Adrian Gutierrez Romero
Expediente 384/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 384/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Adrian Gutierrez Romero
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, veintiocho de abril de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vista la certificación de cuenta, se hizo constar que a la fecha ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja, en contra del proveído de doce de abril de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 2 Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el capítulo 8, punto 8.1.2, sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DEPURABLE Toda vez que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, procede calificar este expediente, como depurable, según lo dispuesto en el artículo 181 , fracción I, inciso a), del Acuerdo General de referencia, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 82 , 1 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; 2 Artículo 8. Criterios del resguardo de expedientes. Para efectos de resguardo documental, el archivo judicial tiene la siguiente clasificación: I. Expedientes de Trámite: Son los expedientes desde su apertura y hasta por tres años posteriores a haberse acordado su archivo como asunto concluido 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 3 ??????????????? fracción I, y 93 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y transcurrido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 254 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 3 Artículo 9. Resguardo de Archivo de Trámite. Los archivos de trámite serán resguardados en el órgano jurisdiccional. Cumplida la temporalidad de tres años contados a partir de haberse acordado su archivo como asunto concluido, los expedientes que sean objeto de transferencia, serán remitidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 4 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." 26/04/24 14:11:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec Héctor Pérez Fonseca 4 Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a doce de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que encabeza este acuerdo, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en el auto inicial dictado en este expediente, sin que hayan desahogado las prevenciones decretadas en esa pieza; consecuentemente, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentado el citado libelo, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que cause estado el presente proveído se dejarán sin efectos las providencias dictadas por este juzgado. Comuníquese la presente determinación a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Enseguida, incorpórese a este expediente el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite el ocurso suscrito por los quejosos Adrián Gutiérrez Romero, Claudia Padilla Fabregas, Oscar Padilla Camejo, Michel López Fernández, Didier González Ramos, Luis Gabriel Fundora Pérez, y Frank Ariel Pulido Rivera, el cual Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 2 fue remitido erróneamente a su oficina de correspondencia, por corresponder al juicio de amparo en que se actúa. En tal virtud, incorpórese también esta última misiva para que obre como constancia únicamente, ya que en párrafos precedentes se tuvo por no presentado el libelo que dio origen a este expediente. No obstante a lo anterior, infórmese a las autoridades responsables que continúan surtiendo sus efectos la suspensión de oficio y de plano decretada en auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, y que se les comunicó por oficios números 7036, 7037, 7038 y 7039 de esa data, hasta en tanto no se les comunique lo contrario, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a cinco de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, la diligencia de notificación realizada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, de la cual se advierte que los directos quejosos ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor; y resérvese acordar lo procedente hasta en tanto den cumplimiento a las prevenciones decretadas en el auto inicial dictado en este expediente. A continuación, incorpórense a este expediente los oficios que suscriben el encargado del Departamento Jurídico, en representación del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, y la Jefa del Departamento de Servicios Operativos, en ausencia del Director de la Estación Migratoria Siglo XXI de esa dependencia, ambos con residencia en esta ciudad, a través de los cuales rinden informe de suspensión de plano con relación a los actos reclamados en esta vía. En tal virtud, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para los efectos legales procedentes. Héctor Pérez Fonseca 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.ec 26/04/24 14:11:13 2 Ténganse como domicilio y delegados de las autoridades oficiantes, los que señalan y para los efectos legales que indican en su informe. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe. RPCR/HPF
