Adrian Hernandez Escalante

Expediente 1468/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1468/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
15/06/2022

Partes del expediente

  • Adrian Hernandez Escalante

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    II.- HA CAUSADO ESTADO EL JUICIO DE AMPARO... ARCHÍVESE EL PRESENTE JUICIO... SE HACE LA INDICACIÓN QUE EL PRESENTE ASUNTO ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN... DEVOLUCIÓN A LA AUTORIDAD...

  2. Principal

    II.- Villahermosa, Tabasco; veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón actuarial realizada por la fedataria judicial de la adscripción, en la que manifiesta que no le fue posible llevar a cabo la notificación personal a la parte quejosa, de la sentencia de veinticuatro de mayo del presente año, por los motivos asentados en la misma. En mérito a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, se ordena que el auto de mérito, así como las subsecuentes notificaciones que deban realizarse de forma personal en este asunto a dicha parte, se notifiquen por medio de la lista de acuerdos que se fija y publica en las instalaciones de este Juzgado de Distrito, hasta en tanto señale uno diverso para tal efecto. Apoya a la anterior determinación, por su sentido y alcance, la jurisprudencia número 1ª./J.20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 238, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, abril de 2008, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Notifíquese en términos de ley. SEGUNDO ACUERDO.- PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno , en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Villahermosa, Tabasco, y turnado a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, el dieciocho siguiente , XXXXXX, por propio derecho, promovió juicio de amparo en contra de la Magistrada de la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tabasco, por el acto reclamado precisado en el ocurso de referencia. SEGUNDO. Admisión y trámite. Mediante auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno , se admitió la demanda de amparo, la cual quedó registrada bajo el número 1468/2021-II; se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento a juicio del tercero interesado XXXXXXXXXXXXXXXXX -lo cual se realizó el tres de febrero del año actual -, y a la Fiscal del Ministerio Público que solicitó el auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, vía oficio - el cual se recibió el treinta de noviembre de dos mil veintiuno-; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Hasta la fecha no obra constancia en el sentido de que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Villahermosa, Tabasco, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción XII y punto cuarto, fracción XXI, tercer párrafo, del Acuerdo 3/2013, modificado a través del diverso 30/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y segundo a la creación de este Juzgado; toda vez que se señala un acto susceptible de impugnarse vía amparo indirecto; porque este Juzgado debe conocer de todas las materias de amparo indirecto en primera instancia, al no estar limitado su conocimiento a una materia especializada; y, porque el acto aquí reclamado es contra una autoridad con sede en esta en la circunscripción territorial donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, estableció que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Bajo ese orden de ideas, de la lectura integral de la demanda, se tiene que el acto reclamado en el presente juicio es: - La resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal XXXXXXXXXXXXXX, por la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante la cual confirmó el auto de vinculación a proceso de veintidós de julio de dos mil veintiuno, pronunciado por la Jueza de Control de la Región Judicial Cinco, con sede en Paraíso, Tabasco, en la causa penal XXXXXXXXXXX, en contra del imputado XXXXXXXXXXXXXXX -ahora quejoso-, por el delito de tentativa de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 11, fracción I, y 67, en relación con los numerales 110, 112 y 123, fracción I, del Código Penal del Tabasco, cometido en agravio de XXXXXXXXXXXXXXX. Establecida la fijación clara y precisa del acto que se reclama, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable Magistrada de la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad , aceptó el acto reclamado. Tiene aplicación la jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página: 206, que continuación se trascribe: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Texto: Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con el toca penal XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y el disco versátil digitalizado (DVD) que contiene los archivos de audio y video de las audiencias de diecisiete y veintidós de julio de dos mil veintiuno, desahogadas en el proceso penal de origen, mismos que remitió la Sala responsable a su informe justificado, que merecen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 93, fracciones II y VII, 188, 202, y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su propio artículo 2, al tratarse de documentos públicos impresos y digitales emitidos por una autoridad del Estado en ejercicio de sus funciones, y porque entre ellas, se encuentra la relativa al acto reclamado. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013 Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por tanto, debe tenerse por cierto el acto reclamado a tal autoridad. CUARTO. Improcedencia. De acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben estudiarse de oficio; asimismo, su análisis resulta preferente lo aleguen o no las partes. