Adrián Guevara Rosales

Expediente 826/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
826/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Adrián Guevara Rosales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. CONFORMIDAD CON EL CUMPLIMIENTO. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa para que pudiera inconformarse contra el auto que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo hubiera hecho; por tal motivo, téngase a ésta conforme con el cumplimiento de dicha ejecutoria. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es conservable, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el artículo 17, fracción III, inciso a), transfiérase el presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación, para su resguardo, en término del artículo 10 del acuerdo antes referido. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y atendiendo que ha transcurrido el término al que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, con relación a los numerales 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia en la que en su primer punto resolutivo sobreseyó el presente juicio de amparo, y en el segundo punto se concedió el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales correspondientes. Ahora, el fallo protector se emitió con los siguientes efectos: ".43. En las relatadas circunstancias, al resultar fundados los conceptos de violación expresados por la peticionaria de amparo, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Adrián Guevara Rosales, respecto del acto que atribuyó al Secretario de Seguridad Pública del Estado, del Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de esa dependencia y del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, todos con sede en esta ciudad, para el efecto de que en el ámbito de sus atribuciones se deje insubsistente la resolución donde se ordenó la detención del quejoso y las consecuencias derivadas de ésta. 44. Cabe destacar que el anterior pronunciamiento no veda la posibilidad de que la responsable pueda instaurar el procedimiento administrativo correspondiente, siempre y cuando respete el derecho de audiencia de la peticionaria de amparo, a efecto de defender sus derechos." En tal virtud, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia de amparo. Se apercibe a las responsables, que en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado se les impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace saber a las autoridades responsables del cumplimiento de la sentencia, que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se les conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 826/2023-I del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ******************** a favor de ********************, contra el acto que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado, del Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de esa dependencia y del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, todos con sede en esta ciudad, y; (...) SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado Expuesto lo anterior, se advierte que el quejoso, en sus conceptos de violación, aduce que la privación de su libertad reclamada es violatoria de lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que se hicieron fuera de procedimiento y con infracción a las formalidades establecidas en beneficio de todo gobernado. Es fundado el concepto de violación. Lo anterior, aunque para comprobarlo deba suplirse su deficiencia en términos de lo establecido en la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, en razón de que de las constancias que remitió la responsable se advierte una violación de índole formal, máxime que el acto reclamado está relacionado con la libertad del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis LXXIII/2015 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2008557, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: [.] En efecto, el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: [.] El transcrito artículo establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Así, el derecho humano y garantía de audiencia constituye el principal instrumento de defensa que tiene cualquier gobernado frente a los actos de autoridad que pretendan privarlo de sus derechos fundamentales, como son la libertad y sus propiedades, lo que incluso se reconoce en diversos documentos de carácter internacional, tales como en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a ser oída con los debidos derechos y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El acto de privación contemplado en el artículo 14 Constitucional es aquel que constituye un fin por sí mismo con existencia independiente y no el que únicamente es un medio para la consecución de otro acto. Luego, aunque en ambos casos el acto produce o puede generar una privación, sólo aquél cuyo sentido es definitivo se encuentra regido por la norma constitucional de referencia, pues atendiendo a su naturaleza, se garantiza al gobernado que no debe llevarse a cabo sin que se le brinde la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses, con la debida amplitud, por la evidente gravedad que el acto reviste. De esta forma, cuando el acto privativo es provisional, esto es, cuando la privación no es la razón de ser del acto, resulta innecesario otorgar, previamente, al afectado la oportunidad de defensa en virtud de la accesoriedad de la medida. Por tanto, si esa afectación tiene como propósito privar al gobernado de sus bienes, entonces se actualiza el supuesto previsto en la norma constitucional y se genera su consecuencia, a saber: la obligación de la autoridad de otorgar al sujeto y en forma previa al acto, el derecho de audiencia; mientras que, cuando se trata de un acto de molestia, no es indispensable que, previamente a él, se brinde al sujeto la referida garantía. La distinción entre actos de privación y actos de molestia deriva, precisamente, de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que erigen los derechos de audiencia y de legalidad, respectivamente, contra los actos de la autoridad; y esa diferenciación deriva de la naturaleza del acto, de su razón teleológica y no en primer término de los efectos que produce. Esto último, se pone de manifiesto si se considera que tanto los actos a que se refiere el artículo 14 constitucional, como aquellos a que se contrae el numeral 16 de la Constitución, pueden producir, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, una "privación" en la esfera jurídica del gobernado causándole una afectación, sea por la indisponibilidad de sus bienes, por la disminución de su patrimonio, por la imposición de una carga u obligación que de no existir el acto no tendría que soportar o cumplir, etcétera; de tal manera que si se atendiera solamente a los efectos del acto, resultaría carente de sentido la distinción entre actos de privación y actos de molestia. Por tal motivo, se colige que la distinción establecida en los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, deriva de la naturaleza del acto y no en primera instancia de los efectos a que puede dar lugar. Los perjuicios en sentido amplio al gobernado, que se pueden producir tanto por un acto regido por el numeral 14 de la Constitución o por uno de aquellos a los que se refiere el artículo 16 de ese ordenamiento, constituyen el efecto del acto; y no puede ser la base para distinguir entre actos privativos o de molestia, pues ese efecto puede presentarse en ambos, ni tampoco puede constituirla su mayor o menor reparabilidad, dado que esta condición también puede actualizarse en los dos casos y depende de circunstancias de hecho o