Adrian Hernández Carranza
Expediente 1929/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1929/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 20/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Adrian Hernández Carranza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con el auto que declaró sin materia el cumplimiento de la ejecución de la sentencia de amparo; en esas condiciones SE DECLARA FIRME el auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho. En mérito de lo anterior, agréguese el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, EL PRESENTE JUICIO NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. En ese orden de ideas, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el diez de abril de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio SECJ/STB/477/2018, ante la Secretaria Sarai González Galicia que da fe. DOY FE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por el DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL "MORELOS" Y EN CALIDAD DE PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL "MORELOS", mediante el cual, informa que ADRIÁN HERNÁNDEZ CARRANZA, obtuvo su libertad, la cual fue ordenada por el C. Juez de Primera Instancia de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos; en consecuencia, se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda. Constancia que fue expedida por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, es documento público al cual se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Ahora bien, debido al estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte lo siguiente: Por sentencia terminada de engrosar el trece de marzo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ADRIÁN HERNÁNDEZ CARRANZA, contra el acto reclamado al DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL MORELOS, para el efecto de que: "(.)En esas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección a ADRIÁN HERNÁNDEZ CARRANZA, para las autoridades responsables, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, gire instrucciones para que le proporcionen al quejoso la atención médica y prescriban el tratamiento correspondiente al padecimiento de la hernia que presenta.(.)" Por lo tanto, toda vez que el acto reclamado no causo ejecutoria en esta instancia constitucional y únicamente afectaba derechos estrictamente personales al quejoso (falta de atención médica) y, por ende, los efectos de concesión otorgada en la sentencia emitida en el presente juicio se contraen a la persona del quejoso y dado que ha quedado plenamente demostrado que el quejoso obtuvo su libertad y no está interno en el CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL "MORELOS", en consecuencia, se concluye que HA QUEDADO SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO de la sentencia dictada en este juicio de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. Finalmente, se acuerda lo conducente hasta esta fecha, en cumplimiento a la Jurisprudencia P./J. 14/2017 (10a.), Décima Época, consultable en la : Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a su rubro y letra dice: RESOLUCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL ESTÁ LEGALMENTE IMPEDIDO PARA EMITIRLAS EN UN DÍA INHÁBIL, PERO LABORABLE, SO PENA DE INCURRIR EN UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. De la interpretación armónica de los artículos 23 de la Ley de Amparo abrogada, 19 de la Ley de Amparo vigente y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la luz del derecho fundamental de seguridad y certeza jurídica de los justiciables y atento a su mayor beneficio, en términos de los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que en los días señalados como inhábiles, pero laborables, como son el 5 de febrero, el 21 de marzo y el 20 de noviembre, existe impedimento legal para que el órgano jurisdiccional emita resoluciones en el juicio constitucional, porque en esos días no es factible, por disposición legal expresa, que practique actuaciones; de lo contrario, se incurre en una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, que amerita su reposición, considerando que la resolución dictada en un día inhábil impacta su validez y las consecuencias jurídicas frente a las partes contendientes, pues al resultar inválida afecta la constitución del acto e impide que logre su finalidad de acto decisorio. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1929/2017-I, promovido por ADRIÁN HERNÁNDEZ CARRANZA, y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado en esa misma fecha a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ADRIÁN HERNÁNDEZ CARRANZA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades Director, Presidente de Comité Técnico, Personal de Seguridad y Custodia de Primer Turno Operativo y Personal de Seguridad, todos del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos; que hizo consistir en la falta de atención médica para una hernia que le está molestando al dormir y caminar, falta de proporcionar alimentos (que el quejoso dice que lo siente como trato denigrante o como insultos amenazas o amedrentación, cambio de módulo y la orden de aislamiento. SEGUNDO. El treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se radicó el juicio con el número de expediente 1929/2017-I, y se admitió la demanda, por lo que se requirió a las autoridades responsables su respectivo informe justificado y se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación. Finalmente, se señaló día y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que en su numeral cuarto, fracción XVIII, se advierte que, en lo conducente, dispone que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción en el territorio que comprende dicha entidad federativa, que se señala como el de ejecución del acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la Página: 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En consecuencia, en términos de lo que prevén los numerales 74, fracción I y 76 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda, analizarán los siguientes actos: Falta de atención médica para una hernia que le está molestando al dormir y caminar. Falta de proporcionar alimentos. Cambio de módulo. La orden de aislamiento. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados consistentes en la falta de proporcionar alimentos, cambio de módulo y la orden de aislamiento, reclamados a las autoridades responsables; toda vez que el Director del Centro Estatal de Reinversión Social "Morelos" y como Presidente del Comité Técnico del mismo centro estatal, lo negó en su informe justificado y dicha negativa no fue desvirtuada por el quejoso (fojas 39, 67 y 68). Lo anterior es así, porque de las constancias que remitió la autoridad responsable junto con su informe justificado, se advierte que mediante oficio SG/CGRS/SSC/0019/01/2018 de seis de enero de dos mil dieciocho, el Comandante, Jefe Segundo Turno Operativo de Seguridad y Custodia del Cereso de "Morelos" informó que el quejoso se encuentra en el dormitorio 09, pasillo B, Estancia 14, en actividades normales, consumiendo sus tres alimentos diarios, diarios y no se encuentra cumpliendo alguna sanción ni ha sido cambiado de celda (foja 68). A dichas constancias, se les otorga pleno valor probatorio, con fundamento en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de tratarse de un documento público, en virtud de haber sido expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, la autoridad responsable, acompaño a su informe justificado un escrito de cinco de enero de dos mil dieciocho, donde consta el nombre y firma del quejoso ADRIAN HERNÁNDEZ CARRANZA en el que manifiesta lo siguientes: "Por medio del presente conducto me dirijo a usted para informar que cuento con las 3 comidas al día, asó como agua para beber, quiero manifestar que así mismo estoy en mi celda 14 dormitorio # 9 Pasillo B, y que no estoy con una sanción privativa, que se me normalizó en el área ya mencionada con antelación y estar en mis actividades, recreativas y laborales. Cabe a mi estado de salud, manifiesto que estoy en espera de la atención médica, para que se me pueda canalizar y pueda realizármela cirugía para extraer mi hernia que me causa dolor y molestia a la cual solicito se me brinde el apoyo". (foja 69) Asimismo, en la diligencia de notificación de once de enero de dos mil dieciocho, realizada por el actuario de este Órgano Jurisdiccional, consta la razón del quejoso de que "no ha recibido tratamiento y medicamento que tengo y una ernia (sic)" (foja 75). Documentales, con las cuales se evidencia que no son ciertos los actos reclamados consistentes en la falta de proporcionar alimentos, cambio de módulo y la orden de aislamiento, porque la autoridad negó los actos reclamados, asimismo, el quejoso no acreditó con alguna prueba que hayan existido esos actos imputados, y de la manifestación realizada por aquél ante el actuario de este Juzgado de Distrito, se advierte que señala que lo que no ha recibido es la atención médica para tratar su padecimiento, esto es, la hernia. Por tanto, ante la inexistencia de los precisados actos reclamados, lo procedente es que se sobresea en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades Director, Presidente de Comité Técnico, Personal de Seguridad y Custodia de Primer Turno Operativo y Personal de Seguridad, todos del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, que al rendir sus informes justificados, negaron la existencia del acto reclamado. Se establece que son ciertos los actos reclamados, pues si bien han proporcionado atención médica al quejoso, ésta no fue completa hasta antes de la presentación de la demanda de amparo; lo anterior resulta así, en virtud de que el acto reclamado es de carácter negativo por lo que la carga de la prueba de su inexistencia le corresponde a la propia autoridad responsable. Sirve de apoyo la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Séptima Época con número de registro 818571, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Volumen 5, Tercera Parte, Materia Administrativa, página: 13 del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. HECHOS NEGATIVOS O ABSTENCIONES. CARGA DE LA PRUEBA QUE NO CORRESPONDE AL QUEJOSO. Si bien es cierto que normalmente la carga de la prueba de las violaciones que se atribuyen a las responsables corresponde al quejoso, salvo cuando el acto reclamado es violatorio de garantías en sí mismo, también lo es que dicha regla admite una excepción: cuando la violación se hace consistir en hechos de carácter negativo o abstenciones por parte de las autoridades responsables, caso en que la carga de la prueba de la legalidad de sus actos corresponde a éstas y no al quejoso la de su ilegalidad, pues es principio aceptado por nuestro derecho que los hechos negativos o abstenciones no son materia de prueba y que el que niega no está obligado a probar su