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia que dice: "Rubro: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Texto: Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No obstante lo anterior, en este expediente las partes no invocaron causales de improcedencia, además de que este juzgador federal no advierte de oficio alguna que se actualice, por lo que lo procedente es analizar la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Oportunidad de la demanda. El artículo 17 de la Ley de Amparo, dispone que el término para la promoción de la demanda de amparo, será de quince días. Así también, el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que dicho término se contará a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación conforme a la ley del acto, a aquél en que haya tenido conocimiento o al en que se haya hecho sabedor del mismo. Al respecto, de la lectura integral del expediente relativo al toca penal XXXXXXXXXXXXXXXX, que contiene la resolución de alzada reclamada, se advierte que ésta fue dictada el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, y se acredita que en dicha data, fue notificada de la mencionada resolución el hoy quejoso, por conducto de sus defensores particulares; por tanto, la misma surtió sus efectos al día siguiente hábil -veintidós de octubre de dos mil veintiuno- de acuerdo al artículo 82, fracción I, inciso b), y último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales . En consecuencia, el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió para la quejosa del trece de octubre al diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, sin tomar en cuenta los días sábados y domingos, por ser inhábiles, en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ni los contemplados en la Circular 9/2021 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, si la demanda se presentó el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno , su presentación fue realizada dentro del término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, por ende, se realizó de manera oportuna. SEXTO. Estudio del fondo del asunto. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción II y 76 de la Ley de Amparo, el análisis sistemático y conjunto de los conceptos de violación expresados por el quejoso permiten arribar a la conclusión de que estos son infundados; sin que se advierta suplencia de la queja a su favor, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. (1) No se transcriben los conceptos de violación que el defensor hace valer, pues por ello no debe considerarse incongruente o incompleta la presente sentencia, o que se violen las formalidades que rigen el juicio de amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Texto: "De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la Litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." (2) La suplencia de la queja opera ante la ausencia o deficiencia de conceptos de violación o agravios; pudiendo estudiar cuestiones no planteadas por la parte promovente, que pudieran no ser favorables para quien se suple. (3) Apoya a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2008, emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, Novena Época, Registro 170008, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, página: 242, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente". (4) Como se vio antes, el acto reclamado es la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal XXXXXXXXXXX, por la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante la cual confirmó el auto de vinculación a proceso de veintidós de julio de dos mil veintiuno, pronunciado por la Jueza de Control de la Región Judicial Cinco, con sede en Paraíso, Tabasco, en la causa penal XXXXX, en contra del imputado XXXXXXXXXXXXXX -ahora quejoso-, por el delito de tentativa de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 11, fracción I, y 67, en relación con los numerales 110, 112 y 123, fracción I, del Código Penal del Tabasco, cometido en agravio de XXXXXXXXXXXXXXX. (5) Al respecto, conviene destacar que en términos del artículo 461, primer párrafo en su última parte, del Código Nacional de Procedimientos Penales , la resolución del recurso de apelación, evidencia que sólo deberá pronunciarse sobre los agravios planteados por los recurrentes, excepto cuando se trate de un acto violatorio de los derechos fundamentales del imputado, o cuando el tribunal ad quem, advierte violaciones a derechos fundamentales, caso en el cual, debe reparar de oficio. (6) Además, conviene destacar brevemente, que la implementación del sistema de justicia penal establecido a partir de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, tiene por objeto adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos y en diferentes etapas (investigación, intermedia y de juicio oral), con base en los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad, en donde las partes tienen en él una situación de igualdad. (7) Así, el auto de vinculación a proceso y su revisión a través del recurso de apelación, acontecen en la etapa de investigación, la cual tiene por objeto que el Fiscal, en tratándose de delitos que no sea factible ejercer acción penal privada, esclarezca los hechos materia de la denuncia o querella y determine si hay fundamento para abrir un juicio penal contra una o varias personas, mediante la obtención de la información y la recolección de los elementos y evidencias que permitan fundar, en su caso, la acusación y garantizar el derecho a la defensa de la parte imputada. (8) Ahora, toda vez que la parte quejosa formuló conceptos de violación únicamente relacionados con el estudio del fondo, no advirtiendo algún otro concepto de violación de tipo formal o procesal en el dictado de la resolución reclamada, respecto del hecho que la ley señala como delito de tentativa de homicidio calificado, este juzgador federal procede al estudio oficioso del cumplimiento a los requisitos de fondo en el dictado del auto de vinculación que CONFIRMÓ la sala. (9) Previo al análisis de fondo del asunto, debe decirse que tratándose del recurso de apelación, el Tribunal de Alzada debe cumplir con lo dispuesto en los artículos 2, fracción I, inciso b), 5, 24, 28 fracción I y 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, y 