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Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. EXPEDIENTE Y REGISTRO Vista la demanda de amparo promovida por Mario Salinas Molina a favor de Adrián Gutiérrez Romero, Lester Basnueva Sotolongo, Norbis Lázaro de Armas Morales, Claudia Padilla Fabregas, Oscar Padilla Camejo, Michel López Fernández, Delia Margarita de Varona Guzmán, Didier González Ramos, Luis Gabriel Fundora Pérez, Lázaro Yaciel Ibáñez Marrero, Celia Yelena Rodriguez Morales, Oscar Rojas Morales, Yendry Pérez Torres, Frank Ariel Pulido Rivera, mediante la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el consecutivo 384/2022-III-A, y resérvese proveer sobre su admisión hasta que sea debidamente ratificada por los directos quejosos. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se aduce que la parte quejosa reclama, entre otras cosas: La detención ilegal, privación de la libertad personal de los quejosos que conllevó a su detención y/o aseguramiento de su persona. La incomunicación con motivo a la detención antes señalada. Con la finalidad de garantizar una pronta y expedita impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional, y además, ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, con fundamento en el artículo 125 de la legislación de la materia, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: - Se ordena a las autoridades responsables hacer cesar de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, en correlación directa con el 126 de la Ley de Amparo; particularmente, deberá cesar de inmediato los actos sobre la parte quejosa, que se traducen en mantenerlas aseguradas, alojadas o detenidas de manera indefinida, en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, situada en esta ciudad, además de la incomunicación y confinamiento de que dicen ser objeto. En ese sentido, y derivado de la situación de pandemia que vive el País generada por el virus que provoca la enfermedad denominada COVID-19, las autoridades migratorias bajo su más estricta responsabilidad, deberán resguardar a la parte quejosa acorde a las medidas sanitarias o protocolos decretados por las autoridades de salud. Si la detención (o presentación) de la parte quejosa ante las autoridades migratorias obedece a que no se encuentra legalmente en el país, ya que refieren es extranjero, estos últimos deberán sujetarse a los plazos y términos previstos en la ley de la materia y su reglamento, a fin de que se regularice o resuelva su situación migratoria acorde a las particularidades del caso; lo cual a su vez implica la obligación de iniciar y proseguir los procedimientos administrativos respectivos, dar respuestas a las gestiones que en ese entorno se realicen y, en general, el respeto al derecho humano al debido proceso. Debe subrayarse que esta medida cautelar en ningún momento representa un salvo conducto, ni sustituye a la resolución que, en su caso, debe emitir la autoridad competente. Cabe destacar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en el testimonio de ejecutoria del recurso de queja 142/2021, determinó que la medida cautelar concedida no puede tener el alcance permitirle a la parte quejosa el libre tránsito a través del país, en virtud de que éste se encuentra sujeto a los límites reseñados en párrafos precedentes, pues otorgarle dicha pretensión significaría el otorgamiento de algo adicional previo a la promoción del amparo, aunado a que en este momento se desconoce su situación legal en el país. De conformidad con el artículo 160 de la Ley de Amparo, y por cuanto hace a los actos que ahí se describen, la parte amparista queda a disposición de este juzgado de Distrito, en el lugar en que se encuentra alojada, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto se comunique a las autoridades responsables la subsistencia de la medida. Asimismo, la autoridad responsable en términos de los artículos 164 de la Ley de Amparo, 66, 107, 109 y 112 de la Ley de Migración, así como del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, deberán bajo la óptica encaminada a la búsqueda y aplicación de medidas alternativas a la detención en la estación migratoria, en que ésta se utilice como último recurso, al tratarse de una privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento o alojamiento); de no ser posible un alojamiento distinto, entonces debe examinar que se cumplan y garanticen sus derechos mientras dure su estadía en ese lugar en estricto acatamiento a los plazos máximos fijados por la ley. En ese sentido, si la detención de la parte quejosa obedece a que no se encuentra legalmente en el país, ya que refiere es extranjera, la autoridad responsable debe ajustar su actuación a los términos de ley, particularmente por cuanto hace a los tiempos máximos para restringir su libertad personal, no soslayando que los preceptos 101 y 102 de la legislación de la materia, prevén una "custodia" o asignación de domicilios provisionales, mientras se dicte resolución dentro del procedimientos administrativo respecto de la situación migratoria del extranjero. Por tanto, mientras permanezcan en las instalaciones señaladas, esa medida debe tener por efecto que la autoridad migratoria: 1. Identifique e individualice al migrante; 2. Especifique la temporalidad de la detención y si ha tenido derecho a asesoría y representación jurídica durante ese lapso; 3. Corrobore el estado de salud; y, 4. La ponga en contacto con el consulado de su país, salvo que pueda acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado. Asimismo, las autoridades responsables en términos de la Ley de Migración, deberán:_ Garantizar la seguridad personal de los migrantes. _ Respetar sus derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. _ Dar a conocer los derechos de la persona presentada de acuerdo a lo estipulado en el precepto 109, tales como: _ Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desea, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; _ Que tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; _ Informarle su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crea conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; _ En caso de que no hable español, contará con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; _ Que tiene derecho a acceder a comunicación telefónica; _ A recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. _ Ser visitado por sus familiares y por su representante o defensor. CUMPLIMIENTO Se apercibe a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a esta medida cautelar o de no informar el impedimento legal o material existente, se les impondrá en lo individual [específicamente a la persona física que ocupe el cargo público respectivo], una multa de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo, asimismo se procederá en su contra en términos de su artículo 262, fracción III. