tenido la posesión de un inmueble, pero en ningún caso que se acreditó la propiedad y pueden servir de base para que en un juicio posterior se decida sobre la propiedad, siempre y cuando se reúnan las condiciones legales necesarias para ello; y, - Solo tiene efectos sólo declarativos y no constitutivos, pues en ellos no existe una contención entre las partes, de esta manera, la propiedad sobre los inmuebles sólo puede acreditarse mediante el juicio contencioso en el que se han reunido las condiciones legales requeridas, por lo que las diligencias de información ad perpetuam resultan ineficaces para probar el elemento de propiedad necesario para ejercer la acción reivindicatoria. Por ello, se estime que a ningún fin práctico se llegaría en caso de concederle el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la solicitante del amparo, ya que la propiedad del inmueble sólo puede acreditarse mediante el juicio contencioso y, por tanto, tiene expedito su derecho a instar en la vía contenciosa que estime pertinente. De igual manera, se advierte que cuando las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre prescripción adquisitiva han concluido, existe imposibilidad jurídica de que se produzcan los efectos restitutorios de la sentencia concesoria que, en su caso, se dicte en el juicio de amparo promovido por quien se ostenta tercera extraña, pues al ya haber terminado el procedimiento correspondiente y dictado la resolución, lo procedente sería el juicio sumario, pues ninguna utilidad práctica tendría una eventual concesión del amparo, pues es evidente que al estar finalizada la jurisdicción voluntaria no podría ordenarse a la responsable que la dé por concluida para que el opositor haga valer sus derechos en la vía que legalmente corresponda; máxime que esa posibilidad de hecho la tiene desde antes de la promoción del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (IV Región) 2o.2 C (11a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Junio de 2023, Tomo VII, página 6770, Materia(s): Común, Civil, de rubro: "DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. CUANDO SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS POR SENTENCIA DECLARATIVA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR QUIEN SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA A ESE PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO)." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene señalando el domicilio que cita en su escrito de demanda y por autorizado a ********************en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, ya que no acreditaron el registro de su cédula profesional en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente.""

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