20, 133 y 474 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que le obligan a examinar los motivos y fundamentos de la resolución apelada, precisar el por qué le llevaron a la convicción de que esos motivos se adecuaron o no a la ley aplicable, analizar si la apreciación de los hechos que realizó el juzgador de origen se ajusta a esos motivos y fundamentos, y verificar si se observaron las normas reguladoras de la admisión y valoración de las pruebas y del legal desarrollo del procedimiento. (10) Para cumplir esas obligaciones, debe plasmar en la resolución que emita, el resultado objetivo de esa revisión integral del acto apelado; es decir, debe precisar cuáles fueron los medios probatorios existentes en la causa penal que tuvo en cuenta el juzgador de primera instancia para tener o no por integrado el o los delitos imputados; cuáles consideró aptos para tener o no por acreditada la probable responsabilidad penal del acusado y para establecer en qué consistió la conducta que desplegó y configuró el ilícito imputado; lo que debe hacer en función del examen y justipreciación directa que haga de las pruebas de cargo y descargo existentes en autos. (11) En ese sentido, de una revisión de la resolución reclamada se aprecia que la responsable sí atendió las citadas directrices, pues para confirmar el AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, expresó con qué datos de prueba de las que fueron verbalizadas en la causa penal XXXXXXXXXX se debía considerar, por lo menos de manera indiciaria, la existencia de un hecho con apariencia de delito de tentativa de homicidio calificado, reseñando para tal efecto el valor y alcance de cada una, además, indicó porqué tales medios de convicción fueron aptos para tener por cierta la probabilidad de que el imputado participó en la comisión del mencionado ilícito, observando las reglas sobre valoración de pruebas que instituye el código adjetivo penal aplicable, para llevar a cabo tal análisis. (12) Del mismo modo, una vez revisada la labor de la juez de control en relación con el acreditamiento del hecho delictivo, la responsable prosiguió realizando el estudio emprendido y concluyó en el sentido que lo hizo, pues dada la mecánica de los acontecimientos denunciados, fue correcto que se haya arribado a la conclusión de que existe la posibilidad que el imputado, hoy quejoso XXXXXXXXXXXXXXX cometió el ilícito ya citado; actuación que se reitera, se realizó dentro del marco normativo que le impone el Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a la justipreciación de los medios de convicción analizados por la juez. (13) Sentado lo anterior, con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se procede a analizar, de oficio, la resolución de segunda instancia que CONFIRMÓ el AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, dictado por la Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco. (14) El primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.]" (15) Asimismo, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." (16) Bajo esa premisa, para emitir un auto de vinculación a proceso únicamente se tomarán en consideración que se haya formulado la imputación, se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar y que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y en todo caso, que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. (17) En dicho contexto, es en el auto de vinculación a proceso donde se determina si los datos de prueba obtenidos en la investigación establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión con el fin de continuar el proceso; fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. (18) Al respecto, es menester destacar que el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de prueba aún no desahogado ante el juez. (19) En tanto que los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. (20) Asimismo, se denomina prueba, todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al juez como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta. (21) Para ser admisibles los datos o medios de prueba deberán ser idóneos, o sea que la prueba sea apropiada para demostrar hechos; pertinentes, es decir, que acrediten hechos que tienen relevancia para un proceso concreto; útiles para esclarecer los hechos en conjunto con otros, esto es, que contribuyen a la investigación de los hechos, suficientes, para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado . (22) De ahí, que para dictar la vinculación a proceso, la obtención de la información y la recolección de los datos que permitan fundar la imputación, no se requiere la plena certeza de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la plena probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues el estándar probatorio es menor y el hecho delictuoso no debe entenderse como un anticipo de la tipicidad en esta etapa procesal. (23) Es decir, el juez sólo debe de atender al hecho que la ley señala como delito, el cual no debe entenderse como el anticipo de la tipicidad en esta etapa, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual -acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal-, esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa del juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo. (24) Lo anterior, en virtud de que el esquema de juicios orales, en la etapa preliminar o de investigación, tiene como objeto determinar si existe fundamento para iniciar un proceso penal, lo cual se pretende lograr a través de la obtención de elementos o datos por parte del agente del Ministerio Público, que eventualmente le permitan sustentar la imputación y acusación. (25) Por tanto, atendiendo al sistema penal acusatorio, en el auto de vinculación a proceso no es necesario demostrar los elementos estructurales del delito en comento, ya que conforme los dispositivos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; pues como ya se dijo, con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso el Fiscal del Ministerio Público manifieste ante el Juez de Control, como en el caso aconteció. (26) Es aplicable la jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/2, pues si bien derivó de una legislación diferente con la que se emitió el acto, la misma fue emitida atendiendo a los principios que conforman el sistema penal acusatorio; jurisprudencia que fue sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, página 757, de rubro y texto siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/25 (9ª.