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Se requiere a las autoridades responsables, a fin de que informen en un plazo no mayor de veinticuatro horas sobre el cumplimiento que den a esta determinación, apercibidas que, si al rendir su informe expresan un hecho falso o niegan la verdad, se les impondrá las sanciones previstas en el artículo 262 de la Ley de Amparo; para tal efecto, remítase a dichas autoridades copia simple de la demanda de amparo. Ahora, en el caso concreto, dado que en el presente auto se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa, se hace del conocimiento de la autoridad responsable lo siguiente: - Debe informar a este juzgado federal el acatamiento de la citada medida cautelar en el plazo antes indicado, por lo que deberá remitir la información conducente, así como las constancias con las que acredite sus manifestaciones al correo institucional 1jdo20cto@correo.cjf.gob.mx, fax: 962 62 6 18 41; en un horario comprendido de las ocho a las doce horas. Sin perjuicio de hacerlo además a través de la vía postal ordinaria. Lo anterior obedece al hecho a que si bien el Consejo de la Judicatura Federal limitó el horario de las labores presenciales de todos los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación, incluyendo el que aquí provee; lo cierto es que tal circunstancia no implica que la autoridad responsable omita dar cumplimiento a la suspensión de plano, ni mucho menos que deje de informar - oportunamente- lo conducente. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación, ya sea de manera autógrafa o por medio de su signatura electrónica [FIREL o FIEL]. OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS Se informa a las autoridades responsables que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión salvable en su denominación, es decir, que no exista duda y resulte evidente la existencia de las autoridades, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrán por hechas las notificaciones, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por realizada. Además de que se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización1, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA Se comisiona al actuario judicial de la adscripción, a fin de que se constituya a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración Siglo XXI, con residencia en esta ciudad, o en cualquier otro centro de detención de esta ciudad, a fin de que localice a los directos quejosos, y en caso de encontrarlos, les comunique esta determinación y los requiera para que en ese acto procesal o dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 15 de la ley de la materia, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor; apercibidos que en caso de no hacerlo, o transcurrido el plazo concedido, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efecto las providencias aquí decretadas. De igual manera, el Actuario Judicial deberá dar fe del estado físico en que se encuentran los directos quejosos, a efecto de verificar su seguridad personal. PREVENCIÓN Con el fin de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en su párrafo primero textualmente dispone: "El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse (.) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley: .". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y V, en relación al 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que se encuentre notificada de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los aspectos siguientes: Primero.- Manifiesten la fecha en que se suscitaron los actos reclamados. Segundo.- Señale con toda precisión, en relación con el punto anterior, cuál es el estado que actualmente guardan los juicios de amparo que dicen haber promovido anteriormente ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado en esta ciudad. Tercero.- Señale también si existe en su contra algún procedimiento de regularización migratoria y el estado procesal del mismo, en virtud de que señala que fueron asegurados y se encuentran alojados en la Estación Migratoria Siglo XXI, de esta ciudad. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar respuesta de manera precisa a esta prevención, se tendrá por no presentado el libelo que se trata, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si con posterioridad y con motivo de las constancias allegadas por las partes, este tribunal advierte que la parte promovente, sus representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los que le constaba con relación al acto reclamado y sus antecedentes, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que deberá exhibir las copias de su escrito aclaratorio que sean suficientes para emplazar a las autoridades responsables y correr traslado a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar directamente la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales el quejoso deba manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos que le consten. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. SOLICITUD DE LIBERTAD El promovente de amparo solicita que este juzgado conceda la libertad de dicho agraviado. Al respecto, no ha lugar acordar de conformidad su petición en virtud de que en la Ley de Amparo no existe disposición que faculte al juez constitucional a otorgar la "libertad provisional", y en el artículo 160 de dicha normatividad se establece que cuando el acto reclamado sea la orden de deportación, expulsión o extradición, la suspensión tiene por efecto que no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, respecto de lo cual este juzgado ya se pronunció en líneas que anteceden. Por otro lado, no pasa inadvertido para esta Juzgadora que el artículo 136 de la Ley de Amparo abrogada, contemplaba la posibilidad de acceder a la libertad provisional cuando el acto reclamado consistiera en la detención del quejoso por orden de autoridades administrativas distintas del ministerio público; lo cual era aplicable en materia penal, conforme al artículo décimo transitorio de la ley de la materia vigente; empero, a la fecha el referido transitorio no se encuentra vigente, toda vez que fue derogado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Por lo tanto, queda expedito su derecho para promover lo conducente ante la autoridad administrativa que tiene a cargo su procedimiento, ya que el artículo 102 de la Ley de Migración dispone que los extranjeros sometidos a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva podrán: A) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; B) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; C) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y D) Presentar una sola solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. ACCESO AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán facilitar el acceso al actuario judicial adscrito, a cualquiera de los sitios, áreas, o estancias de que consten las instalaciones del recinto oficial en que se ubiquen, para lograr la localización de la parte agraviada; respetando su autoridad y cuidando las medidas de seguridad implementadas para resguardarse del virus Covid19; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá en su contra de acuerdo a la ley. Se requiere a la autoridad que físicamente tenga bajo su guarda o custodia a la parte impetrante de amparo, para que de necesitar ésta atención médica, le sea proporcionada de inmediato, debiendo salvaguardar su integridad física conforme al estado de salud que presenta, debiéndose tomar las medidas pertinentes que aseguren que el impetrante no evada la acción de la justicia; y de acreditarse los actos reclamados, así como que dicha autoridad no procedió en la manera indicada en este proveído, se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, para los efectos a que haya lugar. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio del promovente, el que señala en su demanda. Asimismo, se tiene como sus autorizados a las personas que designa, en los términos y para los efectos legales que indica en su libelo, y se toma nota del correo electrónico y los números telefónicos que proporciona para entablar comunicaciones no oficiales con él. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. EXHORTO JUICIO EN LÍNEA Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual, es menester que observen lo siguiente: ? Las personas interesadas en acceder a los servicios que se presentan en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, forzosamente deberán contar con firma electrónica, que comprende a la certificada por el Poder Judicial de la Federación, conocida como FIREL, y a la "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o FIEL). ? Para registrarse en el citado portal los usuarios deberán indicar su nombre, correo electrónico, registro federal de contribuyentes y clave única de registro de población, crear un nombre de usuario, una contraseña y vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema ese carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. ? La consulta del expediente electrónico depende de que la propia parte formule una petición en ese sentido. ? En términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, para la solicitud de notificación electrónica se deberá realizar la manifestación expresa para que se les practiquen notificaciones de esa naturaleza, en virtud de que la sola presentación de promociones o recursos en forma electrónica, no implica gestión ni autorización alguna para recibirlas de esta forma, según se desprende del artículo 15, inciso a), del Acuerdo General Conjunto 1/2013 y el diverso artículo 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 en alusión. Ello permitirá presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Adicionalmente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con el Comunicado 28/2020, del quince de julio del dos mil veinte, publicado en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra disponible la aplicación -APP- para teléfonos móviles que utilicen el sistema operativo Android, de modo que, a través de este medio también podrán tramitar la Firma Electrónica Certificada (FIREL) con su credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Héctor Pérez Fonseca, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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