negativa, salvo que la misma implique la existencia una afirmación susceptible de probarse por cualquiera de los medios que la ley establece." De ahí que sea fundada la solicitud de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, de que se sobresea en el juicio en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, solo por lo que se refiere a los actos reclamados precisados en este considerando. QUINTO. CASUALES DE IMPROCEDENCIA. Al no existir alguna causa de improcedencia en el presente juicio, que hagan valer las partes o este juzgador advierta de oficio, se analizará el fondo del asunto. SEXTO. ESTUDIO DEL ACTO RECLAMADO RESPECTO AL PADECIMIENTO DE LA HERNIA. Con apoyo en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, este juzgador procede a suplir la omisión total de los conceptos de violación, toda vez que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos, con motivo de la comisión de un delito y solicitó la protección constitucional en su calidad de interno-paciente. Por ello, en este caso, se analizará la trasgresión al artículo 4o. Constitucional, referente al Derecho Humano a la Salud. En principio, es importante señalar que el artículo 4o. de la Carta Magna, en su tercer párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 constitucional. Por su parte, la Ley General de Salud en su artículo 1, establece que dicha ley tiene el objetivo de reglamentar el derecho a la salud que tiene toda persona; además, fija las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. El artículo 2° del ordenamiento legal en cita, establece las finalidades de la ley, entre las que se encuentra el bienestar físico y mental del hombre para contribuir el ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social, etcétera. De igual forma, el artículo 23 de la ley reglamentaria del artículo 4° constitucional refiere que por servicios de salud deben entenderse todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. Por su parte, los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social (artículo 24 de la Ley General de Salud). Por atención médica se entiende el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud (artículo 32 de la Ley General de Salud). Las actividades de atención médica son: preventivas (incluyen las de promoción general y las de protección específica), curativas (que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno), de rehabilitación (que incluyen acciones tendientes a corregir la invalidez física o mental) y paliativas (que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario (artículo 33 de la Ley General de Salud). De lo anterior, se puede dilucidar que el derecho a la salud no se limita a la salud física del individuo, es decir, comprende el no padecer, prevenir y tratar una enfermedad. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona. Siendo importante destacar que el derecho a la salud, no sólo se encuentra contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también en diversos instrumentos internacionales. En efecto, el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece: ".Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad." Por su parte, la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, en su artículo XI, refiere: "Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad." Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, en el principio X, establece: "Principio X. Salud Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; la implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH-SIDA, tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal. El tratamiento deberá basarse en principios científicos y aplicar las mejores prácticas. En toda circunstancia, la prestación del servicio de salud deberá respetar los principios siguientes: confidencialidad de la información médica; autonomía de los pacientes respecto de su propia salud; y consentimiento informado en la relación médico-paciente. El Estado deberá garantizar que los servicios de salud proporcionados en los lugares de privación de libertad funcionen en estrecha coordinación con el sistema de salud pública, de manera que las políticas y prácticas de salud pública sean incorporadas en los lugares de privación de libertad. (.)" De lo anterior se aprecia que la salud es una prerrogativa que, por pertenecer al conglomerado de derechos fundamentales del ser humano, consiste en la libertad de disfrutar de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana, para lo cual, se posee el derecho de acceder a los servicios de salud y de asistencia social Estatal, que satisfagan eficaz y de manera oportuna las necesidades de la población. Es decir, hay un doble sentido en la relación gobierno-gobernado, porque por un lado, implica una permisión al titular para acceder a los servicios de asistencia médica, con la acotación de que existen lineamientos a seguir, establecidos en la ley; por otra, el Estado se obliga a no interferir o impedir el acceso, de manera arbitraria, a los servicios, a realizar su adecuada prestación y supervisión, así como en la medida de sus posibilidades, a la creación de infraestructura institucional que se requiera para ese fin. El titular del bien jurídico de la salud, es todo ser humano, sin excepción alguna, pues aún y cuando una persona se encuentre privada de su libertad personal, tiene las mismas prerrogativas a la salud física y mental que cualquier hombre libre. En efecto, de conformidad con el artículo 