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos." (27) En ese sentido, este juzgador federal considera correcto que la Sala de apelación, en la resolución reclamada, haya determinado que se cumplieron los requisitos del aludido artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para confirmar el auto de vinculación, pues en cuanto al primero de los requisitos apuntados, consistente en que: I. Se haya formulado la imputación: a que alude el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se tiene que el diecisiete de julio de dos mil veintiuno, la Jueza de Control de la Región Cinco con sede en Paraíso, Tabasco, desahogó la audiencia de formulación de imputación, solicitada por el Fiscal del Ministerio Público Investigador. En dicha diligencia, la Juez responsable se cercioró de que el imputado, quien se encontraba en compañía de su defensora pública, conocieran de los derechos constitucionales que tiene conferidos (00:02:44 horas de la videograbación relativa a la audiencia de formulación de imputación). Asimismo, el representante social compareciente formuló imputación XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por la probabilidad de que participó en los hechos que la ley señala como delito de tentativa de homicidio calificado, exponiendo la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención que se le atribuye al imputado en el mismo, así como el nombre de las personas que lo señalan como responsable de los hechos. (28) Por otra parte, en cuanto al cumplimiento del segundo de los requisitos apuntados, consistente en: II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar: este juzgador federal advierte que ello quedó satisfecho en la audiencia inicial (00:17:05 horas de la videograbación relativa a la audiencia de formulación de imputación) con la comunicación que le hizo la jueza de control al imputado sobre su derecho a declarar -quien se reservó su derecho a declarar-. Asimismo, se advierte que la representación social solicitó la vinculación a proceso del imputado por los hechos que la ley señala como delito de tentativa de homicidio calificado; enseguida, la fiscal procedió a verbalizar los datos de prueba existentes (00:18:50 horas de la videograbación relativa a la audiencia de formulación de imputación) y después, la juez de control le explicó al imputado que tenía la posibilidad de que en el acto, se resolviera su situación jurídica, o bien en las próximas setenta y dos horas, e incluso que podría duplicar ese término a ciento cuarenta y cuatro horas, a fin de preparar su defensa (00:39:03 horas de la videograbación relativa a la audiencia de formulación de imputación), a lo que el ahora quejoso, luego de discutirlo con su defensora, contestó que optaba por la duplicidad del término. (29) Con lo anterior, la jueza cumplió con las formalidades esenciales previas relativas a la formulación de la imputación, esto es, la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de los hechos determinados como tentativa de homicidio calificado, y que el imputado haya tenido oportunidad de declarar o manifestar su deseo de guardar silencio, es decir, la oportunidad de manifestar lo que a su derecho legal convenga respecto a la imputación obrante en su contra, pudiendo ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, así como los alegatos que estimaran necesarios (derecho de audiencia); aspectos que garantizaron una adecuada y oportuna defensa a la imputada. (30) En relación al tercero de los requisitos que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, consistente en: (31) De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; el tribunal de apelación en forma correcta, determinó que los hechos que fueron materia de imputación por el fiscal, actualizan la hipótesis delictiva del hecho que la ley señala como el delito de tentativa de homicidio calificado, previsto y sancionado por el artículo 11, fracción I, y 67, en relación al 110, 112, 123, fracción I, del Código Penal del Tabasco, cometido en agravio XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,. (32) Ahora, los numerales apuntados, son del tenor literal siguiente: "Artículo 11. Únicamente es punible el delito cometido en grado de tentativa cuando haya puesto en peligro al bien jurídico tutelado: I. Existe tentativa acabada, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, y aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente; (.) Artículo 67.- La punibilidad aplicable a la tentativa, salvo disposición en contrario, será de las dos terceras partes de la prevista para el correspondiente delito doloso consumado. Para imponer la sanción el órgano jurisdiccional deberá valorar el grado a que se llegó en la ejecución del delito y la magnitud del peligro producido o no evitado al bien protegido en el tipo. En el caso de que no fuere posible determinar el daño que se pretendió causar, cuando éste fuera determinante para la correcta adecuación típica, se impondrá la mitad de la sanción señalada en el primer párrafo de este artículo. Artículo 110.- Al que prive de la vida a otro, se le impondrá prisión de ocho a veinte años. Artículo 112.- A quien cometa un homicidio calificado se le impondrán de veinte a cincuenta años de prisión. Artículo 123.- El homicidio y las lesiones son calificados cuando: I.