jurídicas. El análisis de la reparabilidad de los efectos de los actos reclamados tiene como punto de partida la naturaleza del acto; y la posibilidad de exigir esa reparación se actualiza una vez que se ha determinado sobre la no juridicidad del mismo, lo que supone que previamente se analice si éstos se encuentran sujetos o no a respetar al gobernado la garantía de audiencia. De lo anterior se sigue que, lógicamente, primero debe apreciarse la finalidad perseguida por el acto de autoridad y luego la entidad de los efectos, dentro de los que se encuentra la causación de perjuicios y su reparabilidad, para determinar si un acto se encuentra o no regido por el numeral 14 de la Constitución; y es por esa razón que la referida causación de perjuicios no es el criterio determinante para sujetar un acto al cumplimiento de la garantía de previa audiencia, pues esos efectos también pueden presentarse en un acto regido por el artículo 16 constitucional. Por tanto, como se apuntó, para verificar si un acto queda regido por lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, debe atenderse a su finalidad. En relación con lo anterior, resulta aplicable la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 238355 de rubro y texto siguientes: [.] Así, de las constancias que fueron remitidas por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Púbica del Estado, relativas a la detención del quejoso, las cuales gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que existió una calificación de una sanción administrativa, consistente en un arresto de treinta y seis horas, impuestas por el Director de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, derivado de un procedimiento administrativo por infracción a la fracción III artículo 448 del Reglamento de a la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, del que quedó pendiente el cumplimiento de veintitrés horas Lo anterior, al parecer conducir en estado de ebriedad, sin que se advierta que en ese momento o con posterioridad a tal circunstancia fue notificado de manera previa al acto privativo de libertad, sino que en la misma fecha de la imposición del correctivo disciplinario fue ejecutada la medida disciplinaria instantáneamente. Así, el arresto de treinta y seis horas que se impuso al solicitante del amparo constituye un acto de privación total, porque se le impidió gozar de su libertad en ese plazo; además, la finalidad perseguida con la imposición de dicho arresto es que cumpla con las normas administrativas, es decir, no se persigue un interés diverso a la sola observancia de normas generales. También, por sus efectos, causa perjuicios de difícil reparación, pues de consumarse el arresto sería imposible restituir a la parte peticionaria de amparo en el goce del derecho humano violado, porque no se le podría restaurar el lapso de tiempo que estuviera privada de su libertad. Por ello, el arresto que aquí se reclama se rige por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento previo a su dictado, pues de consumarse, el daño ocasionado a la parte quejosa, como se dijo, sería de imposible reparación. Es aplicable a lo expuesto, por identidad de razón, la jurisprudencia 19/2019, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021403, de rubro y texto siguientes: [.] Así como el diverso criterio obligatorio del citado órgano jurisdiccional, con número de tesis 47/95, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, página 133, Novena Época, estableció: [.] Los criterios jurisprudenciales transcritos revelan el derecho fundamental de audiencia que obliga a la autoridad a otorgar al gobernado, previamente a la imposición de un acto privativo, la posibilidad de ser oído en un procedimiento, en el cual se observen como formalidades esenciales mínimas aquellas que garanticen su defensa; las cuales son: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse alguna de dichas formalidades, la consecuencia es que se deja al gobernado en estado de indefensión. No obstante lo anterior, en el procedimiento instaurado contra el quejoso, que culminó con la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintitrés, en la que se le impuso un arresto por treinta y seis horas, no se observaron dichas formalidades; en razón de que no remitió alguna constancia de la que se desprenda que se hubiera respetado tal derecho, así como tampoco el acta de calificación de sanción, lo que hace patente la transgresión de derechos del quejoso, al habérsele privado de su libertad sin que mediara procedimiento. Lo anterior, permite concluir que no se le respetaron a la parte quejosa las formalidades esenciales del procedimiento, habida cuenta de que no se le dio la oportunidad de ofrecer pruebas a fin de desvirtuar lo que se imputaba, dada la premura en el dictado de esa determinación. Ahora bien, es conveniente precisar que este órgano de control constitucional no desconoce que todo gobernado, como en el presente caso, tiene el deber de cumplir con las normas administrativas, sin embargo, debe decirse que toda autoridad al emitir sus resoluciones debe observar que estén debidamente fundadas y motivadas, además de cumplir con las formalidades esenciales de todo procedimiento. En ese sentido, los órganos jurisdiccionales que resuelven el proceso constitucional únicamente deben verificar si el acto reclamado es violatorio o no de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internaciones suscritos por el Estado Mexicano; por tanto, si se concluye que hubo una transgresión a alguno de esos derechos, se debe conceder la protección constitucional para reparar ese agravio. Se invoca en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno del Décimo tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el tres de mazo de dos mil diecisiete, con número de registro 2013792, de rubro y texto siguientes: [.] SÉPTIMO. Efectos de la sentencia En las relatadas circunstancias, al resultar fundados los conceptos de violación expresados por la peticionaria de amparo, suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, respecto del acto que atribuyó al Secretario de Seguridad Pública del Estado, del Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de esa dependencia y del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, todos con sede en esta ciudad, para el efecto de que en el ámbito de sus atribuciones se deje insubsistente la resolución donde se ordenó la detención del quejoso y las consecuencias derivadas de ésta. Cabe destacar que el anterior pronunciamiento no veda la posibilidad de que la responsable pueda instaurar el procedimiento administrativo correspondiente, siempre y cuando respete el derecho de audiencia de la peticionaria de amparo, a efecto de defender sus derechos. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 16/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 170392, de rubro y texto: [.] Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en este juicio promovido por ********************, por lo que respeta a los actos reclamados al Secretario de Seguridad Pública del Estado, del Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de esa dependencia y del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, todos con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto que reclamó al Secretario de Seguridad Pública del Estado, del Jefe del Departamento de Sanciones, Remisión y Trámite de esa dependencia y del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, todos con sede en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando sexto de esta sentencia y para los efectos señalados en el séptimo siguiente. NOTIFÍQUESE

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