49 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, los servicios médicos del Centro Federal tendrán por objeto velar por la salud física y mental de los internos. Sentado lo anterior debe decirse que en suplencia de la deficiencia de la queja, es fundado el concepto de violación que expresa el quejoso, en el sentido de que no se le ha otorgado la atención médica para su padecimiento de hernia. Esto es así, porque de las constancias exhibidas por la autoridad responsable, del expediente clínico del quejoso, se advierte que en el año de dos mil diecisiete, acudió a valoración médica, los días cuatro, veinticinco de junio, dieciséis y veinte de octubre de mismo año (fojas 42 a 45) y específicamente en la constancia medica de veinticinco de junio se precisó como impresión diagnostica "HERNÍA TESTICULAR IZQUIERDA RECIDIVANTE DE 6 1/2 DE EVOLUCIÓN" indicándole como tratamiento tomar diclofenaco de cien miligramos, uno por cinco días y evitar ejercicios y esfuerzos, sin ordenar algún toro tratamiento o examen médico (foja 44). Y mediante oficio SG/CERS/DCERS/SJ/0235/ 01/2018 de once de enero de dos mil dieciocho, la autoridad responsable remitió las constancias consistentes en la nota de valoración médica de diez de enero del mismo año, en la que consta que el quejoso acudió a consulta reportando dolor en la región inguino escrotal izquierda que se exacerba con el esfuerzo, la marcha y el ejercicio, tolerando la vía oral con micciones y evacuaciones presentes sin reporte de picos febriles; y se diagnosticó: "HERNIA POSICIONAL REGIÓN INGUINAL IZQUIERDA, NO COMPLICADA (PO. HACE 5 AÑOS) DERMATITIS SEBORRECIA.", indicando como plan "KETOROLACO TABS. 10 MG UNA CADA 8 HRS, PRN, BROMURO DE PINAVERI TABS. 100 MG, UNA CADA 12 HRS, NO SUSPENDER, SENOSIDOS AB TABS. UNA CADA 12 HRS. POR 10 DÍAS, DIETA SIN TORTILLAS. TOMAR USG INGUINO-ESCROTAL IZQ (PENDIENTE). SACAR CITA POR FAVOR EN CIRUGÍA GENERAL"; también consta que se le proporcionó medicamento indicado que el quejoso se negó a firmar la atención medica requerida y la entrega de medicamento [fojas 85 a 87]. A las relacionadas constancias, por ser de documentales públicas se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, se consideran insuficientes para generar convicción en el suscrito juzgador de que al quejoso ha recibido la atención médica para la hernia que manifestó le está molestando; porque con ellas no se demuestra que efectivamente el quejoso ya fue tratado e intervenido por el padecimiento de la hernia, pues aunque han remitido diversas constancias para acreditar el cumplimiento de la suspensión de plano otorgada en el presente juico y que se ordenó que se iniciara el tratamiento médico, la toma de USG INGUINO-ESCROTAL IZQ, así como solicitud de la cita en cirugía general; sin embargo no hay constancias que acrediten que se inició ese tratamiento y que la cirugía ya se programó o efectúo; máxime que el quejoso vía alegatos reitera que no ha recibido la atención médica para la hernia que está molestando (fojas 57 y 75). De todo lo anterior, se aprecia que las autoridades responsables han vulnerado al quejoso su derecho humano a la salud consagrado en el numeral 4o. de la Carta Magna, pues al menos hasta la emisión de esta sentencia, no han demostrado que desde el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, le hayan proporcionado a ADRIÁN HERNÁNDEZ CARRANZA la atención médica para el padecimiento de la hernia; porque de las constancias remitidas por la autoridad no se advierte que se ordenara el tratamiento para el padecimiento de ese padecimiento; y en cambio, en especificó del reporte del estado de salud que remitió la autoridad con el informe justificado, se aprecia que en la fecha en que se realizó, esto es, el diez de enero de dos mil dieciocho, el quejoso se le valoró por "HERNIA POSICIONAL REGIÓN INGUINAL IZQUIERDA, NO COMPLICADA (PO. HACE 5 AÑOS) DERMATITIS SEBORRECIA" y se ordenó solo sacar una cita para cirugía general. De ahí, que se considere que el quejoso no ha tenido el acceso a la atención médica para y los medicamentos apropiados para el padecimiento de la hernia Motivo por el cual, se determina que el médico debe ordenar que se realice al quejoso los estudios necesarios y sea tratado por su padecimiento de hernia. Ello, porque las autoridades penitenciarias están obligadas a proveer -para todos los presos sin discriminación alguna- servicios públicos permanentes y adecuados, atención médica oportuna e idónea, condiciones de esparcimiento, trabajo, educación y estudio decorosos, y alimentación suficiente y balanceada, dotación de vestuario y de elementos y equipos de trabajo, sanidad, didácticos y deportivos, sin que puedan alegar la insuficiencia de recursos humanos como un impedimento para satisfacer, incluso, de manera esencial, el otorgamiento de ese mínimo vital, pues en todo caso persiste la obligación de asegurar el disfrute de los derechos dentro de las circunstancias existentes. Las consideraciones anteriores, en lo conducente, derivan de la jurisprudencia P./J. 35/2013 (10a.) de la Décima Época Registro: 2005106, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, materia constitucional, página 124, que a continuación se cita: "TRABAJO PENITENCIARIO. EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS, QUE PREVÉ UN DESCUENTO DIRIGIDO AL SOSTENIMIENTO DEL REO CON CARGO A LA PERCEPCIÓN QUE TENGA COMO RESULTADO DE AQUÉL, VULNERA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL. El