- El pasivo no tiene ocasión de defenderse ni de evitar el mal que se le quiera hacer; (.)" (33) De las disposiciones normativas trascritas, se desprende que el ilícito que nos ocupa, se compone de los siguientes elementos: a) Que la resolución de privar de la vida a otra persona se exterioriza realizando totalmente los actos ejecutivos que deberían producir dicho resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo. b) Que aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. Agravante calificada. - Dicha conducta que se agravará cuando el pasivo no tiene ocasión de defenderse ni de evitar el mal que se le quiera hacer. (34) Ahora, por lo que hace a la comprobación de los elementos del delito apuntado, tal y como lo confirmo la Sala, quedan demostrados con los datos de prueba que verbalizó la fiscalía, consistentes en la entrevista al agraviado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dato de prueba que la juez responsable le otorgó eficacia jurídica, pues consideró que con ella se advertían los hechos de carácter delictivo que se le imputan al aquí quejoso. (35) Dato de prueba que en consideración de este juzgador federal, resulta idóneo para demostrar el hecho de carácter delictuoso correspondiente al tentativa de homicidio calificado, pues en tal declaración el denunciante narró los hechos que apreció a través de sus sentidos, esto es: ". el día siete de noviembre de dos mil veintiuno, aproximadamente a las ocho de la noche, él iba rumbo a su domicilio en una motocicleta y de pronto en un tramo solitario le salió XXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien le dijo que se bajara de la moto, lo golpea con un cuchillo y trata de desapoderarlo de la motocicleta pero logra irse a su domicilio. Cuando llegó a su domicilio ubicado en la ranchería Nicolás Bravo, cuarta sección de Paraíso, Tabasco, le platicó a su padre XXXXXXXXXXX XXXXXXlo que había acontecido respecto a que XXXXXXXX le quería robar su moto; posteriormente se quedó con una de sus hermanad en el corredor de su casa revisando su celular cunado de pronto observó una motocicletaXXX que llegó a su casa, en la cual conducía XXXXXXX XXXXXXXXXXX acompañado de XXXXXXXXXXXXXXXX. Vio que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (quien momentos antes le había tratado de robar la motocicleta) llevaba una arma larga, tipo rifle con el cual le apuntó a su cuerpo y le gritó que "lo iba a matar como un perro" que se había escapado anteriormente pero en esta ocasión ya no lo iba hacer, por lo que quiso pararse de la silla para meterse a su casa, intentó caminar y en ese momento se escuchó un disparo, no sintió nada caminó a la puerta de su domicilio mientras que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX se dieron a la fuga. Su padre le preguntó si le habían "dado" que pensó que no, vio que estaba sangrando del costado del lado derecho por lo que consiguieron un vehículo para trasladarlo al Hospital Regional de Paraíso, Tabasco y posteriormente al Hospital Rovirosa." (36) Sin que se advierta que hubiese tenido contacto con otras personas que la indujeran a declarar como lo hizo y menos aún se desprenden datos que evidencien un interés de perjudicar a los activos; por tanto, se considera indicio, al hacer del conocimiento del órgano investigador la forma en que ocurrieron los hechos de que se trata. (37) Resulta aplicable, por las razones que la informan, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1288, del tomo XCIV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "DENUNCIANTE, VALOR DE SU DECLARACIÓN. El hecho de que una persona haya gestionado que se iniciara el juicio en contra de los acusados, no hace que su testimonio sea parcial, si está corroborado por otras probanzas, pues el solo hecho de lograr la incoación de una averiguación, no invalida la declaración del denunciante." (38) Como apoyo de lo anterior, se cita la tesis 226, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 129 del Tomo II, Parte SCJN, Quinta Época, Apéndice de 1995, que literalmente establece: "OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACIÓN DEL. Es inatendible el argumento que niega valor probatorio a la declaración del paciente del delito, pues tanto equivaldría a sostener que era innecesario en la investigación judicial, el examen de la víctima de la infracción. En estas condiciones, la prueba de responsabilidad de determinados delitos que, por su naturaleza, se verifican casi siempre en ausencia de testigos, se dificultaría sobremanera, pues de nada serviría que la víctima mencionara el atropello, si no se le concediera crédito alguno a sus palabras. La declaración de un ofendido tiene determinado valor, en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas durante el sumario; por sí sola podrá tener valor secundario, quedando reducido al simple indicio, pero cuando se encuentra robustecida con otros datos de convicción, adquiere validez preponderante." (39) Así también, como refirió la Sala responsable para confirmar la decisión del juez al tener por acreditada la existencia del hecho delictivo que la ley señala como el delito de tentativa de homicidio calificado afirmó que la citada entrevista se adminicula con los datos de prueba que verbalizó la fiscalía, consistente en las entrevistas de la menor de iniciales XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quienes coincidieron que el día siete de noviembre, a eso de las ocho de la noche, se encontraban en su domicilio cuando llego la víctima y les contó que poco antes XXXXXXXXXXXXXX, había intentado robarle su moto; que poco después, encontrándose sentado con la menor de referencia -su hermana- llegaron XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y el primero de los mencionados portaba un rifle, le disparó y salieron huyendo; por lo que posteriormente trasladaron a la víctima para que recibiera atención médica. (40) Por tanto, la Sala responsable, les otorgó eficacia jurídica, lo cual este juzgador estima correcto, pues las entrevistas fueron emitidas por personas que presenciaron a través de sus sentidos y de manera directa los hechos, puesto que se encontraba en el domicilio donde ocurrieron los hechos y se percataron de que el aquí imputado junto con otra persona del sexo masculino se acercaron a dicho sitio en una motocicleta y gritaron a la víctima que lo iban a matar como a un perro, para posteriormente dispararle a su humanidad con un rifle; por ello, se obtienen circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos. (41) Esto es así, ya que de conformidad con los artículos 265, 360 y 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los hechos que narró fueron susceptibles de percibirse a través de los sentidos y los apreció por sí mismos y sin inducciones ni referencias de terceros, lo expresado por éste conduce a la convicción de que los hechos que relató, constituyen una infracción penal; por tanto, merecen justipreciarse como indicio. (42) De manera que, si declararon en la forma en que lo hicieron, es factible tener por cierto que los hechos acontecieron en la forma en la cual los narraron, y por ello, se tienen por inferidos razonablemente en su acontecer; estimación que se considera correcta y legal de acuerdo con las facultades de la Sala responsable, en apreciar esos datos de prueba conforme a las reglas de la lógica y las máximas de las experiencias, aplicables para el sistema acusatorio. (43) Es aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia número 352, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 195 del Tomo II, Parte SCJN, Sexta Época del Apéndice de 1995, que establece: "TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES. Las declaraciones de quienes atestiguan en proceso penal deben valorarse por la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los elementos de justipreciación concretamente especificados en las normas positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del testimonio subjudice." (44) Lo anterior, adminiculado con el diverso dato de prueba verbalizado por la fiscalía, específicamente el dictamen médico realizado a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se advierte que el perito médico legista manifestó que al explorarlo físicamente le observa un orificio de entrada por proyectil de arma de fuego con proceso cicatrical que mide un centímetro de diámetro de forma circular, localizada en la región dorsal del lado derecho, refiriendo que no se encuentra el orificio de salida, y que en ese momento tenía tensión con la pieza balística dentro del tejido adiposo, que se entiende que por eso no tiene orificio de salida porque la bala le quedó adentro, concluyendo que las lesiones que presenta en ese momento si son de las que pudieran poner en peligro la vida, y tardan más de quince y menos de sesenta días en sanar. (45) Dato de prueba, al que la Sala responsable le otorgó eficacia jurídica, pues con él se refuerzan los datos de pruebas previamente reseñados, es decir, corrobora que fue agredida con un arma, provocándole lesiones que pusieron en peligro su vida. (46) Decisión que este juzgador estima acertada, ya que el valor probatorio que se les asignó resulta acorde con la libertad con que cuentan los juzgadores para apreciar y valorar un dato de esa naturaleza jurídica. (47) Asimismo, dicho certificado médico fue realizado por perito médico experto en la materia, quien a través de sus conocimientos especiales pudo establecer el resultado de la clasificación final de las lesiones que presentaba la víctima a causa del disparo que recibió. (48) Además, con el expediente clínico del Hospital General de Paraíso, Tabasco, del que se advierte que la víctima ingresó el día en los que hechos -siete de noviembre de dos mil veintiuno-, y que el mismo acude por herida de proyectil de arma de fuego en el abdomen y refieren que inician tratamiento. (49) Ahora por lo que hace al grado de tentativa, esto es, que la intención de los activos no se consumó por causas ajenas a su voluntad, esto pues como se advierte de las entrevistas llevadas a cabo en la carpeta de investigación, se advierte que en el momento en el que dispararon el arma, la víctima trató de introducirse a su domicilio y fue la razón por la cual la bala se impactó en su humanidad causándole una lesión en la región dorsal del lado derecho, por lo que se presume indiciariamente la intención de privarlo de la vida; máxime, que le dispararon con una arma larga, lo que constituye un medio idóneo para tal fin, lo cual no se consumó por la acción evasiva de la víctima, así como por la atención médica a que se sometió. (50) Ahora, en cuanto a la probabilidad de que el imputado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, participó en la comisión del hecho delictivo en cita, quedó acreditado por los señalamientos directos que hicieron tanto la víctima como los testigos presenciales, quienes refirieron que fue el imputado quien llegó en una motocicleta al domicilio de la víctima acompañado de otra persona del sexo masculino y fue ahí cuando dicho sujeto lo amenazó con "matarlo como un perro" y disparó el rifle que traía consigo; que si bien, se advierte que el imputado aquí quejoso, no fue quien disparó el arma con la que se lesionó a la víctima, está claro que el juez de control estableció que su intervención en el hecho delictivo fue a título de coautor, pues, ante las circunstancias, se infiere que él tenía conocimiento del objetivo que se perseguía -privar de la vida a la víctima-, máxime que no desplegó alguna acción para impedir la ejecución de la conducta de su acompañante, por el contrario, espero que éste disparara para posteriormente huir del lugar. (51) Así, este juzgador estima que la magistrada de la sala señalada como responsable acertadamente determinó confirmar el auto de vinculación a proceso, dictado por la jueza de control, en el sentido que hasta este momento procesal, los datos de prueba que han sido analizados son eficientes para poner de relieve la probabilidad de la intervención del quejoso en el hecho delictivo a título de coautor. (52) Cabe agregar, que para resolver la situación jurídica del imputado, no es necesario -como sí lo era antes de la reforma al sistema