citado precepto, al prever un descuento a la percepción que el sentenciado tenga como resultado del trabajo penitenciario, para destinarlo al pago de su sostenimiento, es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que, además de no establecer el tipo de gastos que deberán costearse por ese concepto ni el porcentaje que deba descontarse, vulnera el mínimo vital al que todo recluso debe tener acceso; esto es, las autoridades penitenciarias están obligadas a proveer -para todos los presos sin discriminación alguna- servicios públicos permanentes y adecuados, atención médica oportuna e idónea, condiciones de esparcimiento, trabajo, educación y estudio decorosos, y alimentación suficiente y balanceada, dotación de vestuario y de elementos y equipos de trabajo, sanidad, didácticos y deportivos, sin que puedan alegar la insuficiencia de recursos como un impedimento para satisfacer, incluso, de manera esencial, el otorgamiento de ese mínimo vital, pues en todo caso persiste la obligación de asegurar el disfrute de los derechos dentro de las circunstancias existentes, como lo ordena el artículo 1o. constitucional.". Por tanto, de acuerdo a dicha jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce los derechos de los presos, pero se advierte que les fija características de ser de naturaleza limitada, o sea, los esenciales a diferencia de cuantiosos; decorosos y suficientes, en contraposición a caprichosos y sin límites; puesto que se entiende, están destinados a satisfacer un mínimo vital a fin de lograr su reinserción social. En esas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección a ADRIÁN HERNÁNDEZ CARRANZA, para las autoridades responsables, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, gire instrucciones para que le proporcionen al quejoso la atención médica y prescriban el tratamiento correspondiente al padecimiento de la hernia que presenta. Es aplicable, la jurisprudencia VII.2o.P. J/2 (10a.) de la Décima Época, Registro: 2011012, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, con fecha de publicación el viernes 19 de febrero de 2016, que a la letra dice: "DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO. El marco normativo que integran los artículos 1o., 4o. y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 5 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/111; 22, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y, 17 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, aun cuando se trate de un interno en un establecimiento penitenciario, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. En ese tenor, se han dispuesto las citadas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Por consiguiente, si el quejoso se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social y no se le proporciona la atención médica que requiere, ello obliga al Juez de amparo a que, abordada la cuestión con plenitud y analizadas las implicaciones pronta y frontalmente, exija a la autoridad responsable que lo tenga a su disposición que acredite, con los exámenes médicos respectivos, el estado de salud de aquél, informando los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionada es la que necesita, de acuerdo con su particular condición de salud, así como requerirle que proceda de inmediato a aplicarle los exámenes médicos correspondientes, para determinar el tipo de tratamiento médico adecuado que necesite, durante el tiempo que permanezca a su disposición. Lo anterior implica que la autoridad responsable considere qué medida es más conveniente para brindar al quejoso el trato médico apropiado a su padecimiento y, atento a su resultado, suministre los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida del recluso. Además, en caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada es incompatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guarda reclusión el quejoso, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar las gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su padecimiento." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción I, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo; y 1º, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ADRIÁN HERNÁNDEZ CARRANZA, contra el acto precisado en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ADRIÁN HERNÁNDEZ CARRANZA, contra los actos consistentes en la falta de atención médica para el padecimiento de la hernia, que reclamó de las autoridades responsables. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo resolvió el maestro en derecho CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Sarai González Galicia, que autoriza y da fe, hoy trece de marzo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron. SGG*
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de enero de dos mil dieciocho. Vista la constancia de notificación, de cuenta mediante la cual, el quejoso Adrián Hernández Carranza, realiza las siguientes manifestaciones: "no e recibido dia ni fecha para mi operación de mi ernia uge que me operen. gracias" (sic). Atento a lo anterior, hágase del conocimiento que por auto de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se acordó lo conducente; sin embargo, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la parte promovente; las que se desahogan por su propia y especial naturaleza y que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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