de justicia penal- que se acrediten de manera plena los elementos del cuerpo del delito y tampoco es requisito constitucional que hayan datos bastantes que hagan probable su responsabilidad en la comisión de tal hecho, sino que conforme a lo previsto por el artículo 19 de la Carta Magna, basta con que existan datos que indiquen la existencia de un hecho previsto en la ley como delito y la probabilidad de que lo haya cometido o participado en su comisión; extremos que se satisfacen en el asunto que se examina. (53) Es aplicable, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, visible a página 1942, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación." (54) En ese sentido, como correctamente lo estableció la Sala responsable, objetiva y fundadamente se advierten datos que por ahora, involucran al hoy quejoso en su probable intervención en el hecho que la ley señala como ilícito y, que desde el punto de vista opuesto, no es dable jurídicamente dejarlo de someter a un proceso penal, dada la justificación de su probable comisión; de tal manera que será en otro momento procesal, cuando con los elementos de prueba que se incorporen al juicio, que permitan, con mayores datos, efectuar una valoración de las pruebas incriminatorias, y en su caso de descargo, para definir si en el asunto existe reproche penal, o no; ya que, por regla general, tratándose del auto de vinculación a proceso, basta que los datos de prueba expuestos en la audiencia de control de detención sirvan de apoyo para justificar el hecho que la ley castiga con pena corporal y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, para que los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se satisfagan; claro, probabilidad, con grado aproximado a la certeza, no únicamente posibilidad, que, en el caso, conforme a las constancias que fueron expuestas y tomadas en consideración por la jueza y confirmado por la autoridad responsable, se estima por este juzgador queda satisfecha. (55) A continuación, se procede al análisis de los conceptos de violación que hace valer el quejoso en relación al fondo del asunto. (56) Al respecto, el disidente alega en su primer concepto de violación, que no se verbalizó algún indicio razonable del ilícito de homicidio calificado en grado de tentativa ni de la presunta responsabilidad del imputado, pues refiere que él no puso en peligro la vida de la víctima en razón de que no accionó ninguna arma ni lo amenazó verbalmente con ello, pues él conducía la motocicleta y en la parte posterior iba XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien disparó el arma de fuego contra la víctima. (57) Añadiendo, que dicha arma era un rifle de diábolos, que es un arma de acción con aire comprimido y que dispara un objeto de plomo muy pequeño, el cual no ocasiona la muerte ni siquiera de aves pequeñas mucho menos en una persona. (58) Siendo que es a la autoridad investigadora a la que le corresponde probar su acusación, lo que en el caso no ocurrió. (59) De igual modo, señala en sus conceptos de violación, que no fue correcto que se vinculara a proceso por el delito de homicidio calificado y dar por validos los datos de pruebas a pesar del que el defensor alegó que el médico legista en el dictamen de lesiones no se atrevió a señalar que la lesión que presentaba la víctima fue de las que pusieron en peligro la vida, pues el doctor concluyó que la Lesión "SI PUDIERON PONER EN PELIGRO LA VIDA", dando entender que no está seguro de sí pudieron o no en peligro la vida. (60) Por otra parte, aduce que el dictamen médico se señaló que el orificio que apareció en el cuerpo de la víctima fue producido por arma de fuego, pero el perito no precisó en que se basó para afirmar esta circunstancia; y toda vez que el proyectil quedó en el cuerpo del pasivo, con una radiografía se podía demostrar de qué tipo de proyectil se trata. (61) Sin que sus defensores particulares estuvieran en aptitud de ofrecer dicho dato de prueba, toda vez que los mismos no asistieron a la audiencia inicial y a pesar de haber solicitado copia del audio y video de dicha audiencia, la misma a la fecha no les ha sido entregada, en tanto considera que su defensa no fue la adecuada, en atención a la falta de apoyo de la juez de control. (62) Argumentos que resultan inoperantes. (63) Pues, dichos manifestaciones ya fueron atendidas debidamente por la Sala responsable, y en su momento por el juez de control que conoce de la causa penal de origen, quien en observancia a lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, relativo a la igualdad procesal que tendrán las partes para sostener la acusación o la defensa, respectivamente, respetó el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, por lo que hace a dichas circunstancias alegadas por el imputado. (64) Lo anterior, pues en efecto, de la revisión y cotejo de los agravios que el quejoso hizo valer en el recurso de apelación y la demanda de amparo -así como de los argumentos realizados en la audiencia de vinculación a proceso- se advierte que son los mismos, de ahí que sus argumentos no sean válidos ni suficientes en esta instancia constitucional para modificar la resolución impugnada; pues no realiza ningún argumento tendente a controvertir las consideraciones que realizó la Sala responsable para decretar la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, es decir, no realizó el señalamiento respectivo en el que explique por qué los argumentos de la autoridad responsable son incorrectos. (65) Lo anterior, se reitera, porque de la simple lectura y confrontación entre las consideraciones del resolutor de segunda instancia y las alegaciones de la parte quejosa, se advierte que sus argumentos son insuficientes para desvirtuarlas, pues el simple hecho de que sostenga una postura contraria a la Sala responsable, no hace operantes sus conceptos de violación, toda vez que no ponen de manifiesto la ilegalidad de las consideraciones esenciales del fallo reclamado, pues como se dijo, son una mera reproducción de sus agravios, casi literal, y de su contenido no se aprecia ningún elemento que controvierta las razones que tuvo la sala para actuar en la forma en que lo hizo. (66) Apoya lo anterior, la tesis XI.P.39 P (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTO DE VIOLACIÓN INOPERANTE. ES AQUEL MEDIANTE EL CUAL SE PRETENDE COMBATIR UN ASPECTO QUE NO FORMÓ PARTE DE LA LITIS EN LA AUDIENCIA DE JUICIO PUES, DE EXAMINARSE, SE VULNERARÍA EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN QUE RIGE EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. Atendiendo al principio de contradicción, que tiene como base la igualdad procesal de las partes, por regla general, resulta inoperante el concepto de violación en amparo directo que pretende combatir un aspecto que no formó parte de la litis en la audiencia de juicio oral, esto es, no fue expuesto por la defensa o el imputado ante el tribunal de enjuiciamiento, mucho menos ingresó a juicio alguna prueba vinculada para acreditarlo; por ende, es evidente que las demás partes procesales no estuvieron en aptitud de controvertir tal circunstancia, lo que actualiza un impedimento técnico para que se examine tal planteamiento; como en la especie, es la atenuante de estado de emoción violenta que alude el quejoso, pues de llegar a considerarse en el análisis constitucional cuando no fue sometido en juicio al escrutinio de las partes, vulneraría el referido principio de contradicción que rige el sistema penal acusatorio" . (67) Así como la tesis I.10o.P.29 P (10a.), emitida por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de contenido siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN LIBRADA BAJO LAS REGLAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA NO VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, DEBE LIMITARSE A ANALIZAR LOS DATOS DE PRUEBA VALORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El segundo párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo establece que en el amparo indirecto, el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiese tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable; sin embargo, si el acto reclamado lo constituye la orden de aprehensión librada bajo las reglas del sistema penal acusatorio adversarial, en la que el Juez de Control, para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, sólo contó con los datos de prueba que le informó el agente del Ministerio Público, el Juez de Distrito únicamente puede analizar el acto reclamado como lo conoció la autoridad responsable, porque de llegar a considerar datos en los que no se hubiera fundado la petición de la orden de aprehensión, se vulneraría la fracción VI del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, el cual permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda; de ahí que no se está en los casos de excepción que prevé el párrafo segundo del artículo 75 aludido". (68) Asimismo la tesis XVI.1o.P.26 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "CONTRADICCIÓN. ESTE PRINCIPIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, IMPIDE DISCUTIR EN SEDE CONSTITUCIONAL LOS ASPECTOS OBJETIVOS DE LA PRUEBA QUE NO FUERON DEBATIDOS EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracciones IV, V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5 y 51 de la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, el proceso penal acusatorio y oral se rige, entre otros principios, por el de contradicción, conforme al cual se presentan los argumentos y elementos probatorios, de manera que las partes tengan igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente. Así, este principio se presenta como el pilar fundamental sobre el cual descansan y giran los demás principios del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, pues es conforme a éste que los contendientes adquieren la misma oportunidad de conocer y comentar los puntos más sensibles de las evidencias aducidas por su contraparte, incluso, de someter a debate frente al tribunal de juicio, el dicho del testigo, perito, etcétera. En suma, en el sistema acusatorio debe resolverse con base en lo expuesto y probado por las partes. Bajo estas proposiciones, si la parte en el proceso que acude al amparo, fue omisa en controvertir algún aspecto objetivo de los datos emanados de un medio de prueba, menos aún sometió a debate lo concerniente en la audiencia; es incuestionable que resulta novedoso y no podrá dirimirse en sede constitucional y, por ende, deberá quedar soslayado ante la inacción de la parte interesada en el momento que era oportuno" . (69) En esas condiciones, al resultar inoperantes los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, sin que se advierta motivo para suplirlos en su deficiencia; lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 al 76, 79 y 217 de la Ley de Amparo vigente; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a XXXXXXXXX, en contra del acto consistente en la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por la Tercera Sala Penal Tradicional y de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante la cual confirmó el auto de vinculación a proceso de veintidós de julio de dos mil veintiuno, pronunciado por la Jueza de Control de la Región Judicial Cinco, con sede en Paraíso, Tabasco, en la causa penal XXXXXXXXXX, en contra del quejoso, por el delito de tentativa de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 11, fracción I, y 67, en relación con los numerales 110, 112 y 123, fracción I, del Código Penal del Tabasco, cometido en agravio de XXXXXXXXXXX; por las razones precisadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    II.- SENTENCIA. RESUELVE. UNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE.

  4. Principal

    II.- VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS... SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA LAS DIEZ HORAS DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS...

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